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OEA responsabiliza a la JCE de fallas en comicios de febrero

Santo Domingo, RD.-La mala gestión del área informática de la Junta Central Electoral (JCE) fue la principal razón del colapso de las elecciones municipales del pasa­do 16 de febrero, según el informe de 45 páginas presentado por la Orga­nización de Estados Ame­ricanos (OEA).

El mal diseño del soft­ware, sumado a no haber contado con herramien­tas para detectar o preve­nir la falla y no haber po­dido mitigarla a tiempo, produjo el descalabro del sistema de votación au­tomatizado utilizado por la JCE para ese certamen electoral.

De acuerdo al resu­men ejecutivo, el informe también reveló la ausen­cia de protocolos y la fal­ta de aplicación de bue­nas prácticas.

Sin embargo, el equipo auditor de la OEA no en­contró evidencia de ata­ques externos, sabotaje o intento de fraude.

“Dadas las circuns­tancias, la mañana de la elección, era imposible continuar con la jornada por lo que la suspensión decidida por parte del  pleno de la JCE fue correc­ta”, señaló la OEA en sus conclusiones.

En el primer punto de las conclusiones de la in­vestigación, la OEA expli­ca que la ejecución de un proceso de personaliza­ción de urnas “carente de un adecuado control de integridad” de la informa­ción (debido a un defecto del software), es la causa raíz del primer inciden­te, el cual fue que la bo­leta electrónica no cargó por completo en el siste­ma y eso desencadenó en la suspensión del torneo Electoral.

“El defecto no se detec­tó durante la fase de prue­ba, debido a que no se realizó un adecuado tes­ting del software. Ya du­rante la personalización de las urnas, se materia­lizó la falla, puesto que al no contar con el control de integridad, dicho proceso permitió personalizar ur­nas con la oferta electoral incompleta (no incluía a todos los candidatos). Es por esta razón que el día de las elecciones muchos equipos no contaban con todos los candidatos en el sistema”, reseñó el docu­mento.

La OEA también dijo que no se hizo un control de calidad antes del des­pliegue, lo que hubiese permitido detectar la falla oportunamente antes que se enviasen los equipos a los recintos.

El punto seis de dicho informe, señaló que el ini­cio de la votación con la oferta electoral incorrec­ta en un grupo importan­te de colegios electorales demostró una “falta de co­ordinación” del personal a cargo del operativo y una deficiente estrategia de mitigación.

“El limitado porcentaje de colegios electorales que logró iniciar la votación correctamente (sin fallas), sumado a los pocos que pudieron remediar la ofer­ta electoral e iniciar poste­riormente, dejó expuesta la incapacidad técnica de mitigar la falla en la tota­lidad de las urnas ante las situaciones planteadas”, detalló el informe.

La OEA también determi­nó que fue un “error” de los partidos en pensar que esos problemas podrían ser re­sueltos entre las cinco y las siete de la mañana de ese domingo 16 de febrero.

“Esto tampoco es una explicación para la inexis­tencia de un plan de prue­bas (testing) adecuado, que pudo haber detectado la falla a tiempo y, así, evi­tar esta situación inédita para el país”, indicó.

EL DÍA DE LA SUSPENSIÓN

El pasado 16 de febrero, la JCE suspendió las elec­ciones nacionales muni­cipales por el fracaso del voto automatizado, que impidió a millares de do­minicanos ejercer su de­recho al voto.

Julio César Castaños Guz­mán, presidente de la JCE, había dicho que las eleccio­nes no se podían realizar porque la boleta electoral no se cargó en las demar­caciones donde se usaría el voto automatizado.

Se trata de una decisión histórica sin precedentes en la historia política de República Dominicana, que ha celebrado proce­sos electorales con la re­gularidad establecida en la Constitución de la Re­pública desde 1962, tras la caída de la dictadura.

Los problemas con el vo­to automatizado comen­zaron en víspera electo­ral cuando personal de la JCE volvió a los recin­tos electorales después de la 5:00 de la tarde pa­ra tratar de “solucionar problemas surgidos con la boleta electoral elec­trónica”.

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OEA: comicios mostraron vacíos legales, compra de cedulas y de votos; reconoce esfuerzo de JCE

SANTO DOMINGO.- La Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe preliminar sobre los Elecciones Municipales, consideró que ese proceso puso en evidencia importantes vacíos legales y desafíos de interpretación y aplicación de las normas, por lo que hace las siguientes recomendaciones:

Estandarizar y documentar los procedimientos implementados en las distintas fases del proceso electoral. Esto incluye la armonización de procedimientos en el nivel nacional y municipal.

Preparar un cronograma electoral detallado con miras a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, para dar mayor claridad tanto a los actores políticos como a la ciudadanía.

Al integrar los colegios electorales, cruzar o cotejar la lista de posibles autoridades con los padrones de afiliados de los partidos políticos para garantizar el balance consagrado en el artículo 62 de la Ley 15-19.

Aunque la Misión es consciente del alto grado de afiliación y militancia partidaria que caracteriza a la ciudadanía dominicana, considera que deben realizarse mayores esfuerzos por evitar que las autoridades de los colegios electorales sean percibidas como figuras asociadas a determinadas preferencias políticas.

Mantener y profundizar el diálogo entre las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad civil. Tecnología electoral

Al igual que en las elecciones de febrero, la Misión observó deficiencias en la realización de pruebas que garantizaran el correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos.

Aunque las autoridades electorales realizaron algunas pruebas ad hoc, el comportamiento de los equipos el día de la elección puso en evidencia la insuficiencia de los chequeos realizados y la imperiosa necesidad de generar protocolos rigurosos, especialmente pruebas de funcionalidad integral o pruebas de estrés.

“Teniendo en cuenta las dificultades experimentadas por la JCE para la implementación de soluciones tecnológicas y de cara a las próximas elecciones presidenciales y congresuales, la Misión considera imprescindible que la JCE perfeccione el sistema actual y que se asegure de su funcionalidad antes de emprender cualquier proyecto de otra naturaleza”, señala.

Construir un cronograma de trabajo del área informática de la JCE que incluya la totalidad de las actividades técnicas y tecnológicas, y se acople al de la Dirección de Elecciones.

Implementar un Sistema de Gestión de Incidentes; Formalizar la estructura de desarrolladores y estandarizar la modalidad de desarrollo; así como Implementar un mecanismo de versionado de software.

Además, implementar un mecanismo de documentación de adecuaciones, modificaciones y correcciones que se integre al mecanismo de versionado de software; implementar un mecanismo formal de pruebas de código fuente (testing de caja blanca) y de funcionalidad de software.

Implementar un mecanismo de congelamiento de software, previo a su puesta en producción, clonado y/o inseminación.

Efectuar una readecuación funcional en el hardware de los escáneres en el 100 % de la cantidad prevista a ser utilizada.

Implementar un mecanismo de control de calidad y funcionamiento sobre el 100 % de los componentes que integran la maleta tecnológica que se empleará en los recintos electorales.

Recomienda:

“Que de forma inmediata, y de cara a las elecciones presidenciales y congresuales de mayo, se otorguen recursos suficientes a la Unidad Especializada de Control Financiero bajo la Dirección de Finanzas de la JCE, dotándola del capital humano y el respaldo político necesarios para la adecuada supervisión y fiscalización de los gastos de campaña, la detección y sanción del uso de fuentes ilícitas de financiamiento, el acceso equitativo a medios de comunicación, entre otros

Además, que se exija a los candidatos, candidatas y partidos políticos que utilicen la plataforma de Fiscalización de Candidatos habilitada por la JCE; que la autoridad electoral facilite el acceso público a los presupuestos de campaña y los presupuestos generales anuales de las organizaciones políticas.

OEA: Compra de votos y cédulas

En el transcurso del día de las elecciones municipales del domingo 15, la MOE/OEA, encabezada por el expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle, observó compra de votos y de cédulas, por parte de diversas fuerzas políticas y en distintas localidades.

También, se observó actividad proselitista desplegada tanto en las inmediaciones como en el interior de los recintos de votación, así como amplia presencia de “facilitadores de partido”, agentes partidarios que portan gafetes de gran tamaño, desplegando los colores y emblemas de sus agrupaciones políticas.

Durante la jornada, la Misión recibió denuncias relacionadas a compra de cédula, incumplimiento de disposiciones de la JCE respecto al voto asistido e impedimento por parte de funcionarios de la Policía Militar Electoral para el ingreso de observadores de escrutinio.

Reconoce esfuerzo JCE en organización elecciones

La organización de unas elecciones no previstas, en menos de un mes y a dos meses de las elecciones presidenciales y congresuales, supuso un esfuerzo extraordinario por parte de las autoridades electorales.

La Misión desea reconocer la resolución con que el personal de la JCE retomó el curso de sus funciones bajo una gran presión política y social.

La Misión pudo corroborar una vez más la ausencia de adecuados protocolos de pruebas, control de calidad, verificación y auditorías orientadas a evaluar el funcionamiento del sistema tecnológico.

Asimismo, nuevamente se observó la falta de documentación adecuada de los procesos, de forma que puedan ser analizados por las propias autoridades electorales y por terceros actores.

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Gobierno pide a la OEA investigar fracaso de elecciones y suspende investigación PGR

Santo Domingo, RD.-El Gobierno dominicano instruyó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar el fallo en el sistema de voto automatizado por el que se suspendieron las elecciones municipales de pasado domingo 16 de febrero.

También le pidió al Ministerio Público suspender sus investigaciones en República Dominicana hasta tanto se produzca esa investigación internacional.

El Gobierno dominicano dijo que ante un ambiente de tanta desconfianza, cualquier investigación local generaría suspicacia, hasta el punto que no será aceptada por sectores de la sociedad.

El Gobierno reveló que hizo una ronda de consultas durante la semana con importantes líderes opinión pública y de empresarios, pedido por el presidente dominicano. Las reuniones estuvieron a cargo de Gustavo Montalvo, Flavio Darío Espinal y José Ramón Peralta.

Dijeron que ayer se reunieron con Luis Almagro, secretario general de la OEA, a quien le pidieron la investigación de ese organismo regional.

Para lograr ese próposito, la Junta Central Electoral debe cursar una invitación a la OEA para que esa misión de investigación se produzca.

El Gobierno, en su comunicado, dijo que lo ocurrido el domingo fue un hecho vergonzoso, expresada luego en indignación de la ciudadanía al no poder ejercer su derecho al voto.

«Garantizar el derecho al voto es una responsabilidad de todos, especialemente de la JCE. La respuesta debe tener credibilidad que es la base de la confianza», dice el documento.

«Hay que buscar una vía para dar credibilidad a cualquier investigación», leyó Flavio Darío.

El documento fue leído por Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

La rueda de prensa se realizó en el salón Orlando Martínez del Palacio Nacional, y estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo;  el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

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Oposición denuncia irregularidades ante misión de OEA

Santo Domingo, RD-Doce partidos de la oposición denunciaron ayer ante la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) las irregularidades que ejecuta el oficialismo tales como el uso de los recursos del Estado, la compra de los votos y la participación de funcionarios públicos en actos proselitista.

Representantes de las 12 entidades políticas se reunieron con el Jefe de la Misión de la OEA, el expresidente de Chile Eduardo Frei, en el Hotel Marriot de la capital.

«Hemos hecho énfasis en el hecho de que no se han respondido muchas de las demandas de los partidos de oposición. Quiero destacar que estamos aquí como partidos de la oposición, a pesar de que representamos diferentes propuestas políticas. Sin embargo, los abusos y las prácticas delictivas que son penados por la ley, afectan a toda la oposición y a toda la democracia», aseguró Minou Tavarez Mirabal, vicepresidenta de Alianza País.

La exdiputada manifestó la necesidad de que la misión de la OEA comprenda que la respuesta de la Junta Central Electoral (JCE) a los partidos de la oposición, no muchas veces ha sido tímida sino que ha ignorado las denuncias que se han hecho.

«Como es el hecho de que ha habido la denuncia de la licitación llevada a cabo por el Poder Social de la Asistencia de la Presidencia, y que eso está tipificado como delito por la Ley Electoral. Sin embargo, el presidente de la JCE solo se limitó a llamar a la prudencia al Gobierno, en vez de asumir las atribuciones que le otorga la ley electoral», explicó Tavarez Mirabal.

Además, la dirigente política sostuvo que la oposición sugirió a la OEA algunas medidas ya que ellos «no están dispuestos a quedarse callados y a quedarse tranquilos en el caso de que se persista en tratar de desconocer la voluntad del pueblo dominicano».

JCE recibió a misión de OEA

El Pleno de la JCE, presidido por  Julio César Castaños Guzmán, también recibió a los integrantes de la Misión de Observación Electoral para las elecciones municipales de la, OEA la cual se encuentra encabezada por Frei.

En adición al Jefe de Misión de OEA y expresidente de Chile, Eduardo Frei, participaron Gerardo de Icaza, Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA; Araceli Azuara, Representante de la Secretaría General de la OEA en la República Dominicana; Cristóbal Fernández, Subjefe de Misión; Brenda Santamaría, Jefa de Sección de Observación Electoral; Francisco Pérez, Asesor del Jefe de Misión; y Mireya López, Oficial de Prensa.

Castaños Guzmán estuvo acompañado por los Magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo.

Esta será la décimo séptima misión de observación electoral que la OEA despliega en República Dominicana. En esta ocasión, el equipo de la organización, que ha comenzado a desplegarse en el país desde el 7 de febrero, estará compuesto por 25 observadores y especialistas de 12 nacionalidades, entre los que se cuenta expertos en organización y tecnología electoral, financiamiento político, participación política de las mujeres y justicia electoral.

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OEA evaluará migración venezolana y buscará fondos para atenderla

WASHINGTON. La secretaría general de la OEA anunció el miércoles la creación de un grupo de trabajo para evaluar el impacto de la migración venezolana, y el inicio “inmediato” de la captación de fondos para cumplir con sus recomendaciones.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó estas medidas al cerrar una sesión extraordinaria del consejo permanente del organismo, convocado “para considerar la crisis migratoria originada por la situación en Venezuela”.

El grupo de trabajo deberá determinar “la escala completa de la migración venezolana y la crisis de refugiados” y emitir sus recomendaciones para atender el fenómeno, explicó.

Entre los objetivos a mediano plazo, destacó la regularización de los migrantes en temas laborales, de ingreso, de educación y de acceso a la salud. También deberá “resolver las cuestiones más urgentes” que afectan a los migrantes en el corto plazo, como las enfermedades y los problemas de alimentación y vivienda.

La secretaría general de la OEA buscará “de inmediato” captar “recursos financieros nuevos y adicionales para responder a las necesidades en el terreno e implementar las recomendaciones que pudieran surgir del informe”, añadió.

En declaraciones a periodistas, dijo que el grupo de trabajo estará liderado por el exalcalde opositor venezolano David Smolansky, actualmente en el exilio.

Es “una persona absolutamente comprometida con la causa de los migrantes venezolanos y que definitivamente tiene una impronta de cercanía, porque ya ha visitado los campamentos y ha estado cerca de la gente tanto en Brasil como en Colombia”, dijo.

Venezuela, sumida en una gravísima crisis económica con hiperinflación y escasez de bienes y servicios, ha visto en los últimos meses un éxodo masivo de su población, en particular a Colombia, Brasil, Perú.

De acuerdo con la ONU, de los 2,3 millones de venezolanos que viven en el extranjero (7,5% de la población de 30,6 millones), más de 1,6 millones han huido desde 2015, cuando empezó a empeorar la situación socioeconómica en la otrora potencia petrolera.

El martes en Quito once países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay) firmaron una declaración que exhorta a Maduro a aceptar ayuda humanitaria con el fin de “descomprimir la crítica situación”.

Un proyecto de resolución de la OEA tenía previsto exigir a Venezuela la apertura de un canal para hacer llegar ayuda a la población, pero finalmente no se presentó, dijeron fuentes diplomáticas.

EEUU busca “la guerra entre hermanos”

El gobierno de Maduro, que niega que Venezuela esté atravesando una crisis humanitaria, atribuye la crisis económica a las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos contra funcionarios y entidades venezolanas, a las que acusa de corrupción y narcotráfico.

“Un factor determinante de estas migraciones es la campaña de agresiones del gobierno de Estados Unidos que tienen por objeto destruir la capacidad de nuestro Estado para atender las necesidades de nuestros ciudadanos”, dijo el embajador venezolano Samuel Moncada.

“Es la guerra por medios económicos”, apuntó en un largo discurso.

Durante la sesión, Moncada también dio a conocer una entrevista radial presuntamente concedida en Miami por el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, a quien atribuyó buscar “la guerra entre hermanos latinoamericanos”.

“Escalando su agresión, pidió el uso de la fuerza militar contra Venezuela, por parte de Brasil, Chile, Colombia y Perú. Les advirtió a esos países que tenían que tomar una ‘decisión difícil’”, dijo Moncada.

Trujillo no estuvo presente en la reunión, pero el representante permanente adjunto de Estados Unidos ante la OEA, Alexis Ludwig, respondió con una breve intervención.

“Esa retórica es el mismo intento desesperado de negar la innegable realidad de la severa magnitud del impacto de la crisis en Venezuela y ahora más allá”, dijo, afirmando el compromiso de su país de seguir trabajando con socios en la región para “mitigar el sufrimiento” de los venezolanos.

Consultado sobre las declaraciones de Moncada, Almagro negó que hubiera refutado los argumentos o cifras presentadas en la sesión.

“Lo único que debo reconcerle es su gentileza, porque le permitió participar al embajador Trujillo que no estaba presente”, dijo.

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Secretario OEA urge reunión para crisis sacude Venezuela

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó ayer convocar una sesión extraordinaria “urgente” del Consejo Permanente del organismo sobre los “recientes acontecimientos” en Venezuela, a ser posible hoy, viernes 7 de julio, por la tarde.

La solicitud de Almagro se produce un día después del ataque de este miércoles a la sede del Legislativo venezolano por parte de grupos que se identificaron como chavistas, y que dejó 20 heridos, incluyendo siete diputados, y que fue condenado por varios países del continente y por el propio titular de la OEA.

Almagro envió una carta al presidente de turno del Consejo Permanente, el embajador brasileño ante la OEA, José Luiz Machado e Costa, para pedirle convocar “una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, con carácter de urgente, a fin de abordar los recientes acontecimientos de la crisis política” en Venezuela. La convocatoria, que aún debe ser confirmada por Machado e Costa, se haría “conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”, precisó Almagro en la misiva, publicada en la página web de la OEA. Dicho artículo establece que, “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”, cualquier otro país perteneciente a la OEA o el propio secretario general podrán solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente.

Arrestan soldados.- Las fuerzas de seguridad de Venezuela han arrestado a por lo menos 102 miembros de las fuerzas armadas por sospecha de delitos como rebelión y abandono del deber desde el comienzo en abril de una ola de protestas contra el presidente Nicolás Maduro, de acuerdo con documentos presumiblemente militares obtenidos por The Associated Press. La mayoría de los soldados están detenidos en la prisión de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, de acuerdo con listas.

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Cancilleres de la OEA no logran acuerdo sobre Venezuela y seguirán negociando

WASHINGTON. Los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no lograron ayer consensuar una declaración sobre la crisis de Venezuela y se emplazaron a otra reunión antes de la Asamblea General de junio en Cancún (México).

La primera reunión de consulta de cancilleres sobre la crisis venezolana se suspendió por consenso después de cinco horas en las que cada país expuso su postura al respecto y se constató que ninguna de las dos propuestas de declaración podía prosperar.

Los embajadores en la OEA deberán acordar ahora una fecha para otra reunión de cancilleres sobre el mismo tema a celebrarse antes de la Asamblea de Cancún, que tendrá lugar entre el 19 y el 21 de junio.

“Lo que han decidido es mantener esta reunión abierta hasta la Asamblea General. Puede ser dos minutos antes, puede ser dos días o dos semanas antes, eso está por decidir, y depende del consenso y de cómo van los diálogos entre los países”, dijo el subsecretario adjunto de Estado de EE.UU. para Suramérica, Michael Fitzpatrick.

Por su parte, el canciller mexicano, Luis Videgaray, indicó que se han puesto un plazo “muy claro” para alcanzar un consenso sobre Venezuela: “antes de la Asamblea”.

El acuerdo no fue posible ayer porque la propuesta de declaración de EE.UU., México, Perú, Canadá y Panamá pedía cancelar la Asamblea Constituyente en Venezuela y era muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, mientras que la presentada por los 14 países de la Comunidad del Caribe (Caricom) no recogía esas demandas.

Los países llegaron a la reunión sin haber consensuado una propuesta común a partir de esas dos, lo que hizo imposible que en la hora de receso para negociar se redactara un texto que pudiera recabar los 23 votos necesarios, los dos tercios de los 34 Estados representados (todos los del continente menos Cuba).

Venezuela, que se oponía a la reunión, consideró la falta de consenso “un gran fracaso” para el “grupo intervencionista”, en referencia a los 14 países que promovieron el encuentro – Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay-.

Poco después de terminar la sesión, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, anunció que participará en la Asamblea de Cancún a través del canal estatal venezolano VTV.

“Allí llegaremos con los pueblos a defender a Venezuela, a ratificar el retiro de esta organización justamente por estas pretensiones intervencionistas que un grupo de países que no cuenta con el apoyo de la mayoría de nuestra región pretenden imponer”, explicó.

Venezuela dio ayer la sorpresa y se acreditó para la reunión de la OEA después de haber dejado de participar en sus sesiones desde que el 28 de abril anunciara su solicitud de salida -que no será efectiva hasta 2019-, precisamente por la convocatoria del encuentro de cancilleres sin su consentimiento.

Sin embargo, su representante en la OEA acreditada, Carmen Velásquez, no ocupó en ningún momento su silla.

El canciller boliviano, Fernando Huanacuni, consideró “una victoria para la revolución” de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que la OEA no aprobara ningún texto sobre Venezuela.

Su homólogo mexicano, Luis Videgaray, le replicó que “habrá que juzgar la reunión cuando termine, que aún no ha terminado”, ya que quedó “abierta” a nuevas sesiones.

La subsecretaria de organismos internacionales de Ecuador, María Carola Íñiguez, se sumó a Bolivia y Nicaragua en el rechazo a la reunión y dijo que recuerda “a épocas oscuras cuando la OEA era un instrumento para imponer agendas en nuestra región”.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó en la plenaria pero no intervino.

Cuando terminó, salió a la calle a decirle a un grupo de unos 20 venezolanos que se manifestaban para pedir una condena de la OEA a Maduro que su país “sigue en la agenda de la OEA”.

Después, escribió en su cuenta de Twitter que la OEA trabaja ahora por el “consenso” y destacó los “fuertes pronunciamientos de países”.

Los cancilleres de los 14 países impulsores fueron los más críticos con el Gobierno de Maduro y reiteraron sus peticiones de cancelar la Constituyente, liberar a los políticos presos, convocar elecciones con observación internacional, respetar la separación de poderes y abrir un canal humanitario.

Los 14 quieren un acuerdo antes de la Asamblea de Cancún pero solo queda poco más de medio mes por lo que hoy en los pasillos de la OEA una de las frases más comunes cuando se preguntaba qué sigue era: “Seguiremos en México”

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Treinta y tres países de América analizarán el miércoles la crisis de Venezuela en OEA

Washington. Los ministros de Relaciones Exteriores de América analizarán la crisis política y social de Venezuela en una reunión de consulta en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington el próximo miércoles 31 de mayo. El Gobierno de Venezuela será el gran ausente del encuentro, ya que fue precisamente su convocatoria la que provocó que solicitara el 28 de abril su salida del organismo, aunque no será efectiva hasta 2019.

Tampoco asistirá Cuba, que es miembro de la OEA pero se niega a participar en la organización pese a que en 2009 se le levantó su suspensión de 1962, emitida tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro.

Los 33 Estados restantes sí estarán representados en la reunión, aunque no todos enviarán a su canciller.

La convocatoria de este encuentro se aprobó con 19 votos a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia.

Los países que votaron a favor de la convocatoria fueron: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Jamaica, Barbados, Guyana, Bahamas y Santa Lucía. EFE

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¿Qué implica para Venezuela salir de la OEA?

WASHINGTON. Venezuela dará un paso sin precedentes en el ámbito del continente al activar el proceso para abandonar la Organización de los Estados Americanos, según anunció el miércoles el gobierno del país.

La canciller venezolana Delcy Rodríguez formuló el anuncio instantes después de que la organización decidiera convocar el miércoles a los cancilleres que lo conforman para que analicen la crisis en la nación caribeña, escenario de protestas callejeras que han dejado 29 muertos y más de 437 heridos.

La convocatoria de cancilleres no incluye el lugar ni la fecha de la reunión, lo que deberán negociar los 34 países miembros del organismo en una sesión futura.

¿POR QUÉ CARACAS DESEA ABANDONAR LA OEA?

Caracas alega que un grupo de países encabezados por Estados Unidos se inmiscuye a través de la OEA en sus asuntos internos para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las quejas venezolanas arreciaron desde que el organismo adoptara una resolución a comienzos de mes según la cual en Venezuela se ha violado el orden constitucional.

¿ALGÚN PAÍS HA ABANDONADO LA OEA?

Ningún país se ha retirado del organismo hemisférico desde su fundación.

Ya Venezuela había abandonado en 2013 la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una institución judicial autónoma con función contenciosa cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos.

Pero Jaime Aparicio, expresidente del Comité Jurídico Interamericano, calificó como “insólita” y “sin precedentes” la decisión de Caracas de abandonar formalmente a la institución, ya que ni siquiera Cuba lo ha hecho. La isla fue separada en 1962 por virar hacia el socialismo.

Los estados miembros de la OEA anularon en 2009 la suspensión impuesta a la isla, pero La Habana ha enfocado sus intereses en otros organismos como la CELAC, en la que no participa Estados Unidos.

¿ESTÁ LA OEA CERCA DE SUSPENDER A VENEZUELA?

De continuar con el proceso, la suspensión no se concretaría de inmediato.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, promueve suspender a Venezuela si el gobierno de Maduro no convoca a elecciones generales, abre un canal humanitario para alimentos y medicinas, libera a los presos políticos y respeta al Poder Legislativo.

La Carta Democrática Interamericana estipula que se puede suspender a un país solamente si así lo disponen 24 de los 34 estados miembros de la OEA, pero los países que buscan cambios en Venezuela no han podido siquiera acercarse a esa cantidad gracias en buena parte al petróleo subsidiado que Caracas ha suministrado durante más de una década a naciones caribeñas y centroamericanas a través del programa Petrocaribe.

¿CUÁL ES EL MECANISMO PARA ABANDONAR LA OEA?

El artículo 143 de la Carta de la OEA estipula que cualquier Estado miembro podrá notificar por escrito al secretario general su intención de retirarse, y que transcurridos dos años dicho Estado quedará desligado después de haber cumplido con sus obligaciones.

Caracas adeuda actualmente 10,5 millones de dólares, ya que desde hace varios años no paga su cuota anual de 1,8 millones.

¿SALIR DE LA OEA AFECTARÍA LA PRESENCIA DE VENEZUELA EN OTROS ORGANISMOS?

El representante de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, Dante Negro, dijo a la AP que abandonar al organismo implica abandonar también los entes creados bajo la Carta de la OEA, incluidos la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Comité Jurídico Interamericano y la Organización Panamericana de la Salud, que ofrece a sus miembros acceso a medicinas más baratas a través de un fondo común de los países.

Negro explicó que salir de la OEA no tiene efecto alguno en otras instituciones que no forman parte del sistema interamericano tales como la UNASUR, el Mercosur, el Alba y la Aladi.

¿SALIR DE LA OEA AFECTARÍA LA PRESENCIA DE VENEZUELA EN ENTES FINANCIEROS COMO EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO?

La OEA creó al Banco Interamericano de Desarrollo cuando redactó su Convenio Constitutivo en 1959. Sin embargo, Paul Constance, portavoz del banco, dijo a la AP que la salida de la OEA no tiene un efecto automático en la membresía de un país al BID.

“No hay estipulaciones contractuales de préstamo o políticas que aceleren el repago de préstamos, suspendan la elegibilidad para otros préstamos, o requieran que un país miembro mantenga una relación específica con la OEA”, indicó.

Si bien el documento constitutivo del BID señala en su artículo 2 que hace falta pertenecer a la OEA para ser miembro del banco, la situación de un país que ya es miembro del BID es diferente.

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OEA: hay alteración del orden constitucional en Venezuela

Quito.-La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó ayer en una tensa sesión una resolución que afirma que en Venezuela hay una “grave alteración inconstitucional del orden democrático” y exige al Gobierno de Nicolás Maduro que restaure “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

El texto no se sometió a votación, sino que fue aprobado “por consenso” al haber 23 Estados presentes en la sala y abstenerse solo cuatro de ellos: República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.

El documento, el más duro adoptado en la OEA contra Maduro, lo presentaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.

En el momento de la presentación y debate de la resolución no estuvieron Bolivia, Venezuela ni Nicaragua, que abandonaron la sesión tras denunciar que se trataba de una reunión “ilegal” y un “golpe de Estado institucional” al haberse celebrado pese a que Bolivia, titular de la presidencia del Consejo, la suspendió en la mañana.

Al no presidirla Bolivia, ni Haití (vicepresidente), lo hizo el embajador con más antigüedad en la OEA (después del de Bolivia), el de Honduras, Leónidas Rosa Bautista.

La resolución incorpora la posibilidad de, “en la medida que sea necesario” y en el marco de la Carta Democrática Interamericana, emprender “gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática”, “incluyendo la convocatoria de una reunión a nivel ministerial”.

Fuentes diplomáticas explicaron que la posibilidad de que los cancilleres se reúnan en la OEA para abordar este tema es algo que se está negociando pero para lo que todavía no hay fecha.

El texto indica que “a pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas sentencias (del Supremo sobre la Asamblea Nacional), es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático”.

De esa manera, los firmantes instan a Venezuela a “actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional”, según la versión final del texto adoptada, que leyó en la sesión la embajadora de Perú, Ana Rosa Valdivieso.

(+) REPRESENTANTE EE.UU.: ALTO NIVEL DE PREOCUPACIÓN

El representante interino de EE.UU., Kevin Sullivan, indicó en declaraciones a periodistas tras la reunión que el encuentro de ayer mostró que “hay voluntad para tomar decisiones por el bien del pueblo venezolano” y remarcó que la resolución tiene el apoyo de “los países más grandes del hemisferio”. No obstante, admitió que “hay algunos países que han tenido una relación muy cercana con Venezuela y les cuesta un poco más ser parte plenamente de estas decisiones”, pero, añadió, “el nivel de preocupación es muy alto”. La adopción de la resolución culminó una de las jornadas más tensas que se recuerdan en la OEA, que se inició a primera hora de la mañana cuando Bolivia dio el paso insólito de suspender unilateralmente una sesión convocada el viernes por la presidencia del Consejo, que entonces tenía Belice, a petición de 20 países.

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La OEA y Venezuela, un pulso que se anuncia largo

WASHINGTON. La tensa sesión de este martes en la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Venezuela certificó un pulso entre la mayoría de países del continente y el Gobierno de Nicolás Maduro que se anuncia largo.

Una veintena de Estados, que suman más del 90 % de la población de América, se comprometieron en una declaración a concretar un mecanismo “en el menor plazo posible” para “apoyar el funcionamiento a la democracia y el respeto al Estado de Derecho” en Venezuela.

Es decir, dejaron claro que van a insistir en mediar en la crisis política y social de Venezuela a pesar de que su Gobierno rechaza frontalmente no solo que la OEA tenga ese papel sino incluso que celebre reuniones como la de ayer para evaluar la situación del país.

El pulso está echado: la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y el embajador en la OEA, Samuel Moncada, presentaron batalla ayer uno por uno a los países que apoyaron la sesión y la declaración sobre su país.

Mientras el grupo de los 20 prevé seguir convocando reuniones sobre Venezuela, país ya ha solicitado sesiones sobre temas de esas naciones, como los acuerdos de paz en Colombia o el muro que EE.UU. ordenó construir en la frontera con México.

Venezuela, y sus fieles aliados Bolivia y Nicaragua, lo intentaron todo ayer para que no hubiera sesión pero, a diferencia de lo que ocurría en los años del fallecido presidente Hugo Chávez, las cuentas diplomáticas ya no les salen a favor.

Un grupo consolidado de 14 países gobernados por distintas tendencias políticas está dispuesto a mediar en la crisis venezolana: Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay.

Otros 8 países, todos caribeños, están dispuestos a sumarse a las iniciativas de los 14 siempre que incorporen un lenguaje con el que sus Gobiernos están cómodos, que por el momento no incluye ni la petición de fijar un calendario electoral ni la de liberar políticos presos, según explicaron a Efe fuentes diplomáticas.

Barbados, Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, Belice y Guyana apoyaron que se celebrara la sesión, mientras que la declaración la suscribieron Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Barbados, Jamaica, Santa Lucía y Guyana.

Belice ha preferido mantenerse al margen de las declaraciones conjuntas para mantener la neutralidad al ostentar la presidencia de turno del Consejo Permanente hasta el 31 de marzo, cuando cederá el testigo a Bolivia, gran aliado de Venezuela.

“El apoyo de estos países caribeños es una expresión del hecho de que Petrocaribe está en soporte vital en este punto y la residual lealtad que muchos países sentían hacia Venezuela se ha desvanecido”, indicó hoy a Efe el presidente del centro de estudios Diálogo Interamericano, Michael Shifter.

Fisuras en bloque de apoyo a Venezuela

Venezuela solía contar con el apoyo en bloque de los países caribeños que durante más de una década se han beneficiado de su petróleo subvencionado a través de Petrocaribe.

En ese bloque ha ido habiendo fisuras que, sumadas a los cambios de Gobierno en Brasil, Argentina y Perú, han dejado a Venezuela sin la hegemonía que ostentaba en la OEA y, como se ha encargado de recordar estos días EE.UU., “cada vez más aislada en la región”.

Pero el reto ahora es afianzar el apoyo de esos 8 países caribeños que ya han dado tímidos pasos adelante y convencer a al menos dos naciones más para tener los dos tercios (24 de 35 Estados miembros) que son necesarios para tomar las grandes decisiones en la OEA.

La mayor de todas, la suspensión de un Estado miembro, es algo que “por el momento” no buscan tampoco el grupo de los 14, que prefieren agotar la vía diplomática antes de recurrir al “último recurso” del organismo ante una alteración democrática en la región.

Pero los 24 serían necesarios también para convocar una Asamblea de cancilleres que iniciara gestiones diplomáticas, otra de las posibles vías de actuación.

Todas las fuentes diplomáticas y analistas consultados por Efe apuntan a que solo EE.UU., con presiones económicas, podría convencer a un grupo suficiente de países caribeños de apoyar las iniciativas sobre Venezuela.

Moncada vinculó ayer los movimientos del grupo de los 14 en la OEA con que el senador estadounidense Marco Rubio advirtiera a Haití, El Salvador y República Dominicana de que podrían peligrar sus ayudas estadounidenses si no votan en la OEA para presionar a Maduro.

“Señala a estos países porque tiene información de que pueden ser convencidos, al recibir financiación directa de EE.UU.”, explicó ayer a Efe Michael McCarthy, profesor de relaciones internacionales de la Universidad George Washington.

“Quizás los países van a tener que tratar de presionar más a través de la vía bilateral, ya que no hay disposición del Gobierno venezolano a que la OEA participe”, indicó a Efe Mariano de Alba, abogado venezolano experto en derecho internacional.

Cristina García Casado

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Cuba defiende veto a Almagro y reitera que jamás regresará a la OEA

LA HABANA. Cuba dijo que el fallido intento del jefe de la OEA, Luis Almagro, de entrar a La Habana invitado por disidentes formaba parte de un plan para dañar sus relaciones internacionales, y reiteró que jamás regresará a ese organismo.

En una declaración difundida el miércoles, la cancillería defendió su decisión de impedir el ingreso de Almagro para que recibiera “un premio inventado por un grupúsculo ilegal anticubano”.

Según la diplomacia cubana, el viaje de Almagro formaba parte de una estrategia de “abierta y grave provocación contra el gobierno” de Raúl Castro que buscaba “generar inestabilidad interna, dañar la imagen internacional del país y, a la vez, afectar la buena marcha de las relaciones diplomáticas” con otros Estados.

“Al conocer de estos planes y haciendo valer las leyes que sustentan la soberanía de la nación, el gobierno cubano decidió negar el ingreso al territorio nacional a ciudadanos extranjeros vinculados con los hechos descritos”, justificó el ministerio de Relaciones Exteriores.

Más temprano, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), al dar a conocer el veto de las autoridades, dijo que nunca tuvo “interés en evaluar la situación política interna de Cuba ni sus diferentes tendencias políticas”.

Además de Almagro, Cuba le impidió el ingreso al expresidente mexicano Felipe Calderón y a la exministra chilena de educación Mariana Aylwin, que planeaban participar en el acto programado por la organización Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.

Rosa María Payá, hija del fallecido opositor Oswaldo Payá, entregó el premio a Almagro en ausencia, en un sencillo acto realizado en La Habana en memoria de su padre muerto en un accidente de tránsito en 2012.

Los gobiernos de Chile y México expresaron su malestar por el veto cubano.

Entretanto, La Habana criticó con fuerza a Almagro endilgándole una “ambiciosa agenda de autopromoción con ataques contra gobiernos progresistas como Venezuela, Bolivia y Ecuador”.

Al mismo tiempo recordó que la isla fue expulsada de la OEA en 1962, en plena Guerra Fría, por rebelarse contra ese “cónclave inmoral”.

“Cincuenta y cinco años después y con la compañía de pueblos y gobiernos de todo el mundo, es menester reiterar, como aseguró el presidente Raúl Castro, que Cuba nunca regresará a la OEA”, enfatizó.

La organización levantó la suspensión a Cuba en 2009, pero el gobierno rehúsa reincorporarse.

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La OEA preocupada por “impasse” político ante las elecciones en Haití

protestahaitianaWASHINGTON. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó hoy su preocupación ante el “impasse” político de cara a la segunda vuelta de las elecciones en Haití, tras la renuncia del candidato opositor y las consiguientes dudas sobre si se realizarán los comicios.

“En línea con su posición en favor de elecciones competitivas para la mejora de la democracia haitiana, (la misión de la OEA) expresa su preocupación ante el actual impasse político de cara a la segunda vuelta de las elecciones del domingo”, indicó el organismo panamericano en un comunicado.

“La Misión urge a todos los actores políticos haitianos a involucrarse en diálogo y negociaciones para encontrar una solución a este impasse”, apuntó la OEA.

Recomendaciones

El organismo destacó que siguiendo las recomendaciones de la comisión creada para mejorar el proceso electoral, ya se tomaron “importantes medidas” como la decisión de separar la fecha de las elecciones presidenciales de los comicios locales.

Ello resultó, a juicio de la misión de la OEA, en una “reducción drástica del número de representantes de partidos (mandataires), que fueron generalmente vistos como una de las principales causas de irregularidades”.

Sin embargo, estas medidas “no consiguieron el nivel de confianza que pretendían”, y la OEA recordó que, según el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, el acceso al poder debería estar sujeto al Estado de Derecho y a la celebración de elecciones periódicas, libres y justas basadas en voto secreto y sufragio universal.

El candidato opositor a la Presidencia de Haití, Jude Celestin, renunció ayer oficialmente a participar en los comicios del próximo domingo, mientras que un miembro del Comité Electoral Provisional (CEP) se declaró en rebeldía contra la entidad, en una jornada de violentas protestas.

Martelly

El presidente del país, Michel Martelly, insistió hoy en que no se aplazará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas para el domingo, durante un día marcado nuevamente por violentas protestas y en el que el Senado debatió, aunque será mañana cuando decidirá si recomienda posponer los comicios.

Tras reunirse de urgencia esta tarde, los senadores acordaron abordar mañana tres puntos que consisten, en primer lugar, en decidir si recomiendan suspender la segunda vuelta de las elecciones, dado que solo el aspirante oficialista concurre a las mismas, tras la renuncia del opositor.

En segundo lugar, se debatirá si se establece una nueva comisión de verificación y, en tercero, si se pide la dimisión de los miembros del CEP acusados de corrupción.

Este domingo 24 está prevista la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cita que ya se ha pospuesto dos veces desde la convocatoria original, el 27 de diciembre pasado.

Martelly

El presidente del país, Michel Martelly, insistió hoy en que no se aplazará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, previstas para el domingo, durante un día marcado nuevamente por violentas protestas y en el que el Senado debatió, aunque será mañana cuando decidirá si recomienda posponer los comicios.

Tras reunirse de urgencia esta tarde, los senadores acordaron abordar mañana tres puntos que consisten, en primer lugar, en decidir si recomiendan suspender la segunda vuelta de las elecciones, dado que solo el aspirante oficialista concurre a las mismas, tras la renuncia del opositor.

En segundo lugar, se debatirá si se establece una nueva comisión de verificación y, en tercero, si se pide la dimisión de los miembros del CEP acusados de corrupción.

Este domingo 24 está prevista la celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cita que ya se ha pospuesto dos veces desde la convocatoria original, el 27 de diciembre pasado.

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OEA insta a Haití a celebrar cuanto antes elecciones

elecciones_haitiWASHINGTON.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) insto hoy a los tres poderes del Estado de Haití a convocar antes de finales de año elecciones legislativas y municipales, que han sido aplazadas durante años.

El consejo aprobó una declaración en la que pide que cumplan con el acuerdo alcanzado en marzo pasado, bajo la mediación de la Iglesia católica, conocido como el “Acuerdo del Rancho”, para la celebración de las elecciones municipales y parciales del Parlamento (bicameral), que deberían celebrarse el próximo 26 de octubre.

La presidenta del Consejo Permanente y representante de Santa Lucía ante la OEA, Sonia Johnny, señaló que esta declaración apoya “los esfuerzos de un Estado miembro para que se puedan realizar las elecciones, en concordancia con el mandato de su Constitución y de otros acuerdos”.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo haitianos mantienen sus diferencias sobre la conformación del Consejo Electoral Provisional, encargado de organizar las elecciones legislativas y locales parciales, así como diferendos sobre la ley electoral.

El representante permanente de Haití, Edmond Bocchit, describió como “un paso en buen camino” el “Acuerdo del Rancho”, pero dijo que “desafortunadamente este acuerdo enfrenta hoy grandes dificultades” y pidió apoyo a la OEA “porque sabemos que el bienestar de la democracia de Haití tiene que ser una prioridad para la región”.

Las elecciones senatoriales se han retrasado desde 2011, los mandatos de un tercio de los senadores expiraron en mayo de 2012, dejando el Senado con sólo dos tercios de sus miembros, y también las elecciones locales y municipales debieron celebrarse en 2010.

Además, en enero de 2015, vencerá la legislatura de un segundo tercio de los senadores y de la Cámara de Diputados, por lo que si las elecciones no se celebran a finales de 2014, el Parlamento podría colapsar el próximo año.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, advirtió del alcance e impacto de la situación en Haití y opinó que al no realizarse las elecciones, tal como estaba previsto en el acuerdo, “el primero de enero del 2015 el país se quedaría sin Senado y dejaría de contar con una institución constitucional”.

Insulza afirmó que la OEA “está preparada para apoyar el proceso democrático en Haití, en especial las elecciones, de conformidad con la Constitución y con las leyes de ese país”.

En este sentido, señaló que continuará acompañando el proceso político por medio de visitas de alto nivel, la presencia de una oficina de la OEA y los trabajos del Grupo de Amigos de Haití en Washington DC.

“Esperamos que todas las partes interesadas en el proceso político continúen trabajando juntos para crear las mejores condiciones para la estabilidad, el crecimiento y la seguridad” en el país.

Insulza deseo que el diálogo que se inició a principios de año “continúe y que se integren a él todos aquellos que aún no participan”, ya que consideró que es la mejor instancia para manifestar las inquietudes y necesidades.

La resolución adoptada sostiene que “todas las partes cumplan a cabalidad sus compromisos políticos y obligaciones legales y constitucionales, para facilitar la rápida organización de las elecciones necesarias para la renovación de los mandatos de las autoridades legislativas y municipales”.

Además, insta a todos los poderes del Estado a “continuar el diálogo con el fin de cumplir, de manera urgente, sus obligaciones consagradas en la Constitución y en el Acuerdo de El Rancho con el propósito de asegurar que se lleven a cabo elecciones en 2014″.

En junio pasado, la ONU y los países miembros del llamado “Core Group” instaron a los actores políticos de Haití a tomar “rápidamente” las decisiones necesarias para garantizar que las elecciones se puedan celebrar en la fecha fijada.
Por Agencia EFE

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Venezuela denunciará a EE.UU. ante ONU, OEA, Celac y Unasur por “injerencia”

pueblo_venezuelaCARACAS.- El Gobierno de Venezuela denunciará a EE.UU. ante la ONU, la OEA, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) por la “injerencia” y amenazas de sanciones contra el país caribeño, dijo hoy el canciller venezolano, Elías Jaua.

“Vamos a hacer una denuncia formal ante la ONU por la violación de la Carta de Naciones Unidas, ante la Organización de Estados Americanos por la violación de la Carta Interamericana”, dijo Jaua durante una entrevista que ofreció al canal privado Televén.

El ministro de Exteriores de Venezuela también indicó que su país hará “una denuncia formal ante la Celac” y ante la Unasur.

Jaua señaló que las denuncias se empezarán a realizar la semana que viene durante la reunión ordinaria que de cancilleres de la Unasur en Ecuador.

“Voy a presentar en nombre del presidente, Nicolás Maduro, (…) la primera denuncia formal con todo un expediente de lo que han sido las declaraciones injerencistas de los voceros empezando por el presidente (de Estados Unidos, Barack) Obama, el secretario (de Estado, John) Kerry y otros voceros en los asuntos internos de Venezuela”, dijo.

Asimismo, señaló que en las denuncias también se incluyen “las amenazas permanentes de aplicar sanciones o legislar sobre Venezuela al margen de cualquier consideración del derecho internacional”.

Jaua apuntó que su país “como nación libre e independiente” no reconoce al Gobierno de Estados Unidos ni a su Parlamento “ninguna autoridad extraterritorial para legislar contra Venezuela o sobre Venezuela”.

Además, resaltó que “tampoco está en el marco del derecho internacional el tema de las sanciones unilaterales de cada uno de los países” y que “hay unos principios básicos del sistema de las Naciones Unidas que tienen que ser respetados”.

El canciller también recordó que en junio de 2013, tras el encuentro que sostuvo en Guatemala con Kerry, ambos acordaron que ante el surgimiento de diferencias entre los países se comunicaran “directamente” y que eso no ha sucedido en este caso.

“Nosotros en esta situación no ha habido manera que ningún funcionario de nuestro gobierno pueda establecer una relación con el Departamento de Estado que no sean las agresiones, las amenazas, las injerencias, pero eso a nosotros nos tiene sin cuidado”, comentó.

Aseguró, además, que los funcionarios del Gobierno de Venezuela no tienen “nada que temer” tras ser consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos decida suspender las cuentas de venezolanos en ese país como parte de las sanciones.

El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el día 9 pasado un proyecto de ley bipartidista para imponer sanciones contra algunos funcionarios venezolanos, en un primer paso del proceso legislativo que debe ser ratificado por el Senado.

Maduro ha dicho que si Estados Unidos impone sanciones contra su país responderá “con firmeza” y que no se dejará intimidar.

La posibilidad de que Estados Unidos sancione a Venezuela surge en el marco de las protestas antigubernamentales que se han desarrollado en el país caribeño desde hace más de tres meses y que han dejado más de 40 muertos y cientos de heridos.

Venezuela y Estados Unidos están en uno de sus momentos de relaciones más bajos, sin embajadores y con continuos conflictos que se han traducido entre otros aspectos en la expulsión por parte de Caracas de ocho diplomáticos estadounidenses acusados de supuesta injerencia que ha sido respondida por Washington de manera similar.
Por Agencia EFE

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Declaración en OEA por crisis Venezuela

bomba_lacrimogenaWashington.-El Consejo Permanente de la OEA aprobó ayer una declaración conjunta que expresa solidaridad con la situación que vive Venezuela, pide que continúe el diálogo y lamenta las muertes en el país, con 29 votos a favor y 3 en contra, los de EE.UU., Canadá y Panamá, informaron fuentes diplomáticas.

Tras muchas horas de debate en su segundo día de sesión extraordinaria, los embajadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) votaron punto por punto varias propuestas hasta validar una declaración, si bien Panamá, EE.UU. y Canadá expresaron su disconformidad con sendas notas a pie de página.

Aunque los periodistas no han tenido aún acceso a la declaración, los embajadores de Venezuela, Roy Chaderton; de EE.UU., Carmen Lomellín; y de Colombia, Andrés González, adelantaron parte de su contenido a la prensa.

El texto contiene un “rechazo absoluto a la violencia” y una “reiteración de la importancia del diálogo hacia una reconciliación”, y establece que el Consejo Permanente “seguirá informado”, sin especificar cómo, según González.

Además, contiene una expresión de “solidaridad” con Venezuela, de acuerdo con Chaderton. “Es un triunfo para toda América Latina”, sentenció el embajador venezolano tras la votación.

Lomellín discrepó con esa idea y consideró la declaración un “triunfo para todos” las naciones del continente, dado que “varios países no querían que se llevara a cabo el diálogo”, y “el hecho de que se pudiera discutir es un avance”.

El embajador de Panamá, Arturo Vallarino, opinó que el llamamiento a la solidaridad con Venezuela y a la “continuación” del diálogo “se puede interpretar como una parcialidad hacia el Gobierno” venezolano. “Panamá considera que la OEA debe tener una actitud más dinámica y darle seguimiento a la situación, y no solamente declarar su interés en mantenerse informado del diálogo ya instaurado”, señaló la nota a pie de página de ese país, de acuerdo con Vallarino.

La acusación de Maduro
Por otro lado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó ayer al gobernante panameño, Ricardo Martinelli, de cobrar a los empresarios de la Zona Libre de Colón el 20% por cada factura que se cancelara desde el organismo venezolano de entrega de divisas que usó para su campaña interna.

Maduro comentó que después de recibir la visita de Martinelli en julio pasado en Caracas en la que se abordó el tema de la deuda que la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) tenía con empresarios panameños, decidió enviar a Panamá al entonces presidente de este organismo, José Khan, que llegó a Venezuela con “la denuncia”.

Khan le dijo que los empresarios en la Zona Libre de Colón les habían contado que “el presidente panameño les estaba cobrando 20 % por cada factura que se cancelara…”.

MARTINELLI; CARACAS DEBE PAGAR LO QUE DEBE
El presidente panameño Ricardo Martinelli dijo ayer viernes que espera que la decisión de su homólogo venezolano de romper relaciones diplomáticas entre ambos países no sea una excusa para evadir compromisos multimillonarios con empresarios panameños, luego de que Caracas ordenó la suspensión de todas las transacciones económicas y divisas con Panamá.

“Venezuela prácticamente, al parecer, está en bancarrota, aunque no debería estarlo porque es un país muy rico”, afirmó Martinelli en su primera declaración pública luego de la ruptura diplomática y comercial decretada por el gobierno del país sudamericano. “Allí hay un verdadero desgreño (desorden) administrativo y le deben a Panamá cifras superiores a los 1,000 millones de dólares”. “Yo no quisiera pensar que esto (la ruptura de relaciones) es una excusa para no pagar y no quisiera pensar que el Estado venezolano es mala paga”, afirmó.
Por Agencia EFE

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Venezolanos protestan ante la ONU y la OEA por censura y violencia en su país

venezolanos_onuWashington.-Centenares de venezolanos denunciaron ayer ante la sede de la ONU en Nueva York la censura y represión que, a su juicio, ejerce el Gobierno de Nicolás Maduro, mientras en Washington decenas pedían a la OEA que condene las «violaciones de derechos humanos y políticos» por parte del Ejecutivo de Venezuela.

Las manifestaciones ante los dos organismos internacionales se convocaron para coincidir con las marchas registradas en Caracas y toda Venezuela, en Lima, Bogotá y Managua como protesta por las muertes y violencia registradas durante las protestas de los últimos días contra el Gobierno de Maduro en Venezuela.

Mientras que los cientos de venezolanos concentrados ante las Naciones Unidas se manifestaban de manera silenciosa, con la boca tapada con cinta adhesiva como símbolo de la censura en Venezuela, la protesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA) estuvo cargada de consignas coreadas como «OEA, OEA, haga su tarea».

«Pedimos que la OEA deje de mirar hacia otro lado en lo referente a las violaciones de derechos humanos y políticos del régimen de Maduro», señalaron los organizadores de la manifestación en una carta al secretario general del organismo, José Miguel Insulza.

La carta, entregada en la oficina del jefe de gabinete de la OEA, Hugo de Zela, está firmada por seis venezolanos que hace menos de un año fundaron «A voice for democracy in Venezuela», una organización que actúa en el área metropolitana de Washington y que hoy convocó la manifestación.

«Estamos cansados de esta dictadura, esta opresión que tenemos con el Gobierno venezolano. Queremos un cambio», dijo a Efe Lissette Miroquesada, una de las firmantes de la carta y venezolana residente en Washington desde hace 14 años.

La misiva pide a la OEA «activar la Carta Democrática Interamericana para pedir un cese de hostilidades hacia los manifestantes y respeto a la disidencia política, restaurar la libertad de prensa y llamar a la convocatoria inmediata de elecciones transparentes y legítimas en los próximos seis meses».

Según la organización, Insulza tiene «la obligación de aplicar la cláusula democrática y convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la grave situación que enfrenta Venezuela» con base en la Carta Democrática Interamericana.

A pocos metros de quienes protestaban en contra de Maduro, una decena de personas convocadas por la organización «Answer Coalition» se manifestaron para respaldar al Gobierno venezolano, con carteles que rezaban «Apoyo a la revolución bolivariana».

En Nueva York, los manifestantes enarbolaron pancartas que decían «Venezuela, somos tu voz» para protestar por la supuesta censura informativa que les niega conocer la realidad de su país y condenar la detención del líder opositor venezolano Leopoldo López, que el martes se entregó a la Guardia Nacional en Caracas.

«En Venezuela estamos viviendo una situación de censura terrible. Los medios están controlados por el Gobierno», dijo a Efe Jorge Bustillos, médico residente en Nueva York y uno de los organizadores de la manifestación.

«Lo único que exigimos con esta manifestación es que respeten nuestros derechos humanos, y queremos llamar la atención de las autoridades internacionales. Que nos oigan», aseguró Bustillos.

Desde la muerte de Hugo Chávez y los posteriores comicios en los que fue elegido Nicolás Maduro y que fueron puestos en duda por un amplio grupo de los votantes que reclamaron un recuento de votos, la crispación ha crecido tanto entre la comunidad venezolana en Nueva York como en Venezuela.

«Nosotros hemos sido pacíficos y hemos sido tolerantes durante muchos años, pero el pueblo venezolano se despertó. El hombre de barrio que estaba cuatro horas haciendo cuatro horas de cola para conseguir un kilo de azúcar, ese ama de casa se cansó y se fue a las calles, está hoy en día en las calles, pidiendo que se respete su derecho a la vida», resumió Bustillos.
Por Agencia EFE

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El Gobierno garantiza en OEA trato igualitario a inmigrantes

sesion_oeaSanto Domingo.-El gobierno  dominicano estableció ayer  que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad dominicana no afecta a todos los hijos de inmigrantes nacidos en el país, ya que aquellos que tienen un progenitor residente legal son y seguirán siendo de nacionalidad dominicana.

En un documento leído por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, el gobierno señaló que la cantidad de personas afectadas con la sentencia del TC es solo una fracción de los “estimados alarmistas” que se han dado.

Indicó que del 2008 al 2013 la Junta Central Electoral (JCE) sometió a investigación 16,945 actas de nacimiento y que de estas solamente 1,088, el seis por ciento,  fueron suspendidas provisionalmente por duplicidad, suplantación y otras  incongruencias.

Precisó que de 42,015 cédulas que la JCE canceló del 2007 al 2013, solamente 410, correspondiente al uno por ciento, fueron por falsos reclamos de nacionalidad.

El funcionario dominicano aclaró que los esfuerzos de la JCE para corregir irregularidades en el registro no se limitan a identificación de cuestiones migratorias.

Pina Toribio encabezó la delegación dominicana, la cual completan el embajador interino ante la OEA, Giovanny Ramírez; el presidente de la JCE, Roberto Rosario, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Alejandra Liriano.

El tema fue conocido a solicitud de la embajadora permanente de San Vicente y las Granadinas, Celia A. Prince, quien consideró que el fallo del TC anula la ciudadanía a hijos de inmigrantes y que se aplica de forma retroactiva.

Trato igualitario
Pina Toribio expuso  que a los inmigrantes haitianos como a los de cualquier otro país se les respetan sus derechos humanos y se les permite el libre acceso a la educación, a la salud y al trabajo, sin necesidad de presentar identificación, al igual que  a los dominicanos.

Precisó que en los hospitales públicos el 13 por ciento de los partos es de madres haitianas, no necesariamente residentes, que implican para el Estado una erogación al año de alrededor de RD$3,000 millones, equivalente a US$69.8 millones.  Dijo que la población de inmigrantes consume cerca del 18% del presupuesto nacional del sector salud.

Afirmó que las personas migrantes enfrentan a menudo los mismos retos que los dominicanos, tras señalar que República Dominicana tiene 34% de la población por debajo de la línea de pobreza. Señaló que actualmente 15 mil haitianos están estudiando en universidades dominicanas, con los mismos costos que los  dominicanos y posibilidades de becas.

“Con estos datos queremos decir, sin desprecio, que el Estado hace todo lo que está en sus manos para dar un trato digno y apegado a los derechos humanos a todos los hombres y mujeres que residen en nuestro territorio”, dijo. Sin embargo, observó que a pesar de esas muestras de apertura y respeto, el país ha recibido de las autoridades de Haití una respuesta hostil e injustificable, que no muestra la situación conciliadora y de concertación del gobierno dominicano. “Esta respuesta, que consideramos incomprensible, genera tensiones innecesarias”, expresó.

Pina Toribio resaltó las relaciones armoniosas existentes entre Haití y República Dominicana, con un acercamiento en los últimos años en diferentes ámbitos de cooperación.

Precisó que prueba de ese compromiso fueron las muestras de solidaridad sin precedente ofrecidas por el país al pueblo haitiano durante el sismo ocurrido en el vecino país en enero del 2010.

Acata sentencia
Pina Toribio reiteró la decisión del gobierno dominicano de acatar la sentencia del TC, a la vez que detalló las medidas que ha adoptado para su cumplimiento, a través del Consejo Nacional de Migración (CNM).

Precisó que el gobierno ha decidido hacer de la sentencia del TC la oportunidad perfecta para solucionar un problema  que ha sido relegado durante años.

Al intervenir en la asamblea, el presidente de la JCE  advirtió a la OEA que su objetivo no es imponerle un modelo a la República Dominicana, sino garantizar que se respeten los derechos humanos.

Consideró que si la OEA no encausa de forma apropiada el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad dominicana se le puede hacer un daño al país, lo cual entiende no es la idea de ese organismo. Alertó a la OEA para que no se deje llevar de presiones e intereses de grupos particulares que cuestionan el fallo del TC.

“La OEA no se puede dejar llevar por cuestiones momentáneas”, planteó. Dijo que la República Dominicana no iba a contestar muchos de los planteamientos hechos en el foro porque eran fruto de cuestiones que se desconocen.

Consideró que los representantes de los países no estaban exponiendo sus puntos de vista de manera racional. Refirió que  ha preguntado a muchas personas si habían leído la sentencia, incluyendo al secretario de la OEA, José Miguel Insulza, presente en la asamblea, y que la respuesta fue negativa.

UNA MISIÓN DE LA CIDH VISITARÁ A RD
La delegación de Haití reiteró su firme voluntad de continuar trabajando para una convivencia pacífica de las dos naciones, tras expresar preocupación porque entiende que el fallo afectará a más de 200 mil inmigrantes haitianos que quedarán en condiciones de apátridas. Catalogó el fallo como una violación a la carta de las Naciones Unidas.

Aprovechó para solicitar a la OEA que recomiende a la CIDH que realice una investigación de la situación en la República Dominicana. El secretario de la OEA definió el tema de la sentencia como complejo, porque se trata de derechos humanos que trasciende lo nacional. José Miguel Insulza planteó que el problema no se resuelve con una resolución, sino con la buena voluntad de todos. En la sesión informativa se anunció que una comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos visitará el país para indagar sobre la situación. En su intervención, el presidente de la JCE dijo que habían hecho esa solicitud en el 2011.
Por Wanda Méndez