MANAGUA. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes informó ayer de que reanudarán el diálogo nacional después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presente un informe sobre la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA.
“Ese informe nos va dar luces. Nosotros conocemos la situación, pero ese informe que se presentará mañana (viernes), servirá para tener luces”, dijo Brenes, también presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora y testigo del diálogo nacional, a periodistas.
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes una sesión extraordinaria para abordar el conflicto en este país centroamericano, que ha dejado al menos 200 muertos.
En esa sesión, la CIDH presentará un informe sobre su visita en mayo pasado a Nicaragua y los hallazgos y recomendaciones acerca de la crisis actual.
En su informe preliminar, presentado el 21 de mayo pasado, en Managua, la CIDH afirmó que en su visita de campo de cuatro días encontró evidencias de “graves violaciones de derechos humanos” con “al menos 76 personas muertas” entonces.
La Comisión instó al Estado de Nicaragua a implementar un total de 15 recomendaciones.
Entre esas medidas está el cese inmediato de la represión, el respeto y la garantía al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia o la garantía de la vida, integridad y seguridad de todas las personas.
Otras de las recomendaciones son las garantías para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH, medidas para investigar juzgar y sancionar a los responsables de la violencia o que los operativos de seguridad en las protestas y manifestaciones cumplan los protocolos de actuación.
Además, solicitó el desmantelamiento de los grupos parapoliciales, el respeto de la independencia de los medios de comunicación, la no censura, y la exhortación a las autoridades de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a los manifestantes.
La comisión solicitó sistematizar la información de los atendidos en los hospitales, la investigación de las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, la ratificación de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y la apertura al escrutinio internacional.
Finalmente, la comisión reclamó “la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional” y “un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones” mediante un calendario de nuevas visitas.
El lunes pasado, la Conferencia Episcopal suspendió las tres mesas de trabajo creadas para superar la crisis debido a que el Gobierno no había presentado copias de las cartas de invitación a esos organismos internacionales a visitar el país.
Nicaragua cumplió ayer 65 días desde que se inició la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Daniel Ortega también como presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
