WASHINGTON. El gobierno de Estados Unidos ha pedido a la Corte Suprema que intervenga en una pelea legal con Microsoft sobre el acceso a correos electrónicos almacenados en otros países. Es uno de los varios enfrentamientos que Microsoft y otras empresas de tecnología han tenido con el gobierno del presidente Donald Trump por asuntos que tienen que ver con la privacidad digital y la necesidad de las autoridades por conseguir información para combatir el extremismo y la delincuencia organizada.
Los expertos en derecho a la privacidad dijeron que las compañías han estado más dispuestas a pelear desde que se filtró información clasificada que detalló los programas de vigilancia estadounidenses. El caso más reciente tiene que ver con emails guardados en un servidor en Irlanda.
A finales del mes pasado, agentes federales persuadieron a un juez para que emitiera una orden judicial a fin de tener acceso a una cuenta de correo electrónico de Microsoft que sospechaban había sido utilizada para el tráfico de droga.
A primera vista la investigación era algo rutinario, pero la empresa dijo que los correos estaban fuera del alcance de la orden. Un tribunal federal de apelaciones estuvo de acuerdo. A fines del mes pasado, el gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema que interviniera.
Otro tema que destacar en la apelación es la dificultad que enfrentan los jueces cuando tratan de aplicar las leyes de varias décadas de antigüedad con los nuevos desarrollos tecnológicos.
En el caso más reciente, un sospechoso de traficar drogas utilizó el servicio de correo electrónico de Microsoft. En 2013, los investigadores federales obtuvieron una orden judicial bajo una ley de 1986 para tener acceso a los correos electrónicos, así como la identificación de información sobre el usuario de la cuenta.
Microsoft entregó la información, pero acudió a la corte para defender su postura de no entregar los correos que están en Irlanda. El tribunal federal de apelaciones en Nueva York estuvo de acuerdo con la compañía de que la ley de 1986 no aplica fuera de Estados Unidos.
La Corte Suprema dijo que la decisión daña a “cientos, si no es que a miles, de investigaciones criminales que van desde terrorismo y pornografía infantil, hasta fraudes”.
