SANTO DOMINGO.-“Cruzar el Niágara en bicicleta” es lo más parecido al proceso para obtener un título de alguna propiedad en el país, lo que mantiene a miles de personas viviendo con la incertidumbre de poseer algún inmueble, pero a su vez están en un limbo legal.
Por lo regular muchos solicitantes desisten luego de invertir tiempo y dinero en legalizar las tierras que han habitado, debido a la burocracia existente.
El proceso va desde pagos en algunas instituciones del gobierno, realización de las mensuras correspondientes y sometimiento a la Jurisdicción Inmobiliaria del Poder Judicial para que dé el visto bueno y se proceda al registro del documento.
En este trajín el propietario puede gastar desde RD$80 hasta los RD$120 mil, dependiendo de la extensión y las características que tenga el inmueble que desea registrar.
Un mal generalizado
La situación no solo afecta a las tierras agrícolas, ya que se estima que entre un 50 a 75 % de los residentes urbanos carecen de derechos formales sobre sus inmuebles, según estudios realizados por organismos internacionales.
Entre los afectados están los miles de beneficiarios de proyectos habitacionales construidos por el gobierno a lo largo de la historia.
Mirando un poco atrás
Gran parte de esos terrenos son producto de ventas hechas por las entidades públicas que heredaron las tierras del Estado que fueron propiedad de Trujillo.
La Reforma Agraria promulgada entre los años 1962 y 1972 jugó un papel importante en la entrega de tierras sin título a los campesinos.
Según un estudio realizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), solo el Instituto Agrario Dominicano (IAD) había redistribuido alrededor de 409,000 hectáreas, beneficiando a 75,000 familias al cierre de 1990. Con el paso de los años ese número se ha incrementado significativamente más aun cuando se suman las tierras vendidas por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Esta última entidad heredó 3.5 millones de tareas de tierra al momento de su creación el siglo pasado.
La estimación la hizo Bautista Rojas Gómez, presidente de la comisión designada por el Gobierno para investigar qué porción de terrenos aun le queda al Estado y las condiciones en que han sido vendidos o cedidos.
Las “permutas”
Otro de los orígenes de la problemática es que grandes porciones de terreno se han cedido como permutas por obras realizadas por el Estado en determinadas provincias.
Quienes poseen esas tierras en el mejor de los casos solo cuentan con títulos provisionales.
Tal es el caso de los productores del proyecto Daza I en San Cristóbal, quienes tienen más de dos décadas sin contar con sus títulos definitivos.
“Se ha logrado muy poco en todos estos años”, se lamentó Francisco Mejía. El productor es parte de las decenas de campesinos que recibieron 30 tareas de tierra como permuta luego de ser desalojados de los terrenos donde se construyó la presa Jigüey y Aguacate en el gobierno de Joaquín Balaguer.
Los productores dejaron las tierras donde eran dueños legítimos y se fueron a cultivar a esta demarcación de Hato Damas, donde está el proyecto.
“Aquí hemos tenido que pelear hasta con la guardia luego que nos desalojaron”, dijo Manuel Cabral.
Las repercusiones
Para quienes están en esta situación, aunque poseen ciertos derechos sobre la tierra no pueden venderla, ni hipotecarla en una entidad bancaria formal.
“Tengo una casa y en muchas ocasiones he necesitado un préstamo y he querido ponerla como garantía, pero no me la aceptan”, se lamentó Lourdes García, residente 30 años en Los Tres Brazos, Santo Domingo Este.
La mujer cuenta que desde que ocuparon las tierras, luego del huracán David, han intentado obtener sus títulos, pero siempre hay un problema.
El último fue revelado en 2016, tras el proyecto de la compañía privada Titulatec, que compró los terrenos de ese barrio a precios de “vaca muerta” al Estado y pretendía revenderlos hasta 15 veces más caros.
Procedimiento
Algunos pasos para obtener un título
—1— Medición
Un agrimensor debe hacer el deslinde de la propiedad para obtener la mensura.
—2— Documentación
La información se coteja para presentarla a la institución a la que pertenece el terreno.
—3— Aprobación
Cuando el proceso está aprobado internamente se somete a la Jurisdicción Inmobiliaria.
Comisión levanta 62 mil expedientes del CEA
Investigación. El ministro sin cartera Bautista Rojas Gómez resaltó que la comisión que preside para investigar el festín de ventas de terrenos en el CEA ha levantado 62 mil expedientes desde que fue creada en septiembre de 2016 por el Ejecutivo.
Los documentos que tratan sobre ventas, arrendamientos y permutas de las tierras que estaban a nombre de esa entidad ahora deberán ser auditados por la Contraloría General.
Explicó que la comisión también se encuentra automatizando esos expedientes para luego ofrecer un informe final.
