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Poder Ejecutivo declara 25 días estado de emergencia por el COVID-19

SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo estableció este jueves el estado de emergencia por los próximos 25 días con el propósito de tomar las medidas que considere pertinentes para enfrentar la situación creada por la circulación del coronavirus en el país.

El decreto 134-20 del presidente Danilo Medina le dio el carácter oficial a la autorización que en ese sentido aprobara el Congreso Nacional, a solicitud del propio gobernante este miércoles.

El estado de emergencia nacional da al jefe de Estado poderes para “disponer las restricciones, por el tiempo estrictamente necesario, a las libertades de tránsito, asociación y reunión, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 266 de la Constitución y el artículo 11 de la ley 21-18 sobre regulación de los estados de excepción contemplados en la Carta Magna”.

Los poderes especiales dados a Medina también le permiten tomar las “medidas necesarias” para apoyar a los diferentes sectores económicos nacionales durante el período de emergencia como forma de proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores.

Asimismo, adoptar las acciones que garanticen que los centros de salud pública se mantengan provistos de los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades y así garantizar la asistencia hospitalaria y la provisión de medicamentos a las personas afectadas por el COVID-19 que lo requieran.

La disposición establece que el Poder Ejecutivo rendirá informes periódicos a la comisión bicameral que dará seguimiento a las acciones que se tomen durante el período excepcional de 25 días.

Las autoridades de salud han informado de la muerte de dos personas, de 34 infectados y de más de 300 personas a quienes se les da seguimiento por sospechas de haber contraído el virus.

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Poder Ejecutivo asciende 11, 544 miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

SANTO DOMINGO. En ocasión del 174 aniversario de la Independencia Nacional, el Poder Ejecutivo dispuso el ascenso de 3,262 miembros del Ejército, 1,475 de la Armada, 817 en la Fuerza Aérea y en la Policía Nacional 5,932, para un total de 11, 544 ascensos.

En el Ejército de la República Dominicana ascendieron 85 tenientes coroneles a coroneles, 143 mayores a tenientes coroneles, 271 capitanes a mayores, 312 primeros tenientes a capitanes, 189 segundos tenientes a primeros tenientes, 395 sargentos mayores a segundos tenientes, 524 sargentos a sargentos mayores, 351 cabos a sargentos, 992 rasos a cabos.

En la Armada de la República Dominicana, 32 a capitanes de fragata pasaron a capitanes de navío, 45 capitanes de corbeta a capitanes de fragata, 87 tenientes de navío a capitanes de corbeta, 149 tenientes de fragata a tenientes de navío, 129 tenientes de corbeta a tenientes de fragata, 194 sargentos mayores a tenientes de corbeta, 219 sargentos a sargentos mayores, 311 cargos a sargentos, 309 marineros a cabo.

En la Fuerza Área ascendieron a 43 tenientes coroneles a tenientes, 44 mayores a tenientes coroneles, 74 capitanes a mayores, 102 primeros tenientes a capitanes, 119 segundos tenientes a primeros tenientes, 40 sargentos mayores a segundos tenientes, 28 sargentos a sargentos mayores, 67 cabos a sargentos, 300 rasos a cabo.

En la Policía Nacional, 69 tenientes coroneles fueron ascendidos a coroneles, 199 mayores a tenientes coroneles, 415 capitanes a mayores, 546 primeros tenientes a capitanes, 535 segundos tenientes a primeros tenientes, 354 sargentos mayores a segundos tenientes, 833 sargentos a sargentos mayores, 982 cabos a sargentos, 1,999 rasos a cabo. Con un total de 5,932 policías ascendidos.

Ascensos Policia Nacional

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Desde el 2001: Congreso aprobó US$5,000 millones para Odebrecht

Santo Domingo.-Desde el año 2001, cuando la empresa brasileña Odebrecht inició operaciones en el país, el Congreso Nacional aprobó, por pedido del Poder Ejecutivo, préstamos por un total de US$5,047 millones para la construcción de obras en distintos puntos del país.

Los préstamos fueron aprobados en la gestión de distintos presidentes de cámaras y durante los gobiernos de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD).

Una gran parte de esos préstamos fueron modificados mediante adenda que llegaban después al Congreso Nacional, según un cuadro estadístico enviado a este diario.

El primero de los préstamos aprobados ocurrió durante la presidencia de Andrés Bautista, en el Senado; y Rafaela Alburquerque, en la Cámara de Diputados, y fue de US$161.8 millones para la construcción del acueducto de la Línea Noroeste.

Eso ocurrió durante el período del 30 de marzo al 03 de abril de 2002,  pero meses después el 29 de septiembre de 2009,  el Congreso  aprobó un adenda donde el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y la constructora Norberto Odebrecht tomaron otro préstamo por 89.9 millones de dólares para terminar la obra. Ya para esa ocasión, el presidente de la cámara baja era Alfredo Pacheco.

El 15 de enero de 2004, el Congreso, liderado por Jesús Vásquez (Chu), en el Senado, y Pacheco, en la Cámara de Diputados aprobó otro préstamo de US$131 millones para la construcción de la presa de Pinalito, en La Vega.

Como comenzó a hacerse costumbre, ese no fue el precio final, ya que  fue necesario que entre julio de 2007 y octubre de 2008, el Congreso le aprobara otros préstamos para su terminación.

Los adendum aprobados en esa ocasión fueron de 20 y 68 millones de dólares, respectivamente, pero la presidencia de las cámaras había cambiado, ya que Reinaldo Pared ahora era el presidente del Senado, y Julio César Valentín, de la cámara baja.

LOS FINANCIAMIENTOS A TRAVÉS DEL BANDES

Teniendo como punto común que los préstamos se tomaban al Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BANDES), el Poder Ejecutivo logró que el Congreso le aprobara otros préstamos para una obra que construiría la multinacional sudamericana.

Esta vez eran US$71 millones para hacer el acueducto de Samaná, al cual se le sumaron después otros de US$50 y 62 millones para totalizar 183 millones de dólares.

Antes, el 13 de diciembre del 2005, con Bautista y Pacheco se aprobó un préstamo de 15 millones de dólares, a los cuales se le fueron agregando otros hasta el 2010, en la gestión de Pared Pérez y Abel Martínez, que totalizaron 306 millones.

Desde octubre del 2009 hasta agosto del 10 se aprobaron tres préstamos por un monto de 265.4 millones para la carretera Constanza- Cruce Casabito- Autopista Duarte y el Corredor Duarte, en la capital.

En la gestión de Cristina Lizardo y Abel Martínez, Odebrecht se estrenó en el 2011 con la aprobación de préstamos de unos 450 millones en total para la construcción de obras en Jarabacoa y la carretera que comunica varios puntos de la zona turística del Este del país.

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Poder Ejecutivo emite decreto sobre control de gasto público en compras y contrataciones

SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina emitió hoy el decreto 15-17 para el cumplimiento y control del gasto público. Tiene como objetivo mejorar la transparencia en las compras públicas y asegurar el pago expedito a los proveedores.

Con esta normativa se logra “delimitar algunas zonas grises o brechas que podían dar lugar a irregularidades que no están de acuerdo con el espíritu de las normas establecidas”, según expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

“Este decreto servirá para cerrar esas brechas y asegurar que todos los órganos públicos realicen los procesos con transparencia, igualdad de oportunidades y libre competencia. A partir de ahora las obras y las contrataciones se ejecutarán solo cuando haya fondos aprobados y contratos en regla”.

Entre otras disposiciones establecidas, destaca que el decreto obliga a las entidades del Gobierno a certificar la disponibilidad de fondos, antes de un proceso de compra.

“Esto impedirá que las instituciones se endeuden más allá de sus posibilidades y protegerá a los proveedores, que tendrán garantizado el pago de sus servicios”, enfatizó Montalvo.

Montalvo explicó que la crisis de los años 2003 y 2004 puso en evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal de las finanzas públicas, desde la tesorería y el presupuesto al manejo de las cuentas y los procesos de compra.

“Sin duda hemos avanzado desde entonces, estableciendo controles, transparentando los procesos y facilitando la rendición de cuentas. Sin embargo, en este camino hemos detectado vacíos que podían usarse para llevar a cabo acciones contrarias al espíritu de la ley. Son precisamente esas situaciones las que evitaremos con este decreto” dijo el ministro.

El ministro expresó asimismo que con las nuevas disposiciones se logrará una mayor disciplina en las compras del gobierno, “lo cual es clave para la estabilidad económica del país y la transparencia de las cuentas públicas”.

En palabras del ministro, esto servirá para consolidar las políticas encaminadas al desarrollo productivo de MIPYME, mujeres y sectores productivos “porque es muy importante que cada proveedor tenga la certeza de cuándo va a cobrar por los servicios, bienes u obras que le entrega a una institución producto de un proceso de compra”.

Según establece la disposición presidencial, previo a realizar cualquier proceso de compra o contratación, cada organismo debe obtener un certificado de la Dirección General de Presupuesto donde avale que dichos fondos estén presupuestados para realizar esa transacción, y antes de cerrar el contrato de compra, debe obtener otro certificado que garantice la disponibilidad de fondos para tales fines.

Asimismo, el decreto obliga a publicar dichos certificados en los portales de compra, a fin de que los proveedores puedan cerciorarse de que la entidad del Estado con la cual firmarían un contrato para proveerle bienes, servicios u obras, estaría realizando el pago en la fecha acordada.

“Este mecanismo permitirá un mejor manejo administrativo y financiero de cada organismo, mejorando la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas del conjunto del Estado y el control del déficit presupuestario”, declaró el ministro Montalvo.

De igual manera, con los procedimientos y controles establecidos en el referido decreto se estará mejorando los tiempos de pago a los proveedores del Estado, lo cual redunda en mejoras en la solvencia y liquidez de dichos proveedores, sobre todo las más de 58 mil MIPYME y mujeres, que hoy en día son suplidores del gobierno y que constituyen aproximadamente el 80% de las compras gubernamentales.

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Poder Ejecutivo pospone implementación de televisión digital

indoteledificioSANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo extendió hasta el 9 de agosto de 2021 el plazo para la culminación de la transición de la televisión análoga a digital. El decreto número 294-15  modifica el 407 -10 que establece como modelo estándar el norteamericano Advanced Televisión System Commitee (ATSC), para garantizar los últimos adelantos tecnológicos.

Indica que en su trabajo para lograr la implementación, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ha identificado factores que interfieren en el proceso, como son que las concesionarias muestran retraso en la adecuación legal, técnica e inversión económica y que el aplazamiento les permite adecuarse, lo mismo que  a ingenieros y técnicos.

El decreto que  está disponible en la página web del Indotel www.indotel.gob.do, consigna que la posposición permitirá perfeccionar la coordinación entre el sector público y el privado, para una transición más armoniosa y garantizar que los usuarios reciban la información necesaria.

Recuerda que es un deber del Estado promover la implementación que asegure a los radiodifusores y usuarios contar con avances y que pueda disponer de bandas de frecuencia para la aplicación de nuevos servicios, conforme establezca  el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

Con esta decisión espera que  una vez lograda la transición definitiva, pueda cumplir a cabalidad el objetivo de un mayor número de canales, con una mejor calidad de imagen, sonido y datos, incluida la recuperación de espectros para nuevos usos y generar mecanismos que contribuyan a mejorar la sociedad.