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Fuerza Armada muestra su artillería y Constituyente condena decreto de Trump

CARACAS. La Fuerza Armada venezolana mostró ayer su artillería en los ejercicios miliares que se realizaron en el país para hacer frente a la “amenaza imperial” del presidente de EE.UU., Donald Trump, mientras la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) condenó las sanciones financieras del mandatario estadounidense.

Durante este segundo día de prácticas cívico militares, la Fuerza Armada mostró sus acciones tácticas aéreas y terrestres empleando sus helicópteros, tanques, explosivos y armamento.

“Hemos presenciado este ejercicio que nos ha demostrado la articulación, la coordinación, la interoperabilidad de todos los medios aéreos terrestres y la milicia Bolivariana”, dijo el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al dar inicio a las prácticas militares de ayer.

Desde el Centro de Adiestramiento José Laurencio Silva, ubicado en el céntrico estado Cojedes, los militares mostraron “la infantería de marina” la armada y tanques de tipo “VN1, VN16, VN18”.

Asimismo, Padrino López indicó que durante la práctica también se emplearon los “misiles portátiles Igla S”, que según explicó este sábado el ministro de Interior, Néstor Reverol, forman un sistema de “seguimiento y detección”.

Estos ejercicios se realizaron “en todo el país”, dijo Padrino López, y en los estados de la costa venezolana los integrantes de la milicia (un cuerpo adscrito a la FANB, integrado por civiles) también se han realizado las prácticas en pequeñas embarcaciones.

Según Padrino López, la participación del pueblo de Venezuela en estas prácticas, especialmente durante el día de ayer, ha sido “masiva”.

Estos mismos ejercicios fueron criticados por varios opositores venezolanos como Henrique Capriles, los diputados Juan Requesens y Miguel Pizarro, ya que consideran que Venezuela necesita de otras cosas, como alimentos y medicinas, y no de entrenamientos para una supuesta invasión.

Entretanto, la Comisión de la Verdad de la Asamblea Constituyente realizó una audiencia con la sociedad civil para debatir la ley contra el odio y la intolerancia y durante la reunión, la presidenta de este órgano, la chavista Delcy Rodríguez, condenó “el bloqueo financiero” que, según dijo, EE.UU. ha impuesto a Venezuela.

La excanciller venezolana indicó que se formalizó “el bloqueo financiero contra Venezuela” con el decreto que firmó Trump el viernes en el que prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal”.

La medida prohíbe también las “negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela”.

Para Rodríguez estas sanciones financieras no afectan al Gobierno sino al pueblo venezolano.

En medio de eso indicó que su país no tiene cómo pagar alimentos y medicamentos que se encuentran en embarcaciones en las costas, después de este decreto.

“Teniendo nosotros barcos en la costa cargados con medicamentos y con alimentos, Venezuela no tiene cómo hacer el pago de esos bienes esenciales para la población venezolana. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo financiero contra el país”, dijo.

Asimismo, reiteró que el Gobierno venezolano prepara una respuesta “recíproca” para el “bloqueo financiero”.

EE.UU. además de estas sanciones financieras, también ha anunciado sanciones a funcionarios venezolanos en una nueva muestra de presión sobre Caracas tras la instauración de la Asamblea Constituyente, que considera “ilegítima” y por la que dio el paso de denominar “dictadura” a Venezuela.

Trump incluso indicó en una oportunidad que no descartaba la opción militar para Venezuela y tras ello el presidente Nicolás Maduro ordenó los ejercicios militares.

Sobre esto, el exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, los expresidentes de Panamá Martín Torrijos y de República Dominicana Leonel Fernández, consideraron que las sanciones y la intervención militar en Venezuela son “inconvenientes” y no contribuyen a una solución pacífica a la crisis de ese país.

En un comunicado indicaron que “en la actualidad, existen nuevos datos que hacen más necesario que nunca retomar el camino hacia un acuerdo de convivencia pacífica y democrática” y por ello pidieron a la comunidad internacional contribuir en ese proceso de búsqueda de entendimiento entre los sectores políticos venezolanos.

Por su parte, la oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dijo que apoya las sanciones que imponga cualquier Gobierno del mundo a “vagabundos, violadores de derechos humanos y saqueadores de los recursos públicos” en Venezuela.

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El fallo sobre decreto migratorio en EEUU abre interrogantes

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema de Estados Unidos decidió el lunes reinstaurar parcialmente las restricciones migratorias ordenadas por el presidente, Donald Trump, lo que colocó en una incierta tierra de nadie la iniciativa para impedir la entrada de algunos extranjeros al país.

Además de dejar varias preguntas sin respuesta, el fallo planteó la posibilidad de nuevas batallas legales.

En una opinión sin forma, los jueces indicaron que celebrarán una vista sobre el caso en octubre. Entre tanto, el gobierno puede negar la entrada a viajeros de seis países de mayoría musulmana si no pueden ?aseverar de manera creíble que tienen una relación de buena fe? con alguna persona o entidad en el país.

No estaba claro qué constituía exactamente una ?relación de buena fe?, aunque el fallo sugería que un empleo en Estados Unidos, una inscripción en una escuela o un pariente cercano podrían entrar en ese criterio. Tampoco estaba claro a cuántas personas de los seis países -Siria, Sudán, Irán, Yemen, Libia y Somalia- podría afectar.

El fallo se interpretó como al menos una victoria parcial de Trump en el caso judicial más importante de su mandato. Trump afirma que las restricciones temporales son necesarias para impedir ataques terroristas. Sus rivales lo niegan, y afirman que es una forma indirecta de prohibir la entrada de musulmanes en Estados Unidos, como prometió Trump durante su campaña.

Los primeros indicios apuntan a que el gobierno aprovechará la decisión para imponer duros requisitos a los viajeros de esos países. Un destacado funcionario familiarizado con la situación dijo que el gobierno de Trump tiene planes de relanzar el paralizado decreto, y que entre los que se quedarán fuera habrá turistas.

Según esos planes, orquestados en gran parte por el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, los turistas de esos países y cualquier académico, profesor y otras personas invitadas para hablar o hacer presentaciones en Estados Unidos serán rechazados. Esos grupos se consideran como incapaces de mostrar una relación sustancial y preexistente con una persona o institución en Estados Unidos.

El funcionario que describió los planes no estaba autorizado a comentarlos de forma pública y habló bajo condición de anonimato.

Sin embargo, varios abogados y activistas de inmigración dijeron que la norma afectaría a un número relativamente pequeño de personas porque estos viajeros tienden a tener suficiente relación con personas o instituciones en Estados Unidos.

Jamal Abdi, director de política del Consejo nacional Iraní Estadounidense, dijo que la mayoría de los iraníes que visitan Estados Unidos tienen parientes allí o van a trabajar o estudiar. Su grupo no tiene ni idea de cómo piensa juzgar el gobierno las relaciones familiares, señaló, y una estrategia dura podría suponer que un número significativo de iraníes se quedarían fuera del país por el momento.

También podría conllevar más demandas si los activistas de inmigración creen que el gobierno está sobrepasando las recomendaciones de la Corte Suprema al vetar la entrada a visitantes a Estados Unidos.

Como con los turistas y académicos, el futuro inmediato de los refugiados es incierto.

En su fallo, el tribunal reinstauró parcialmente la prohibición de Trump a la entrada de refugiados de cualquier país, empleando criterios similares a los utilizados para los viajeros. El efecto sobre los refugiados podría ser mayor porque son menos propensos a tener familias, escuelas o conexiones de negocios en Estados Unidos.

Lavinia Limon, directora general del Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes, dijo estar consternada por el fallo, pero reiteró que su agencia tiene ?una relación existente con los refugiados que llegan, certificada y gestionada a través del Departamento de Estado?.

?Los planes de viaje están en marcha, las camas están hechas y hay personal en todo el país preparándose para recibir a nuevos estadounidenses hoy, mañana y en las próximas semanas y meses?, dijo Limon.

 

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Poder Ejecutivo emite decreto sobre control de gasto público en compras y contrataciones

SANTO DOMINGO. El presidente Danilo Medina emitió hoy el decreto 15-17 para el cumplimiento y control del gasto público. Tiene como objetivo mejorar la transparencia en las compras públicas y asegurar el pago expedito a los proveedores.

Con esta normativa se logra “delimitar algunas zonas grises o brechas que podían dar lugar a irregularidades que no están de acuerdo con el espíritu de las normas establecidas”, según expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

“Este decreto servirá para cerrar esas brechas y asegurar que todos los órganos públicos realicen los procesos con transparencia, igualdad de oportunidades y libre competencia. A partir de ahora las obras y las contrataciones se ejecutarán solo cuando haya fondos aprobados y contratos en regla”.

Entre otras disposiciones establecidas, destaca que el decreto obliga a las entidades del Gobierno a certificar la disponibilidad de fondos, antes de un proceso de compra.

“Esto impedirá que las instituciones se endeuden más allá de sus posibilidades y protegerá a los proveedores, que tendrán garantizado el pago de sus servicios”, enfatizó Montalvo.

Montalvo explicó que la crisis de los años 2003 y 2004 puso en evidencia la necesidad de fortalecer el marco legal de las finanzas públicas, desde la tesorería y el presupuesto al manejo de las cuentas y los procesos de compra.

“Sin duda hemos avanzado desde entonces, estableciendo controles, transparentando los procesos y facilitando la rendición de cuentas. Sin embargo, en este camino hemos detectado vacíos que podían usarse para llevar a cabo acciones contrarias al espíritu de la ley. Son precisamente esas situaciones las que evitaremos con este decreto” dijo el ministro.

El ministro expresó asimismo que con las nuevas disposiciones se logrará una mayor disciplina en las compras del gobierno, “lo cual es clave para la estabilidad económica del país y la transparencia de las cuentas públicas”.

En palabras del ministro, esto servirá para consolidar las políticas encaminadas al desarrollo productivo de MIPYME, mujeres y sectores productivos “porque es muy importante que cada proveedor tenga la certeza de cuándo va a cobrar por los servicios, bienes u obras que le entrega a una institución producto de un proceso de compra”.

Según establece la disposición presidencial, previo a realizar cualquier proceso de compra o contratación, cada organismo debe obtener un certificado de la Dirección General de Presupuesto donde avale que dichos fondos estén presupuestados para realizar esa transacción, y antes de cerrar el contrato de compra, debe obtener otro certificado que garantice la disponibilidad de fondos para tales fines.

Asimismo, el decreto obliga a publicar dichos certificados en los portales de compra, a fin de que los proveedores puedan cerciorarse de que la entidad del Estado con la cual firmarían un contrato para proveerle bienes, servicios u obras, estaría realizando el pago en la fecha acordada.

“Este mecanismo permitirá un mejor manejo administrativo y financiero de cada organismo, mejorando la gestión, la transparencia y la rendición de cuentas del conjunto del Estado y el control del déficit presupuestario”, declaró el ministro Montalvo.

De igual manera, con los procedimientos y controles establecidos en el referido decreto se estará mejorando los tiempos de pago a los proveedores del Estado, lo cual redunda en mejoras en la solvencia y liquidez de dichos proveedores, sobre todo las más de 58 mil MIPYME y mujeres, que hoy en día son suplidores del gobierno y que constituyen aproximadamente el 80% de las compras gubernamentales.

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Juez de EE.UU. bloquea polémica orden migratoria de Trump en todo el país

LOS ÁNGELES. Un juez de Estados Unidos ordenó el viernes el cese temporal al decreto de Donald Trump de prohibir la entrada a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, en la más severa respuesta a la polémica medida presidencial.

El magistrado federal James Robart bloqueó momentáneamente el decreto, mientras estudia en su totalidad el recurso de amparo introducido por el fiscal general del estado de Washington (oeste), Bob Ferguson.

Jueces federales de otros estados han actuado en contra del decreto migratorio, que entró en vigor el pasado viernes, pero el fallo de Robart es hasta ahora el más amplio.

Fergunson interpuso una demanda para invalidar disposiciones clave de la orden ejecutiva de Trump, que prohíbe la entrada de refugiados sirios por tiempo indefinido y de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, siria y Yemen por 90 días.

Otros refugiados no podrán entrar por 120 días.

“La Constitución prevaleció hoy”, expresó Fergunson después del fallo judicial. “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”, añadió.

El gobernador de Washington, Jay Inslee, catalogó la decisión como una “victoria tremenda”, pero advirtió que la batalla para anular el decreto está lejos de terminar.

“Hay aún mucho que hacer”, indicó en un comunicado. “La batalla no está ganada aún, pero debemos sentirnos animados por la victoria de hoy y más resueltos que nunca que estamos peleando del lado correcto de la historia”, siguió.

Ferguson argumentó en su recurso que la prohibición del presidente suspendía los derechos constitucionales de los inmigrantes y sus familiares, pues específicamente atacaba musulmanes.

Sin embargo, abogados representando al gobierno de Trump indicaron que, como presidente, tenía amplios poderes y estaba en su derecho de dictar una orden que proteja a los estadounidenses.

Recursos similares se han introducido en otros estados, incluidos California, Nueva York y Virgina.

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¿Es legal el decreto de Donald Trump sobre inmigrantes y refugiados?

WASHINGTON. El decreto del presidente Donald Trump para frenar temporalmente la llegada a Estados Unidos de refugiados e inmigrantes procedentes de siete países de mayoría musulmana ha constituido el momento más polémico de su recién estrenado mandato.

La decisión provocó un escándalo internacional, sobre todo después de que más de 100 inmigrantes y refugiados, incluidos varios que tienen permiso de residencia permanente en Estados Unidos, fueran detenidos en distintos aeropuertos del país. Algunos fueron devueltos a sus países y muchos otros fueron liberados en Estados Unidos, a menudo con la ayuda de abogados locales, tras ser retenidos durante horas.

Los críticos del decreto presidencial consideran que se trata de una decisión inconstitucional e incluso “antiestadounidense”.

Sus defensores sostienen que es sólo una medida temporal similar a restricciones aplicadas en 2011 por el predecesor de Trump, el demócrata Barack Obama, para defender la seguridad nacional en un momento de máxima tensión internacional provocada por atentados terroristas.

Pero, ¿es legal? Echemos un vistazo a las posturas de ambas partes.

“No es contra los musulmanes”

La primera enmienda de la Constitución estadounidense protege el derecho a la libertad de culto, de expresión y de prensa.

Los partidarios del decreto de Trump insisten en que la orden ejecutiva apunta a “proteger a la nación del ingreso de terroristas extranjeros” y no atenta contra el derecho de nadie.

“Esto no es, repito, una prohibición a los musulmanes”, dijo este martes el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, y agregó que la libertad religiosa es un “valor fundamental, un tesoro” a cuidar en el país.

El decreto no está explícitamente dirigido contra los musulmanes, consideró por su lado Jonathan Turley, profesor de derecho en la Universidad George Washington, en defensa de la decisión del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

“Existe una ley de 1965”, que prohíbe la discriminación por motivos religiosos o por el origen nacional, recordó, refiriéndose a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. “Hay argumentos convincentes en favor del presidente”, agregó en declaraciones a MSNBC.

Benjamin Wittes, redactor jefe de Lawfare, dijo en su blog sobre temas de seguridad nacional que a pesar de la naturaleza “malévola” de la orden por su potencial impacto negativo sobre muchas vidas de inocentes, tiene base legal.

“El poder del presidente en relación con la admisión de refugiados es enorme”, escribió Wittes. “Su poder para limitar la emisión de visas y la entrada de extranjeros a Estados Unidos es muy amplio”, señaló.

“El decreto viola derechos”

Pero los opositores al decreto presidencial tienen también argumentos que los favorecen.

La Unión por las Libertades Civiles, un grupo de defensa de los derechos humanos que interpuso recursos contra la expulsión de numerosos inmigrantes, logró que los jueces prohibieran las deportaciones de refugiados que ya están admitidos legalmente en el país, o de los inmigrantes dotados de visas provenientes de las siete naciones de mayoría musulmana mencionadas en el decreto.

La jueza de distrito Ann Donnelly escribió en uno de sus fallos que la disposición de Trump “viola derechos al debido proceso y la protección equitativa garantizada por la Constitución de Estados Unidos” a todas las personas.

Michael Price, asesor del programa de libertad y seguridad nacional en el Centro Brennan por la Justicia, dijo que muchos de los argumentos en favor del poder discrecional del presidente para decidir sobre asuntos migratorios “están fuera de lugar”. Dijo que hay dos preguntas relacionadas: si el presidente tiene la autoridad legal y si tiene autoridad constitucional para actuar como lo hizo, y estimó que Trump está equivocado en ambos casos.

El Congreso ha promulgado numerosas leyes para impedir que el presidente excluya a personas por motivos ideológicos, señaló, y recordó que la sección 212 del código actual sobre inmigración prohíbe claramente echar o denegar el ingreso a una persona en función de sus creencias, afirmó a la AFP. “El presidente ha violado” este principio, señaló.

En lo que concierne al tema más amplio de la constitucionalidad del decreto, los tribunales han garantizado que el presidente goza de amplios poderes, “pero si actúa basándose en consideraciones religiosas o con intención discriminatoria, la decisión puede cambiar”, indicó.

Varios legisladores republicanos han afirmado que Trump simplemente está tomando medidas para proteger a los estadounidenses, pero Price estima que sus decisiones no van en ese sentido, sino en una dirección discriminatoria.

Recordó que durante la campaña electoral Trump y varios de sus seguidores, como el exalcalde republicano de Nueva York Rudolph Giuliani, hablaron de prohibir el ingreso al país de inmigrantes musulmanes y de adoptar leyes para lograrlo.

“Va a haber muchísimas demandas legales contra este decreto en los próximos días”, vaticinó.

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Gobernador argentino despide a mitad de sus funcionarios a través de Youtube


BUENOS AIRES.- El Gobernador de la sureña provincia argentina de Río Negro, Alberto Weretilneck, despidió a la mitad de sus funcionarios a través de un video publicado este martes en Youtube, en el que también anunció otras medidas destinadas a la «reducción de gastos y reordenamiento de las cuentas públicas».

La sorprendente forma de comunicar los despidos saltó hoy a los medios argentinos, en los que se puede ver el mensaje del oficialista Weretilneck, quien llegó al cargo en enero de 2012 tras el asesinato de su antecesor a manos de su esposa.

En el video, el gobernador explica que de los 340 funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, «sólo quedarán en funciones 170» y que estos tendrán una reducción del 15 % de su salario.

«He firmado el decreto que hace cesar el viernes 31 de enero», afirma Weretilneck, quien especifica que en el transcurso de los próximos 90 días se «rediseñará» el Ejecutivo.

Además de la reducción del número de funcionarios, el gobernador anuncia también que ha solicitado la renuncia de todos los directores de las empresas públicas provinciales, que pasarán a ser dirigidas por un solo presidente que cobrará un solo salario.

Finalmente, Weretilneck indica que enviará dos proyectos de ley a la Legislatura de Río Negro, uno de los cuales estará destinado a equiparar los sueldos del fiscal del estado y del tesorero de la provincia con los que cobran los ministros de su Gabinete.

En el segundo, el gobernador solicita que el defensor del pueblo, los miembros del Tribunal de Cuentas provincial y el fiscal de investigaciones administrativas perciban igual salario que los legisladores.
Por Agencia EFE

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Maduro consigue poderes especiales para legislar por decreto

nicolas_maduroCARACAS, Venezuela.-El presidente Nicolás Maduro, al seguir los pasos de su predecesor Hugo Chávez, legislará por decreto a lo largo de 12 meses y tras recibir el martes poderes especiales o una ley habilitante de la Asamblea Nacional, dominada por sus partidarios que aseguran que el país vive una guerra económica lanzada por los opositores.

El visto bueno a la ley fue en una votación a mano alzada de la mayoría oficialista de 99 diputados, frente a los 66 de la oposición, y el presidente de la Asamblea Diosdado Cabello anunció la aprobación tras las intervenciones de legisladores de ambas partes.

Poco después Cabello ratificó su invitación a marchar desde el Legislativo hasta el Palacio de Miraflores, a pocas cuadras de distancias en el centro de Caracas, donde Maduro recibirá copia de las páginas de la ley que le otorgan esas facultades especiales.

En medio de cientos de simpatizantes del gobierno que portaban afiches de Maduro y de Chávez y daban vivas a la «revolución», los congresistas del oficialismo avanzaban, algunos en grandes camiones con retratos del prócer Simón Bolívar y otros a pie, hacia la sede de gobierno, donde ya el mandatario anticipó en su cuenta de Twitter que hará «importantes anuncios» esta misma jornada.

La entrega de poderes especiales a Maduro se da cuando el gobierno dice que encara una «guerra económica» por parte de sus opositores y que implica una espiral inflacionaria de 54,3% acumulada en los últimos 12 meses, y la escasez de productos alimenticios, medicinas, entre otros. Frente a ello, desde el 8 de noviembre pasado, Maduro anunció «inspecciones» de comercios, que han bajado sus precios «voluntariamente».

Desde entonces y en distintas ciudades, tiendas de electrodomésticos, computadores, ferreterías, de zapatos y ropa han visto a miles de venezolanos hacer filas para hacer compras.  Oscar Vallés, analista político y profesor de la Universidad Metropolitana en Caracas, dijo en diálogo telefónico que «la ley es muy incoherente en términos estructurales».

«Uno siempre trata de buscarle alguna estructura racional a la ley», añadió Vallés, pero «sin perder de vista lo que tiene de fondo: su estrategia económica que es la consolidación en el poder» de Maduro.

A su turno Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, dijo que la ley de poderes especiales era innecesaria porque «lo que el presidente quiera la Asamblea lo aprueba» y que la única explicación que ha encontrado para que el mandatario solicitara tales facultades es que Maduro «quiere llegar por una camino más rápido a las reformas» como mayores controles de precios, de la propiedad privada y fomentar la acción de las «comunas» o asociaciones de habitantes de una zona.

«Ellos (en el gobierno) quieren, como se ven perdidos, como esto va muy mal, como es un fracaso de largos años…entonces ellos quieren de una vez por todas hacer lo que ellos llaman socialismo», dijo Mármol.

Maduro, que en abril de 2014 cumplirá el primero de sus seis años de gobierno, sólo ha anticipado dos de las leyes que emitirá con esos poderes: una referida al control de costos, ganancias y precios en todos los productos y una segunda sobre «comercio exterior para garantizar el control de las importaciones y promoción de las exportaciones», según ha dicho sin ofrecer mayores detalles.

El vicepresidente Jorge Arreaza indicó en la jornada, antes de la aprobación de la Asamblea, que con sus poderes el mandatario podría, por ejemplo, ampliar sanciones a comercios en los que las autoridades detecten precios altos o de «usura» y «especulación».

Ya en la jornada empresas como la ensambladora de autos General Motors Venezuela y una empresa de computadoras fueron multadas con 5.000 unidades tributarias o el equivalente a 535.000 bolívares (unos 84.920 dólares), indicó Arreaza en declaraciones divulgadas por la televisora oficial.

Chávez, quien gobernó 14 años hasta su fallecimiento por cáncer en marzo, obtuvo de la Asamblea cuatro leyes habilitantes, en los años 1999, 2000, 2007 y 2010, que le permitieron aprobar por la vía de decreto cerca de 200 reformas legales y nuevas legislaciones que utilizó para ampliar el poder estatal en la economía, por ejemplo, incrementar los controles sobre todos los sectores del país, y llevar adelante la instauración de lo que denominaba su modelo socialista.

Maduro, un ex sindicalista de 50 años, fue designado como sucesor por el propio Chávez, quien pidió a sus partidarios elegirlo en las elecciones en caso él faltara.

En la sesión legislativa, de unas cuatro horas y en que se le dio la segunda y última aprobación de la ley, los diputados oficialistas y de oposición se trabaron en una batalla verbal que reveló el elevado grado de polarización política de este país petrolero, pero además las interrogantes .

«El gobierno que se dedique a buscar el papel toilet…yo voy a ver si con la ley habilitante va a aparecer leche, si se van a acabar los cortes de luz…o el hampa va a dejar de matar a la gente», dijo el diputado opositor Andrés Velásquez. Pero la oficialista Gladys Requena replicó que la oposición no daba su visto bueno a esos poderes porque era la «bancada de los especuladores, de los acaparadores».
Por Prensa Asosiada
Via Listin Diario