El expediente que se instrumentó a la señora, y que sirvió de base para que la jueza de instrucción Kenya Scarlet Romero Severo decidiera el martes enviarla a un juicio de fondo, detalla el historial de una vieja trama de falsificaciones en la que habría incurrido la imputada.
El documento explica que Núñez Infante, junto a su esposo Ramón Benito Ramírez Cabrera (hoy fallecido) habrían usado documentos falsos para simular la adquisición de la parcela número 61-A, del Distrito Nacional, ubicada en la sección La Yuca, del sector Los Peralejos.
Para la transacción con el Ministerio mostraron un contrato de compraventa, según el cual, el presidente de la compañía Detier C por A, y varios de sus accionarios, le vendieron a la pareja dicho inmueble.
Pero las investigaciones del Ministerio Público determinaron que dicha operación no se realizó, y que las firmas que allí aparecen son falsas. Para demostrarlo, se presentó como prueba el testimonio de los ejecutivos de la compañía, negando la venta, y pruebas periciales que demuestran la falsedad de las firmas.
Con la falsa propiedad del inmueble, la pareja recibió RD$47,452,500.00 por el solar que serviría al Minerd para la construcción de una escuela.
Una vez que recibieron esos recursos, Núñez Infante guardó la mayoría en una cuenta bancaria de su propiedad. y se compró un apartamento de unos RD$9,000,000.00, más un parqueo adicional por RD$400,000. Para ocultar su propiedad, se valió de otras personas para que asumieran el inmueble.
El expediente detalla que la imputada habría firmado junto a su compañero sentimental, Manuel Radhamés Matos Díaz, un contrato de compraventa del apartamento, en fecha 19 de febrero del 2014, y que en septiembre de ese mismo año, le pidió a los vendedores firmar otro contrato en el que sólo figurara Matos Díaz como comprador.
En las investigaciones, el Ministerio Público determinó que esta última persona disponía de una cuenta bancaria que no tuvo transacciones significativas hasta el 13 febrero del 2014, cuando depositó un millón de pesos, justo dos días después de que Núñez Infante recibiera los recursos de parte del Minerd.
La mujer falsificó hasta a sus hermanos
Las falsificaciones que el Ministerio Público le atribuye a la señora Reina Margarita Núñez Infante abarcan, incluso, hasta a sus familiares.
Justifican el pedido de que se mantenga la prisión preventiva a la señora, debido a que no se le conoce con exactitud un domicilio. Esto, porque la dirección que la imputada ofreció a las autoridades para recibir las notificaciones del caso, una residencia ubicada en la Calle D #20 del sector Ciudad Agraria, en Santo Domingo Este, tampoco le pertenece. En esta dirección, una señora de nombre Teodocia Sánchez Cuevas recibía las notificaciones haciéndose pasar por hermana de la imputada, hasta que se determinó que era sólo su amiga.
Aun más, las autoridades establecieron, en medio de un allanamiento a la vivienda, que Teodocia no vivía en esa casa, y que se trasladaba hasta el frente de la propiedad cuando los alguaciles iban hasta allí. El Ministerio Público debió suspender el allanamiento ante la sorpresa de que esa casa era habitada por otras personas que no estaban vinculadas a las tramas de Núñez Infante.
La versión de la imputada
En la audiencia preliminar que se le conoció a Núñez Infante, de la que sacaron a su esposo que falleció el año pasado, su defensa alegó que es propietario de un inmueble en el “exclusivo sector de Arroyo Hondo”. También mostró contratos de otros inmuebles, con lo que pretende demostrar su solvencia económica.
Alega que parte de su dinero se debe a su matrimonio con Ramírez Cabrera.
Mostró carta de la Junta de Vecinos Ángeles Peralejos, en la que señalan que sólo conocen a los esposos como propietarios del solar vendido al Minerd.
También refiere el interés de Educación para adquirir ese terreno, y que incluso recibió amenazas y violencias físicas de parte de un personal del Ministerio, para supuestamente despojarla de esa propiedad.
Insiste en que el Ministerio no fue estafado, y que puede demostrar la posesión pacífica del inmueble desde 1999.
