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Detienen cuatro dominicanos en laboratorio de drogas en Nueva Jersey

NUEVA YORK.-Policías Estatales de Nueva Jersey y de la ciudad de Paterson en ese estado, arrestaron a cuatro dominicanos, a los que les confiscaron heroína y fentanilo valorados en $100 mil dólares, en un laboratorio que operaba el cuarteto en la Novena Avenida.

Anthony Rosario, 37 año de edad, Luis Peguero de 33, Ricky Rodríguez, de 34, de y Ángel Ramírez, de 33, fueron arrestados durante un allanamiento hecho a la producción de drogas que mantenían, dijo la policía de Paterson.

Rosario, Peguero, Rodríguez y Ramírez fueron acusados ​​el martes de mantener una instalación de producción de drogas, posesión de drogas con intención de distribuirlas dentro de un área a 1,000 pies de una zona escolar, posesión de parafernalia para producir drogas y conspiración para participar en la distribución.

Los policías confiscaron 600 gramos de una mezcla cruda de heroína y fentanilo, 25,000 pliegues de heroína de cera y $1, 967 dólares en efectivo.

Las autoridades dijeron que los operadores de la fábrica distribuyeron las drogas en pliegues de cera con marcas vinculadas a 22 sobredosis, incluidas 14 fatales que mataron a igual número de adictos, en Nueva Jersey.

La incursión de los policías se produjo después de una investigación de dos meses que identificó la residencia en la Novena Avenida como un punto de distribución de drogas en el área de Paterson.

Los cuatro están detenidos en la cárcel del condado Passaic en Nueva Jersey a la espera de la instrucción formal de los cargos en el tribunal.

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Hermanos dominicanos arrestados en Massachusetts por tráfico de fentanilo a gran escala

NUEVA YORK.-Los hermanos dominicanos José y Gabriel Carmona Pimentel, de 30 y 35 años de edad, fueron arrestados por la policía en Massachusetts, y acusados de tráfico de heroína y fentanilo a gran escala.

Los hermanos, cayeron en un allanamiento hecho por numerosos agentes de varias agencias de la ley, en un apartamento ilegal en la calle Lexington, el martes.

Las autoridades dijeron que los policías confiscaron casi 3 libras de fentanilo.

El portavoz de la Policía Estatal de Massachusetts, David Procopio dijo en un comunicado que José Carmona, fueron detenidos por su implicación en una compra encubierta hecha en la intersección de las calles Lexington y Buswell.

Según la policía, agentes encubiertos vieron salir a Carmona del edificio 81 de la calle Lexington y caminar a esquina.

Después de la detención, policías estatales, oficiales de la fuerza de trabajo y detectives de la policía de la ciudad de Lawrence fueron a la puerta trasera de la misma propiedad y encontraron lo que se cree es un apartamento ilegal en la esquina del sótano después de entrar a través de una puerta abierta, dijo Procopio.

Carmona Pimentel abrió la puerta, según Procopio. Fue detenido con una orden por tráfico de fentanilo.

Los hermanos fueron procesados en el cuartel principal de la policía de Lawrence, y están presos en la cárcel del condado Middleton después de la instrucción de cargos ante el juez del distrito judicial de Lawrence Kevin Gaffney.

José se enfrenta a dos cargos de tráfico de fentanilo, 200 gramos o más y dos cargos de tráfico de fentanilo de más de 36 gramos. Su hermano es acusado de dos cargos por tráfico de fentanilo, 200 gramos o más y dos cargos de tráfico de fentanilo de 18 gramos o más.

De acuerdo con Procopio, el peso total del fentanilo incautado es 1.224 gramos. La compra encubierta condujo a la pesca de otros 224 gramos empaquetados.

Si las drogas iban a ser vendidas en forma pura, se estima que tendrían un valor aproximado de $90.000.

En general, las autoridades incautaron numerosas bolsas de fentanilo en una maleta, parafernalia para producir drogas, incluyendo amoladoras, una escala y materiales de embalaje, papeles pertenecientes a los hermanos y una identificación Puerto Rico usada por Gabriel.

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España detiene a 89 por supuesto tráfico de migrantes y droga

MADRID (AP) — La policía española arrestó a 89 personas por su presunta pertenencia a una banda que transportaba migrantes y hachís desde el norte de África a España.

La red empleaba supuestamente lanchas rápidas para llevar personas y drogas al otro lado del Estrecho de Gibraltar desde Ceuta, un enclave español en la costa del norte de África, según la Guardia Civil.

Los investigadores hallaron evidencia de que se emplearon 11 embarcaciones rápidas para trasladar a 269 personas y más de 10.000 kilos de hachís, señalaron las autoridades. El grupo usaba sistemas de radares y vigías en la costa para evitar ser detectados, agregaron.

Los contrabandistas retenían supuestamente a los migrantes hasta que sus familias pagaban 5.000 euros (5.600 dólares), apuntó la policía.

La Guardia Civil no dijo donde se realizaron las detenciones, y añadió que otras 39 personas estaban bajo investigación por el mismo caso.

Durante la investigación, la policía confiscó más de 10 toneladas de hachís, 26 embarcaciones, 29 vehículos, 250.000 euros (282.000 dólares) en efectivo y 12 armas de fuego.

Ceuta es uno de los dos enclaves españoles en el norte de África. La costa del sur de España, bañada por el Mar Mediterráneo, es uno de los principales puntos de entrada de drogas ileales en Europa.

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Niegan fianza a un dominicano extraditado por muerte de adicto en New Hampshire

NUEVA YORK.-El juez Page Kelley de la corte federal del distrito de New Hampshire, negó fianza al dominicano Manuel Esmelyn Tejeda Santana, extraditado desde la República Dominicana donde se escondía y era buscado desde 2015 por la muerte del adicto Thomas Drake, de 22, que ingirió una sobredosis del fentanilo vendido por el acusado, que según los fiscales, dirigía una operación de narco a gran escala.

Tejeda Santana, de 39 años de edad, que usaba también el nombre de Feliz Quintero Aguilar, quien fue arrestado junto a su compatriota Esmerlán Díaz de 36, huyó a su país natal para no evadir la justicia después que se le emitió una orden de arresto..

Él mantenía un establecimiento comercial en la ciudad de Peabody cuando cayó en manos de los federales.

De resultar culpable podría ser condenado a cadena perpetua.

Estaba siendo buscado desde 2014, fue capturado en Santo Domingo y entregado alguaciles federales de Estados Unidos (US Marshalls) que lo trajeron en extradición a Massachusetts, donde está enfrentando los cargos.

El juez dijo que Tejeda Santana, representa un peligro para la seguridad pública, aunque no un riesgo de fuga, por lo que decidió dejarlo en custodia.

El magistrado también escribió que el dominicano no ha tenido problemas con la ley en casi una década, y no ha sido condenado desde 2004, por lo que no se encontró que fuera un riesgo de fuga.

Pero Kelley descubrió que el hecho de que Tejeda poseía un arma y estaba involucrado en la distribución de una droga letal creaba un peligro para el público si lo liberaba.

Tejeda y Díaz, fueron arrestados por la policía de Woburn y posteriormente acusados ​​por un Gran Jurado federal después de un transacción de drogas a un encubierto en la que iban a vender fentanilo disfrazado de la pastilla Percocet, un opiáceo menos potente.

Los federales dijeron que encontraron 15 libras de la píldora, así como una prensa de pastillas, dinero en efectivo y otras parafernalias para procesar drogas.

El abogado de Tejeda, Brad Keene, dijo después de esa audiencia que creía que su defendido era un «idiota» y no el autor intelectual de una operación de narco a gran escala.

El adicto era residente en el pueblo de Atkinson y murió de la sobredosis en 2014.

Las autoridades de New Hampshire buscaban a Tejeda Santana después de que fue acusado en el condado Rockingham en julio de 2015 por cargos de venta / distribución de una droga controlada que resultó en la muerte de Thomas Drake, de 22 años.

Según la oficina del sheriff, Tejeda Santana ha utilizado varios alias y fechas de nacimiento y fue acusado bajo el nombre de Feliz Quintero Aguilar, de 42 años, luego de una investigación de 11 meses por la policía de Atkinson.

Un juez del Tribunal Superior del Condado de Rockingham emitió una orden de arresto el 14 de julio de 2015, pero la policía de Atkinson no pudo encontrarlo en ese momento.

Las autoridades sospecharon que había abandonado el país para evitar ser capturado.

La oficina del alguacil dijo que la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal del Condado de Rockingham trabajaron para obtener una orden de arresto provisional.

Las autoridades dominicanas arrestaron a Tejeda Santana el 9 de mayo de 2019 y fue entregado a Estados Unidos el 7 de ese mes.

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Dominicano se declara culpable de trafico de heroína y fentanilo a gran escala en Massachusetts

NUEVA YORK._ El dominicano Francisco Sandoval, de 65 años de edad, se declaró culpable por tráfico a gran escala de heroína y fentanilo en ciudades de Massachusetts, mientras formaba de una narco banda liderada por su connacional Alberto Marte, que fue desmantelada por los federales en 2016.

Sandoval, un residente en Lawrence, confesó que las drogas, las recibía de Marte y las vendía en las ciudades de Springfield, Holyoke, Chicopee y West Springfield.

Él es parte de un grupo de 19 sospechosos acusados por un Gran Jurado federal en la conspiración de drogas de 2016, según el expediente.

Se declaró culpable el lunes de esta semana de un cargo de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir fentanilo, dijeron los fiscales.

El juez federal Mark G. Mastroianni, lo sentenciará el 9 de julio de 2019.

Sandoval enfrenta un máximo de 20 años de prisión y una multa de hasta $1 millón de dólares, dijo Christina DiLorio Sterling, vocera del fiscal federal Andrew Lelling.

Sandoval admitió haber recibido dos kilos de fentanilo de Marte, presunto líder de una organización de narcotraficantes de Springfield. Marte también fue arrestado y acusado.

Los agentes comenzaron a rastrear la operación a principios de enero, después de una oleada de muertes por sobredosis de heroína en el oeste de Massachusetts.

La fiscalía y la DEA dijeron que la banda, tenía estrechos vínculos con la República Dominicana, y fue seguida por varias agencias de la ley que trabajaron juntas durante una investigación de ocho meses, dijeron los fiscales y la policía en el momento de los arrestos.

Los detenidos ​​están acusados ​​de vender una cantidad letal de heroína que mató a menos ocho residentes que tomaron sobredosis de la droga en dos meses en 2015.

Los federales y policías locales de las tres ciudades, allanaron numerosas residencias y un negocio cuando hicieron los arrestos. Incautaron más de tres kilos de heroína.

La investigación se realizó con la cooperación del Fiscal del Distrito del Condado de Hampden, Anthony D. Gulluni, la DEA, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la Policía Estatal de Massachusetts y los departamentos de policía de Springfield, Holyoke, Chicopee y West Springfield.

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Dominicanos detenidos en New Hampshire por tráfico de fentanilo valorado en $135.000 dólares

NUEVA YORK._ Los dominicanos Rafael Pepen y Melvin Martínez, fueron detenidos por policías anti narcóticos en la ciudad de Concord en el estado de New Hampshire y se les ocuparon una cantidad de fentanilo valorada en $135.000 dólares en el mercado callejero y $1.100 en efectivo.

Ambos fueron arrestados este miércoles en un allanamiento hecho por los investigadores en un apartamento de la calle Merrimack, donde ellos, según la policía, tenían el punto para procesar y traficar la droga letal.

Además de las drogas, los oficiales de la División de Ejecución Especial confiscaron instrumentos para cortar drogas y otras parafernalias.

Pepen, de 51 años, fue acusado de venta de drogas y posesión de sustancias controladas con la intención de distribuirlas. Martínez, de 47, fue acusado de conspiración para poseer una droga controlada con la intención de distribuirla.

Los dos estaban en el apartamento, cuando llegaron los policías.

Los arrestos fueron la conclusión de una larga investigación sobre la distribución de fentanilo y crack en la referida dirección.

Pepen y Martínez serán instruidos de los cargos este jueves en el Tribunal Superior del Norte del Condado de Hillsborough.

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Las manos que abren la puerta al tráfico de haitianos

Militares, agentes migratorios, algunos fiscales y jueces. Todos juegan en el mismo equipo y hacen que la República Dominicana se mantenga entre los países que no cumple las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas.
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El sol colgado del horizonte todavía impregna de calor e ilumina la carretera del Noroeste que conecta a Dajabón con Montecristi cuando el equipo de reporteros divisa a tres motociclistas. Muestran las características de los hombres conocidos en las provincias fronterizas como “poteas” que, en sus vehículos con asientos modificados para llevar mayor número de pasajeros, se desplazan a alta velocidad transportando indocumentados. El equipo de prensa decide seguirlos.

Varios metros antes de llegar al puesto de chequeo El Puente, en Montecristi, una de las provincias dominicanas que colinda con Haití por la región norte, los motociclistas se detienen a un extremo de la carretera y bajan a los “pasajeros”: tres mujeres y varios niños que se resguardan entre la maleza y ramas. En sus rostros se ven unos ojos enormes y mandíbulas apretadas. Están petrificados por el miedo.

Uno de los motoristas se adelanta a conversar con los agentes apostados en el puesto de chequeo del Ejército de República Dominicana, mientras los dos restantes esperan su regreso antes de decidirse a seguir su trayecto. Los militares tienen la misión de salvaguardar la frontera para frenar el tráfico de indocumentados y mercancía ilegal, como ajo, arroz, armas y narcóticos.

Los que se ocultan en el matorral son parte del universo de inmigrantes haitianos que se mueven con sigilo por la región fronteriza dominicana con destino a zonas en donde buscan emplearse en la agricultura, el turismo o la construcción. Muchos procuran reunirse con familiares, cientos de embarazadas llegan cada año a dar a luz en hospitales públicos y mujeres y niños cruzan la línea divisoria, incluso para mendigar en los cruces de los semáforos de las avenidas de grandes ciudades. Los que los apoyan se encargan de abrirles paso, convenciendo, a veces con sobornos, a los agentes encargados de la vigilancia de que permitan su desplazamiento.

La escena de este 3 de julio de 2018 muestra, a la luz del sol, una práctica de tráfico ilícito de migrantes que por años ha sido común en las demarcaciones fronterizas dominicanas, encubierta entre la impunidad y complicidad que envuelve muchos de los casos.

La Justicia dominicana tiene un subregistro de expedientes relativos al tráfico de indocumentados y la mayoría de los que se judicializan terminan con decisiones favorables a los acusados. Mientras los militares, llamados a frenar este ilícito, con frecuencia son parte de la práctica ilegal.

El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, admite el involucramiento del personal militar en el tráfico de indocumentados y de mercancías. “Recuerda –dice– que son personas, no equipos, y que cometen errores, a veces adrede y a veces se les pasa por la rapidez”.

Los fiscales de varias de las provincias dominicanas limítrofes con Haití también admiten la debilidad e incapacidad para procesar a todos los implicados en las redes de tráfico. Una revisión de expedientes evidencia cómo este delito casi siempre se diluye entre archivos y absoluciones, dejando en la impunidad a quienes se lucran de ese negocio ilegal.

Por más de dos meses Diario Libre gestionó ante funcionarios del Ministerio Público y de los tribunales fronterizos la entrega de expedientes de tráfico de indocumentados. De las fiscalías de Jimaní, Montecristi, Dajabón, Mao, Pedernales y Elías Piña se compilaron 31 expedientes, con fechas que van desde el 2006 hasta este 2018.

Uno de los casos se archivó de “forma provisional” y 13 tuvieron una decisión de “archivo definitivo” por alegada falta de pruebas. Tres terminaron con la absolución de los imputados, pese a que en uno de ellos, el acusado era reincidente en el delito; en dos hubo condenas con penas privativas de libertad. Seis de los procesos están en etapa de juicio de fondo, aunque con declaración de rebeldía de los imputados en la mitad. Los otros seis están en investigación y juicio preliminar.

En el caso del reincidente, se procesa a Franklin Segura Samboy, sometido en junio de 2014 junto a Zaiter Samboy por la fiscalía de la fronteriza provincia Pedernales por transportar a cinco haitianos en un minibús en el que además se encontraron cinco cédulas de identidad y dos permisos de residencia falsos. En marzo de 2015 el Tribunal Colegiado de Barahona declaró a los imputados “no culpables”, tras el retiro de la acusación que hizo el Ministerio Público.

Ya el 5 de enero de 2015, Segura Samboy había sido favorecido con el archivo de otro expediente en su contra que en abril de 2014 presentó la misma fiscalía de Pedernales, que no encontró elementos probatorios suficientes para mantener la acusación por supuestamente traficar en un minibús a siete haitianos con cédulas y pasaportes presumiblemente falsos, algunos sin documentos.

De los dos casos de condena penal, uno se encontró en Dajabón y data de 2006. Se relaciona con 24 haitianos que murieron asfixiados mientras eran traficados desde la frontera en un camión rentado. La tragedia, ocurrida el 10 de enero de ese año, despertó el horror y desató quejas diplomáticas de Haití y organizaciones de derechos humanos.

Por varios días hubo protestas en Haití, tanto en la parte fronteriza de Ouanaminthe como en la capital de ese país, Puerto Príncipe, obligando a ambos países a ordenar el cierre temporal de la frontera. Una de las jornadas de mayor tensión se registró el 12 de enero de ese año, cuando una delegación dominicana cruzó a Ouanaminthe para entregar los cadáveres. Las protestas, que tuvieron como resultado dos personas muertas y cuatro miembros de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) heridos, impidieron la entrega de los fallecidos que terminaron sepultados en una fosa común de un cementerio ubicado en suelo dominicano.

El presidente dominicano de entonces, Leonel Fernández, envió en esa ocasión una carta de solidaridad a su homólogo y presidente interino de Haití, Boniface Alexandre, en la que daba garantías al pueblo haitiano y a la comunidad internacional de que el caso sería investigado a profundidad. Creó una comisión integrada por los titulares de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, el jefe de la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, para investigar el suceso.

La fiscalía de Dajabón calificó los hechos de tráfico ilegal y homicidio voluntario y logró una condena de 20 años contra Elvis Rafael Rodríguez Ortiz y Esteban Martínez Rosario, chofer y ayudante del camión, respectivamente. También 10 años de cárcel para los militares Keilin Antonio Minier y Santo Peña de la Rosa, quienes habrían recibido dinero de los traficantes para permitir el paso de los indocumentados.

Aunque el expediente acusatorio incluyó originalmente a ocho imputados, los cuatro restantes, entre ellos la persona que alquiló el camión y el dueño de la vivienda donde se escondieron los indocumentados antes de emprender su trayecto de más de 135 kilómetros desde Dajabón hacia Santiago, fueron absueltos por alegada falta de pruebas.

Luego de ese caso que tuvo circunstancias gravosas, en la fiscalía de Dajabón no se encontró registro de ningún otro, pese a que el procurador fiscal Gabriel Jacobo Morel admite que son “un lugar de partida de migrantes ilegales, tanto de nacionalidad haitiana, cubana, china y de otras nacionalidades que entran por la frontera con Haití”.

Dajabón, también en la región norte de la República Dominicana, se separa del pueblo haitiano Ouanaminthe por el río Masacre que permite el cruce a pie debido a su mermado caudal. La provincia acoge cada lunes y viernes a miles de ciudadanos de ambos países que participan de un mercado binacional que reúne a más de 370 sociedades comerciales registradas en la Cámara de Comercio y Producción de esa ciudad, además de 362 vendedores independientes dominicanos que intercambian productos agropecuarios, materiales de construcción, ropas de primera y segunda mano y bebidas.

“Lo que tenemos con más frecuencia son motoconchistas que se dedican a sacar a los haitianos del ámbito de la provincia para, luego que están fuera de la provincia, transbordarlos a otro tipo de vehículos y llevarlos hacia Santiago, Santo Domingo y otros lugares del país”, dice Morel.

De hecho, el año pasado, Dajabón captó la atención pública, luego de que circularan videos en medios de comunicación mostrando filas de “poteas” con motores cargados de haitianos, presumiblemente indocumentados.

Complicidad militar

Entre Haití y la República Dominicana hay 391 kilómetros de frontera compuestos por tramos marítimos, fluviales y de macizos y llanuras. Estas condiciones y el mal estado de las carreteras la hacen vulnerable y de difícil vigilancia constante. Son cuatro los cruces formales identificados: Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón, pero los informales suman 69, conforme calcula el Ministerio de Defensa.

Desde hace décadas se instalaron puestos de chequeo, militares y migratorios, para controlar la entrada terrestre de extranjeros. El ministro de Defensa informa que esos retenes suman 78 y defiende que en una misma ruta haya hasta 11. “Si una persona se monta en Las Matas de Santa Cruz no le van a ver en Botoncillo, lo podrán ver en Jicomé, entonces, por eso es que deben haber varios chequeos porque hay varias avenidas que no son las principales, sino caminos que conducen a esas autopistas principales”, explica.

Para establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en los puntos de entradas y salidas a lo largo de la frontera, en 2006 se creó el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) como una entidad dependiente del Ministerio de Defensa. El 60 % de su composición se estableció para miembros del Ejército de República Dominicana, 20 % de la Armada y 20 % de la Fuerza Aérea. Así, comenzó a operar en 2007 con 300 integrantes y para junio de 2018 ya sumaban 692.

La responsabilidad del Cesfront es de 40 a 50 kilómetros y el resto es del Ejército. Esta última institución tiene 5,200 hombres vigilando la frontera de los 25,000 soldados que la componen, informa el ministro de Defensa.

El Estado dominicano ha ido incrementando las partidas anuales destinadas en el Presupuesto Nacional para la seguridad fronteriza. En 2006 el monto asignado era de apenas RD$16 millones (unos US$483,000 a la tasa de entonces) y al 2018 lo destinado para el servicio fronterizo iba por RD$301,067,512 (unos US$6 millones). El interés por la seguridad también motivó a que en el presente año se conformaran dos Fuerzas de Tarea Conjuntas e Interagenciales: Jicomé y Los Pilones.

Pero a pesar de las inversiones, incentivos; equipamiento con drones, vehículos y cámaras de seguridad e incremento del personal, el tráfico de indocumentados ocurre con la complicidad de agentes militares.

Más de un fiscal narra cómo esa actividad cuenta muchas veces con la participación de los soldados del Ejército o agentes de Migración que custodian los puestos de chequeos, pero también de lo difícil que les resulta probarlo.

“Dicen personas que en algunos puntos de chequeos se paga dinero para que dejen transitar a los haitianos o la persona que los lleva libremente”, comenta el fiscal Morel, de Dajabón. “Pero nosotros no tenemos forma de probar esa situación. La gente lo dice, pero nadie da la cara (….) o no trae una grabación; ahora se graba con los celulares, no traen una grabación de un militar dedicándose a esa actividad”.

Una forma de probarlo es viajando en los autobuses que cubren las rutas desde las provincias fronterizas. Un equipo de Diario Libre se distribuyó durante julio pasado en unidades de distintos dueños que cubren rutas desde Dajabón, Jimaní y Pedernales hacia otras provincias y la capital dominicana. Aunque en algunos viajes no se observaron incidentes a considerar, en otros se registraron acciones cuestionables en las que se vio involucrado personal militar e incluyeron saqueos de mercancías a viajeros haitianos y la típica exigencia de “peajes” (sobornos).

Uno de los incidentes observados vinculó el tráfico de cuatro menores haitianas indocumentadas. Por dos de ellas un pasajero dijo a Diario Libre que se pagaron RD$8,000 (unos US$160) por su transporte desde Haití. A pesar de que en uno de los retenes en Pedernales el personal militar comenzó a revisar los documentos de ellas y otros viajeros que se proporcionaban como legítimos, tras 20 minutos de discusiones y llamadas, les dieron un visto bueno que alcanzó los chequeos que seguían más adelante.

Al preguntarle al ministro de Defensa por qué en un retén militar dan el visto bueno a un extranjero pero en el siguiente tratan de impedirle seguir su ruta, alega que se trata de seres humanos con una gran carga de trabajo, “pues cruzan más de 500 vehículos diarios por cada puesto de retén, principalmente en los del Cibao”.

A pesar de las acciones ilegales que ocurren en esos retenes, en los planes de seguridad fronteriza está mantenerlos. “Los puestos de chequeo seguirán dependiendo de la necesidad -afirma el ministro- pues cuando tú pones un puesto de retén aquí, las personas que cruzaban por ahí de forma irregular, te lo evaden y se van por otro, entonces, dependiendo de la necesidad, vamos a tratar de cambiarlo, si no, vamos a reforzar los que tenemos”.

Roxanna Reyes Acosta, titular de la Procuraduría Especializada contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, señala que siempre que una persona entra o sale de forma ilegal del país es porque hay alguna autoridad involucrada.

“Tenemos varios casos de apertura a juicio, incluso de inspectores de migración que han dejado salir a personas o han vendido documentos falsos que se incautan a uno y se lo venden a otro, porque eso (el tráfico) no se da sin el concierto de las autoridades. Por eso hay que fortalecer la persecución penal”, plantea.

En las estadísticas sobre tráfico ilícito que presentó la Procuraduría General de la República correspondientes al año 2017, se reportan 33 casos, de los que 20 están en fase de investigación y otros 13 se encuentran judicializados. Además hay seis con condena. Las estadísticas incluyen casos de tráfico transfronterizo, principalmente a Estados Unidos y Puerto Rico.

En febrero de 2016, el entonces jefe del Ejército de República Dominicana, mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, informó la cancelación de 100 militares acusados de contrabando de mercancías y tráfico de drogas y de personas. Mientras que el ministro de Defensa asegura: “En mi administración (que comenzó en agosto de 2016) se han mandado más de 30 militares sometidos a la justicia”.

Sin embargo, de los 31 expedientes recabados por este equipo de investigación, en distintas jurisdicciones fronterizas, solo en dos había militares sometidos. Además del registrado en Dajabón, el otro data de 2013, en Pedernales. Un sargento fue acusado junto a un civil de traficar con 25 haitianos (entre ellos dos niños de cuatro años) a bordo de un vehículo de los Comedores Económicos del Estado.

Para ese entonces, la información que suministró personal de inteligencia era que a los extranjeros los esperaba en el este del país una red que trafica con personas para trasladarlas hacia Puerto Rico. Pero en 2015 el Ministerio Público retiró la acusación alegando que el gasto en el procedimiento era “muy grande”, y “por irresponsabilidades de actores del sistema, en este caso del testigo debidamente citado”. Además, porque no había pruebas suficientes a los fines de lograr una condena en el juicio de fondo.

La Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas castiga a quien colabore de cualquier forma en la entrada de indocumentados, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero.

Pero el fiscal de Montecristi, Nilvio Martínez Rodríguez, considera que el cobro de “peaje” por parte de los militares para dejar pasar a indocumentados, entra más en la modalidad de corrupción que en la de tráfico. “Aunque es una permisibilidad y cobran peaje (…) no en sí ellos están contribuyendo como lo plantea la ley: captar, transportar por la vía terrestre. Ellos entrarían dentro del aspecto de la corrupción”, dice.

Militares confiaron a Diario Libre que en ocasiones los guardias suelen negociar su traslado a la zona fronteriza porque les puede generar un beneficio económico extra, que no necesariamente esté vinculado a la remuneración oficial.

“Además del sueldo, que el presidente el año pasado lo aumentó de 7,000 a 17,000 pesos (de US$141 a US$343) los soldados tienen un incentivo de 8,000 pesos (US$161) adicional al salario base por pertenecer a las unidades fronterizas”, dice el ministro de Defensa, Paulino Sem. Al cuestionarlo si esta compensación es suficiente para que un guardia no se amañe, respondió: “El militar no compra uniformes, comida, no paga alojamiento y el año pasado el presidente dio 300 viviendas para los militares, y la semana pasada hubo una rifa de 60 millones de pesos (US$1.2 millones) en bonos para 200 militares de bajo rango”.

El fiscal Morel indica que al mes pueden registrarse en Dajabón hasta tres casos de tráfico, sobre todo con motoristas involucrados, a los que suelen aplicar el principio de “razonabilidad o de oportunidad”.

“No es lo mismo, por ejemplo, aunque la ley establece una pena de 10 a 15 años hasta por un haitiano, uno aplica el principio de la razonabilidad”, dice. “Uno le toma cierta consideración. Ahora, cuando una persona baja con un autobús lleno, un camión lleno, una camioneta llena, ya uno es más fuerte en la aplicación de la ley”.

De los casos revisados, cinco de los archivos se sustentaron en el criterio de oportunidad. Corresponden a la jurisdicción de Pedernales, donde la procuradora fiscal Eudice Elena Fernández dice que los procesos que llegan son mínimos, pues no son una frontera con vías de accesos normales como en otras zonas.

También explica lo difìcil que les resulta mantener una acusación. “En los casos de trata y de tráfico hay muchas limitaciones -asegura-. Un nacional haitiano que no tiene un domicilio, que no está documentado, una garantía económica que se le imponga o una presentación periódica, la localización de ese haitiano para nosotros es muy difícil. Muchos casos terminan en archivo”.

Otras veces, los casos simplemente no llegan al Ministerio Público.

En junio de 2017 se informó a los medios de comunicación de una señora y su hijo en cuya vivienda se realizó un allanamiento y se encontraron 41 haitianos indocumentados, incluidos 14 menores. En el operativo, realizado en la calle Santa Ana, de Dajabón, participaron miembros de la Dirección General de Migración, del Cesfront y de la Policía Nacional. En la fiscalía se informó que ese caso nunca llegó a sus oficinas.

En octubre de 2017, el ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem informó -y lo confirmó en entrevista reciente con Diario Libre- que se había desmantelado una red de militares y civiles que traficaba con parturientas haitianas y sometido sus integrantes a la Justicia. Se preguntó por este expediente en las fiscalías fronterizas, pero en ninguna se pudo verificar que existiera. Un representante del Ministerio Público, que pidió no ser identificado, dijo que “todos los fiscales de las fronteras” saben que eso fue “una falsa noticia” que se anunció para “tapar o callar boca y sacar el tema de los medios de comunicación”.

Otro caso del que tampoco se encontró registro correspondió a la cancelación y expulsión en 2017 de varios miembros del Ejército de República Dominicana, supuestamente por permitir el paso de un autobús de Transporte Cibao que transportaba a unos 20 haitianos de forma irregular y que fue retenido en Santiago en agosto del año pasado.

Seis de los agentes cancelados presentaron recursos de amparo objetando su separación de las filas militares y el dueño del autobús incoó una instancia reclamando la devolución del vehículo bajo argumento de que “no es objeto de ninguna investigación, dado que los choferes fueron puestos en libertad y no se ha abierto formalmente un proceso penal en su contra, ni que involucre dicho vehículo”.

Diario Libre insistió en más de una ocasión ante el Ministerio de Defensa para que, con base en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, se ofrecieran los detalles de estos y otros casos de militares llevados a la Justicia, pero negaron ofrecerlos alegando el derecho a la intimidad. También dijeron que son el Poder Judicial y el Ministerio Público los competentes para ofrecer detalles de procesos judiciales.

Para la procuradora fiscal de Montecristi, Yoanna Bejarán Álvarez, los casos de tráfico que llegan a su jurisdicción (uno cada 20 días) son menos de los esperados.

“Para el trabajo de ellos (los militares) y el lugar de ubicación (de la provincia) no reportan los casos que nosotros entendemos como Ministerio Público que deberían”, dice. “Entiendo que son pocos, porque si cada 20 días, una vez al mes se reporta un caso para una zona donde hay flujo de migrantes, eso es todos los días, y uno no es ciego, uno anda en la calle, uno se mueve y se da cuenta de que andan por ahí”.

La provincia Montecristi es puerta de entrada y salida a Dajabón por la ruta del Cibao y la Línea Noroeste, destino de los migrantes haitianos que buscan trabajo en las plantaciones de banano de la zona o los que van a la ciudad de Santiago.

Pocos procesados

El fiscal de Montecristi Martínez Rodríguez se queja de que las instituciones castrenses, cuando ocurre un hecho ilícito, tienden a trasladar a la dotación en vez de someterla a la Justicia. Cuestiona que “si un autobús le pasó a tres de los chequeos” y después se determina que hay indocumentados, no haya un régimen de consecuencias y en muchos casos se reubiquen. Y eso él lo vivió.

Contó que hace unos tres años fue testigo de un caso. Una persona le informó que en un autobús iban al menos 21 haitianos indocumentados, incluidos niños. Salió hacia la carretera con intención de interceptar el vehículo y llegó al chequeo El Puente. “Me ubico en un lugar donde los guardias no me vean. Cuando la guagua viene llegando, digo: esa es la guagua. Ella iba a cruzar. No la mandaron a detener porque venía con todo incluido (todos los ‘peajes’ pagos y los retenes avisados)”.

Martínez le dijo a un militar que detuviera el autobús, que ya había pasado al menos cinco puestos de chequeo. “Él como que se asustó”, recuerda. “Los guardias obviamente se mantuvieron inactivos (…) Les reclamé y ellos dijeron que no podían dejar el chequeo solo. No les interesaba que se diera el caso”, lamenta. El representante del Ministerio Público se auxilió de un policía.

El chofer y el cobrador emprendieron la huida. Cuando se registró el autobús, los viajeros informaron que no llevaban documentos y que pagaron entre RD$3,500 y RD$4,500 (entre US$70 y US$90) al ayudante del conductor para que los llevara a Navarrete, al cruce de Esperanza y a Santiago.

“La guagua no se fue por la agilidad del policía, porque no obstante decirles párala (a los militares), se mostraron inactivos”, narra el fiscal. Informa que a la dotación la trasladaron pero no la cancelaron. Posteriormente el chofer fue apresado por conducir otra guagua con indocumentados y se fusionaron ambos casos. “El Ministerio Público pidió 10 años de prisión, pero la juez aplicó atenuantes y le pusieron tres años nada más”.

En la jurisdicción de Dajabón, una de las provincias donde en el Ministerio Público se aseguraba que se encontrarían muchos casos, no había militares procesados recientemente por traficar con indocumentados. “No hemos arrestado a nadie en ese tipo de actividad”, dice el procurador fiscal, Gabriel Jacobo Morel. Tampoco se reportaron casos en la fiscalía de Valverde, donde la magistrada Aura Luz García, procuradora fiscal, destaca el trabajo de interdicción que hacen los agentes de la zona.

Reporta que en los últimos tres meses han detenido a unos cuatro traficantes, entre ellos a Carlos Bladimir Cuevas Peña, arrestado en Jicomé por transportar a 17 haitianos indocumentados a bordo de un carro, y a quien se le impuso una garantía económica como medida de coerción. La fiscalía había pedido prisión preventiva. El caso está en investigación.

Además de los traslados y los limitados procesos que llegan a la Justicia, se agrega la influencia política que en ocasiones busca ejercer presión para evitar sometimientos.

Uno de los fiscales entrevistados contó que tuvo que ser drástico con un representante legislativo provincial que visitó su despacho para solicitar la liberación de una persona de su entorno detenida por traficar indocumentados en un autobús. De no hacerlo, amenazó con acudir ante la Procuraduría.

Las redes

Hace cinco años “Laurie” llegó a la frontera con Jimaní a bordo de un vehículo. Cargaba equipaje y enseres del hogar. Era un lunes de esos en los que hay mucha gente en el paso limítrofe por el desarrollo del mercado fronterizo y ella venía de mudanza desde Haití. Al igual que su esposo no tenían documentos para vivir legalmente en un país ajeno. Como venían cargados con trastos, el cobrador de la guagua les pidió RD$2,500 (US$50) por el viaje, y así también les abrió el paso para evadir los controles, entrar a la República Dominicana e instalarse en el territorio de forma irregular.

Cuando llegaron a Dominicana tenían dos hijos, luego les nacieron tres en Jimaní. La última –que tenía 24 días de nacida cuando ella conversó con Diario Libre en julio– fue la única que alumbró estando en situación migratoria regular, pero su esposo sigue indocumentado. El hombre va y viene a Haití sin problemas; trabaja como motoconchista y los militares y demás autoridades migratorias lo conocen. De hecho, el día que se visitó su casa, se alistaba para cruzar a su país.

La Ley General de Migración establece que son admitidos como No Residentes los extranjeros que califiquen para un permiso de habitante fronterizo, concebido para los extranjeros que viven en áreas fronterizas limítrofes al territorio nacional y que ingresan al país dentro de un perímetro de la frontera, debidamente autorizados a realizar actividades lícitas y productivas, regresando diariamente a su lugar de residencia. Aunque en la página web de la Dirección General de Migración están publicados los requisitos para aplicar a este permiso con validez de un año, no se pudo confirmar si se ha entregado alguno.

En el corredor Belladère-Comendador, entre ambos países, también hay redes de actores que facilitan el tráfico ilícito de personas y el contrabando. Si el viaje es hacia Santo Domingo es más complejo, indica el informe “Fanm Nan Fwontyè, Fanm Toupatou: Una mirada a la violencia contra las mujeres migrantes haitianas, en tránsito y desplazadas en la frontera dominico-haitiana”, del Observatorio Migrantes del Caribe.

El reporte describe que para 2011 los migrantes se hospedaban en lugares clandestinos –que suelen ser casas privadas– durante varios días mientras esperan el transporte o reúnen el dinero suficiente para seguir su viaje. Se conocieron al menos dos casas: una de una migrante y su esposo, en Comendador, y otra del hijo de una autoridad local (dominicano) que no se identifica en el informe.

En el Reporte sobre Tráfico de Personas 2017, preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la República Dominicana está en el nivel 2, que corresponde a los gobiernos de los países que no cumplen completamente con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico (TVPA, por sus siglas en inglés) pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplir con esos estándares.

En el informe, aunque se reconoce que el país se esfuerza para lograrlo, se afirma que el Gobierno no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas. Se recomienda “enjuiciar y condenar enérgicamente a los traficantes involucrados en el trabajo forzado y el tráfico sexual, incluidos los funcionarios gubernamentales cómplices”.

“Observadores señalan que los traficantes operan a lo largo de la frontera con impunidad y a veces con la ayuda de funcionarios corruptos que aceptan sobornos para permitir los cruces sin documentos. Los cruces fronterizos no oficiales siguen sin supervisión y son porosos, lo que hace que los migrantes, incluidos los niños reclutados para trabajar en los sectores agrícola y de la construcción, sean vulnerables al tráfico”, destaca el reporte.

En mayo pasado el Gobierno presentó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 2017-2020 que entre sus ejes estratégicos están la persecución y el procesamiento.

En 2017 se presentaron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la que se reportaron 750,174 personas de origen haitiano residentes en la República Dominicana.

Sensibilización a jueces

La fiscal de Montecristi Yoanna Bejarán Álvarez señala las dificultades que tienen con unos jueces que –entiende– no están sensibilizados con el tráfico de indocumentados.

“La gente ve al traficante como una persona que está buscando la forma de sustentar su vida, como si fuera un negocio lícito, y de la misma manera nosotros vemos desde el punto de vista del Ministerio Público que los jueces son un poco benevolentes. Tenemos que estar usando estrategias, a veces hasta acordando los casos para garantizar una condena”, se queja.

Uno de los inconvenientes que cita son las evidencias que les exigen en los tribunales: “Ellos piden que a esos indocumentados se les haga una entrevista antes de la deportación para que digan si la persona que está detenida está vinculada con el caso y eso resulta casi imposible, porque ellos tienen temor y por temor a su integridad física no van a denunciar”.

Los jueces también quieren ver el dinero resultante del tráfico para probar el lucro. “Estamos hablando de una cadena, y el que lleva al indocumentado a Santiago, desde Dajabón o de la frontera ahí del río, es un empleado también de la estructura, porque él lo hace por un dinero, él recibe un pago y no quiere decir que ese pago él lo tenga por cada indocumentado o que ese pago lo reciba ahí (en el lugar de la detención). Por eso se imposibilita que el Ministerio Público presente ante el juez a la hora del conocimiento de la audiencia, dinero”, insiste la fiscal que pide más sensibilización para los jueces en esa materia.

Aunque es imposible cuantificar los recursos que mueve el tráfico, la magistrada sabe que es rentable porque ha tenido testimonios que hablan de que por cada indocumentado reciben entre US$5,000 y US$6,000, precio que incluye la garantía de que los lleven a Santiago y Santo Domingo, las principales urbes del país.

En la frontera con Jimaní la tarifa solicitada en julio pasado para que un haitiano indocumentado fuera transportado hasta Pintura, en Santo Domingo Oeste, fue de RD$6,000 (US$121) que debían pagarse por adelantado. El dominicano que fijó el monto no lo rebajaba; alegó que los guardias cobran hasta RD$500 (US$11) por cabeza y a veces “es más la sal que el chivo”. Garantizó que el viajero llegaría a su destino pues no sería el único que iría a bordo del autobús.

De las mujeres y niños observados en la frontera transportados por los motociclistas, y que se escondieron entre los arbustos, no se supo cuánto pagaron, ni el destino final al que llegaron. Los “poteas” advirtieron el vehículo extraño que les seguía y resultó arriesgado para el equipo de prensa más exposición.

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Este reportaje fue realizado por Tania Molina y Mariela Mejía para Diario Libre en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

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Dominicano se declara culpable de tráfico de drogas en Rhode Island

NUEVA YORK.-El presunto capo dominicano del narco en Nueva Inglaterra, Ramón de los Santos, de 25 años de edad, se declaró culpable el jueves de traficar 43 kilos de heroína, fentanilo, cocaína y marihuana en una negociación con los fiscales en la corte federal de Rhode Island.

Por la convicción, podría enfrentar una sentencia de hasta cadena perpetua y multa de $20 millones de dólares, dijo la fiscalía federal en un comunicado el viernes.

En la investigación de ocho meses agentes de la DEA, policías estatales de Massachusetts y cuarteles locales, detuvieron y acusaron a otros 26 sospechosos, como supuestos miembros de una poderosa narco banda que distribuía las drogas casi en todas las ciudades de Nueva Inglaterra y Rhode Island.

Los investigadores le confiscaron a Santos, 23 kilos de fentanilo, 11 de cocaína, 11 de marihuana y 2 de hongos psicodélicos.

El dominicano aceptó que será deportado a su país natal después que cumpla la sentencia, como resultado de su acuerdo con los fiscales.

La policía comenzó su investigación después de interrumpir la entrega de un kilogramo de presunto fentanilo el 14 de febrero, supuestamente provisto por un hombre de Rhode Island y enviado a Bridgewater, Massachusetts. Esta investigación dio lugar a una serie de otros que, según la policía, ha involucrado al menos a 36 agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley en seis estados y la República Dominicana.

La policía dijo que la mayoría de las incautaciones de drogas se hicieron a medida que se enviaban por correo, durante las paradas de tráfico y con la ejecución de registros autorizados por la corte de residencias, unidades de almacenamiento y vehículos.

«La DEA está comprometida con la investigación y el desmantelamiento de organizaciones de tráfico de drogas a gran escala como esta que opera en Rhode Island», dijo Michael J. Ferguson, agente especial de la DEA a cargo. «La operación de tráfico de drogas de de los Santos supuestamente fue responsable de la distribución de cantidades de kilogramos de fentanilo, heroína y cocaína en todo Rhode Island y Massachusetts. La DEA y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley perseguirán agresivamente a cualquier grupo que distribuya estos venenos. La colaboración en la aplicación de la ley y nuestra sólida asociación con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos».

La investigación determinó que de los Santos presuntamente utilizó varios teléfonos para evitar la detección de la aplicación de la ley y facilitó la distribución de narcóticos en Nueva Inglaterra, según la policía.

Las autoridades dijeron que el supuesto modo de transporte de de lo Santos durante la operación de tráfico de drogas fue un Porche Panamera Turbo 2010.

Fue arrestado el 2 de octubre y su vehículo fue confiscado por la policía.

Documentos judiciales revelan que de los Santos había sido condenado anteriormente en los tribunales estatales de Rhode Island y Massachusetts por tráfico de drogas y armas de fuego.

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Un dominicano deportado en 1992 condenado en Boston por tráfico de cocaína y reingreso ilegal

NUEVA YORK._ El dominicano Francisco Sirí (a) Javier Ciravello Pérez, de 48 años de edad y que fue deportado en 1992 por una condena de drogas, fue condenado en la Corte Federal de Boston por cargos de tráfico de cocaína y reingreso ilegal a los Estados Unidos.

Será deportado después de cumplir seis meses en la cárcel, según la sentencia del juez Mark G. Mastroianni.

En enero de 2018, Sirí se declaró culpable de un cargo de reingreso ilegal de un extranjero deportado.

En 1983, fue admitido en los Estados Unidos como inmigrante o residente legal permanente, pero perdió ese estatus en 1989 después de ser declarado culpable en el Tribunal Superior del Condado de Essex de tráfico de cocaína.

El 9 de noviembre de 1992, Sirí fue deportado a la República Dominicana. En octubre de 2017, los agentes del orden público en Springfield se encontraron con Sirí en la cárcel del condado de Hampden y determinaron que estaba ilegalmente en los Estados Unidos.

Actualmente, enfrenta cargos estatales por distribuir y traficar cocaína.

El fiscal federal Andrew E. Lelling y Michael Shea, agente especial interino a cargo de las investigaciones de seguridad nacional en Boston, hicieron el anuncio ayer lunes.

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Una dominicana se declara culpable por tráfico de heroína en EEUU

NUEVA YORK._ La dominicana María Peterson (Chabela) de 47 años de edad, se declaró culpable en la Corte Federal de Newark en Nueva Jersey el viernes por pertenecer a una banda internacional que operaba en varios estados del Noreste de Estados Unidos, incluido Nueva York, República Dominicana y México, según un comunicado del fiscal federal Craig Carpentino.

Peterson, residente en Manhattan, se declaró culpable de su papel en una red dominicana de tráfico de drogas responsable de distribuir cantidades de kilogramos de heroína en Nueva Jersey, ante el juez federal Kevin McNulty de conspiración para distribuir más de un kilogramo de heroína y un cargo sustancial de distribución de más de un kilogramo de heroína.

Durante el curso de una investigación sobre una organización de tráfico de drogas que operaba en Nueva Jersey, República Dominicana, México y otros lugares, la policía investigó a los también dominicanos Yasmil Minaya, Martín Báez García, Amauris Pimentel Ogando, Peterson y otros, quienes se desempeñaron como distribuidores locales de la organización en Nueva Jersey y Nueva York.

Los narcóticos, que generalmente se transportaban a Nueva Jersey y Nueva York en un camión, fueron recibidos y pagados por los acusados ​​antes de que se distribuyeran en la calle.

Los fiscales dicen que la organización de tráfico de drogas ha sido vinculada a varias incautaciones de heroína de múltiples kilogramos, incluida la confiscación de aproximadamente dos kilogramos de heroína en Nueva York en marzo de 2015, otra de aproximadamente cuatro kilogramos de heroína en noviembre de 2015 en Nueva Jersey y una tercera de aproximadamente 10 kilogramos de heroína en Nueva Jersey en enero de 2017.

Peterson admitió que el 25 de marzo de 2015 recibió un paquete de casi dos kilogramos de heroína en su domicilio de Nueva York, que le entregó a Ogando. También admitió haber entregado dinero a un conspirador para pagar parte o la totalidad del envío de heroína de cuatro kilogramos que se envió a Nueva Jersey el 28 de noviembre de 2015.

De ser hallada culpable, Chabela se enfrenta a una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión, una sentencia máxima de cadena perpetua y una multa de hasta $10 millones.

La sentencia está programada para el 11 de julio de 2018.

García se declaró culpable en febrero de 2018 y espera la sentencia.

Los cargos contra Minaya y Ogando aún están pendientes, y la fiscalía dijo que se presume la inocencia de los acusados, hasta que se demuestre su culpabilidad.

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Policía dominicana del NYPD y novio arrestados por tráfico de heroína

NUEVA YORK._ La agente dominicana del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Yessenia Jiménez de 37 años de edad, y su novio Luis Soto, fueron arrestados el martes y acusados de tráfico de heroína desde Nueva York a Massachusetts, según el expediente instrumentado los federales de la DEA en la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan. Estaba asignada al Departamento de Viviendas de la policía.

Los fiscales dijeron que la oficial dominicana, nacionalidad que ella confirma en sus cuentas facebook y otras redes, fue detenida cuando regresaba de Massachusetts junto a Soto, y en el vehículo que conducía el hombre, les confiscaron $50.000 dólares en efectivo.

Jiménez, llevaba con ella la pistola Glock de reglamento estando fuera de servicio, lo que está prohibido por los reglamentos del NYPD, cuando sus oficiales no están trabajando.

Los investigadores federales dijeron que la oficial y Soto, eran investigados desde hacía meses y que ambos transportaron más de 100 gramos de heroína desde Nueva York a Massachusetts.

El abogado de Jiménez, Mark Gombiner, pidió al juez anular el cargo de posesión ilegal de un arma, alegando que la pistola está asignada a su defendida.

«Esta es su arma de servicio», dijo Gombiner. “Teniendo en cuenta que ella es una oficial de policía y que es una especie de mandato tener su arma de servicio con ella”

Un agente que junto a otros oficiales, interceptó el vehículo, encendió una linterna y aluzó al interior del automóvil de Jiménez, y descubrió un fajo de dinero en efectivo junto con su arma de servicio del NYPD en su bolso, según los documentos judiciales.

El paquete supuestamente resultó ser $25,000 dólares

El agente luego encontró una bolsa de plástico en su baúl, según documentos judiciales con los otros $25.000.

Jiménez y Soto fueron arrestados, y las autoridades encontraron 250 de heroína en el apartamento de la policía dominicana, según el expediente.

El fiscal federal adjunto Thane Rehn, solicitó que Jiménez quedara presa sin derecho a fianza, y agregó que «el apartamento de la demandada estaba siendo utilizado como escondite».

Pero el juez le impuso una fianza con un bono de $75.000 dólares y la liberó el martes en la noche.

Y que viajó a Massachusetts con Soto para una parada importante con un traficante de heroína

La DEA comenzó a investigar a Jiménez y Soto, después de encontrar el número de teléfono del novio en el celular de un sospechoso de narcotráfico de Queens.

Soto viajó a Massachusetts el domingo 11 de marzo de 2018 y regresó a Nueva York alrededor de las 10:30 de la noche, dijeron las autoridades.

A las 2:00 de la madrugada del martes 13 un equipo conjunto de la DEA el NYPD y la policía estatal de Nueva York, detuvieron el automóvil de Soto frente a su apartamento en la avenida Boynton en el sector de Soundview, en El Bronx, después de que comenzó a descargar bolsas del baúl.

Jiménez estaba sentada en el asiento del pasajero, la bolsa rellena a sus pies, con el mango la pistola hacia afuera.

El abogado de Yessenia Jiménez, Mark Gombiner, impugnó la posesión de armas presentada contra ella.

PERFIL

Jiménez dice en sus perfiles sociales entre ellos el de Everipedia, que nació el 10 de mayo de 1986 en Santo Domingo (República Dominicana), agente de la policía de vivienda del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y que reside en Bronx, Nueva York.

Reseña que cuando emigró a Nueva York estudió en la escuela secundaria Morris High School en El Bronx.

Educación y se graduó en el Bronx Community College En 2015, se enroló en el NYPD.

Ella hizo publicaciones en su perfil de facebook vistiendo camisetas y gorras de la policía y compartió varios mensajes a favor de la uniformada, diciendo que estaba muy orgullosa de ser una agente de la institución..

También publicó un mensaje en apoyo del movimiento Blue Lives Matter, que apoya a los policías de la ciudad.

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Una dominicana empleada de GNC arrestada por tráfico de crack en la tienda donde trabajaba

NUEVA YORK._ Una mujer dominicana identificada como Jenny Delgado de 26 años de edad, fue arrestada por policías de la ciudad de Somersworth en New Hampshire, y acusada de tráfico de crack, en una tienda de la cadena GNC, especializada en vender medicinas naturales, cuando los agentes hallaron un cuarto de onza de la droga y $559 dólares en efectivo en un compartimiento del establecimiento, en el que ella guardaba la droga, dijo la policía.

Fue detenida por agentes de la Fuerza de Tarea contra Drogas del Condado de Strafford y la policía local, que ejecutaron una orden de allanamiento en la tienda GNC situada en la carretera Tri City Road.

La policía dice que en la búsqueda también hallaron una escala para pesar drogas y bolsas plásticas para embasarlas.

Las tiendas GNC generalmente venden vitaminas, suplementos dietéticos y otros productos nutricionales.

Delgado fue liberada con una fianza en bono de de $ 2,500 y bajo su responsabilidad personal y deberá para comparecer el 15 de marzo en el Tribunal Superior del Condado de Strafford.

La investigación está en curso y se esperan más cargos, según dice el comunicado de la policía.

El arresto es parte de las redadas de la Operación «Granite Shield» (Escudo de Granito) , que en el condado Strafford ha conseguido 42 arrestos, incautación de 320 gramos de fentanilo, 28 gramos de carfentanilo, 43 gramos de crack, 31 gramos de cocaína, 4 gramos de metanfetaminas, 14 gramos de marihuana, 3 tiras de suboxone, aceite de miel de butano, dos armas de fuego y $11,460 dólares n efectivo, dijeron las autoridades.

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Acusan un dominicano de 12 cargos por tráfico de drogas en Nueva Jersey

NUEVA YORK._ Policías de Paterson en Nueva Jersey, detuvieron al dominicano José Luis García de 45 años de edad, a quien acusan de 12 cargos por tráfico de drogas en esa ciudad, desde un punto que mantenía en una casa de la calle Staright, dijo el sheriff del condado Passaic Richard Berdnik en un comunicado.

García, fue arrestado con una onza de cocaína crack y una onza de cocaína cruda.

Las autoridades dijeron que las drogas juntas tienen un valor callejero de $ 3,000.

Los detectives montaron vigilancia en los alrededores de la casa 191 de la referida calle, siguiendo una denuncia anónima de tráfico de drogas en la residencia.

En el curso de la investigación, el detective determinó que García era responsable de la supuesta actividad de drogas.

García salió de la residencia y entró en un automóvil estacionado frente a la casa. Agarró artículos de la guantera y regresó al interior de la vivienda.

La policía allanó la casa donde encontró las drogas.

«Quiero felicitar a los detectives involucrados en este arresto. Seguiremos buscando activamente a cualquier persona involucrada en la distribución ilegal de narcóticos «, dijo el sheriff Berdnik.

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Dos dominicanas arrestadas por traficar drogas en ciudades de Massachusetts

NUEVA YORK. Dos dominicanas fueron arrestadas y acusadas de traficar heroína, fentanilo y cocaína en las ciudades de Springfield y Haverhill en Massachusetts.

Las sospechosas fueron identificadas como Griselis Soto y Natividad Sánchez, y fueron detenidas en operativos separados realizados por federales y policías locales en Springfield y Lawrence.

En el primer operativo, Soto de 39 años de edad, fue aprehendida junto a sus supuestos cómplices Hiram Martínez, José Luis Polanco Morales, Kimberly Spaeth Barta y Eveliz González.

Todos son acusados de recibir grandes paquetes de cocaína desde Puerto Rico a través del servicio postal en Springfield, dijeron los fiscales y la policía.

Fueron procesados el viernes y la fiscalía dijo que fueron apresados después que policías fueron al correo a retirar dos paquetes enviados desde la isla caribeña, que cuyo contenido dio positivo como cocaína en pruebas del laboratorio.

Los abogados de Soto dijeron que la policía no tenía derecho a retirar los paquetes, moción que fue rechazada por la jueza de la Corte Superior de Hampden Tina S. Page.

La fiscal auxiliar Kerry Beattie le dijo a la jueza que había “sospecha razonable” de que los dos paquetes enviados desde Puerto Rico a las contenían drogas.

La dominicana y los otros enfrentan cargos por traficar cocaína por más de 200 gramos y conspirar para violar la ley de drogas.

La policía dice que dos mujeres que se conocieron en el McDonald’s en la calle principal no estaban allí para comprar una Happy Meal. Se encontraron para intercambiar drogas por dinero en efectivo.

En el caso de Sánchez, ella fue arrestada en los alrededores de un restaurante McDonald´s en Lawrence, cuando supuestamente se encontró con una compradora de drogas, que también fue detenida.

La policía dice que Sánchez, le estaba vendiendo fentanilo a Rebecca Coyman, cuando los policías que patrullaban el área, se dieron cuenta de la transacción.

Ella, es acusada también de poner en peligro el bienestar de un niño, debido a que andaba con un menor que dejó solo en el carro.

Las dos mujeres fueron procesadas por los cargos el viernes en el Tribunal de Distrito de Haverhill, donde la jueza Patricia Dowling les impuso fianzas de $7,500 a Sánchez y $2,500 a Coyman.

El abogado defensor de Sánchez, Paul Marino pidió por una cantidad baja de fianza diciendo que su clienta tuvo que dejar un trabajo como limpiadora para cuidar a uno de sus dos hijos, a quien recientemente le diagnosticaron asma.

Dijo que su familia no podía pagar la cantidad fijada.

También alegó que Sánchez, no tiene antecedentes penales, aparte de una sola acusación que fue desestimada.

“No tiene ingresos ni antecedentes de cargos similares a estos”, dijo el abogado Marino.

El asistente del fiscal del distrito, Tom Sholds, interrumpió diciendo que la comunidad estaría buscando un término de cárcel para la mujer, que tenía a su hijo de 4 años en su auto cuando fue a Haverhill a vender drogas.

El niño fue puesto en custodia del estado.

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Exguardia dominicano dice que ha traído miles de haitianos

Dajabón.-Enero de cada año se convierte en un verdadero dolor de cabeza para los civiles que se dedican a “cargar haitianos” en esta zona limítrofe del país.

Los primeros días de este 2018 no han sido la excepción, en particular para un exsargento del Ejército, (nombre omitido por razones de seguridad), quien desde 2011 cuando fue dado de baja se dedica al tráfico de migrantes.

El ex militar se queja de que en días normales pasar varios indocumentados le toma pocas horas, pero hoy tiene que “echarse el día entero” porque la zona está “caliente”.

La explicación de su inconformidad se debe al incremento del patrullaje que es habitual en esta fecha con la finalidad de retener a los ilegales que buscan retornar de Haití tras pasar Año Nuevo con sus parientes.

“Ahora mismo cualquier haitiano te da hasta cinco mil pesos para que lo lleves a Santiago”, afirma.

El hombre de 36 años, habla de esa actividad como un oficio normal al que solo en Dajabón se dedican más de 60 personas.

Al tratar de contabilizar el número de haitianos que ha logrado cruzar en los siete años que lleva realizando este delito el ex militar afirmó que son miles los indocumentados traídos por él.

Con una carcajada en su rostro también explicó que le han devuelto muchos morenos.

“Yo he mandado morenos que van para la Capital, Bávaro, Puerto Plata, Samaná, casi para todo el país, aunque el compromiso de nosotros es llevarlo a Santiago”, especificó.

Contactos de ambos lados

Al describir la travesía que hay que hacer para lograr su cometido, el traficante manifestó que los grupos de ilegales que desean llegar al país por lo regular contactan a un guía en Haití, quien los lleva hasta un punto de la frontera desde donde son recogidos por los dominicanos.

Sin embargo, parte del equipo operativo del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) indicó que en la actualidad los propios dominicanos están pasando para Haití a ubicar a los haitianos que quieren cruzar.

Luego de atravesar la frontera en ocasiones se albergan en una vivienda para ir sacándolos en grupos pequeños por los montes de las provincias que están próximo a Dajabón, especialmente localidades como Las Matas de Santa Cruz, Gozuela y Santa María, entre otras de la provincia Montecristi.

“Hay días que uno se gana hasta RD$10,000, pero hay otros donde se va en blanco”, puntualizó, tras acusar que en el entramado no falta el contubernio de los militares de la zona.

Más de 16 retenciones

Mientras estos civiles e indocumentados se las ingenian para lograr llegar llegar a suelo dominicano, del otro lado se encuentran los organismos de seguridad, tratando de impedir el ingreso.

Según las estadísticas más recientes del Cesfront, desde el 30 de diciembre a la fecha se han devuelto 16,422 ilegales, tras ser apresados en diversas localidades de la zona fronteriza.

La mayoría de ellos han sido devueltos por Dajabón, donde se evidencia el mayor flujo migratorio.

Por este punto cada día llegan hasta el puente entre tres y cuatro guaguas de Migración repletas de haitianos ilegales.

4 autobuses cargados de ilegales son llevados cada día hasta el paso fronterizo por Dajabón.

16 días tiene operativo de incremento patrullaje.

Otro contrabando

Por la frontera no solo se ha evidenciado un incremento en el cruce de los indocumentados, sino también de otros contrabandos, como el de ajo, que llegan al país procedente de la vecina nación para ser comercializado de forma irregular en diversos puntos del territorio.

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La DEA busca en Massachusetts pareja dominicana por tráfico de heroína y armas de fuego

NUEVA YORK._ La DEA busca activamente en Massachusetts la pareja dominicana de Luis A. Cobián Rivera y Eddymar Reyes, ambos de 35 y 23 años de edad y quienes son fugitivos, después de escapar de un operativo contra drogas de los federales, en el que fueron arrestados los dominicanos Félix Manuel Felipe y de 33 y Gabriel Rosario de 41.

Los agentes de la DEA se tiraron en un apartamento del 100 de la calle Woodview Way en la ciudad de Andover, en busca de los cuatro.

La policía dijo que la pareja prófuga, reside en el apartamento allanado, donde confiscaron heroína, armas de fuego, dinero en efectivo e instrumentos para procesar drogas.

Los federales declararon a los fugitivos como “armados y peligrosos”.

El jefe de policía en Andover, Patrick Keefe, dijo que sus agentes siguen buscando a Rivera y Reyes. El oficial dijo que se han emitido sendas órdenes de arrestos para la pareja, a la que pidió entregarse.

«Realmente no sabemos a dónde se han ido», dijo el teniente Edward Guy, portavoz del Departamento de Policía de Andover. «Simplemente sabemos que ya no se encuentran en su antigua residencia aquí en Andover. Preguntamos si alguna persona los identifican mientras están fuera de casa, en que se abstengan de hacer contacto con ellos, y que llamen a los cuarteles locales de la policía».

La orden de detenciones para Rivera y Reyes fue asentada en la base de datos nacional búsqueda de fugitivos, para que puedan ser detenidos si se encuentran en algún lugar fuera de la región.

La Policía de Andover también está trabajando con la Fuerza de Tarea de Fugitivos de la Policía Estatal.

Rosario y Felipe fueron acusados ​​de dos cargos de tráfico de heroína con más de 100 gramos, dos cargos de posesión de un arma de fuego sin licencia, uso de un arma de fuego para cometer un delito grave y posesión de un arma de gran capacidad.

Además, Rosario fue acusado de conducta desordenada y resistencia al arresto.

Durante la búsqueda en el apartamento, los investigadores confiscaron dos pistolas, múltiples rondas de municiones, dos pistolas Airsoft (de aire) que parecían armas de fuego reales, 109 gramos de heroína $20,000 en efectivo y un chaleco antibalas.

La policía dijo que tanto Felipe como Rosario se encontraban afuera del apartamento en el momento del registro y fueron arrestados.

La policía dijo que la búsqueda y arrestos fueron el resultado de una investigación a lo entre octubre y noviembre a una supuesta organización de tráfico de drogas, que operaba tanto en Andover y Methuen.

«Quiero felicitar a los detectives de la policía de Andover, a los detectives de Methuen y a la DEA por su ardua labor en este caso», dijo el jefe Keefe.

«Sacar armas y estas drogas mortales de las calles es vital para mantener a salvo a nuestra comunidad. Esperamos tener a las otras dos personas bajo custodia lo más pronto posible a medida que continúa la investigación», añadió el oficial.

Rivera y Reyes tienen niños inscritos en la Escuela Primaria Sanborn.

Guy dijo que los niños no estaban en la escuela el miércoles.

La policía de Andover estacionó un oficial en la escuela ese día y hay otro oficial allí desde el lunes y el 27 de noviembre también. Guy dijo que no cree que haya ningún tipo de amenaza para los niños y los demás estudiantes de la escuela.

«En realidad, esto es más una medida preventiva», dijo Guy. «Estas personas están huyendo en este momento, por lo que no creemos que exista ningún peligro potencial, pero creemos que es en el mejor interés del público que se den cuenta de que esto ocurrió».

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Un dominicano arrestado en Rhode Island y acusado por tráfico ilegal de armas

NUEVA YORK._ El dominicano Garibaldi Santiago, andaba con dos pistolas en el carro, una calibre .22 y una Taser de descarga eléctrica. Fue interceptado en una calle del pueblo de Warwick por patrulleros que lo detuvieron y es acusado por tráfico ilegal de armas.

Santiago, de 27 años de edad, fue arrestado en la intersección de las calles Major Potter y Quaker Lane, ayer lunes, dijo la policía.
Después de que los policías recibieron un informe de alguien que andaba con una Taser y una pistola, encontraron a Santiago, con la pistola eléctrica en el bolsillo, en la calle Tell More Road, explicó el capitán de la policía de Warwick, Joseph Hopkins.
El oficial, Paul Wells y su perro, Fox, tomaron la pista de Santiago y la siguieron hacia el norte a unos 1,500 pies hasta que el perro condujo al policía a la lonchera metálica de un niño en los bosques a lo largo de Major Potter Road, dijo el oficial Hopkins.
La lonchera contenía una pistola semiautomática calibre .22 con artículos personales pertenecientes a Santiago.
Es acusado de posesión de un arma de fuego por una persona condenada por un delito violento y portando un arma de fuego ilegal y posesión de un arma prohibida.
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Detienen hispanos en Nueva York por tráfico de heroína

NUEVA YORK. Policías de Beverley en Massachusetts, detuvieron a los hispanos Ariel Aguasvivas Lara y José Colón, acusados de tráfico de heroína y a quienes les confiscaron seis celulares, cuchillos desplegables y dinero en efectivo.

Los investigadores dijeron que ambos sospechosos cayeron como parte de una investigación para el control de narcotraficantes que se desplazan de otros estados a Massachusetts, Rhode Island y New Hampshire para traficar drogas.

También son acusados de distribuir una droga como delito grave, conspiración para violar las leyes de sustancias controladas y violar la ordenanza de uso de cuchillos en la ciudad. Colon también es acusado de conducir con una licencia suspendida.

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Encarcelan a dominicano por tráfico de identidad en Boston

BOSTON. Un corredor de documentos de Massachusetts será encarcelado por traficar con identidades de estadounidenses de origen puertorriqueño y venderlas a personas que están ilegalmente en el país.

El dominicano Sandro Tavera Mora, también conocido como José Laureano Ayala, fue sentenciado en la corte federal de Springfield a más de dos años de cárcel, informó el martes la fiscalía federal. Tavera Mora enfrenta la deportación una vez que complete su sentencia.

El hombre de 46 años se declaró culpable en mayo de suplantación de la ciudadanía estadounidense, fraude y mal uso de visas, así como otros delitos.

Los fiscales afirman que Tavera Mora compró y vendió información personal contenida en documentos gubernamentales legítimos que pertenecían a residentes puertorriqueños. Él admitió que las personas que adquirieron esos documentos tenían la intención de utilizar los datos para asumir la identidad de ciudadanos estadounidenses.

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Federales detienen dominicanos en Providence por tráfico de armas y drogas

NUEVA YORK. Agentes de la Agencia Federal Contra Armas, Tabaco y Alcohol (ATF) en Rhode Island, detuvieron en Providence a los dominicanos Brian Luna y Alex Cuevas Polanco, a quienes acusan de tráfico de armas y drogas, de las que supuestamente suplían a pandilleros en el sur de la ciudad.

Luna y Cuevas, según el parte oficial, fueron seguidos por los federales cuando compraban armas para transportarlas a barrios plagados de pandilleros en el lado sur de Providence y fueron interceptados y detenidos bajo los referidos cargos.

Los federales dicen que ambos hombres llevaron las armas al vecindario de los pandilleros después de comprarlas.

En un allanamiento posterior a Luna, los agentes hallaron cinco pistolas, cocaína, marihuana y otros instrumentos usados en procesamiento de drogas.

La policía terminó de aprehender seis armas, así como las drogas empaquetadas para la venta.

Los dos fueron procesados el viernes, y la ATF dijo que los detectives de la policía de Providence, Eric Greene y Peter Tesseris, han trabajado desde mayo con agentes especiales de esa agencia, investigando a un hombre apodado “Broadway”, que se creía que estaba comprando armas legalmente y suministrándolas a los miembros de las pandillas “Wood Boys” y Clowntown Street”, según un informe policial.

Los detectives determinaron que “Broadway” es el apodo usado por Luna, de 21 años de edad y residente en el número 96 de la calle Penn en el área de Federal Hill. Cuando los agentes de la ATF descubrieron que “Broadway” iba al poblado de Warwick a comprar armas el martes de la semana anterior, lo siguieron.

La policía dice que vieron a Cuevas Polanco, de 19 años, llevando a Luna a la tienda de armas “D & L Shooting Supplies” y esperó mientras el segundo entraba. Los detectives se enteraron de que Luna estaba comprando cinco cañones, y salió con ellos en dos bolsas plásticas verdes y una caja de armas, que puso en el maletero del Honda.

La policía siguió observando a los hombres mientras se detenían en el apartamento de Luna en la primera planta de la calle Penn y llevaron las armas dentro.

Los dominicanos regresaron con una caja de armas, que colocaron en el baúl del carro, y luego se dirigieron al sur de Providence, donde serpentearon alrededor del proyecto de viviendas de Lockwood y calles laterales donde los pandilleros acostumbran a juntarse.

Después de seguir a los dos sospechosos por un tiempo, la policía interceptó el Honda en la esquina de las calle Eddy y avenida Thurbers, donde Luna y Cuevas Polanco fueron detenidos, y los detectives se apoderaron de la caja de armas, que tenía dos pistolas.

La policía interrogó a los hombres, y Luna accedió a una búsqueda en su apartamento, donde los detectives dijeron que se apoderaron de cuatro pistolas más, incluida una con un número de serie borrado.

La policía dice que también se apoderó de municiones, revistas vacías, junto con bolsas de marihuana y cocaína.

Luna y Cuevas Polanco fueron acusados de dos cargos de llevar un arma de fuego sin licencia.

Luna también fue acusado de posesión con la intención de entregar cocaína, tiene cuatro cargos de portar un arma de fuego mientras estaba en posesión con la intención de entregar cocaína, y posesión de una pistola con un número de serie alterado.

No tenía antecedentes penales que le hubiesen impedido comprar armas de fuego legalmente. “Este es el tipo de persona que puede volar bajo el radar y eventualmente causar daños en el vecindario”, dijo el detective Clements.

Ambos hombres fueron instruidos de los cargos el miércoles en el Tribunal de Distrito, donde se declararon no culpables de los cargos por delitos graves.

Luna quedó detenido en una cárcel estatal con fianza de US$100.000, mientras que Cuevas Polanco pagó una con bonos.

El jefe de detectives dijo que la investigación sobre el tráfico de armas está en curso.