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Parlamento venezolano intentará destituir a magistrados del Tribunal Supremo

CARACAS. La Asamblea Nacional de Venezuela comenzará el martes un proceso para destituir a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con el respaldo de un conjunto de representantes de la sociedad civil, convocados para acompañar la jornada con una marcha.

Aunque el máximo tribunal suprimió antes de 72 horas las medidas dictadas en dos sentencias con las que asumía las competencias del Parlamento y delimitaba la inmunidad parlamentaria, los opositores, que controlan la Cámara, han concluido que esta marcha atrás no corrige lo que fue, a su juicio, “un golpe de estado”.

Los parlamentarios de oposición insistirán el martes con la convocatoria de una sesión del pleno de la Cámara para activar el proceso de remoción de los juristas de la sala que elaboraron las sentencias.

Además, han convocado a sus partidarios a marchar desde el centro de Caracas hasta el Palacio Federal Legislativo, en el oeste, para acompañar a los parlamentarios en el inicio del procedimiento.

Los opositores no han explicado cuál es el objetivo o el alcance del acto del Parlamento contra los magistrados que integran la Sala Constitucional, dado que la Cámara venezolana está en “desacato”

desde hace más de un año, y sus actos son “nulos” y por tanto inválidos.

Pero además se requeriría del voto de al menos 111 parlamentarios para aprobar la remoción, y la oposición cuenta con 109 legisladores, ya que tres diputados de representación indígena están suspendidos por el Supremo por supuestas irregularidades en su elección, y su incorporación a la Cámara es justamente lo que mantiene a esta en desacato.

La legislación venezolana establece que para la remoción de un magistrado se requiere del voto de las dos terceras partes del Parlamento, o de faltas graves calificadas por el Poder Ciudadano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo).

Sin embargo, el primer vicepresidente del Parlamento, el opositor Freddy Guevara, aseguró hoy que “esos magistrados que dieron un golpe de estado no pueden quedar impunes”, y llamó a sus partidarios a demostrar que no van a “obedecer a esta tiranía”.

Con anterioridad, el presidente del Parlamento, Julio Borges, había acusado a los magistrados en una entrevista televisiva de haber cometido delitos de “lesa humanidad” y aseguró que la justicia venezolana y la del mundo irá contra quienes atentaron contra los derechos de los ciudadanos de su país.

El expresidente del Legislativo, el también opositor Henry Ramos Allup, aseguró hoy en un mensaje en la red social Twitter, que acudirán a los respectivos tribunales disciplinarios para que “se revoque título y expulsen miembros” de la “sala inconstitucional”.

El Parlamento ya intentó a principios de 2016 la destitución de varios de esos mismos magistrados por considerar que fueron nombrados por el chavismo de forma irregular, pero no logró materializar la salida de los juristas.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se refirió hoy también a la marcha atrás del Supremo, lo que fue, dijo, una solución “exitosa” de la controversia entre los poderes públicos gracias a su “rápida actuación” con la convocatoria del Consejo de Defensa de la Nación que finalmente exhortó al Poder Judicial a revisar la medida.

El mandatario aseguró que, a pesar de esto, los opositores quieren promover la violencia, y acusó al presidente del Poder Legislativo, Julio Borges, de tratar de “enloquecer” a las personas para “llevarlos al nivel de la histeria”.

“Está histérica, Julio Borges está histérica, necesita psiquiatra, ayer estaba histérico, llamando a la calle y se fue para Bogotá de vacaciones, tremendo Julio Borges”, dijo refiriéndose al diputado opositor, que anunció la noche de este sábado un viaje para reunirse con parlamentarios de América Latina para tratar lo ocurrido en su país.

Maduro reaccionó también a la reunión de cancilleres de los Estados miembros de Mercado Común del Sur (Mercosur) celebrada el viernes en Argentina para tratar la situación venezolana, originada por la decisión del Tribunal Supremo sobre el Parlamento.

Esta reunión fue hecha, aseveró, para “continuar su campaña de linchamiento político de acoso, agresión e intervención contra Venezuela”.

Reveló además que lleva “llamando” desde hace una semana a su homólogo de Uruguay, Tabaré Vázquez, para hablar sobre la “actitud”

de “ataque” de su Cancillería en contra de Venezuela en otros foros y en esa reunión, en la que además participaron los representantes de Argentina, Brasil y Paraguay.

Maduro deseó que Vázquez “pase a la historia como el presidente que detuvo la agresión contra Venezuela en todos los espacios en donde el imperialismo norteamericano presiona porque se agreda, se intervenga a Venezuela”.

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Piden al Supremo de EEUU mirar al exterior para decidir sobre matrimonio gay

tribunal_supremo_eeuuWASHINGTON.- Dos grupos de juristas han pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que mire al resto de países del mundo para decidir si declara inconstitucionales las normas que prohíben el matrimonio entre homosexuales en el país, algo que, de facto, permitiría por primera vez a nivel federal las uniones de gais.

Sin embargo, los escritos, a los que tuvo acceso Efe, difieren sobre cuál es la imagen del mundo que debe tomar como referencia el Alto Tribunal estadounidense, que el 28 de abril escuchará argumentos a favor y en contra de legalizar las uniones entre homosexuales.

Las peticiones al Supremo las formularon los grupos de juristas mediante unos documentos llamados “amicus curiae” (amigo de la corte), una figura legal por la que un tercero ajeno a un litigio expresa voluntariamente su apoyo a una de las partes, a fin de colaborar con el tribunal para la resolución del proceso judicial.

Uno de los escritos fue entregado por seis prestigiosos profesores de Derecho, entre los que destaca Harold H. Koh, decano de la Universidad de Yale que fue asesor legal del Departamento de Estado durante los primeros cuatro años de la Presidencia de Barack Obama, según figura en la web del centro educativo.

La petición del grupo encabezado por Koh asegura que existe un “emergente consenso global” entre las democracias liberales sobre la forma en la que los Gobiernos deben de asegurar la “autonomía y la dignidad de las personas sin estigmatizarlas o arbitrariamente negarles un acceso igualitario a la institución del matrimonio”.

En respuesta a este documento, 54 expertos legales de 27 países elaboraron otro “amicus curiae” para asegurar que no existe ese “consenso global” porque la unión entre personas del mismo sexo solo ha sido legalizada en 17 de los 193 países de las Naciones Unidas.

“Es importante reconocer que la gran mayoría de las naciones, incluso las que protegen los derechos de las lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT), definen el matrimonio únicamente como la unión entre un hombre y una mujer”, recalca el escrito.

Con estos documentos, los dos grupos de juristas pretenden influir en la decisión de la Corte Suprema, que el 28 de abril tiene previsto escuchar los argumentos a favor y en contra por parte de cinco abogados sobre si conviene o no declarar inconstitucional las normas estatales que prohíben el matrimonio homosexual.

En un breve escrito, el Supremo informó el viernes que escuchará durante 90 minutos a los letrados que se oponen a permitir las uniones entre personas del mismo sexo, mientras que los abogados a favor de este tipo de matrimonios tendrán 60 minutos para exponer su punto de vista legal.

Estos dos escritos llegan después de que en marzo el Gobierno de Estados Unidos urgiera al alto tribunal en un documento similar a legalizar las uniones entre gais en los 50 estados del país porque “no existe una justificación adecuada para tal discriminación e injurioso ejercicio del poder estatal”.

Las empresas más importantes de Estados Unidos, incluidas Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft, también enviaron el mes pasado otro documento “amicus curiae” para expresar su apoyo a la legalización del matrimonio homosexual en el país.
Por Agencia EFE

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La banda Dominican Don’t Play es una asociación ilícita, dice Supremo español

banda_ddpMadrid.-La banda latina Dominican Don’t Play es una asociación ilícita, según dictamina el Tribunal Supremo español en una sentencia conocida ayer.

Esto supone otorgarle una calificación similar a otras bandas ilegales, como los Latin King o los Ñetas y considerar delito la pertenencia a ella.

Sin embargo, y aunque la pertenencia a los Dominican, en tanto que asociación ilícita, es un delito, el tribunal absolvió de ese crimen a los implicados en el caso concreto que dio lugar a la sentencia, pero lo hace por falta de pruebas.

El tribunal recordó que, según la Policía, se trata de la banda latina más peligrosa de las que operan en la actualidad en España y la compara con los Ñetas y los Latin King. Cita también a la organización de corte racista Blood & Honour.

La sentencia del Supremo responde a un recurso que las acusaciones presentaron contra lo sentenciado por la Audiencia Provincial de Madrid, que absolvió a varios jóvenes sospechosos de pertenecer a esta banda del delito de asociación ilícita porque no existían indicios suficiente para considerar a la banda una asociación ilícita, criterio que corrige el Supremo.

Ahora el alto tribunal señala que las actividades de los «D.D.P.», como también se conoce a esta «tribu», son similares a las de otras bandas latinas que ya fueron declaradas ilícitas con anterioridad, como las ya citadas.

Los hechos concretos juzgados en la sentencia notificada hoy se referían a una reyerta ocurrida en una discoteca madrileña en 2008, que se saldó con tres personas heridas. La Audiencia Provincial de Madrid impuso penas menores y relacionadas únicamente con la pelea a los implicados.

Así, la máxima pena por aquellos hechos, dos años de prisión, le fue impuesta a José Gabriel A.C. por un delito de riña tumultuaria y otro de amenazas, mientras que para el segundo condenado, Fabio P.C., la pena fue de seis meses de cárcel, ambos de nacionalidad dominicana.

El Supremo mantiene esos aspectos de la sentencia, pero añade una pena de un año y seis meses de cárcel para José Gabriel A.C. por el citado delito de tenencia de armas.
Por Agencia EFE