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Federal dominicano acusado de aceptar sobornos por US$45.000 de millonario turco

NUEVA YORK._ Víctor Casado, un carcelero asignado al Centro Metropolitano de Corrección (MCC) en el Bajo Manhattan, de 35 años de edad, fue arrestado por agentes del FBI y acusado el martes en la Corte Federal del Distrito Sur de aceptarle sobornos al millonario turco-iraní, Reza Zarrab, un zar del comercio mundial de oro, preso por violar las sanciones económicas de Estados Unidos a Irán.

Zarrab, habría enviado a Irán más de mil millones de dólares, por lo que fue encarcelado y se le rechazó una propuesta de prisión domiciliaria con vigilancia de GPS y custodia las 24 horas, cuyos costos serían cubiertos por él.

Casado, quien fue contratado en 2012 como guardia federal de corrección, exigió los sobornos a Zarrab, para proporcionarle un celular, alcohol y otros artículos en la celda, dijeron los fiscales federales en un comunicado.

La fiscalía que se limitó a decir que hay tres presos implicados en los sobornos, no los identificó por sus nombres, pero un informante le dijo al The New York Times, que Zarrab, quien se declaró culpable el otoño pasado y ha ayudado a los fiscales federales en la investigación, es uno de los reclusos favorecidos por Casado.

Zarrab, fue arrestado en marzo de 2016, y recluido en el MCC hasta mediados del año pasado, dijeron las autoridades. Todos los pagos ocurrieron antes de que se declarara culpable, y admitió haber pagado los sobornos como parte de su mala conducta. Pero solo se ofrecieron algunos detalles sobre el esquema de soborno en ese momento.

Casado, residente en El Bronx, fue acusado de soborno, fraude de servicios honestos y otros cargos. Había estado empleado como oficial correccional en el MCC desde 2012.

Los fiscales alegan que Zarrab, citado en el documento como “Preso #1”, supo a fines de 2016 de otro preso que Casado quería darle su número de teléfono. A Zarrab también le dijeron que debería pagarle a Casado entre $5,000 a $10,000, dependiendo de lo que quisiera tener en la celda.

«Razonando que podría ser útil tener a un guardia de su lado en la prisión, Zarrab ordenó a uno de sus abogados turcos que le pagara $5,000 a Casado. Los socios extranjeros de Zarrab le enviaron el dinero al abogado, que se lo entregó a Casado”, según establece el expediente.

El abogado no ha sido identificado, pero cuando. Zarrab testificó en diciembre como testigo del Gobierno en el juicio al banquero turco Mehmet Hakan Atilla, quien también fue acusado de violar las sanciones a Irán, Zarrab describió brevemente el uso de una abogada turca para pagar los sobornos.

Durante los próximos meses, Zarrab hizo dos o tres pagos adicionales a Casado.

A cambio de los sobornos, Casado en más de cinco ocasiones introdujo de contrabando alcohol en la cárcel para Zarrab en botellas de agua de plástico.

El expediente dice que Casado también le pidió a Zarrab $25,000 para ayudar a uno de de sus familiares en la República Dominicana, y que le dio $15,000 en efectivo.

Zarrab también usó regularmente a Casado para pasar de contrabando un teléfono celular a la cárcel para su uso.

El abogado de Zarrab le entregó el teléfono a Casado, quien al comienzo de su turno, se lo dio a otro recluso, que luego se lo pasó a Zarrab, según el expediente.

Un tercer recluso cargaba el celular y lo devolvían a Casado a través del segundo recluso, al final del turno del oficial dominicano.

Zarrab pagó al otro recluso $10,000, utilizando el abogado para enviar el dinero a la esposa de ese preso.

En su testimonio de juicio en diciembre, Zarrab dijo que usó el teléfono para llamar a miembros de la familia, incluida su esposa y su hija pequeña.

Casado también contrabandeó comida, vitamina C, analgésicos de venta libre y DayQuil que entregaba a Zarrab.

La riqueza de Zarrab fue un problema en todo su caso.

Después de su arresto, el juez federal Richard M. Berman, negó su solicitud de obtener una fianza de $50 millones y vivir en un apartamento arrendado bajo vigilancia armada y GPS por 24 horas, todo a su cargo. Zarrab también contrató a más de una docena de abogados para defenderlo, antes de que decidiera declararse culpable.

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Juez reenvía audiencia caso Odebrecht tras acoger un primer incidente

SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, reenvió ayer para el próximo viernes el conocimiento de la audiencia de solicitud de ampliación de plazo hecha por el Ministerio Público para la investigación del caso Odebrecht.

La audiencia fue suspendida a los fines de que los fiscales y los imputados del proceso tomen conocimiento de cuatro pruebas documentales depositadas por el procesado Andrés Bautista García.

El juez Ortega explicó en su resolución, que Bautista García sólo depositó un ejemplar de las pruebas que deberán ser reproducidas y notificadas a todos los encartados, y que el 5 de febrero, día en que las depositó en la Secretaría General de la Suprema Corte, sólo se pudo notificar a la Procuraduría General de la República.

Según la instancia del expresidente del Senado, los audios son de declaraciones de prensa hechas por el procurador Jean Alain Rodríguez, con las cuales probará la fecha del inicio formal de la investigación por los US$92 millones que admitió haber pagado la empresa brasileña en sobornos para ser favorecida con obras del Estado.

El Ministerio Público dijo que la defensa de Andrés Bautista buscaba incidentar el proceso al depositar un día antes de la audiencia las pruebas audiovisuales, por lo que pidió que se le otorgue un plazo razonable para no sólo conocerlas, sino también elaborar la respuesta a las mismas.

Carlos Salcedo, abogado del imputado, rechazó lo argumentado por el fiscal Milcíades Guzmán, y dijo que está de acuerdo en que se le otorgue el tiempo necesario para referirse al respecto. Los abogados de los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, Víctor Díaz Rúa, Bernardo Castellanos, Radhamés Segura y César Sánchez no se opusieron al pedimento del órgano investigador.

En tanto que los representantes legales del diputado Alfredo Pacheco, Juan Temístocles Montás, Ruddy González, Conrado Pittaluga y Ángel Rondón Rijo pedían que se diera un receso de horas al Ministerio Público ya que las pruebas deberán ser reproducidas y debatidas en audiencia.

Algunos de los abogados dieron por conocidas las informaciones que están en los cuatro CD depositados por el abogado Salcedo.

Favorecen pedido

El senador César Valentín dijo que la ampliación de plazo solicitada por el Procurador le favorecerá para demostrar su “absoluta inocencia”.

En tanto que el empresario Rondón Rijo explicó que él también solicitó informaciones o diligencias de investigación a la Procuraduría, por lo que no se opone a que le den más tiempo para investigar.

“Nosotros de modo alguno podemos oponernos a que el Procurador pida una prórroga porque yo soy el más llamado a que el Procurador busque pruebas contundentes como él ha dicho, pero pruebas no solamente para acusar, también para descargar”, expresó.

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Detalles de lo que dijo el exgerente de Odebrecht sobre sobornos pagados en el país

SANTO DOMINGO. El exgerente de Odebrecht en República Dominicana reveló que el empresario Ángel Rondón le notificaba cuando estaba reunido con funcionarios públicos al momento de gestionar la aprobación y financiación de los proyectos para la compañía, así como el haber tenido contacto directo con legisladores.

Marcos Vasconcelos Cruz, explicó que Rondón actuaba de cuatro maneras: como consultor en los contratos firmados con el poder público; proveedor de servicios de alquiler de equipos; subcontratista de obras civiles y como socio de la sociedad en una obra específica.

“Cuando actuó como consultor en los contratos firmados con el poder público, el valor de los honorarios consideraba todos los costos que serían incurridos por él, incluyendo posibles valores indebidos a los agentes públicos que actuaban en favor de la sociedad”, relató Vasconcelos Cruz, identificado como empleado 54, en las delaciones premiadas que dieron las autoridades de Brasil al Ministerio Público dominicano.

Explicó que los contratos de consultoría firmados con las empresas Lashan Corp, Conamsa Internacional y Consultores y Contratistas Conamsa en 2002, 2004 y 2010 tienen carácter genéricos sin que haya vínculos a una obra en específico y todos los pagos de ahí derivados no fueron contabilizados.

Explicó que de las 18 obras de Odebrecht en el país, 15 fueron sometidas al Congreso. “En ese contexto, en más de una ocasión entiendo haber tenido una interacción con Ángel junto a los miembros integrantes de las comisiones de finanzas para los detalles de esa instancia de aprobación de los contratos. Al asumir los pagos a Ángel, por ende, asumí también el riesgo de que tales valores fueren destinados a agentes públicos”, refirió.

Señaló que también hubo gestiones de Ángel Rondón junto a los diversos ministros de Hacienda, que ocuparon el cargo desde el inicio de la relación contractual con el empresario, lo cual facilitaba la gestión y agilidad del proceso de aprobación del financiamiento.

Reconoció que no estuvo al frente de Odebrecht cuando se adjudicó el proyecto del acueducto de la Línea Noroeste pero que sabe que los contactos para el mismo fueron hechos por Rondón con el exdirector del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Inapa), Roberto Rodríguez.

En tanto refirió que la intervención de su enlace comercial en República Dominicana en la viabilidad de tal proyecto pudo haber involucrado el pago de valores indebidos a César Sánchez, Máximo D’Oleo y Bernardo Castellanos, “riesgo que asume de su contratación”.

Dijo que la aprobación de los financiamientos implicó la intervención del empresario ante las comisiones de finanzas de la Cámara de Diputados y el Senado, a través de la dirección de dichas instituciones legislativas en las personas de Alfredo Pacheco y Andrés Bautista, respectivamente.

“Estas personas están relacionadas con Ángel y él me reportaba cuando estaba con ellas, informándome del estatus de las diligencias de aprobación del financiamiento”, afirmó.

Vasconcelos Cruz relata que los proyectos Corredor Duarte, Autopista del Coral, Circunvalación de La Romana, Carretera Cibao/Sur, Carretera Bávaro Miches-Miches-Sabana de la Mar y Ecovía de Santiago así como el Acueducto Hermanas Mirabal contaron con el apoyo de Rondón para la aprobación de financiamientos junto con el ministro de Hacienda, por medio de su relación con el secretario Técnico de la Presidencia, Juan Temístocles Montás, quien firmó los contratos.

“Todos esos contratos contaron con la firma/aprobación de Temístocles Montás y recibí durante tales procesos reportes de Ángel sobre el estatus de la firma, lo que demuestra las gestiones hechas por nuestro representante junto a tal agente público”, refirió.

Describió que en lo que tiene que ver con el Acueducto Hermanas Mirabal, contratado a través de una enmienda al de Samaná, Rondón le “reportaba la información obtenida de Tommy Galán sobre el estatus de aprobación del financiamiento. Además actuó en la reducción del período de aprobación del financiamiento a la mitad”. En su delación, Vasconcelos dijo que el pago de una tarifa a Rondón para que logre los resultados así como la información que él daba y el éxito de las gestiones, evidencian de que hubo pagos indebidos a los funcionarios.

Punta Catalina

De la termoeléctrica Punta Catalina, describió que el enlace comercial intervino en la aprobación del financiamiento junto a las comisiones de finanzas del Senado y la Cámara. “En 2014, Ángel mantenía relaciones sociales con algunos de sus miembros como por ejemplo el diputado Ruddy González y el senador Julio César Valentín, los cuales encontré en algunos eventos promocionados por Ángel”.
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Ángel Rondón niega que haya repartido sobornos

SANTO DOMINGO. Aunque es señalado como el “hombre del maletín” por la Procuraduría General de la República e identificado por ejecutivos de Odebrecht como quien recibió lo US$92 millones para el pago de soborno a funcionarios, Ángel Rondón ha negado rotundamente en todos los escenarios que los dólares que recibió los haya compartido con otras personas.

Tomando como base el interrogatorio que le hiciera el procurador Jean Alain Rodríguez se puede observar que quien desde el 2001 a la fecha se ha desempeñado como representante comercial de la empresa brasileña ha negado comunicación directa con la empresa matriz, así como conocer a los funcionarios sobornados.

“Yo les reitero que si en Brasil se hace referencia a un intermediario y a ese intermediario le ponen el nombre de Ángel Rondón, es un término mal utilizado. Reitero que no compartí los honorarios que recibí legalmente, para ser entregados o repartidos con funcionarios públicos dominicanos en el período citado”, expresó Rondón en el interrogatorio.

Apelación

Ayer, los abogados de Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), recurrieron la prisión preventiva que le fue dictada con el fin de “que la misma sea revocada y/o variada por vicios en la decisión”.

Lo mismo tienen previsto, en esta semana, los abogados del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y el empresario Ángel Rondón.

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Conozca las acusaciones que pesan en contra de los implicados en sobornos de Odebrecht

SANTO DOMINGO. A los políticos y empresarios dominicanos acusados de supuestamente estar involucrados en el escándalo de Odebrecht se les atribuye haber incurrido “en todos o algunos de los delitos de soborno, asociación de malhechores”, “prevaricación”, “enriquecimiento ilícito y lavado de activos”.

Así lo revela la Procuraduría General de la República que, aunque dijo el pasado lunes que “están todos los que son y son todos los que están”, afirma este miércoles que continúa con la investigación iniciada a finales de diciembre pasado, con la finalidad de determinar si otras personas o empresas están involucradas.

Hoy, a las 5:00 de la tarde, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco continuará conociendo la solicitud de 18 meses de prisión, como medida de coerción para los acusados, solicitada por la Procuraduría General de la República.

El grupo de imputados está integrado por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el expresidente del Senado Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exvicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y César Sánchez; el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) 2000-2004, Roberto Rodríguez Hérnández; el empresario Ángel Rondón, el ingeniero mecánico electricista Máximo D´Oleo, el abogado Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos, expresidente de la Comisión de Energía del PRD. Este último se encuentra en Panamá, y su orden de arresto fue notificada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).

También están acusados los senadores del Partido de la Liberación Dominicana por Santiago y San Cristóbal, Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, a quienes el Congreso Nacional tiene pendiente conocerles el desafuero.

En una comunicación de prensa, la Procuraduría General de la República dijo que durante la audiencia de sobre la medida de coerción solicitada, ayer lunes, el Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, acompañada de los fiscales Milciades Guzmán, Wilson Camacho, Joel López, Narciso Escaño, Carmen Díaz Amézquita, Francisco Polanco y Wagner Cubilette.

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España: Rajoy convocado a declarar en juicio por sobornos

MADRID (AP) — La Audiencia Nacional española citó al presidente del gobierno Mariano Rajoy a comparecer como testigo en el juicio de unas 40 personas implicadas en una presunta conjura de sobornos a cambio de contratos que ayudó a financiar al gobernante Partido Popular, se informó el martes.

La corte dijo que Rajoy debe presentarse a declarar el 26 de julio en persona, no por videoconferencia, como solicitó su partido.

Rajoy era líder del PP en 2003 y 2004, los años de la presunta conjura. El gobernante dijo el martes desde Vila Real, Portugal, que estaba dispuesto a acatar la voluntad de la corte.

Los enjuiciados son ex tesoreros y funcionarios del partido, además de representantes empresariales.

El ex tesorero Luis Bárcenas ha dicho que siempre existió un sistema de donaciones ilegales al partido y que la más alta conducción estaba al tanto.

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Al menos ocho detenidos del gobierno, la oposición y el empresariado por el caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. Al menos han sido detenidas ocho personas, entre ellos un ministro y el presidente del principal partido de oposición, en los primeros allanamientos realizados para apresar a quienes la Procuraduría General de la República implica en el caso de los sobornos por 92 millones de dólares pagados por la empresa brasileña Odebrecht.

Todos los detenidos fueron conducidos a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que la semana pasada fue remozada con pintura y la reparación de su sistema eléctrico.

Entre los detenidos figuran Juan Temístocles Montás, ministro de Industria y Comercio y miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, y Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno y expresidente del Senado de la República.

Otros detenidos son Radhamés Segura, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Electricidad y miembro del comité político del PLD.

También están apresados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, quien es secretario de Finanzas del partido oficial, y el exdiputado Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano.

Igualmente, fue detenido Roberto Rodríguez, que fue director del Instituto Nacional de Agua Potable del gobierno de Hipólito Mejía. También fue apresado César Sánchez, ex vicepresidente de la CDEEE.

Otro detenido es el empresario Ángel Rondón, apresado en su residencia de la Torre Caney, ubicada en la avenida Anacaona.

Otros apresados son el ingeniero Máximo de Óleo y los abogados Conrad Pittaluga. También ha sido involucrado Rafael Genaro Suero.

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A cinco meses de investigación por Odebrecht, la Procuraduría presenta pocos avances

SANTO DOMINGO. El pasado marzo, las investigaciones del caso de corrupción político empresarial conocido como Lava Jato cumplieron tres años de iniciarse en Brasil.

Desde entonces, las ramificaciones de la trama han estado tocando suelo dominicano, debido a la presencia en el país de la empresa Odebrecht, uno de los blancos de los investigadores por su responsabilidad en el pago de sobornos a funcionarios y políticos.

La vinculación más directa de la República Dominicana en el caso se dio en diciembre del año pasado, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un documento donde se detallaba que Odebrecht pagó unos US$92 millones en sobornos entre 2001 y 2014 para conseguir sus contratos de obras con el Gobierno.

Sin embargo, los casi cinco meses pasados no han bastado para que el procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que encabeza las investigaciones, haya podido establecer responsabilidades y procesar a algún culpable. El pasado 19 de abril informó que la multinacional se comprometió a entregar a la Procuraduría, a más tardar el 19 de mayo, la lista de quiénes recibieron los pagos.

Lo que se ha hecho

En la República Dominicana se registró el tercer monto más alto de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en 12 países, según la justicia estadounidense.

El 10 de enero pasado, el procurador interrogó al gerente de Operaciones de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke (primero en ser llamado) y, al término del encuentro, anunció que el ejecutivo señaló al empresario dominicano y reconocido lobista Ángel Rondón como la persona que recibió los US$92 millones.

Rondón, interrogado al día siguiente, dijo que recibió un monto similar al señalado por sus servicios prestados a la constructora brasileña. Las autoridades se han limitado a interrogarlo en, por lo menos, dos ocasiones.

Además de firmar un acuerdo con Odebrecht y de interrogar a más de una treintena de personas, incluidos ministros y directores activos y pasados de las instituciones gubernamentales que firmaron contratos con la empresa, así como a legisladores que intervinieron en la aprobación de esos contratos en el Congreso, el procurador viajó el pasado 15 de febrero a Brasil, donde firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades de ese y demás países involucrados en la trama de los sobornos.

Además,se ha comprometido públicamente a procesar a los responsables, pero dice que está a la espera de informaciones que deben suministrarle desde Brasil, que están protegidas por un acuerdo de confidencialidad en ese país que terminaría en junio.

Las acciones del Procurador, sin embargo, no logran calmar las ansias de un sector de la población que demanda en las calles el fin de la impunidad y que entiende que no se hace lo suficiente por castigar a los que recibieron sobornos.

Así lo han expresado en sus manifestaciones los integrantes del movimiento Marcha Verde y un grupo de estudiantes que la semana pasada ocupó la sede de la Procuraduría para exigir que se entreguen los nombres de los sobornados.

La abogada Laura Acosta considera que el tiempo que lleva el caso puede ser normal en una investigación, si se han hecho las diligencias necesarias, lo cual, aún se desconoce. Pero entiende que con las personas identificadas en el caso se debieron tomar acciones, tales como congelación de cuentas o medidas de coerción para evitar que puedan sustraerse del proceso.

“Tal vez no han solicitado medidas por una cuestión de plazos, pero eso es un arma de doble filo, porque podrían distraerse los bienes o irse del país”, advierte.

El caso Odebrecht es una parte de las investigaciones iniciadas en Brasil el 17 de marzo del 2014 referentes al pago de propinas (sobornos) en la petrolera estatal Petrobras.

Lo que comenzó como un caso simple de lavado de dinero en el ámbito local y que involucraba a una persona, se transformó en una compleja operación que se conoce hoy como Lava Jato, que ha llevado tras las rejas a decenas de personas, provocó la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y tiene bajo escrutinio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los procesados se destaca el expresidente del Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de cárcel.

El caso ha seguido, además, los tentáculos de la empresa en otros países latinoamericanos, en los que más de una figura política o empresarial ha sido involucrada.

En Perú, donde Odebrecht habría pagado un soborno de US$29 millones, se ha señalado a unas once personas, entre ellas, al expresidente Alejandro Toledo, reo de la justicia de su país por el caso. También los expresidentes Ollanta Humala y Alan García. Unas cinco personas guardan prisión.

Panamá. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada Anticorrupción que tiene procesos abiertos contra unas 17 personas, entre ellas, los hijos del expresidente Ricardo Martinelli: Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.

Los sobornos que pagó Odebrecht en Argentina se calculan en US$35 millones y habrían incluido al presidente de ese país, Mauricio Macri. La Fiscalía procesa al jefe de Inteligencia, Gustavo Arribas, también señalado por delatores de haber recibido sobornos.

Venezuela. En las delaciones de la esposa del publicista Joao Santana, Mónica Moura, publicadas la semana pasada, salió a relucir que el presidente de ese país, Nicolás Maduro, participó en las negociaciones para el financiamiento de la campaña de Hugo Chávez de parte de las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Maduro recibía a Moura en su propia oficina de la Cancillería, le entregaba sobres con dinero y le proveía escolta para darle seguridad en el trayecto de la cancillería hasta la productora, según lo declaró la propia empresaria a un tribunal brasileño.

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Corte suprema de Brasil libera a acusado de articular sobornos, bofetada para Lava Jato

RÍO DE JANEIRO. La corte suprema de Brasil ordenó el martes liberar a José Dirceu, considerado un articulador de los escándalos que sacudieron al país bajo los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, provocando la indignación de los fiscales que investigan la red de sobornos en Petrobras.

Dirceu, un exguerrillero con una vida rocambolesca, de 71 años, fue detenido en agosto de 2015 y condenado en 2016 por el juez de primera instancia Sergio Moro a 32 años de cárcel por corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir.

El Supremo Tribunal Federal (STF) acogió, por tres votos a favor y dos en contra, un pedido de la defensa de Dirceu y consideró que la prisión solo podía materializarse después de una condena en segunda instancia, denegando razones para mantenerlo en preventiva a la espera de ese fallo.

Actualmente está detenido en Curitiba (sur), junto a otros peces gordos atrapados por la operación Lava Jato que investiga la red de sobornos pagados por constructoras a políticos y partidos para obtener contratos en Petrobras.

El ex hombre fuerte del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) siempre se declaró inocente y atribuyó las acusaciones en su contra a motivos políticos.

En 2005, durante la primera presidencia de Lula, se vio obligado a renunciar al cargo de ministro Jefe de la Casa Civil (jefe de gobierno), al ser considerado como el cerebro del sistema del “mensalao”, o mesadas pagadas para comprar la alianza de legisladores de otros partidos.

Una liberación “incoherente”

La decisión de los magistrados del máximo tribunal es vista como una derrota para los fiscales de Lava Jato.

El procurador a cargo del caso en Curitiba, Deltan Dallagnol, criticó en un comunicado “la incoherente liberación de José Dirceu por el Supremo”, contraponiendo esa decisión a otras en las que la liberación fue denegada.

“Se dice que el tráfico de drogas genera muertes indirectas. La corrupción también. Y la gran corrupción y el tráfico matan por igual”, pues esta última “captura el poder del Estado y se disfraza con una capa de falsa legitimidad para dañar a quienes debería cuidar”, escribió Dallagnol.

“Me gustaría entender el trato diferenciado otorgado a José Dirceu”, agregó.

Por la mañana, Dallagnol había presentado una nueva denuncia contra el dirigente, relacionada con el lavado de centenares de miles de dólares entre 2011 y 2014. Advirtió además que “la libertad del inculpado conllevaría serios riesgos para la sociedad por la gravedad de sus crímenes, su reiteración delictiva y la influencia del imputado en el ambiente político”.

El fallo desencadenó igualmente una ola de indignación en las redes sociales, y en particular en movimientos que en 2015 se manifestaron en nombre de la lucha contra la corrupción y reclamando la salida de la mandataria de izquierda Dilma Rousseff, destituida el año pasado por el Congreso.

“Estamos enfurecidos (…). Vergüenza para la justicia brasileña”, afirmó una militante en un video colgado del sitio del movimiento movimiento Vem Pra Rua (VPR).

Una vida a capa y espada

“Zé” Dirceu, nacido en el estado de Minas Gerais en marzo de 1946, se inició en política en Sao Paulo como líder estudiantil durante el régimen militar (1964-1985).

En 1968 fue detenido durante un congreso de estudiantes y liberado en 1969 con un grupo de presos políticos canjeados por el embajador estadounidense Charles Elbrick, secuestrado por un comando izquierdista.

Viajó a Cuba, donde recibió entrenamiento guerrillero, aunque asegura que no se implicó en la lucha armada.

En 1974 volvió a Brasil, con una cirugía estética para vivir en la clandestinidad. “Aprendí a andar diferente, a usar otras palabras. (…) Me convencí de que era otra persona”, contó a la revista Piauí.

Se fue a vivir a un pequeño pueblo del sur, en el estado de Paraná, donde se casó con una vecina del lugar, quien años después confesaría que solo al tener su primer hijo se enteró que su marido, “Carlos Henrique Gouveia de Melo”, propietario de una tienda de ropa masculina, era en realidad el dirigente izquierdista clandestino José Dirceu.

La fulminante ascensión de “Zé” Dirceu comenzó en 1995, cuando asumió la presidencia del partido de Lula y lo condujo a la moderación con un programa que ya no repudiaba al FMI ni el pago de la deuda externa. Esos pasos permitieron al todavía líder sindical vencer los temores de los mercados ante su llegada al poder.

Ganadas las elecciones de octubre de 2002, Lula lo llevó al gobierno y le dio su principal ministerio.

Llegó a ser mencionado como posible sucesor del expresidente, hasta que estalló el escándalo del “mensalao”.

Tras salir del poder, Dirceu se convirtió en un exitoso consultor de empresas y de políticos nacionales y extranjeros.

por Jorge SVARTZMAN

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Acusan expolicías de origen dominicano de soborno para permisos de armas

NUEVA YORK. Dos expolicías dominicanos están acusados junto a numerosos de sus colegas de múltiples cargos de corrupción, sobornos y extorsión para gestionar la concesión de armas de fuego incluso con individuos con prontuarios judiciales.

Los dominicanos son el sargento David Villanueva y el oficial Roberto Espinal.

Villanueva había sido imputado antes que Espinal y trabajaba al igual que los otros ex agentes, en la División de Licencias del Departamento de Policía (NYPD) y recibió el pago de su luna de miel en Hawai de manos de uno de los sobornadores, además de vacaciones en República Dominicana, México, Hawai, entradas en áreas VIP a clubes de strippers y espectáculos musicales.

Las autoridades revelaron nuevos detalles del caso ayer martes al anunciar las acusaciones contra los exoficiales del NYPD.

Un corredor con mucho dinero pagó la luna de miel de Villanueva en Hawai, según el expediente, mientras los fiscales federales añadieron tres nombres más de policías caídos en desgracia, a la creciente lista de destinatarios de sobornos. También se identificaron otros dos corredores de licencias.

Los investigadores y fiscales descubrieron 440 licencias sospechosas vinculadas al esquema corrupto, incluyendo 100 que fueron entregadas o estaban en turno y que fueron suspendidas.

Hay un total de 3,000 licencias asignadas para portar armas de fuego en la ciudad y cada año la división recibe hasta 5,000 solicitudes, muchas de las cuales, tienen un tiempo de espera de 5 años, pero los policías corruptos garantizaban agilizar la aprobación de los permisos a cambio de beneficiarse de la corrupción y canonjías que recibían.

“Estas acusaciones pintan un cuadro devastador de la corrupción generalizada en la división de licencias,” dijo el fiscal federal Joon Kim en una conferencia de prensa ayer martes para anunciar los arrestos.

Entre los acusados figuran el detective retirado Gaetano Valastro, el teniente Paul Dean y Espinal.

Los tres trabajaron con el sargento Villanueva y el oficial Richard Ochetal, que ya han sido acusados de aceptar regalos lujosos para los permisos de armas a través del corredor Alex (Shaya) Lichtenstein, alegan los fiscales federales.

“Estos agentes presuntamente vendieron sus juramentos de servir y proteger. Vendieron su deber para hacer su trabajo “, dijo el fiscal Kim.

El abogado John Chambers, ex asistente del fiscal de Brooklyn en la década de 1980 que ahora agiliza las licencias de armas en Nueva York y el condado de Nassau, también fue acusado de conspiración para pagar sobornos, dijeron las autoridades.

De 2013 a 2015, “Dean y Espinal solicitaron y aceptaron comidas, alcohol, fiestas, bailarinas y prostitutas”, sostiene el expediente.

Dean, que era el segundo al mando de la División de Licencias antes de su retiro, también había buscaba convertirse en un expedidor por sí mismo.

“Ya he terminado de ver a la gente ganar dinero a costa de mi espalda”, dijo Dean a un corredor de armas, de acuerdo con la acusación.

“Soy el que está firmando en todo. Yo soy el que está cuidando de todos los que está haciendo dinero, como usted y docenas de otras personas”, le habría dicho el exoficial a uno de los sobornadores.

Mientras empujaban las solicitudes de licencia, los agentes codiciosos fueron acusados de no entrevistar a los solicitantes e investigar si realmente tenían una necesidad basada en el negocio de tener un arma de fuego.

Los fiscales adujeron que el esquema, también dio luz verde para conseguirles licencias a personas con antecedentes penales sustanciales, incluidas detenciones y condenas por delitos relacionados con armas ilegales, violencia e individuos con antecedentes de violencia doméstica, señala el de queja penal en la Corte Federal.

El corredor de licencia de armas Frank Soohoo ya se declaró culpable de cargos de soborno durante el proceso original a Villanueva, Ochetal y sus esposas que recibieron vacaciones pagadas como parte de los sobornos a la República Dominicana, Bahamas y México.

Soohoo también pagó la luna de miel de Villanueva en Hawai, según la fiscalía.

Espinal se retiró el año pasado después de haber sido acusado de recibir sobornos.

Villanueva se declaró culpable de aceptar sobornos de Lichtenstein y estaba trabajando como informante contra sus excompañeros de uniforme con los fiscales federales.

En noviembre, Lichtenstein se declaró culpable de ofrecer a un policía de $6.000 a cambio de un permiso rápido de armas.

Ochetal también se declaró culpable de cargos relacionados con la investigación y también está cooperando con la policía, dijeron los federales en junio.

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Acuerdo Procuraduría y Odebrecht da nuevo matiz a pesquisa por soborno

SANTO DOMINGO. El acuerdo de lenidad firmado entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, fue homologado ayer por el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo.

El juez autorizó a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) aplicar el criterio de oportunidad para la empresa que admitió haber pagado unos US$92 millones para ser favorecida con obras del Estado en función de que esta se comprometió a identificar a los funcionarios sobornados en el país, así como a los coautores o cómplices.

El órgano investigador explicó en la solicitud de homologación que la acción penal a perseguir reviste mayor relevancia y gravedad que la que se prescinde en cuanto a Odebrecht, ya que la única sanción aplicable a personas jurídicas imputadas de soborno es una multa de hasta el duplo del soborno, sanción que es menor que la que corresponderá a los funcionarios sobornados y sus cómplices.

Sostuvo, además, que el soborno transnacional generalmente supone un concierto fraudulento de agentes que tipifican la asociación de Malhechores y el lavado de activos, las cuales son de mayor relevancia jurídica, mayor gravedad social y penológica.

La constructora se comprometió a identificar las obras que le fueron adjudicadas mediante soborno; identificar las personas físicas y jurídicas que facilitaron y/o coadyuvaron a entregar los sobornos; indicar los montos de los sobornos entregados y el mecanismo financiero utilizado (cuentas bancarias, registros contables, entre otros).

También a prestar declaraciones en el marco de las solicitudes de cooperación internacional y comisiones rogatorias realizadas por el Ministerio Público, aportar al MP todas las aclaraciones y/o precisiones, documentos, testimonios y cualquier otro medio de prueba relacionadas al pago de más de US$92 millones entre 2001 y 2014.

Asimismo, Odebrecht deberá resarcir los daños materiales y morales causados a la República Dominicana a través del pago de US$184 millones hasta el año 2025; suministrar cualquier otro hecho relevante, evidencia o información que sea de su conocimiento relacionado con los hechos admitidos.

Además tendrá que suministrar el acuerdo firmado con el Ministerio Público de Brasil en lo relativo a Dominicana así como el Plea Agreement con los Estados Unidos y declaraciones hecha por los ejecutivos /colaboradores bajo los acuerdos de colaboración individuales con sus respectivos datos de corroboración.

El procurador Jean Alain Rodríguez dijo ayer que aunque el acuerdo establece un máximo de 60 días después de la homologación, a más tardar el 19 de mayo tendrán los nombres de los sobornados.

Ángel Rondón será procesado

Ángel Rondón será procesado

La Procuraduría dejó claramente establecido en el acuerdo firmado con Odebrecht, que no prescinde de perseguir penalmente al enlace comercial de la constructora en el país. Dijo que la prescindencia de las acciones penales y aplicación de una solución alternativa del conflicto, no aplica ni beneficiará de manera alguna a otras sociedades, funcionarios públicos, “ni el señor Ángel Rondón Rijo, cualquiera que sea la calidad que ostente respecto de Odebrecht”.

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Ejecutivo confesó en Brasil que Odebrecht sí pagó campañas en República Dominicana, El Salvador, Venezuela y Panamá

Fuente: Periódico Estadao,  de Brasil

Brasil.- Fernando Migliaccio da Silva, ejecutivo de la empresa brasileña Odebrecht, encargado de administrar dinero de las “operaciones estructuradas” (propinas o sobornos) confesó en un interrogatorio ante las autoridades de Brasil que la constructora sí pagó campaña electoral en la República Dominicana.

El diario brasileño Estadao publicó los documentos del interrogatorio a Fernando Migliaccio da Silva, quien expresó:

“Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones – muy bien hecho, por cierto, su trabajo – en las elecciones de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá”.

A continuación el testimonio de Fernando Migliaccio da Silva, que confesó ser responsable de las entregas de dinero del departamento de “operaciones estructuradas” de Odebrecht, también conocido como “departamento de propinas” (sobornos).

En su testimonio confirma que se pagó para las campañas de varios países, incluyendo a la República Dominicana.

Ver documento completo en PDF:

Fernando-Migliaccio-ao-TSE

Algunas de las declaraciones del señor Migliaccio, según su testimonio, traducción libre al español:

Páginas 14 y 15:

Juez Electoral Auxiliar – Quiero saber primero esta cuestión: ¿Había una especie de ajuste de cuentas, una contabilidad?

Testigo – Sí. A pesar de que nosotros del área de las operaciones estructuradas fuimos personas de confianza, obviamente yo hacía el intento de mostrar todas las declaraciones al final del año, y antes de eso, en la contabilidad oficial de la empresa, no sé cómo, pero sé que había un chequeo. Así pues, se marcaba salió tanto, entró tanto, entonces de esa manera no estaba faltando dinero. ¿Qué sabía yo? Yo sabía de dónde salía el dinero, porque tenía que avisar a contabilidad “mira, llegaron diez (10) millones de Panamá; 5 (cinco) de República Dominicana; Llegaron veinte (20) de Venezuela”.

Así que sabía de cual país se había generado y escogía, según la demanda y la disponibilidad de los bancos, a cuál país se hacía la transferencia de dinero “ah, va para allá; va para acá”. Así que eso es lo que yo sabía. Sólo eso.

Juez Electoral Auxiliar -¿Usted puede … calcular económicamente, llegaste allí en dos mil …?

Testigo – Ocho. Finales de 2008 hasta el año 2015.

Juez Electoral Auxiliar -¿Usted puede calcular, primero, la entrada de dinero en esa cuenta y la salida, más o menos..?

Testigo -¿La sumatoria?

Juez Electoral Auxiliar -La sumatoria

Testigo – No. Tendría aquí para hacer un ejercicio de memoria, pero también sería una ligereza de mi parte precisar alguna cosa. Yo sé que el último año fue – el último fue muy latente para mí – del orden de 650 (Seiscientos cincuenta), 700 (setecientos) millones de dólares.

Ministro (Inspector General de Elecciones, HERMAN BENJAMIN) – Siendo este último …

Testigo – Dos mil catorce. Perdón, el penúltimo.

Juez Electoral Auxiliar -¿Setecientos millones de entrada y salida?

Testigo – Era más o menos la misma cosa, porque el saldo era muy bajo.

Juez Electoral Auxiliar – Disculpe, pero sólo para que quede claro ¿Dólares o Reales?

Testigo – de dólares.

Ministro – ¿Puede repetir, señor Fernando?

Testigo – Sí, dos mil catorce: aproximadamente entre 650 (Seiscientos cincuenta) y 700 (setecientos) millones de dólares.

Juez Electoral Auxiliar – ¿Y de salida?

Testigo – Próximo, debido a que el saldo fue siempre muy bajo.

Páginas 21 y 22:

Juez Electoral Auxiliar – Señor Fernando, cuando se recibía una orden de pago a “Feira”, es decir para Mônica Moura, ¿se tenían condiciones, o usted sabía – de información que realmente sabía, no por deducción – si ese dinero, la causa de dicho pago, es decir, si ese era el pago de una campaña electoral en Brasil?

Testigo – Sí.

Juez Electoral Auxiliar – ¿Sabía?

Testigo – Sabía porque había unos momentos en los que había cruce de programas. Así, por ejemplo, tenía elecciones en Brasil, pero además tenía en la República Dominicana y en El Salvador, por ejemplo, no tengo certeza de si son esos todos los países. Yo tenía que organizar con ella. Y ella también tenía demandas específicas, Tipo: Necesito esta semana, pero para Venezuela; de Brasil se puede retrasar dos semanas: no, no, El Salvador tiene que ser esa. Entonces yo tenía que organizarme. Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones – muy bien hecho, por cierto, su trabajo – en las elecciones de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá.

Páginas 36 y 37:

Juez Electoral Auxiliar – Lo haré de nuevo. ¿Se puede decir que el valor de dieciséis millones se refiere a la campaña de Dilma en 2014?

Testigo – Sí, se puede decir.

Juez Electoral Auxiliar – ¿Y ese valor fue efectivamente distribuido en especie?

Testigo – Como he dicho antes, tal vez una parte no haya sido en especie.

Juez Electoral Auxiliar – ¿Pero las partes restantes con entregas de dinero en efectivo?

Testigo – (…) en Brasil fue en Reales. Una vez más, porque ella (Mónica Moura) me dijo: “La fuente es esta”.

Ministro – ¿Ella dijo qué?

Testigo – Mira, para organizar esto, así que aquí está la campaña 2014, Brasil.

Ministro -¿Y para la campaña de El Salvador, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Angola?

Testigo – Igualmente.

Páginas 59 y 60:

Abogado (Flavio Crocce Caetano) -¿Usted no sabe si se trabajó en 2014 en una campaña fuera?

Ministro – Pero eso es fácil, doctor Fábio (sic), verificar, por qué  él listó los países.

Testigo – Solo hay que ver dónde estaba, en Panamá. Solo hay que ver dónde estuvo.

Abogado (Flavio Caetano Crocce) –¿Listó los países en los que hubo campaña?

Ministro – Por lo que entiendo, el Sr. Fernando enumeró los países donde campañas se hicieron por Mônica Moura y João Santana.

Testigo -Y pagado por Odebrecht.

Abogado (Gustavo Kanffer) – Sólo para confirmar, El Salvador. ¿Usted puede repetir?

Testigo – Panamá, Venezuela, República Dominicana, Angola y Brasil. No estoy seguro de Argentina, no tengo certeza de Argentina.

Abogado (Flavio Caetano Crocce) – Esto es importante. Argentina, ¿no está seguro?

Testigo – No.

Abogado (Flavio Caetano Crocce) – Hubo una campaña en 2012 Angola; 2012, Venezuela; 2012, República Dominicana; y 2014, Panamá.

Testigo – Al menos ya tiene Panamá cerca. De nuevo. Es Brasil.

Ministro – ¿Había alguna razón para pagar por una campaña de Panamá o cualquier otro país desde Brasil? O dichos pagos, por lógica, deberían ser hechos allá afuera?

Testigo – Lógicamente, eso sí, se deben hacer allá afuera, pero por algún problema de seguridad y por cualquier otra cuestión, los bancos estaban cuestionando los pagos allá fuera, por lo que ella (Mónica Moura) encontró una manera de organizarlo (…) pero una vez más, como he dicho anteriormente, hubo varios pagos por allá fuera.

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Soborno de Odebrecht implica ya directamente a gobernantes latinoamericanos

BOGOTÁ. La delación de la constructora brasileña Odebrecht sobre los sobornos que ha admitido haber pagado ha implicado ya a varios gobernantes y exgobernantes latinoamericanos y la lista tiene visos de aumentar.

El expresidente del Perú Alejandro Toledo (2001-2006) ha sido acusado de recibir de Odebrecht para su usufructo personal una comisión de 20 millones de dólares y contra él pesa ya una petición de arresto preventivo solicitada por la Fiscalía general de su país.

Se da la circunstancia de que el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, era el ministro de Economía cuando ocurrieron los hechos en cuestión, y conocida la acusación contra Toledo no le faltó tiempo para lavarse las manos en una suerte de “excusatio non petita, accusatio manifesta”.

Como respuesta, la esposa de Toledo, Elliane Karp, conocida por su incontinencia verbal, le lanzó públicamente a Kuczynski la inquietante y autoinculpatoria amenaza de que no le haga hablar porque ella sabe bien lo que él ha hecho.

En Colombia, la Fiscalía General ha solicitado la apertura de una investigación sobre la denuncia de la “contribución” de Odebrecht con un millón de dólares a la campaña electoral para la reelección del actual presidente del país, Juan Manuel Santos.

En Panamá pesa una orden de búsqueda y captura contra dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a los que la banca suiza ha congelado cuentas por valor de 22 millones de dólares que les entregó Odebrecht, según las delaciones procedentes de la propia empresa.

También en Panamá, la Fiscalía General ha formulado cargos contra Amado Barahona, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno (2004-2009) de Martín Torrijos.

En el Perú, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación sobre la presunta implicación de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en el pago de los sobornos admitidos por Odebrecht.

El también expresidente peruano Alan García está citado, hasta ahora en calidad de testigo, por la Fiscalía Anticorrupción por los sobornos de Odebrecht durante su última administración presidencial, de 2006 a 2011.

Además de la acusación que gravita ahora sobre el propio presidente Santos, en Colombia está encarcelado, entre otros, como acusado confeso de haber sido sobornado por Odebrecht Gabriel García Morales, vieceministro de Transportes durante la Administración del presidente Álvaro Uribe Álvaro Uribe (2002-2010).

Del entorno de Uribe, también ha sido señalado por informaciones de la prensa brasileña procedentes de las delaciones de Odebrecht

Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del partido que lidera el expresidente colombiano en las elecciones en las que le que lo ganó

Santos en 2014.

En Brasil, origen de todo este escándalo internacional, Odebrecht es parte de un entramado de corrupción en el que el que están implicadas las principales empresas del país en torno al gigante estatal Petrobras y que propició la crisis que llevó a ser derrocada de la Presidencia a Dilma Rousseff y a poner contra las cuerdas de la Justicia a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

La práctica del soborno por parte de Odebrecht parece a todas luces sistemática, sin preferencias por gobierno alguno en concreto e inducida o favorecida por sistemas políticos afectados por una corrupción crónica y capaz de infectar a cualquier administración presidencial.

También parece evidente que con las cifras millonarias que destinaba a los sobornos Odebrecht no se iba a jugar la consecución o no de sus fines a la intervención de meros intermediarios o funcionarios de nivel intermedio.

En Brasil, el propietario y expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se encuentra en la cárcel condenado en primera instancia

a 19 años de cárcel.

Condenada indefectiblemente al ostracismo empresarial al menos a mediano plazo, el emporio parece dispuesto, por lo menos, y caiga quién caiga, a sacar de la cárcel a su propietario en un juicio de segunda instancia a cambio de la llamada “colaboración eficaz” con la Justicia.

A consecuencia de las confesiones en Brasil de la empresa, que también opera en Estados Unidos, las autoridades de ese país aplicaron a Odebrecht el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero y abrieron la correspondiente investigación.

Como resultado, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado 21 de diciembre el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.

Los datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500

millones de dólares, mencionan textualmente a “funcionarios e intermediarios del Gobierno” como destinatarios de los sobornos en cuestión.

Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala.

Alejandro Varela

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En República Dominicana Odebrecht no será perseguida penalmente

SANTO DOMINGO. El acuerdo firmado con Odebrecht para retribuir US$184 millones al Estado dominicano, aparenta ser sobre la base de lo admitido ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y no basado en los resultados arrojados por la investigación encabezada por el Procurador General de la República.

De acuerdo con lo dicho por el Procurador, Jean Alain Rodríguez, el convenio mediante el cual se renuncia a procesal penalmente a Odebrecht y sus empleados directos, es totalmente confidencial, dejando entrever que se dio como bueno y válido lo dicho ante autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza en lo relativo al pago de US$92 millones en sobornos para ser favorecidos con obras del Estado.

Rodríguez Sánchez explicó que a cambio de la identificación de personas, obras y estructura financiera empleada en la movilización de los fondos destinados a sobornos, no someterá penalmente a la empresa.

Señaló que esto es como contrapartida de la compensación y colaboración jurídica de Odebrecht, en respeto a los acuerdos internacionales, al principio de non bis in ídem y la economía procesal, la empresa y sus empleados directos continuarán siendo procesados en Brasil, una vez satisfechas las condiciones del acuerdo.

Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, entiende que el acuerdo firmado por la Procuraduría General con la constructora brasileña debería ser homologado por un juez, debido a la magnitud del caso.

“Yo lo que le recomiendo al Procurador es que homologue ese acuerdo ante un tercero imparcial que es un juez, que analizando el contenido del acuerdo, pueda sobre la base de lo que dice el código entonces homologar”, dijo Castaños.

En tanto que Nassef Perdomo explica que de acuerdo con la ley de compras y contrataciones públicas, el gigante de la construcción debe de ser inhabilitado definitivamente porque cometió faltas muy graves.

El reglamento de la ley de compras establece que “La Dirección General de Contrataciones Pública inhabilitará de forma permanente a los proveedores por ofrecer dádivas, comisiones o regalías a funcionarios de la entidades públicas, directa o por interpuesta persona en relación con actos atinentes al procedimiento de licitación o cuando utilicen personal de la institución para elaborar sus propuestas”.

“Yo pienso que si no está en discusión que ellos utilizaron esos mecanismos para conseguir contratos, y me parece que no está en discusión, porque por algo ellos están devolviendo el dinero, entonces lo que corresponde es eso”, expresó Perdomo.

Asesor del acuerdo

Asesor del acuerdo

El jurista Eduardo Jorge Prats, quien fue asesor del acuerdo firmado con Odebrecht, aseguró ayer que se garantiza celeridad del desarrollo del caso y no excluye de persecución penal a nacionales o extranjeros implicados en el soborno admitido por la empresa brasileña. Aseguró que en el aspecto económico, es la primera vez que el Estado recibirá lo que establece la ley, dentro de un plazo preferencial.

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Odebrecht devolverá a Panamá 59 millones de dólares por pago de sobornos

Reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado de seguir con las investigaciones para “acreditar los delitos y ubicar a los autores y partícipes” de los actos de corrupción.

CIUDAD DE PANAMÁ. La constructora brasileña Odebrecht devolverá al Estado panameño más de 59 millones de dólares que pagó en sobornos para obtener la adjudicación de obras, informó este jueves la fiscal general panameña, Kenia Porcell.

“He recibido (de Odebrecht) el compromiso formal y de manera verbal de entregar en un breve plazo los primeros 59 millones de dólares como pago de sobornos a personas naturales y jurídicas panameñas”, dijo Porcell en una comparecencia pública.

“Odebrecht nos manifiesta su deseo de colaborar eficazmente con las investigaciones que se llevan en la república de Panamá”, añadió.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó en diciembre un informe que indica que esta compañía pagó en Panamá entre 2010 y 2014 más de 59 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos valorados en más de 175 millones de dólares.

El gobierno panameño prohibió a Odebrecht, uno de los principales contratistas en el país centroamericano, participar en futuras licitaciones públicas mientras no devuelva el dinero cobrado en comisiones.

Porcell también indicó que dos bancos en Panamá, los cuales no citó, están “suministrando información” sobre este caso, aunque no dio mayores detalles.

Reiteró el compromiso de la Fiscalía General del Estado de seguir con las investigaciones para “acreditar los delitos y ubicar a los autores y partícipes” de los actos de corrupción.

La Contraloría de Panamá ordenó investigar a Carlos Ho González, funcionario del Ministerio de Obras Públicas durante los gobiernos de Martín Torrijos (2004-2009) y Ricardo Martinelli (2009-2014), por supuesto enriquecimiento injustificado.

De su lado, Ho González ha negado las acusaciones.

Aunque los documentos no divulgan nombres, algunos medios de prensa han vinculado a dos hijos de Martinelli con esta trama internacional, pero los acusados también han negado los señalamientos.

Martinelli, quien vive un exilio voluntario en Miami, es requerido por la justicia de su país por cargos de espiar a opositores a su gobierno y por casos de corrupción.

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Capriles denuncia que algunos opositores reciben sobornos del chavismo

CARACAS, Venezuela. El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles denunció que miembros de la oposición reciben sobornos del chavismo para filtrarle información, y llamó a realizar una purga en sus filas.

“Eso que dicen que tienen (el gobierno) gente dentro de la oposición que les informa, yo creo que sí es cierto. Gente que se dice del cambio y recibe dinero de ‘boliburgueses’ (apelativo para oficialistas adinerados)”, aseguró Capriles en una declaración difundida este miércoles.

Su denuncia se produce luego de que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congelara el diálogo con el gobierno para resolver la crisis política, iniciado el 30 de octubre con el acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La MUD tomó esa determinación el martes -que no implica la ruptura de las conversaciones- aduciendo que el gobierno ha incumplido lo pactado en cuanto a una salida electoral a la crisis y la liberación de opositores presos.

Capriles, cuyo partido toma parte en la negociación, anunció que pronto dejará al descubierto con “nombre y apellido” a los políticos que según él están pagados y negocian “tras bastidores” con el gobierno del presidente socialista Nicolás Maduro.

La MUD “en su proceso de reflexión también debe ir acompañada de un proceso de depuración, es absolutamente necesario”, exhortó el dos veces candidato presidencial a través de la red Periscope.

El también gobernador del estado Miranda defendió a los delegados de la MUD en la negociación, aunque sostuvo que el diálogo ha sido “muy mal manejado, muy mal comunicado”, y “no hay resultados”.

Principal impulsor de un referendo revocatorio contra Maduro -cuyo proceso fue suspendido el 20 de octubre- Capriles descartó que los negociadores de la MUD hayan pactado con el gobierno la sepultura de esa iniciativa.

No obstante, denunció el oportunismo de algunos copartidarios que, según él, apoyaron la consulta sin creer en ella y luego, al complicarse el proceso, acomodaron sus posiciones confundiendo a la gente.