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La justicia asesta nuevo golpe a Lula: le prohíbe salir de Brasil

SAO PAULO. La justicia brasileña asestó el jueves un nuevo golpe a Lula, prohibiéndole salir del país al día siguiente de que el exmandatario de izquierda fuese condenado a doce años y un mes de cárcel por corrupción.

La decisión fue adoptada pocas horas de un previsto viaje de Lula a Etiopía, donde había sido invitado a un congreso de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre estrategias de lucha contra el hambre en África.

“El director general de la Policía Federal, Fernando Segovia, informó por teléfono (…) al ministro de Justicia, Torquato Jardim, de la decisión de la Justicia Federal de impedir al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva salir del país”, indicó un comunicado del ministerio.

“Estamos cumpliendo la orden judicial de decomisar el pasaporte del expresidente Lula. Nos estamos poniendo en contacto con su asesoría para ver cómo lo recogeremos”, dijo a la AFP un portavoz de la Policía Federal en Brasilia.

Los abogados de Lula se declararon “consternados” por la medida, pero afirmaron que la acatarán, sin desmedro de acciones legales para anularla.

“No es un viaje fácil, son 14 horas para ir, 14 para volver y 14 para estar allá”, comentó Lula el jueves durante un acto de investidura como precandidato del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones de octubre, en la que se presenta como favorito.

El apoyo a su candidatura pretendió ser una respuesta al golpe recibido la víspera, cuando un tribunal de apelación condenó al líder de la izquierda a doce años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero.

El caso está relacionado con un tríplex en un balneario paulista que Lula habría recibido de una constructora para facilitarle contratos en Petrobras.

El exmandatario tiene recursos disponibles para evitar la cárcel, aunque su candidatura podría verse invalidada en plena campaña.

Lula, de 72 años, enfrenta otros seis procesos; en todos se declara inocente y denuncia un acoso judicial para impedir que el PT vuelva al poder.

De hecho, el juez de Brasilia que ordenó retirarle el pasaporte no tiene ninguna vinculación con el caso del tríplex.

Según la estatal Agencia Brasil, el expediente está relacionado con la presunta influencia que Lula habría ejercido para que la Fuerza Aérea Brasileña opte en una licitación internacional por los aviones caza Gripen de la firma sueca Saab.

El expresidente debe ser interrogado por este causa el próximo 20 de febrero.

Blasones diplomáticos

El congreso de la FAO en Adis Abeba se llevará a cabo la tarde del sábado, en paralelo a una cumbre de la Unión Africana en la que también participará el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, según la FAO.

“Será un debate cinco años después de un evento realizado en 2013 por el Instituto Lula, la FAO y la Unión Africana sobre políticas públicas para erradicar el hambre en el continente hasta 2025”, precisó el jueves por la tarde la asesoría del exmandatario.

La FAO recuerda en su portal internet que el programa en cuestión, “Alcanzar el Hambre Cero en 2025”, surgió en 2013 como una iniciativa de la Unión Africana y del Instituto Lula.

“Hambre cero” fue el programa generalizado en Brasil para sacar a millones de personas de la pobreza extrema durante las presidencias de Lula, bajo la supervisión del actual secretario general de la FAO, el brasileño José Graziano.

Uno de sus abogados había considerado por la tarde que el viaje, de dos días, se efectuaría sin inconvenientes.

“No hay ningún obstáculo legal para que el expresidente Lula viaje al exterior”, indicó a la AFP uno de los abogados de Lula.

“Ya habíamos informado a la Justicia, antes del juicio de ayer, de su participación en ese encuentro de líderes políticos internacionales”, dijo el letrado Cristiano Zanin Martin, destacando que la Constitución le garantiza a Lula “el derecho de ir y venir” mientras no se hayan agotado todos los recursos contra su condena.

por Paula RAMON con Eugenia LOGIURATTO en Brasilia

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Fiscalía Brasil demanda al Partido Progresista para exigirle devolver dinero de corrupción

SÃO PAULO, Brasil —El grupo de trabajo del caso de corrupción Lava Jato en Curitiba presentó a una acción judicial contra el Partido Progresista por improbidad administrativa y a diez políticos, además de un ex asesor parlamentario.

Esta es la primera demanda en contra de un partido político basado en las investigaciones del esquema de sobornos instalados en Petrobras. Los fiscales piden la devolución de más de 2 mil millones de reales (igual a 634,718.81 dólares de EEUU), la pérdida de posiciones y la suspensión de los derechos políticos de las personas involucradas, así como la pérdida contarles el tiempo para la jubilación parlamentaria.

Los acusados son los ex diputados federales de varios estados Pedro Correa, Pedro Henry, João Pizzolatti y Mario Negromonte, y congresistas los Nelson Meurer, Mario Negromonte Jr. Arthur Lira,Otavio Germano, Luiz Fernando Faria y Roberto Britto, y João Genu exasesor José Janene, que era líder del partido y murió en 2010.

El congresista Mario Negromonte junior es citado por haber contribuido a los actos de incorrección de su padre, el ex ministro, Mario Negromonte, al recibir sobornos disfrazados de donación oficial de elecciones.

Según el fiscal Deltan Dallagnol, los políticos mencionados recibieron mesadas que van desde R$30,000 (US$9,521.61) a R$300,000 (US$95,174.46). Según el grupo de trabajo, los diputados Otávio Germano, Luiz Fernando Faria y Roberto Britto, por ejemplo, recibieron una “asignación” de R$30,000 por mes, durante más de siete años.

– Los fondos obtenidos a través del cobro de tarifas se utilizaron para cuadros políticos delPartido Progresista y para el propio partido, con el objetivo de enriquecimiento ilícito, así como la financiación de las campañas electorales, dijo el fiscal.

Dallagnol señaló que los sobornos ayudaron al PP para elegir a más diputados y por lo tanto beneficiarse de los recursos más comunes.

– El aumento de los recursos para fines de financiamiento de campaña, tiende a generar un mayor número de funcionarios elegidos y, finalmente, a aumentar el presupuesto del Fondo Partidario, que es otro de los beneficios generado, dijo el procurador, añadiendo que la acción de la falta de honradez no impide la continuación de la actividad de la organización y los políticos involucrados.

El fiscal explicó que la acción no penaliza a los implicados ni pretende obstaculizar la actividad política. Por lo tanto, no se pidió el bloqueo de los recursos del Fondo Partidario.

– Es importante destacar que esta acción no penaliza ni obstruye la actividad política, pero sujeta a todos, incluidos los poderosos, bajo la misma ley – dijo Dallagnol.

Según el fiscal, además de los políticos mencionados en la demanda, existe evidencia de que por lo menos otros 21 políticos del PP recibieron asignación de sobornos en forma de subsidio.

La acción implica las asignaciones dirigidas al PP por el circuito de Abastecimiento de Petrobras, que cobraba un porcentaje de comisión sobre el valor de las obras distribuidas entre los contratistas. También incluye beneficios que el ex director de área, Paulo Roberto Costa, el denunciante de Lava Jato, concedió a Braskem, el grupo petroquímico de Odebrechtque dependía de la nafta suministrada por la empresa estatal.

Costa fue nombrado para el cargo por el PP. Con el tiempo, también comenzó a contar con el apoyo del PMDB y del PT.

De acuerdo con las investigaciones, en el caso del PP, las tasas fueron negociados por un grupo de líderes de los partidos, compuesto por el diputado José Janene, ya fallecido, y los ex diputados federales Pedro Corrêa, Pedro Henry, João Mário Pizzolatti y Negromonte, y por el diputado Nelson Meurer, con la ayuda de ex asesor parlamentario João Genu, ya condenado penalmente en la operación Lava Jato.

La acción procesal se basa en la Ley 8.429 / 92, que establece sanciones para los funcionarios públicos que violan la ley y causan daño a las arcas públicas.

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Siete presos arrancan retrete en una celda en Brasil y huyen por las cañerías

PresosSao Paulo, 27 mar (EFE).-Siete presos arrancaron hoy un retrete en una celda de una prisión del estado brasileño de Río Grande do Norte y huyeron por las cañerías, informaron fuentes penitenciarias a medios locales.

Los presos escaparon durante la madrugada del domingo del presidio Rogério Coutinho Madruga, situado en la localidad de Nisia Floresta, en la región metropolitana de Natal, capital del estado.

Tres de los fugitivos ya fueron capturados, aunque las autoridades continúan buscando a otros cuatro hombres.

Según explicó el presidente del Sindicato de los Agentes Penitenciarios (Sindasp), Vilma Vatista, los reclusos arrancaron el baño y caminaron por las cañerías hasta llegar a una fosa situada en la parte trasera de la cárcel.

Una vez allí, cavaron un túnel y continuaron por debajo del muro carcelario hasta conseguir atravesar la prisión.

En lo que va de año 134 personas han escapado de diferentes cárceles del estado brasileño de Río Grande do Norte, informó el diario la Tribuna do Norte. EFE

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Sao Paulo facilita un camino para permitir la operación de Uber en la ciudad

uberbrasiliaSAO PAULO. La alcaldía de Sao Paulo propuso un camino para legalizar la aplicación de transporte Uber, lo que desencadenó protestas de taxistas en toda la ciudad.

El alcalde Fernando Haddad dijo que su plan aceptaría a los conductores de Uber como parte del sistema de transporte si pagan un derecho de licencia por cada viaje que hagan. Se tomará una decisión final tras una consulta pública que finaliza dentro de 30 días.

Los taxistas respondieron con bloqueos de calles en zonas clave el martes en la mañana, incluido el centro y el aeropuerto de la ciudad. Los taxistas sindicalizados obligaron a sus colegas a unirse a la protesta y expulsaron a los periodistas. Advirtieron que realizarían más bloqueos.

La oficina de prensa de Uber en Brasil dio la bienvenida a la decisión del alcalde. El servicio de la aplicación opera en cuatro ciudades brasileñas: Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia.