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California hará pagos a inmigrantes afectados por pandemia

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — California será el primer estado en entregar pagos en efectivo a inmigrantes que viven sin autorización en el país y que han resultado perjudicados por la pandemia de coronavirus, ofreciendo 500 dólares a cada uno de 150.000 adultos que no fueron incluidos en el paquete de estímulos por 2,2 billones de dólares que aprobó el Congreso de Estados Unidos.

Esta semana, muchos estadounidenses comenzaron a recibir cheques por 1.200 dólares, mientras que otros que están desempleados reciben 600 dólares adicionales a la semana por parte del gobierno, que les ha ordenado quedarse en casa, lo cual ha alterado profundamente lo que era una pujante economía.

Sin embargo, las personas que viven en el país de forma ilegal no están autorizadas a recibir una porción de ese dinero, y los activistas han estado presionando para que los estados cubran ese vacío. El gobernador de California Gavin Newsom anunció el miércoles que asignará 75 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para crear un Fondo de Ayuda para Catástrofes para los inmigrantes que viven sin autorización en el país.

“Sentimos una profunda gratitud hacia las personas que tienen miedo de ser deportadas y de todas formas atienden las necesidades esenciales de decenas de millones de californianos”, dijo el gobernador, quien resaltó que el 10% de la fuerza laboral del estado se compone de inmigrantes no autorizados para estar en el país y que pagaron más de 2.500 millones de dólares en impuestos locales y estatales el año pasado.

El líder de los republicanos en el Senado estatal, Shannon Grove, dijo que más bien Newsom debería gastar ese dinero en bancos de alimentos, equipo para que los estudiantes continúen con su educación vía internet y en los gobiernos locales que pasan apuros debido a la pérdida de ingresos.

“En lugar de cubrir estas necesidades urgentes, el gobernador Newsom ha elegido seguir irresponsablemente un camino de izquierda y aseguró unilateralmente 125 millones de dólares para los inmigrantes sin documentos”, afirmó Grove.

California tiene alrededor de 2 millones de inmigrantes que están en el país sin autorización, la mayor cantidad de cualquier estado, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Pew.

Las autoridades estatales no decidirán quién recibirá el dinero. En lugar de ello, lo entregarán a una red de organizaciones sin fines de lucro regionales para que ellas detecten a los posibles recipientes. Los activistas dicen que eso es clave para hacer que el plan funcione, porque es improbable que los inmigrantes se pongan en contacto con el gobierno, ya que temen ser deportados.

“Necesitas usar organizaciones que tienen relaciones de confianza con estas familias”, comentó Jacqueline Martinez, directora general de la Latino Community Foundation.

Varias organizaciones de ayuda humanitaria se han comprometido a recaudar otros 50 millones de dólares para el fondo de donantes privados, lo que potencialmente ofrecería apoyos a otras 100.000 personas. Ese dinero tendrá menos limitaciones, lo que significa que las subvenciones podrían ser de más de 500 dólares o menos, dependiendo del costo de la vida donde radique el que las reciba.

Los organizadores comenzaron a recaudar dinero el viernes y ya llevaban más de 6 millones, con contribuciones de los organismos Emerson Collective, Blue Shield of California Foundation, California Endowment, James Irvine Foundation, Chan Zuckerberg Initiative y un donante anónimo.

“Queremos que esto sea lo más equitativo posible y que beneficie a la mayor cantidad de gente posible”, dijo Daranee Petsod, presidenta de la organización Grantmakers Concerned with Immigrants and Refugees.

California ha sido el estado que ha tomado medidas más agresivas en el país en lo que respecta a otorgar prestaciones sociales a los inmigrantes que viven en el país sin autorización. El año pasado se convirtió en la primera entidad en otorgar servicios de salud financiados por los contribuyentes a los adultos de 25 años o menores que viven ilegalmente en el país. Newsom propuso este año expandir dichas prestaciones a los adultos mayores de 65 años o más.

Las medidas anunciadas el miércoles significan que el gobernador se ha comprometido a gastar más de 2.000 millones de dólares para enfrentar al coronavirus, una suma extraordinaria en poco más de un mes. Se tiene previsto que los legisladores estatales realicen el jueves su primera audiencia de supervisión sobre los gastos de Newsom.

En la mayoría de la gente, el coronavirus causa síntomas leves o moderados, como fiebre y tos que desaparecen en dos a tres semanas. Pero en algunos, sobre todo en adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, puede causar afecciones más graves, incluyendo neumonía, y la muerte.

California tiene más de 26.600 casos confirmados de COVID-19 y más de 850 fallecimientos, de acuerdo con información recopilada por la Universidad Johns Hopkins. Esas cifras son mucho menores que las de otros puntos álgidos por el virus en Estados Unidos, como Nueva York y Nueva Jersey, algo que las autoridades de salud pública atribuyen a la agresiva implementación de las autoridades estatales de las órdenes de distanciamiento físico y de permanecer en casa.

Desde mediados de marzo, 2,7 millones de californianos han solicitado los subsidios por desempleo, lo que representa más de la mitad de todas las solicitudes procesadas por el estado en 2019. El Departamento del Desarrollo del Empleo de la entidad se ha visto abrumado, lo que ha derivado en demoras para muchas personas que buscan la ayuda.

Newsom anunció el miércoles que el centro de atención telefónica ampliará su horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, siete días a la semana. Más de 1.300 empleados estatales han sido reasignados para ayudar a procesar las solicitudes. Y el gobernador señaló que el estado empezará a distribuir las prestaciones federales de desempleo para finales del mes a personas que generalmente no están autorizadas para recibirlas, incluidos los trabajadores independientes y de servicios por apps.

Por lo menos otros cinco estados ya están emitiendo esas prestaciones, lo que ha provocado críticas de algunos legisladores estatales.

“La gente de Sacramento está haciendo promesas, y las burocracias y tecnología le están fallando a la gente”, dijo el legislador republicano Jim Patterson.

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Medina anuncia medidas paliar efectos COVID-19; pondera asumir pago nómina sectores productivos

SANTO DOMINGO.- El presidente Danilo Medina anunció la noche de este miércoles el aumento temporal hasta los 5,000 pesos de la tarjeta Solidaridad que utilizan miles de familias para adquirir alimentos, además de que el Gobierno asumirá el coste de las pruebas de laboratorio que se utilizan para detectar el coronavirus.

Medina, en un discurso televisado, dijo que las autoridades se comprometen a entregar hasta 8,500 pesos del salario de los empleados formales que hayan sido suspendidos por el cese de operaciones de aquellas empresas afectadas por las medidas tomadas por el Gobierno contra el COVID-19.

“También he dispuesto que la Comisión Económica trabaje directamente con las empresas que han disminuido sus operaciones, a fin de disponer la cobertura de un porcentaje del salario, que puede llegar a los 8,500 pesos mensuales, con la finalidad de que mantengan en su nómina a los trabajadores”, agregó.

En esta modalidad, el Gobierno aportará un porcentaje del salario y las empresas solo deberán cubrir la diferencia para completar al menos el 70 % del salario de cada trabajador, siempre a cambio de que los empleos sean preservados, agregó.

Para hacer frente a esos gastos, que Medina estimó en más de 32,000 millones de pesos, el Gobierno obtendrá 12,000 millones de pesos de los recursos de las reservas técnicas en exceso que tiene el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril).

“Además”, apuntó, “tendremos acceso a alrededor de 12,000 millones de pesos a través de un préstamo del Banco Central al Gobierno, en atención a la situación de emergencia nacional declarada por el Congreso Nacional”.

El gobernante dijo que para completar la suma global, ha gestionado el desembolso de 150 millones de dólares de un financiamiento ya contratado para casos de emergencia con el Banco Mundial (BM).

Otras medidas que se implementará por los tres meses próximos serán, la eliminación por parte de los bancos del pago mínimo mensual sobre el balance de la deuda de la tarjeta; también se eliminará el cargo por mora, y el estatal Banco de Reservas decidió bajar la tasa de interés al consumo con tarjetas de crédito al 1 % mensual.

“Exhortamos a los demás bancos a tomar medidas similares”, solicitó el presidente.
En cuanto a las pruebas conocidas como PCR para el diagnóstico del COVID-19, Medina dijo que el Gobierno asumirá su costo en los laboratorios privados autorizados (dos hasta el momento), además de las que realiza de manera gratuita el Laboratorio Nacional Dr. Defilló.

“Se cubrirán las pruebas para todas aquellas personas que cuenten con prescripción médica y tengan 59 años o más y alguna condición de salud debilitante, considerada de riesgo, como hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, cáncer, insuficiencia renal, entre otras.

En ese sentido, también se cubrirá el costo de la prueba a aquellos que presenten dos o más síntomas, siempre y cuando posean prescripción médica.

“Asimismo, como ya anunció el ministro de Salud, a partir de mañana estarán disponibles los tests rápidos para detectar el virus, que permitirán saber en pocas horas si un caso es positivo o no”, refirió.

El jefe de Estado aseguró que el país cuenta con camas disponibles en áreas de aislamiento, habilitadas para dar respuesta a los pacientes confirmados.

“Estamos, además, ampliando las capacidades, rentando dos clínicas privadas completas que entrarán en operación en los próximos días”, reveló.

Al agregar sobre esto, dijo que el Gobierno ha ubicado centros de salud ubicados en distintas partes del país para ampliar la disponibilidad de habitaciones, de aquellas personas con sospecha de tener la enfermedad, o que hayan estado en contacto con enfermos, que aún no presenten síntomas o solo síntomas leves.

En su discurso, Medina llamó de manera vehemente a la población a quedarse en sus casas para evitar el contagio del coronavirus.
“La enfermedad está ahora en una fase en la que podría multiplicarse rápidamente. Para que esto no ocurra, lo más importante es evitar el contacto. Por eso les digo una vez más: No lo tomen a la ligera”, clamó el presidente.

En ese orden, recomendó no salir de los hogares, mantener una distancia de “2 brazos entre las personas”; lavarse las manos cada vez que salgan y no se llevase las manos a la boca, a la nariz o a los ojos después de tocar diferentes áreas de oficinas e instituciones.
“Créanme, estos gestos aparentemente sencillos, pueden salvar su vida y la de muchas personas más”, advirtió.

Medina ordenó el cierre de la frontera del país por aire, mar y tierra, plazo que se cumple desde el 19 de marzo al 3 de abril. Además, dispuso el 20 de marzo un toque de queda desde las 8.00 de la noche hasta las 6.00 de la mañana. Esta medida también por 15.

El número de fallecidos en el país a causa del coronavirus aumentó de 6 a 10, mientras que los contagiados subieron de 312 a 392, informó este miércoles el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

Cuatro de los fallecimientos corresponden a la provincia Duarte, la primera de las demarcaciones dominicanas con casos de transmisión comunitaria, y donde ayer estuvieron las autoridades sanitarias evaluando la situación para reforzar las medidas adoptadas para afrontar la enfermedad, declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Más de 90% multas que pone Amet no se pagan

SANTO DOMINGO. En los primeros cinco meses del año se impusieron multas por un monto de RD$166 millones a los conductores que se desplazan por las calles y carreteras, pero de este monto más del 90% no se paga, mientras que otro porcentaje se exonera. El dato se reseña en un estudio de la Fundación Walter Palm, que apunta que esto se traduce a que el Estado deja de percibir al año unos RD$505 millones por ese concepto.

Luis José Polanco explicó que con un sistema inteligente de tránsito esta cifra se podría triplicar y llegar a los RD$1,500 millones anual, “dinero que se podría usar para ayudar a la solución del tránsito en la capital”.

Recordó que en el 2008 se hizo un esfuerzo para lograr que los conductores paguen las multas, “pero este esfuerzo se cayó y ahora las pérdidas son mayores”.

“Hay que buscar un mecanismo para cobrar las multas que hay pendientes en los archivos de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), es mucho dinero que bien podría usarse para ayudar a solucionar el problema del tránsito”, dijo.

Una fuente de la Amet dijo a DL que todavía está vigente la disposición de no otorgar el documento de no antecedentes penales que emite la Procuraduría General de la República si se tienen multas pendientes. “En la actualidad se buscan otros mecanismos para obligar a los conductores a pagar las multas que se le imponen y uno de ellos podría ser retirarle la licencia conforme a la cantidad de multas que acumule”, dijo la fuente.

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Fiscales demandarán a Trump por pagos de gobiernos extranjeros a sus empresas

WASHINGTON. Los fiscales generales de Washington DC y Maryland demandarán al presidente de EEUU, Donald Trump, este lunes alegando que ha violado las cláusulas anticorrupción de la Constitución al aceptar millones de dólares de Gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas, según adelantó hoy el Washington Post.

Los dos fiscales generales, ambos demócratas, basarán su demanda en que esos “millones en pagos y beneficios de Gobiernos extranjeros” los ha recibido desde que se mudó a la Casa Blanca y teniendo en cuenta que optó “conservar la propiedad de su compañía” tras asumir el cargo.

Trump transfirió el control de su conglomerado empresarial a sus dos hijos adultos varones, Donald Jr. y Eric, para evitar posibles conflictos de intereses durante el tiempo en que ocupe la Presidencia.

Sin embargo, el fiscal general de DC Karl A. Racine y el fiscal general de Maryland Brian Frosh consideran que Trump “ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados, incluyendo el recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía”.

Si un juez federal permite que el caso proceda, según explicaron los fiscales de Washington y Maryland al Post, uno de los primeros pasos sería pedir copias de las declaraciones fiscales de Trump -que se ha negado a hacer públicas hasta ahora- para conocer hasta dónde llegan sus tratos de negocios en el extranjero.

Esa batalla, señalaron, acabaría muy probablemente ante el Tribunal Supremo, con los abogados de Trump obligados a defender por qué las declaraciones fiscales del presidente deben seguir siendo privadas.

La demanda podría abrir un nuevo frente para Trump en un momento en el que lidia con la investigación sobre si alguien de su campaña confabuló con el Gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016.

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Educación dispone medidas para agilizar pagos a 57 suplidores del alimento escolar

SANTO DOMINGO. El ministro de Educación, Andrés Navarro, afirmó que la institución ha determinado una serie de medidas conjuntamente con la Contraloría General de la República, la Dirección de Presupuesto, la Tesorería Nacional y la Dirección de Compras y Contrataciones, que permitirán resolver en breve plazo los pagos a tiempo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) a 57 pequeñas empresas suplidoras de alimentos en centros educativos que funcionan con Jornada Escolar de Tanda Extendida.

Tras encabezar una reunión de cerca de dos horas en el Minerd con los incumbentes de los referidos organismos financieros y de controles del gobierno central, además del director del Inabie, René Jáquez; Navarro señaló que “la población puede tener la suficiente confianza de que estamos trabajando sin descanso en la regularización de los servicios del Inabie en los planteles escolares afectados por la paralización del suministro de alimentos”.

El funcionario dijo que la mayoría de las 1,046 suplidores, son pequeñas y medianas empresas que suministran el desayuno, almuerzo y merienda en los planteles escolares, de ellas casi la totalidad ha cumplido con todos los requisitos que establecen las normas y los organismos de control para ser suplidores del Estado, restando unas 57 que aún deben completar el proceso.

Dijo, sin embargo, que en los casos de las empresas que aún están pendientes de regularizarse, se adoptaron medidas especiales que facilitarán los pagos a tiempo, entre ellas, ampliar todo el equipo de gestión administrativo y financiero en el Inabie, “para que estemos preparados para atender el crecimiento paulatino que vamos a tener en número de suplidores de alimentos, pues cada día aumenta la demanda con la entrada de nuevos planteles inaugurados por el presidente Danilo Medina que se suman a la tanda extendida en todo el territorio nacional”.

En las últimas semanas en varias escuelas han reportado la suspensión del almuerzo escolar debido a atrasos en el pago a los suplidores.

Dos mesas de trabajo

Destacó que en la reunión se establecieron dos mesas de trabajo para el soporte al Inabie, en lo concerniente al aspecto administrativo-financiero de suministro de alimento, otra mesa que manejara el tema presupuestario, otra mesa que manejara el tema presupuestario, y una tercera para las compras y contrataciones.

Dijo que con la directora de Compras y Contracciones, Yokasta Guzmán, se acordó preparar una guía de orientación dirigida a los suplidores, que contemple todos los procedimientos de presupuesto, contraloría y tesorería, cuyas explicaciones se realizarán a través de talleres que se impartirán a nivel regional en todo el territorio nacional.

“Esto permitirá el fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas en materia de suministro de alimentos y también de otros rubros que demanda el Inabie, pero, asimismo, vamos a trabajar los casos específicos de aquellos suplidores que no han podido regularizarse, por lo que se han producido retrasos en los pagos, haremos una mesa de trabajo para ver caso por caso para abordar la situación con el apoyo de los organismos de control”, subrayó.

Precisó que la población pueda tener la suficiente confianza y tranquilidad “pues el Inabie tendrá todo el apoyo, no solo del Ministerio de Educación, sino además de los distintos organismos de control del gobierno central, para que pueda ir dando respuestas inmediatas a los contratistas suplidores y en el menor tiempo posible regularizar el pago en los 57 centros donde se ha suspendido el suministro de alimentos”.

Tras la reunión realizada en uno de los salones del Minerd, con la asistencia, además, del director de Presupuesto, Luis Reyes; el director de la Tesorería Nacional, Alberto Perdomo; el Contralor General de la República, Omar Caamaño, y Yokasta Guzmán, directora de Compras y Contrataciones Públicas, Navarro anunció que las referidas instituciones se mantendrán con una agenda abierta en sesión permanente hasta que se regularicen los servicios en los planteles educativos afectados.

En el encuentro participaron, asimismo, el viceministro Administrativo, Radhamés Rodríguez; Julio Santana, director de Gabinete; Nelson Ortega, director Financiero; Miguel Fersobe, director de Participación Comunitaria; Isabel Morel, del Inabie, y Miguel Medina, director de Comunicaciones del Minerd.

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La Junta suspende pagos de publicidad

roberto_rosarioSanto Domingo.-La Junta Central Electoral (JCE) suspendió el pago de publicidad y propaganda de la nueva cédula de identidad, debido a la situación de “precariedad económica” que atraviesa la institución electoral dominicana.

El presidente de la JCE, Roberto Rosario, envió una carta a los directores, administradores y productores de medios de comunicación, donde les informa que están en un año preelectoral y no han recibido asignaciones económicas para las actividades vinculadas a este proceso.

“Hasta ahora se han utilizado los fondos de autogestión y el Plan de retiro, pensiones y jubilaciones; pero ya no es posible continuar esta práctica”, expresa uno de los párrafos de la comunicación enviada por Rosario, fechada el 27 de abril.

El presidente de la JCE explica a los productores y directores de medios de comunicación que en los casos donde por razones de solidaridad se decida continuar la proyección de la campaña de publicidad, la institución se comprometía a honrar esos compromisos tan pronto como sea posible, aunque indica que no podría ser en un período menor de cinco meses.

La JCE tiene en pie desde mediados del pasado año un proceso de actualización del documento de identidad y electoral de los dominicanos, para lo cual ha sido necesario una extensa campaña publicitaria de incentivo al cambio del carné de identidad. “En los casos donde por razones de solidaridad se decida continuar proyectando esta publicidad, la JCE honrará sus compromisos tan pronto sea posible, en un período no menor de cinco meses”, cuenta la carta del presidente de la JCE, Roberto Rosario, a los medios de comunicación.
Por Juan Eduardo Thomas
Listin Diario

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Crisis de deuda argentina empieza a definirse en la justicia de EEUU

cristina_argentinaNUEVA YORK – La crisis de la deuda argentina comienza a resolverse este viernes en Nueva York con una audiencia clave ante el juez federal Thomas Griesa, cuyo fallo a favor de los fondos especulativos, rechazado por Buenos Aires, terminó llevando a la actual situación de default. La cita es a las 15H00 GMT y tiene lugar luego del fin del plazo el miércoles para que Argentina pagara un tramo de su deuda reestructurada, dinero que envió a Nueva York en junio pero que Griesa bloqueó para hacer cumplir su fallo a favor de los fondos.

“El tribunal va a celebrar una audiencia concerniente el reciente default de la República Argentina”, indicó el juez en su convocatoria a la audiencia donde debería empezar a definirse aplicación de su sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de dólares a los fondos propietarios de bonos en mora. La falta de acuerdo entre las partes impidió a Argentina concretar el pago que vencía el miércoles a tenedores de bonos de los canjes en 2005 y 2010, colocándola en “default selectivo” de su deuda soberana según las agencias de calificación financiera Standard & Poor’s (S&P) y Fitch.

La otra gran agencia, Moody’s, también consideró que se trata de “un caso de default” y a pesar de mantener el viernes la nota de Argentina, rebajó su perspectiva a “negativa” al considerar que se acelerará el deterioro de su economía. De su lado, el gobierno de la presidenta argentina Cristina Kirchner arremetió contra Estados Unidos, Griesa y el mediador judicial del caso que la enfrenta a fondos a los que califica de “buitres”, y desconoció ese default parcial. Kirchner consideró que “impedir que alguien pague no es default”.

“El default selectivo no existe”, dijo en una cadena nacional, seguida de un acto con cientos de seguidores en Buenos Aires. La mandataria cuestionó al juez y a Daniel Pollack, el mediador en este caso, al estimar que hubo un “claro manejo discriminatorio” en la causa a favor de los fondos querellantes NML Capital y Aurelius.

“Normalizar” relación con acreedores

Según NML, Argentina “rechazó considerar seriamente” las alternativas propuesta por el mediador “y en vez de ello eligió el default”. El gobierno de Kirchner ha insistido en que defenderá los “exitosos” canjes de su deuda soberana, aceptados por el 92,4% de los tenedores de los títulos con quitas de hasta 70% de las acreencias. Argentina ha afirmado que no puede pagar a los fondos especulativos el 100% de sus acreencias sin activar la cláusula “RUFO” de los canjes, que determina que debe equiparar los pagos a todos los acreedores, lo que podría costarle una catarata de juicios por miles de millones de dólares. De su lado, el gobierno de Estados Unidos instó el jueves a Argentina a “normalizar” las relaciones con sus acreedores.

“Creemos que han progresado en cumplir con sus obligaciones y creemos que es de su interés normalizar las relaciones con todos sus acreedores”, dijo la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf.

Negociación de bancos de EEUU

Tras el fracaso de las negociaciones entre el gobierno y los fondos, el jueves se supo que JP Morgan y otros grandes bancos mantenían discusiones con NML Capital y Aurelius para hallar una solución alternativa al caso. El mecanismo, que evitaría la activación de la cláusula “RUFO”, pasaría por la compra de los bonos a los fondos, algo que habrían intentado hacer, sin éxito, un conjunto de bancos privados argentinos.

La primera jornada en default provocó en Buenos Aires una ligera depreciación de la moneda de 0,24%, ubicándose a 8,23 pesos por dólar en el mercado oficial, y derrumbó la bolsa porteña en 8,43%. Este viernes la Bolsa de Tokio comenzó su sesión a la baja siguiendo la estela de las europeas y de Wall Street, invadida por la preocupación provocada por el default argentino y las actuales tensiones geopolíticas en el mundo.

Esta situación inédita de default producto de un fallo judicial se produce trece años después de la catastrófica cesación de pagos de 2001, cuando fue el gobierno argentino el que suspendió el pago de 100.000 millones de dólares, equivalentes a 166% de su PIB. Según los analistas, una de la primeras consecuencias sería alejar de forma duradera al país del acceso a los mercados internacionales de capitales, de los que está excluida desde 2001 y a los que trataba de regresar.
Por Agencia AFP

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El 44 % de los argentinos culpa al Gobierno del cese de pagos

pago_argentinoBUENOS AIRES .- El 44.2% de los argentinos responsabiliza al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de abocar al país al cese de pagos, tras el fracaso de las negociaciones con los fondos especulativos que litigaron en tribunales estadounidenses, según una encuesta difundida este jueves.

De acuerdo a un sondeo realizado por la consultora Management & Fit, el 17.6 % de las personas culpan al juez estadounidense Thomas Griesa de la nueva suspensión de pagos que afronta Argentina, y sólo el 9 % afirma que los responsables son los fondos especulativos, denominados por el Gobierno argentino como “fondos buitre”.

Según el estudio publicado este jueves por el diario económico El Cronista Comercial, el 60 % de los argentinos valoró negativamente las gestiones llevadas adelante por el Gobierno para pagar a los tenedores de bonos reestructurados y evitar así que el país entrara en el quinto cese de pagos de su historia.

En cambio, el 34.2 % de los encuestados calificó de manera positiva el desempeño del equipo económico liderado por el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof.

Según el sondeo, el 38 % de los entrevistados opina que la aceleración inflacionaria será la principal consecuencia de un “default”, el 23 % considera que el mayor problema será una recesión más profunda, mientras que el 16 % cree que una suspensión de pagos producirá tensiones cambiarias.

El Gobierno argentino agotó este miércoles el plazo de 30 días para cumplir con los acreedores de deuda reestructurada sin alcanzar un acuerdo con los fondos litigantes, que obtuvieron un fallo favorable en Estados Unidos a su reclamo de 1,500 millones de dólares por deuda en mora desde el cese de pagos de 2001.

El sondeo, del que no se especifica el margen de error, se practicó sobre 1,054 personas, de entre 16 y 70 años, del 23 al 29 de julio a través de encuestas telefónicas y presenciales.
Por Agencia EFE

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Tarifa eléctrica no subirá en diciembre

tarifa_electricaLa Superintendencia de Electricidad informó este viernes que durante el mes de diciembre la tarifa eléctrica no subirá de precio, para lo cual el gobierno invertirá RD$1,298.16 en subsidio.

El órgano regulador dio a conocer la información mediante la resolución SIE-051-2013-TF, aprobada por el superintendente, Eduardo Quincoces, y los miembros del Consejo Directivo, Diógenes Rodríguez y Ángel Canó.

“El subsidio acumulado por  ese concepto para el período enero- diciembre año 2013 será de RD$22,583.84 millones”, explica el documento.

Explica  la resolución que en el comportamiento de las variables que determinan la tarifa eléctrica indexada  el fuel oil número 6 registró una disminución  de 2.62% al pasar de a US$94.5840/ Bbl a US$92.1091/ Bbl,  y el Gas Natural aumentó de US$3.3981/MMBTU a US$3.6206 / MMBTU.

Agrega que el carbón mineral se mantuvo  en US$77.15 ton, en tanto que la tasa de cambio promedio mensual aumentó de RD$42.5032 a RD$42.5143 pesos por dólar.

Indica que como resultado de las variaciones antes citadas, la tarifa indexada para el mes de diciembre experimentó una disminución de 0.99 por ciento con relación a la del mes de noviembre y que como la tarifa aplicada vigente continúa siendo menor que la tarifa indexada en un 28.81%, el Estado deberá subsidiar con RD$1,298.16 millones  la tarifa eléctrica para mantener invariables los precios a los usuarios en el mes de diciembre.

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Solo nueve empresas de zonas francas pagan sus deudas al Estado

simon_lizardoSanto Domingo.-Solo nueve de las veintinueve empresas de las Zonas Francas de Santiago que tienen una deuda con el Estado por RD$1,300 millones están al día en sus pagos, tras acogerse a un acuerdo con el Ministerio de Haciendas.

Así lo consigna  un informe entregado  ayer por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo,  a la comisión de la Cámara de Diputados, que estudia este caso, y que dirige el legislador reformista Marino Collante.

Las empresas que están  pagando a través del Banco del Reservas son: Margarita International, de Mícalo Bermúdez;  Grupo, Fernando Capellán; Union Textil, Pedro Manuel García; Grupo D’Clase, José Clase y Ana Manufacturing, de Martín Rivas. También: RJ Torres, Joe Torres; Notions Dominicana, Miki Lama y  Global Technology y  Qel.

Los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados escucharon de Lizardo y otros integrantes de su equipo, un informe detallado de la deuda que asumieron los empresarios poniendo como garante al Estado.

Los detalles del acuerdo fueron ofrecidos por Rafael Gómez, viceministro de Hacienda, quien dijo que el convenio con las empresas establece que la fecha de pago de la deuda sería en cinco años, y refiere  que serían pagos mínimos de 10 mil y 5 mil dólares al capital. “Evidentemente que con unos pagos así se haría muy cuesta arriba que las empresas pudieran cumplir en los cinco años que establece el contrato”, explicó Gómez.

Dijo que el Ministerio convocó a cada una de las empresas y les informó que se respetará el período de los cinco años y como han pasado dos años, que la deuda sea pagada en los tres años restantes. Sin embargo, agregó que en esa oportunidad algunas de las empresas esgrimieron razones por las cuales no estaban cumpliendo, por lo que no firmaron el convenio, y se estableció un calendario de reuniones con cada empresa, en las cuales también participó el Banco de Reservas, la Asociación de Zonas Francas y el Consejo de Zonas Francas.

“Hay una gama de posibilidades y de situaciones que ellos plantearon de posibilidades de pago. Hay nueve de ellas que no están en condiciones de pagar porque no han logrado una recuperación económica que les permita pagar; hay otras empresas que propusieron un período más largo y hay empresas que están ofreciendo maquinarias en dación de pago”, explicó el funcionario.

Dada esa situación, el Ministerio de Hacienda lo que decidió fue que la deuda tiene que ser pagada en los tres años que faltan, al tiempo de informar que sólo una de todas esas empresas se comprometió a pagar su deuda en cualquier circunstancia. En tal sentido, Lizardo dijo que el Ministerio de Hacienda ha procedido a contratar una firma de abogados para que se encargue de evaluar cada caso y de ejecutar esos cobros, aunque sea de manera compulsiva.

El informe entregado por el Ministerio de Hacienda a la Comisión contiene, entre otros datos, los nombres de cada una de las empresas, la deuda que tienen con el Estado, la disposición que tienen de pagar y las que dicen que no tienen posibilidad de cumplir con el pago ahora.
Por Ramón Pérez Reyes