Una vez que el emporio brasileño ha reconocido haber recurrido al soborno para ganar licitaciones públicas en varios países latinoamericanos corresponde a estos esclarecer el destino de esos fondos con los que se compraron voluntades políticas, si no quieren añadir a la corrupción el peor mal de la impunidad.
Hasta ahora, de los países implicados, además de Brasil únicamente Colombia ha actuado en esa dirección y ha revelado con nombres y apellidos a dos supuestos destinatarios de los sobornos de Odebrecht, al arrestar al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y al exsenador Otto Nicolás Bula Bula.
En Brasil, origen de este escándalo internacional, el propietario y expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, se encuentra en la cárcel condenado en primera instancia a 19 años de cárcel.
Marcelo Odebrecht es uno de los muchos ejecutivos de su empresa y de otras, las principales constructoras del país, que han sido juzgados y condenados por pagar sobornos en Brasil, donde también se han depurado responsabilidades políticas al más alto nivel, que aún pueden alcanzar inciertas consecuencias.
En el resto de países latinoamericanos donde opera Odebrecht queda por dilucidar el destino de los sobornos de esta empresa, su alcance político y si ha sido la única empresa, nacional o extranjera, que ha incurrido en ese delito para ganar licitaciones u obtener cualquier tipo de ventajas y favores.
Resulta sintomática la reciente declaración de la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, al afirmar que eran «un «secreto a voces» los sobornos de Odrebrecht en su país, donde la empresa brasileña es la primera constructora por cantidad de obras y volumen de inversión.
Las autoridades panameñas no abrieron una investigación formal sobre ese «secretos a voces» hasta que el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado 21 de diciembre el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.
Durante los dos años y medio de la actual Administración del presidente Juan Carlos Varela, Odebrecht ha ganado dos licitaciones en Panamá, la de la Línea 2 del metro, en asociación con la española FCC, y la de construir 5.000 viviendas y restaurar el centro histórico en la ciudad de Colón.
Los datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500 millones de dólares, mencionan textualmente a «funcionarios e intermediarios del Gobierno» como destinatarios de los sobornos en cuestión.
Los principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016, además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala.
En todos esos países se han abierto investigaciones, se han anunciado medidas sin concretar contra Odebrecht más allá de anunciar, en algunos casos, como en Perú, que la empresa ya no podrá participar en más licitaciones, pero la Justicia no ha imputado a nadie, salvo en el caso de Brasil y Colombia.
Por la forma aparentemente escrupulosa y con diversas instancias del Estado implicadas en la que se desarrollan las licitaciones en estos países, es difícil aceptar que sean una o dos personas en cada caso las destinatarias de los sobornos capaces de decidir la concesión de obras a una u otra empresa.
También se hace difícil aceptar que Odebrecht sea la única empresa que ha pagado sobornos, o las llamadas «coimas», para ganar licitaciones en los países en que actúa, o al menos hace válida la pregunta de en qué casos y en qué medida ofreció el soborno y cuándo se lo exigieron por adelantado como parte de un sistema imperante.
En EE.UU., donde a Odebrecht se le ha aplicado el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero porque opera en territorio estadounidense, el caso está aun abierto y su desarrollo podría acabar revelando el nombre de las supuestas personas e instituciones que recibieron los sobornos.
EE.UU. abrió este caso y reveló sus complejos y devastadores resultados con una sorprendente celeridad cuando Odebrecht firmó a finales del pasado año un acuerdo de delación con la Justicia de Brasil, consistente en aceptar su implicación en los sobornos en ese país y colaborar para conocer todo su alcance.
Uno de los propósitos de la multinacional brasileña al firmar ese acuerdo no puede dejar de suponerse que es conseguir a precio millonario la libertad en un juicio de segunda instancia de su propietario, Marcelo Odebrecht.
En estas circunstancias, no resulta baladí recordar que desde que en EE.UU. entró en vigencia la mencionada Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, con las duras sanciones que establece, las empresas de ese país no ganan -ni apenas se presentan a concurso- casi ninguna licitación pública en América Latina, donde casi siempre las ganan otras empresas latinoamericanas o europeas.
