En opiniones separadas, el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández; el presidente del Colegio Dominicano de Notarios, Pedro Rodríguez Montero, y el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UASD, Antonio Medina Calcaño, plantearon que se modifique el proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que sean incluidas las bancas de apuestas y de lotería como sujetos obligados no financieros, y para que se varíen otros aspectos con los cuales tampoco están de acuerdo.
Rodríguez Montero calificó como algo “insólito” y como un crimen que se deje fuera de responsabilidad a esos negocios.
“Las bancas de lotería son las mayores, porque por ejemplo, yo te puedo comprar el premio a ti y lavar por ahí, y eso es beneficioso para lavar.”
PEDRO RODRÍGUEZ MONTERO, Presidente del Colegio de Notarios
“Las bancas de lotería son las mayores, porque por ejemplo, yo te puedo comprar el premio a ti y lavar por ahí, y eso es beneficioso para lavar”, manifestó el jurista.
Entiende que se trató de un “traje a la medida” de los intereses de ese sector, porque en las bancas se puede hacer lavado, al igual que en los comercios de venta de vehículos (dealers). En tanto, consideró un absurdo que estén incluidos los notarios.
De su lado, el presidente del Colegio de Abogados sugirió que se revise la exclusión de las bancas, porque cree que ese negocio constituye un punto neurálgico en materia de lavado de activos, especialmente de las ilegales.
Sostiene que esos negocios por lo general son utilizados por el narcotráfico para legitimar los capitales que obtienen a través de esas actividades ilícitas.
Dice que no es lógico establecer ningún tipo de excepción para la aplicación de la ley.
“Cuando lo que se quiere fundamentalmente es ser más drástico y más cuidadoso referente a las operaciones que envuelven valores, lo más natural es que no establezca ningún tipo de vacas sagradas, cuando ha sucedido en el caso de la especie”, expresó.
Mientras, Medina Calcaño es de opinión que la exclusión de las bancas y juegos de azar, no se corresponde con la realidad del país, debido a que existe un alto riesgo de lavado en ese sector, con la compra de números ganadores y con la estructuración de jugadas falsas que sirvan como base de colocación de fondos ilícitos. Precisó que se trata de un sector significativo, ya que en el Ministerio de Hacienda están registradas 31,000 bancas. Además, apuntó que según le han comentado de manera informal personas ligadas al sector, están operando sin registro entre 15,000 a 18,000 bancas.
Otro dato que resaltó es que varios legisladores están vinculados al sector de las bancas de apuestas y de lotería, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Pagos en efectivo
Los representantes del CARD, del Colegio de Notarios, y de la UASD, también se mostraron en desacuerdo con el monto que establece el proyecto de ley para recibir y hacer pagos en efectivo, que va de 250,000 a un millón de pesos, en función del tipo de bienes y de las operaciones.
Sobre ese aspecto, el presidente del Colegio de Notarios señaló que cualquier carro cuesta medio millón de pesos y que ya no se encuentra un inmueble por un millón de pesos, que son los montos máximos que contempla el proyecto de ley para hacer las operaciones en dinero en efectivo en materia mobiliaria e inmobiliaria.
Mientras, Surún Hernández propone dar mayor flexibilidad en los montos permitidos para realizarlas en efectivo, estableciendo un aumento para que no se entorpezcan las actividades normales de comercio.
Sugiere que se incremente el monto en función de la naturaleza de la transacción, a fin de no crear inconvenientes a las actividades comerciales. Igualmente, planteó que se debe reconsiderar y tener cuidado con lo referente al secreto profesional, porque puede degenerar en una desconfianza entre clientes y abogados.
“Hay que tener mucho cuidado al momento de establecer como sujeto activo, como sujeto obligado de la ley, al profesional del derecho, porque podríamos estar colocando o llevando a la informalidad a muchos sectores que en estos momentos están tratando de adecuarse a las operaciones formales desde el punto de vista legal”, puntualizó.
No obstante, valoró como positiva la actualización de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, por entender que es necesario adecuarla y establecer nuevos sistemas que impidan la transferencia de valores provenientes de actividades ilícitas, especialmente del narcotráfico, corrupción administrativa y terrorismo.
En cuanto a las restricciones de pago en efectivo en ciertas operaciones, el decano de Jurídica de la UASD se mostró de acuerdo con que se imponga la obligación de reportar transacciones en efectivos superiores a los 3,000 dólares o su equivalencia en moneda nacional, o cualquier otro tipo de moneda.
No obstante, aunque considera que esa medida es saludable para abonar la transparencia, entiende que en un país en el cual gran parte de las transacciones se efectúan en efectivo, habrá que tomar en cuenta esta realidad y su impacto.
Además, sostuvo que sería importante analizar si aprobar esta limitación, chocaría o no con la Constitución de la República, tras recordar que de conformidad con el artículo 229 de la Constitución, la unidad monetaria de circulación nacional es el peso dominicano.
Expuso que toda norma legal antilavado y contra el financiamiento del terrorismo en el mundo, se debe estructurar en base a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Una dificultad
Rodríguez Montero externó preocupación por la aprobación del proyecto de ley sobre Lavado de Activos en la Cámara de Senadores, porque va en contra de la labor de los notarios.
Considera que será muy difícil para los notarios aplicar ese proyecto de ley, debido a que hay instituciones que normalmente quieren que el notario firme o haga un documento sin ver las partes y hacer la mediación.
“Eso va a ser un poco complicado para nosotros los notarios”, dijo Rodríguez Montero, porque a la postre perjudica los intereses del sector.
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SUJETOS FINANCIEROS NO OBLIGADOS
El proyecto de ley sobre lavado de activos considera sujetos obligados no financieros a las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Incluye, entre estos, los casinos de juego; empresas de factoraje; agentes inmobiliarios; comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, y las sociedades o profesionales, como los abogados, notarios y contadores, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre una serie de actividades que son detalladas en el proyecto.
El proyecto fue sometido en el Congreso Nacional el 9 de febrero pasado. El pasado viernes, el Senado lo aprobó, pero con modificaciones, a solicitud del senador Charlie Mariotti.
