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Incidentes con heridos, apresados y compra de votos fueron algunos de los reportes elecciones

SANTO DOMINGO.- En el marco del proceso de las elecciones extraordinarias municipales de este domingo, aunque en términos generales sectores coincidieron en afirmar que se desarrolló en orden y tranquilidad, se reportaron incidentes menores en distintas zonas del país, varios heridos y apresados, así como denuncia de compra de cédulas y proselitismo en los alrededores de los colegios electorales.

Según la agrupación no partidista Participación Ciudadana (PC), detectó compra de votos en el 19 % de los recintos electorales.

A pesar de estas irregularidades, la organización aseguró en un comunicado que, en líneas generales, el proceso de votación se desarrolló en “orden y tranquilidad” y solo registró “incidentes menores”.

Entre otras irregularidades, PC detectó actos de proselitismo en los alrededores del 38 % de los centros de votación del país.

Los observadores de la ONG, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, indicaron que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hizo propaganda en el 90 % de los recintos electorales en los que hubo actos de proselitismo, mientras que el Revolucionario Moderno (PRM) hizo lo mismo en el 77 %.

En tanto, en el municipio de Guerra, el candidato a la Alcaldía de por el PRM, César Rojas, realizó una caravana en los alrededores de los recintos de votación del municipio, en franca violación a la Ley 15-19, de Régimen electoral, y la veda dispuesta por la Junta Central Electoral.

Un militar involucrado en incidente de Azua

El jefe de la Policía Militar Electoral, Carlos Aguirre, identificó al miembro de ese organismo involucrado en el caso de tres hombres que resultaron heridos de bala durante un incidente en un centro de votación en Azua.

Aguirre identificó al militar como el cabo Elvin Nina Corporán, del Ejército, quien fue detenido para fines de investigación.

Los heridos son Rafael Nova, Julio César Ramírez y Plinio Filpo Ramírez, quienes indicaron que el hecho ocurrió en el centro de votación La Golondrina, en el distrito municipal El Barro, cuando un grupo de personas intentó ingresar por la fuerza al centro.

Los heridos fueron enviados al hospital regional Taiwán, donde, según el personal médico, se encuentran estables.

Asimismo, en Azua fue sorprendido y detenido por miembros de la Policía Electoral un alegado dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), comprando cédulas a ciudadanos que se encontraban en la fila de un centro de votación en el distrito municipal de Amiama Gómez, Azua.

Jefe Policía Electoral habla de caso Cotuí

El jefe de la Policía Militar Electoral, general Aguirre Reyes, ofreció detalles del incidente de Cotuí donde una persona resultó herida de bala durante una discusión cercana a un centro electoral entre simpatizantes del PLD y del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), en el distrito municipal de Angelina.

Según el reporte militar, la persona resultó herida en el sector Padre Fantino a unos 200 metros del recinto electoral, en la referida demarcación.

El herido fue identificado como Rafael Izquierdo Peña, quien es el padre del aspirante a síndico Gerardo Izquierdo del PLD.

Asimismo, resaltó que el mismo resultó herido de bala en una de sus manos y con su vehículo, tipo yipeta, incendiada en medio de la trifulca.

Otro militar apresado por entregar dinero

En Barahona, uniformados de la 5ta brigada de infantería del Ejército apresaron a un militar asignado al G2, que supuestamente fue sorprendido en un centro de votación ofreciendo dinero a los electores para favorecer el Partido Fuerza del Pueblo.

Se trata del mayor Vladimir Cuevas Medina, quien supuestamente está asignado a la diputada Noris Medina, del partido Fuerza del Pueblo (FP).

Según el reporte de las autoridades, Medina portaba un fusil AR15, calibre 223 con dos cargadores tipo banana, de 30 cápsulas cada uno; una pistola 9mm, marca Taurus, número tbr29252 con su cargador.

Además, el militar conducía la yipeta marca Toyota Land Crueser, color negro, placa número L389488, que al ser requisado por los agentes tenía en su interior varias gorras del mencionado partido y cinco sobres con dinero en efectivo.

El informe detalla que al observar la placa de la yipeta se procedió a depurarla y no coincide con el tipo de vehículo.

En esta provincia, también cinco supuestos militares armados con fusiles y pistolas trataron de incidentar el proceso electoral en el recinto ubicado en el liceo José Pérez Ramírez.

Los alegados castrenses, cuatro vestidos de civil y uno de militar, llegaron a bordo de una yipeta Ford Escape, Placa G-261036 pasado el mediodía, de donde se desmontaron y encañonaron a un hombre llamado Odalis Matos, quien se encontraba en la fila para ejercer su voto, de acuerdo a nuestro reportero Omar Medina.

Apresan tres hombres armados cerca de recinto

Además, miembros de la Policía apresaron a tres hombres, quienes andaban en una camioneta con una pistola supuestamente ilegal cerca de un recinto electoral en el distrito de Sábana Alta, en San Juan.

Según la institución del orden, los detenidos son Martin Galva Reyes, Félix Omar Fernández y Domingo Valdez.

Los apresados fueron llevados a la regional Oeste de la Policía para los fines de investigación.

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Incidentes y 5 detenidos en el paro general en Puerto Rico

SAN JUAN. Incidentes entre manifestantes y la Policía que causaron cinco detenidos es el saldo ayer del paro general convocado en Puerto Rico por sindicatos y agentes sociales en protesta contra las medidas de austeridad impuestas por una entidad de control federal de EE.UU. y aplicadas por el Gobierno.

El distrito de Hato Rey, el centro financiero de la capital caribeña, fue escenario de actos de vandalismo por parte de manifestantes que causaron daños en edificios que albergan sedes bancarias al final de la principal manifestación.

Las avenidas principales de la zona fueron escenario del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes encapuchados que causaron daños a importantes edificios como el Popular Center o el Oriental Bank.

La manifestación realizada en dicha zona, aledaña a San Juan, fue el acto central del paro general convocado, que también fue seguido en otras ciudades de la isla.

Sindicatos, agentes sociales y asociaciones estudiantiles convocaron una huelga general contra los recortes en gasto social del Gobierno de Ricardo Rosselló, en el cargo desde el pasado mes de enero, obligado por la Junta de Supervisión Fiscal, entidad impuesta al Ejecutivo por el Congreso de EE.UU. para atajar el problema de la deuda.

Rosselló calificó los hechos de “actos criminales” y afirmó, en una declaración desde la sede del ejecutivo, que desde el Gobierno se “irá tras los responsables”.

“Todos aquellos que cometieron actos criminales vamos a asegurarnos que sientan todo el peso de la ley”, destacó.

La aprobación esta semana de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, que estipula seguir a pies juntillas las directrices de la Junta, que busca, entre otros objetivos, el pago de la deuda a los acreedores, fue el detonante para convocar la huelga.

El secretario de Asuntos Públicos del Gobierno, Ramón Rosario, dijo que pese a la convocatoria las dependencias gubernamentales funcionaron con normalidad.

El funcionario indicó que el servicio de luz y agua se mantuvo sin incidencias, mientras que el Aeropuerto de San Juan operó con normalidad a excepción de las primeras hora del día, cuando los accesos permanecieron cerrados por unos manifestantes.

Algunas de las principales carreteras sufrieron cortes y el transporte público en San Juan funcionó parcialmente.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, catalogó de “flojísimo” el seguimiento de la huelga general y atribuyó el seguimiento a grupos que se apuntan a todas las protestas.

En cuanto al seguimiento en las aulas, la estatal Universidad de Puerto Rico mantuvo el cierre que sufre desde hace semanas, mientras que para las escuelas el Departamento de Educación informó de que más del 90 % de los maestros se presentaron a sus puestos de trabajo.

La protesta contó con el apoyo del mundo artístico, luego de que el cantante Ricky Martin pidiera justicia para su tierra, mientras que Luis Fonsi envió a su isla “lo mejor” y el rapero Residente, antiguo cantante de Calle 13, acudió a la protesta en la capital.

El gobernador y el Movimiento de la base del Partido Popular Democrático (PPD), Lealtad Popular, condenaron los incidentes de violencia ocurridos durante la principal manifestación.

El Banco Popular de Puerto Rico, cuya sede en el distrito de Hato Rey fue el principal objetivo de los manifestantes, anunció que demandará a más de 40 individuos y organizaciones presuntamente relacionados con daños causados al Popular Center.

Los manifestantes también lanzaron objetos a los agentes del orden, destrozaron mobiliario urbano y se ensañaron contra cristales de las sedes bancarias, además de montar pequeñas barricadas y quemar banderas.

Los asistentes protestaron contra la política de recortes sociales del Gobierno de Ricardo Rosselló, que obligado por la Junta de Supervisión Fiscal que impone la Ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense el pasado junio para tratar el asunto de la deuda, aprobó la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal.

Esa norma, que estipula recortes en gasto social y en derechos laborales adquiridos durante años, fue el punto que colmó la paciencia de sindicatos y agentes sociales, que desde hace casi una década sufren las consecuencias de una profunda crisis económica.

El Congreso estadounidense impuso al Gobierno local una Junta de Supervisión Fiscal cuyo objetivo es el de que el Ejecutivo pueda mantener sus operaciones y pagar a los acreedores, lo que exige contención en el gasto.