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Eligen a Gisela Cueto como titular interino de la Procuraduría Electoral

SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el Consejo Superior del Ministerio Público, acogiendo la propuesta enviada por el Consejo Económico y Social (CES) para la escogencia del titular de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, eligió de manera interina a la procuradora adjunta Gisela Cueto, quien actualmente desempeña las funciones de titular del Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones.

En un comunicado de prensa el órgano del sistema de justicia explica que además de evaluar los candidatos recomendados por el CES, la procuradora adjunta Gisela Cueto, y el titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, Jonathan Baró, dentro de sus facultades como órgano constitucional, también evaluó a los magistrados Francisco Berroa y Casilda Báez, titular de la Procuraduría Regional de Santo Domingo y titular del Departamento de Dictámenes Civiles de esta Procuraduría, respectivamente.

Por igual, el Consejo Superior del Ministerio Público convocó a la recién designada titular de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, al director general de Persecución del Ministerio Público y a los titulares de todas las procuradurías fiscales del país a una reunión que se llevará a cabo mañana viernes 13 de marzo, a los fines de coordinar la logística operativa de cara a las elecciones municipales que serán realizadas el próximo domingo 15 de marzo.

De la misma forma, el Consejo Superior del Ministerio Público ordenó a los departamentos correspondientes a que brindaran en esta misma fecha toda la asistencia necesaria a la nueva Titular Interina asignando los recursos, herramientas y conformación de un equipo de trabajo que incluye fiscales de carrera y personal administrativo a los fines de dar apoyo y cooperación a las Fiscalías en la persecución de los delitos electorales.

En el documento de prensa la institución reiteró que las fiscalías estarán laborando en horario extendido antes, durante y después de las elecciones municipales, a fin de atender las eventuales denuncias de presuntos delitos electorales que pudieran presentarse en las diferentes jurisdicciones del país.

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Juez emite orden arresto contra los implicados en fraude fiscal millonario

SANTO DOMINGO.-Un juez del Distrito Nacional emitió una orden de arresto contra el principal líder del fraude fiscal de más de 9,000 millones de pesos, incluido el monto de las penalidades e intereses, cometido a través del Grupo Tremols.

El Ministerio Público sometió a otras 11 personas involucradas en el delito de evasión fiscal cometido por medio a varias sociedades dedicadas a la venta y producción de bebidas alcohólicas y otras actividades.

Los imputados son Hervys Rafael y Daniel de Jesús Tremols Payero, a quienes la fiscalía les solicita prisión preventiva como medida de coerción ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien reenvió la audiencia para este miércoles a fin de que los abogados conozcan el expediente y preparen sus presupuestos.

Los fiscales aun no han ejecutado los arrestos contra el presidente de la empresa, Ramón Rafael Tremols Pallero, quien se presume que está fuera del país. Asimismo, falta apresar a Eddy Samuel Tremols, Leonardo Antonio Tremols Pallero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo y Carmen Adela Tremols Cruz, Maristselly Cruz López, Nestor López Alcantara, Wáskar González Pallero y Dorys López Urbáez.

Evasión fiscal

La Dirección General de Impuestos Internos acusó recientemente al Grupo Tremols Pallero de defraudar al Estado por la escandalosa suma de de RD$4,127.5 millones, más las penalidades.

Empresarios e industriales valoraron como positivas y ejemplarizantes las medidas tomadas por la DGII para enfrentar estos casos.

La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) y la de Industrias de la República Dominicana (AIRD) coincidieron que incumplir con las responsabilidades tributarias estimula la competencia desleal y la quiebra de empresas que cumplen con sus deberes y ofrecen los mismos servicios que los evasores.

Expresaron su apoyo a la DGII y consideran necesario descargar todo el peso de la ley a los responsables.

Modo de operación

— La trama
Este consorcio realizaba un esquema fraudulento a través de sociedades fantasmas, para engrosar sus gastos mediante compras ficticias y así burlar el pago de la Renta y el ITBIS.

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Fiscal pide 10 años para pandillero dominicano acusado de asesinato en el Alto Manhattan

NUEVA YORK.-Una fiscal auxiliar de la Corte Suprema Estatal de Manhattan, pidió 10 años de cárcel para el supuesto pandillero dominicano Branlee González de 19 años de edad, procesado por matar a golpes a un desamparado el 17 de mayo de 2017 en el vecindario Inwood del Alto Manhattan, después que la víctima le silbó a su novia.

Un video de seguridad muestra a González, residente en El Bronx, golpeando con fiereza a trompadas al desamparado Lucio Bravo que tenía 69 años de edad y murió poco después en el hospital.

El juez del caso, Guy Mitchell, había decidido poner a González en un programa para rehabilitación de delincuentes juveniles en vez de enviarlo a la cárcel, pero ante sostenidas críticas de medios locales, el magistrado revirtió la oferta y le dijo ayer al acusado que deberá ir a prisión por un período no menor de 3 años.

La fiscal Sarah Márquez, le dijo ayer al juez que González es un miembro activo y prominente de la pandilla “Gorilla Stones” (Piedras de Gorila), por lo que la condena debe ser más drástica que la ofertada.

El incidente ocurrió la noche de la fecha indicada en la avenida Sherman, cerca de la calle Dickman en Inwood.

La novia de González, se ve en el video tratando de intervenir para que el pandillero detuviera el ataque al desamparado.

González, caminaba con la mujer, cuando el desamparado le silbó en señal de piropo, una forma usada tradicionalmente por hombres dominicanos que usan el pitido cuando una mujer los atrae.

El desamparado, nunca se acercó a la novia de González, quedándose sentado en la calzada de la calle, donde el pandillero se le acercó y comenzó a entrarle a golpes.

El acusado también golpeó a Juan Calderón de 39 años de edad, quien escapó de la agresión.

Bravo cayó en coma y fue conectado a una máquina de resucitación, pero pereció cinco días más tarde en cuidados intensivos.

Los registros judiciales muestran que el juez Mitchell le dijo en junio a González que probablemente no tenga tiempo tras las rejas y que su récord se sellaría si se declaraba culpable de homicidio involuntario en primer grado y no se metía en problemas.

La oferta del juez fue la respuesta a una petición del abogado defensor de González, surgió en respuesta quien convenció al magistrado de que su cliente es un delincuente primario y que tuvo una infancia traumática, incluido el abuso sexual por un miembro de la familia, trauma que lo ha perseguido seguido durante su adolescencia y ha perjudicado su desarrollo.

Pero el juez canceló ese trato el lunes y le dijo a González que aún podía obtener el estatus de delincuente juvenil, pero que tiene que cumplir una sentencia de entre 1 ¹ / ₃ a cuatro años en prisión.

El juez, que fue designado para el tribunal penal por el alcalde Bill de Blasio en febrero de 2015, no explicó su repentino cambio de opinión.

El cambio de decisión del juez fue una sorpresa para el abogado de González, Luis Díaz, quien pidió que redujera el tiempo en la cárcel.

La fiscal Márquez argumentó que González, merece no menos de 10 años tras las rejas, con otros cinco años de libertad condicional.

«No conocemos ningún caso en la memoria reciente en el que un acusado de homicidio involuntario en primer grado por golpear brutalmente y matar sin justificación, se le haya concedió una adjudicación de delincuente juvenil sin una importante sentencia de prisión estatal», dijo la fiscal por escrito.

La autopsia dictaminó que Bravo murió a causa de un «traumatismo por fuerza contundente en la cabeza», y que el alcoholismo crónico de la victima que sufría de cirrosis hepática fue una causa que contribuyó a acelerar su muerte.

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Renuncia fiscal estatal de Nueva York tras acusaciones de agresión a mujeres

(CNN) – El fiscal estatal de Nueva York, Eric Schneiderman, renunció a su cargo luego de un informe sobre acusaciones de agresión de varias mujeres, publicado en The New Yorker.

«Ha sido un gran honor y un privilegio para mí servir como fiscal general para el pueblo del estado de Nueva York. En las últimas horas, se han presentado graves acusaciones, que yo fuertemente impugno, en mi contra», dijo Schneiderman en un comunicado.

«Si bien estas acusaciones no están relacionadas con mi conducta profesional o las operaciones de la oficina, de hecho me impedirán dirigir el trabajo de la oficina en este momento crítico. Por lo tanto, renuncio a mi cargo, efectivo al cierre de operaciones el 8 de mayo de 2018. »

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, había pedido la renuncia de Schneiderman el lunes.

«Nadie está por encima de la ley, incluido el principal funcionario legal de Nueva York», dijo Cuomo en un comunicado. «Le pediré a un fiscal del distrito de Nueva York apropiado que comience una investigación inmediata, y proceda según los méritos del caso».

«Mi opinión personal es que, dado el patrón condenatorio de los hechos y la corroboración expuesta en el artículo, no creo que sea posible que Eric Schneiderman continúe desempeñándose como fiscal estatal, y por el bien de la oficina, debería renunciar», agregó.

El lunes, la revista The New Yorker informó sobre las acusaciones de cuatro mujeres que acusaron a Schneiderman de violencia física contra ellas.

Dos de las mujeres, Michelle Manning Barish y Tanya Selvaratnam, hablaron con nombre a la revista, diciendo que habían tenido una relación sentimental con Schneiderman pero que la violencia no fue consensuada y —The New Yorker describió— fue «a menudo después de beber, con frecuencia en cama y nunca con su consentimiento».

Según The New Yorker, Barish y Selvaratnam dijeron que las había golpeado y ahogado, y que más tarde buscaron atención médica debido a eso. Selvaratnam también alegó que Schneiderman amenazó con intervenir su teléfono, entre otras amenazas.

Ambas mujeres alegaron que los incidentes a menudo ocurrieron después de que Schneiderman había estado bebiendo.

Schneiderman, un demócrata, tuiteó una declaración el lunes por la noche, escribiendo que el sexo no consensual «es una línea que no cruzaría».

«En la intimidad de las relaciones íntimas, me he involucrado en juegos de rol y otras actividades sexuales consensuales. No he agredido a nadie. Nunca me he involucrado en sexo no consensual, que es una línea que no cruzaría», dice el tuit.

CNN se comunicó con Schneiderman, que no está casado, para hacer comentarios y recibió una copia de un tuit.

Otras dos mujeres, que no son nombradas en el reporte, también acusan a Schneiderman de abuso físico, incluida una mujer que The New Yorker describe como «una abogada que ocupó cargos prominentes en la comunidad legal de Nueva York» y que pidió permanecer en el anonimato. La abogada supuestamente prominente dijo que cuando ella rechazó a Schneiderman, él la abofeteó con tanta fuerza que al día siguiente aún era visible una marca, según The New Yorker.

Schneiderman ha sido un defensor vocal del movimiento #MeToo, presentando acciones legales en Nueva York contra el productor de cine Harvey Weinstein, quien ha sido acusado de agredir sexualmente a mujeres. Schneiderman también se ha considerado un opositor al presidente Donald Trump.

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VIDEO: Juramentan nueva Fiscal de la provincia Valverde

Mao, Valverde-. El Procurador General de la República, Jean Rodríguez, quien preside el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP), juramentó ayer a la nueva titular de la Procuraduría Fiscal del distrito judicial de Valverde, Aura Luz García.

La magistrada García, quien al momento de su designación se desempeñaba como procuradora fiscal a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, fue ascendida en esa posición por el CSMP de manera interina para llenar una plaza vacante.

Tras la juramentación, el magistrado Rodríguez le exhortó seguir trabajando para contribuir con el fortalecimiento institucional y las diferentes acciones que llevan a cabo para ofrecerle un mejor servicio a la ciudadanía.

Dijo que el Ministerio Público tiene metas extraordinarias que cumplir y destacó que bajo ese compromiso está procurando que cada dependencia de la institución cuente con los recursos necesarios que les permitan jugar mejor su rol en los distintos departamentos judiciales del país.

“Estamos trabajando y haciendo nuestros mayores esfuerzos para dotar a nuestra institución de recursos humanos con mayor capacidad y las herramientas necesarias que le permitan ejercer una mejor función y combatir con más efectividad los actos ilícitos”, dijo el máximo representante del Ministerio Público.

El procurador resaltó que preparan a todos los organismos del Ministerio Público para que con la colaboración de las demás autoridades nacionales y el apoyo de la cooperación internacional poder lograr respuestas más contundentes y efectivas contra la delincuencia y el crimen.

En ese sentido, detalló que han duplicado la cantidad del personal capacitado y que además de 200 nuevos miembros del Ministerio Público que han sido incorporados a la institución, estarán integrando este año cerca de otros 200 más.

De su lado, la magistrada García tras ser juramentada se comprometió con hacer cumplir las leyes y la Constitución, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el acto de juramentación estuvieron presentes el Gobernador José Valdez, el Alcalde Odalís Rodríguez; el Director de la UASD Centro Mao, Juan Antonio Taveras; el sacerdote Cesario Morel, así como otras autoridades civiles y militares.

Carrera profesional de la nueva fiscal de Valverde

La fiscal Aura Luz García, quien pertenece a la Carrera del Ministerio Público, ingresó en el 2004 a esta institución ejerciendo la función de fiscalizadora del Primer Juzgado de Instrucción de Santiago, y posteriormente fue promovida a Procuradora Fiscal Adjunta del Séptimo Tribunal Liquidador del Distrito Judicial de esa jurisdicción, cumpliendo con la meta que le fue asignada.

La magistrada García también ha desempeñado funciones en el Departamento de Litigación Inicial del Primer Juzgado de la Instrucción de esa demarcación, y pocos meses después fue asignada al Departamento de Atención al Usuario, rol que le otorgó una evaluación de desempeño meritoria con la puntuación más alta de su equipo.

En el 2009 egresa como Fiscal de Carrera de la Escuela Nacional del Ministerio Público, obteniendo un índice académico de 4.0, puntuación más alta en estudios superiores.

Por Jose Luis Fernandez
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Trasladan a Sonia Espejo y otros fiscales de Valverde

El Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP) informó que realizó varios cambios en diferentes jurisdicciones del país, apegándose a las atribuciones que le confiere el artículo 47 de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, sobre el traslado de personal de forma provisional o definitiva.

En ese sentido, el CSMP aprobó el ascenso a Procuradora General de Corte y el traslado de manera interina a la Procuraduría Regional de Montecristi, de la magistrada Sonia del Carmen Espejo Rodríguez, quien desempeñaba las funciones de titular de la Fiscalía de Valverde.

De igual manera, el máximo órgano del Ministerio Público designó como titular interina de la Procuraduría Fiscal del Departamento Judicial de Valverde a la procuradora fiscal de Santiago, Aura Luz García, quien se ha destacado por su trayectoria profesional en la institución.

La magistrada Aura Luz García, quien es miembro de la Carrera del Ministerio Público, ingresó a la institución en el 2004 ejerciendo la función de fiscalizadora del Primer Juzgado de Instrucción de Santiago, siendo promovida luego a procuradora fiscal adjunta del Séptimo Tribunal Liquidador de ese distrito judicial, entre otros.

A través de un comunicado de prensa, la institución también informó que dispuso el traslado de los procuradores fiscales Jaime Mota Santana y César Augusto Alcántara, de la Fiscalía de El Seibo a las fiscalías de las provincias Espaillat y Samaná, respectivamente.

Asimismo, indicó que fue aprobado el traslado de los fiscales de Valverde, Aida Francisca Medrano Gonell, Lucrecio Rafael Taveras y Joel Danilo Evangelista Vásquez, quienes en lo adelante desempeñarán iguales funciones en las fiscalías de Dajabón, Santiago Rodríguez y Santiago.

En tanto que dispuso otros cambios en el Departamento Judicial de Peravia, donde ordenó el traslado del fiscalizador de esa jurisdicción, Eleuterio Cuevas Herasme, a la Fiscalía de Pedernales.

El Consejo Superior del Ministerio Público igualmente aprobó el traslado del fiscal del Distrito Nacional, Iván Vladimir Feliz Vargas, a la sede de la Procuraduría General de la República, a los fines de ser designado ante el Tribunal Superior Electoral.

Además, fueron trasladados desde la jurisdicción de Santiago a la Fiscalía de Valverde, la fiscal Grimilda Altagracia Disla Mateo y el fiscalizador Juan Ramón Martínez.

Por igual, el procurador fiscal de Santiago Rodríguez, Rafael Antonio Bueno Rodríguez, fue trasladado a la Fiscalía de Valverde, mientras que la fiscalizadora de Puerto Plata, Visolis del Carmen González Merán, fue enviada a a las oficinas de Santiago de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE).

El Consejo Superior del Ministerio Público también dispuso el traslado del fiscal Yorelbin Dargilio Rivas Ferreras, desde la Fiscalía de Santo Domingo Este a la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas.

Con relación a la magistrada Espejo Rodríguez, la información señala que su designación en la Procuraduría Regional de la Corte de Apelación de Montecristi se produce para llenar una vacante dejada por el titular de esa dependencia, Juan Casilla Solís, quien falleció el pasado año.

Indica que el alto organismo del Ministerio Público adoptó la decisión luego que la Inspectoría General del Ministerio Público culminara una investigación durante la cual no fueron encontrados elementos probatorios verificables y vinculantes que comprometan la responsabilidad disciplinaria de la magistrada Espejo Rodríguez, por hechos denunciados en su contra.

La institución al dar a conocer la información, indicó que las designaciones en nuevos cargos y los traslados se realizan dentro del proceso de fortalecimiento institucional que se realiza en el Ministerio Público.

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Encarcelan a dos empresarios por fraude contra la DGII

Santo Domingo.-La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, presidida por el magistrado José Alejandro Vargas, impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo como medida de coerción contra dos empresarios que en asociación con asesores fiscales montaron un millonario esquema fraudulento contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Se trata de los imputados Jesús Alberto Távarez y Wisler Ramón Aracena Lantigua, quienes en sus calidades de representantes y administradores de las empresas Casa Club Neptunos y Grupo Ventura Lantigua reportaban a la agencia recaudadora compras y ventas no fehacientes para disminuir el pago de los impuestos correspondiente a sus obligaciones tributarias.

El mecanismo delictivo también consistía en reportar transacciones con compañías inoperantes y en otros casos con empresas reales no compatibles con su actividad comercial, con el fin de deducirse mediante estas compras y ventas el pago de los impuestos correspondientes; incurriendo en violación a los artículos 236, 237, 238, y 239 del Código Tributario dominicano.

Las actuaciones de Tavárez y Aracena además violan los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 3, de la Ley 72-02, artículo. 3 de Ley 155-17 y artículo 18 que tipifican la asociación de malhechores, falsedad de documentos, uso de documentos falsos, defraudación tributaria, estafa, lavado de activos y delito de alta tecnología.

El Ministerio Público, conjuntamente con la DGII, durante varios meses desarrollaron arduas labores de investigación por denuncias interpuestas por contribuyentes afectados con sumas millonarias por los ilícitos en lo que incurrían los imputados.

Sobre estos hechos, el mismo tribunal el pasado 28 de febrero, impuso contra otros dos imputados, la medida de coerción de prisión preventiva al asesor fiscal Franklin Rosario Vicente y garantía económica, impedimiemtonde salida, presentación periódica y brazalete electrónico limitado a Santo Domingo y Distrito Nacional, contra la contable Marlenys Sánchez Pérez.

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Dominicano denuncia fiscal le exige US$50 mil para devolverle casa incautada

NUEVA YORK. Un dominicano residente en El Bronx y cuya casa le fue incautada hace dos años por las autoridades antidrogas de la República Dominicana después que quien la ocupaba fue detenido por 333 kilos de cocaína, reiteró anoche que un fiscal de San Cristóbal le exigió un soborno de $50.000 dólares para devolverle la vivienda.

El acusado guardaba la droga supuestamente en la casa.

Pedro Martínez Vicente, quien apareció la semana pasada en un reportaje del programa El Informe de Alicia Ortega, fue entrevistado anoche en el canal 41, donde reafirmó sus denuncias.

Martínez Vicente relató que en abril de 2016, José Nova Solano, a quien le rentó la vivienda situada en el Barrio Chino de Santo Domingo, fue arrestado con la droga y días después la casa fue confiscada por las autoridades y desde entonces está viviendo una pesadilla.

En ese entonces, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reportó que había confiscado 333 kilos de cocaína y $25 mil dólares a Nova Solano.

Martínez Vicente afirmó que ha invertido $70 mil dólares solo en detalles de la vivienda, pero que los agentes de la DNCD que hicieron el allanamiento dejaron todas las ventanas y puertas abiertas, y la casa de dos plantas, se ha convertido en un recoveco de palomas y alimañas, deteriorándose progresivamente.

Expuso que mantiene una lucha titánica para que se le entregue la vivienda, pero hasta ahora, los fiscales no han hecho nada.

El próximo 4 de abril, se hará otra audiencia sobre el caso y él espera que en esa fecha se resuelva el problema y la casa vuelva a sus manos.

Contó que a pesar de que ha mostrado su título de propiedad y el contrato de renta a Nova, en la justicia dominicana se ha hecho caso omiso de la documentación legal.

“Se apoderaron de la casa y no hay forma de que la entreguen”, dijo.

La incautación de la casa se la notificaron un mes y días después de haberla rentado al presunto narcotraficante.

Pero Martínez Vicente dice que no hay ningún expediente en el que aparezca Nova acusado de narcotráfico, sino por posesión ilegal de un arma.

“Lo allanaron y le encontraron 333 kilos de un polvo blanco, presumiblemente cocaína y de ahí en adelante, ellos se apoderaron de la casa”, dijo el denunciante.

“Dicen que el caso es complejo, pero nunca me han dicho cuál es la razón de la confiscación de mi casa”, agregó.

Denunció que un fiscal de San Cristóbal, llamó una hermana suya para decirle que si le daban $50.000 dólares, la casa sería entregada.

Explicó que el caso ha sido reenviado 20 veces y que la mayoría de los implicados están en libertad.

“La construí para mi residencia para cuando yo me retire a mi país, vivir en esa casa, pero ahora, soy dueño de nada”, dijo Martínez Vicente.

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Fiscal de Nueva York advierte contra alza de precios durante paso tormenta invernal

Nueva York, – El Fiscal General Eric T. Schneiderman advierte a los consumidores y las empresas sobre “aumento de precios y especulación” durante la tormenta invernal que está afectando partes del estado de Nueva York y donde se ha declarado “Estado de Emergencia” desde este jueves para esta ciudad, Long Island y Westchester.

“La Ley General de Negocios prohíbe los aumentos excesivos en los precios de bienes y servicios esenciales como alimentos, agua, gas, generadores, baterías y linternas, alojamiento en hoteles y transporte, durante desastres naturales u otros eventos que perturben el mercado.”, señala la Fiscalía de Nueva York, donde residen miles de ciudadanos venezolanos, dominicanos, colombianos y de otras naciones de América Latina y el Caribe.

“Durante y después de los eventos climáticos severos de invierno, estos bienes y servicios también pueden incluir remoción de nieve de las aceras, alrededor y techos de propiedades, y equipos de remoción de nieve, sal y servicios y contratos para resolver daños relacionados con la tormenta.”

“Desafortunadamente, estafadores y personas deshonestas pueden usar el clima invernal severo como una excusa para llenar sus bolsillos de manera ilegal”, afirma el Fiscal General Schneiderman.

 “No toleraremos a aquellos que buscan capitalizar las tormentas invernales a expensas de los neoyorquinos. Insto a todas las personas que sientan que han sido víctimas de estafas de especulación de precios a contactarnos inmediatamente en nuestras oficinas”.

“Cualquier neoyorquino que crea que ha sido víctima de especulación de precios debe llamar a la oficina del Fiscal General al 800-771-7755 o visitar www.ag.ny.gov/price-gouging-complaint-form  para presentar una queja de manera formal”, puntualiza la Fiscalía General de Nueva York.

La ley

La Ley de Especulación de Precios del Estado de Nueva York (Ley General de Negocios Sección 396-r) prohíbe que comerciantes se aprovechen injustamente de los consumidores vendiendo bienes o servicios por un “precio desmesuradamente excesivo” durante una interrupción anormal del mercado”.

“Cubre a vendedores, minoristas y proveedores del Estado de Nueva York, incluidos, entre otros, supermercados, estaciones de servicio, ferreterías, bodegas, delis y taxistas.”

Añade la Fiscalía General que “las secuelas de las tormentas de invierno también pueden requerir la contratación de subcontratistas para ayudar con la remoción adicional de nieve y reparaciones en el hogar.”

“Los informes de derrumbes de techo y la posibilidad de inundaciones por el calentamiento de las temperaturas son dos áreas de gran preocupación.”

Para protegerse, la Fiscalía insta a los consumidores a que, al seleccionar a los contratistas para realizar sus servicios, tomen en cuenta que pueden hacer comparaciones de presupuestos.

“Obtenga al menos tres (estimados) o presupuestos de contratistas de buena reputación que incluyan información específica sobre los materiales y servicios que se proporcionarán para el trabajo. Obténgalo por escrito. Insista en un contrato escrito que incluya el precio y la descripción del trabajo necesario.”

“No pague sumas anticipadas irrazonables. Negocie un calendario de pagos relacionado con la finalización de etapas específicas del trabajo. Nunca pague el precio completo por adelantado y trate de obtener referencias. Consulte con Better Business Bureau, bancos, proveedores y vecinos. Siempre contacte las referencias que le proporcionen”, según señalan.

“Conozca sus derechos. Tiene tres días para cancelar después de firmar un contrato para mejoras en el hogar. Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito.”

La ley sobre especulación de precios de Nueva York entra en vigencia cuando ocurren eventos desencadenantes que causan una “interrupción anormal del mercado, la cual se define como cualquier cambio en el mercado, real o amenaza inminente y que resultan de eventos desencadenantes como eventos climáticos, colapsos de energía, huelgas, desorden civil, guerra, acción militar, emergencia nacional o local u otras causas”.

“Durante una interrupción anormal del mercado como un evento meteorológico importante, todas las partes dentro en la cadena de distribución de cualquier bien o servicio de consumo esencial tiene prohibido cobrar precios desmesuradamente excesivos. Los “bienes de consumo” se definen en la ley como “aquellos usados, comprados o rentados principalmente para fines personales, familiares o domésticos”.

Por ejemplo, la gasolina, que es vital para la salud, la seguridad y el bienestar de los consumidores, es un ” bien del consumidor” según los términos de la ley. Por lo tanto, los minoristas no pueden cobrar precios desmesuradamente excesivos por la gasolina durante una interrupción anormal del mercado.

La ley de especulación de precios de Nueva York no define específicamente lo que constituye un “precio desmesuradamente excesivo”. Sin embargo, el estatuto establece que un precio puede ser desmesuradamente excesivo si: el monto cobrado representa una gran disparidad entre el precio de los bienes o servicios que fueron objeto de la transacción y su valor medido por el precio al que dichos bienes o servicios de consumo fueron vendidos u ofrecidos para la venta por el demandado en el curso normal de negocios inmediatamente antes del inicio de la interrupción anormal del mercado.

“Cualquier neoyorquino que crea que ha sido víctima de especulación de precios debe llamar a la oficina del Fiscal General al 800-771-7755 o visitar www.ag.ny.gov/price-gouging-complaint-form  para presentar una queja de manera formal”, puntualiza la Fiscalía General de Nueva York.

 

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Fiscal advierte puede haber penalidad contra tutores de menor que no denunciaron abuso sexual

SANTO DOMINGO. La procuradora fiscal de Distrito Nacional y la directora del Departamento de Violencia de Género, Ana Andrea Villa Camacho, declaró este miércoles que si los padres o personas en rol de autoridad permiten que ocurra un delito sexual y no lo denuncian pueden ser acusados de complicidad.

“Si yo estoy viendo y tengo conocimiento de que se está cometiendo un delito en contra de un menor de edad, y yo no lo he denunciado, que no necesariamente es el caso que nos ocupa, se da que muchas veces los padres, abuelos o tutores callan el delito porque reciben dádivas o se hacen de la vista gorda. Pero usted está consciente que ese delito ocurre, por qué usted no lo denunció por qué permitió que lo abusaran, por qué permitió que jugaran con su moral. Callar no solo viola la ley, también viola derechos fundamentales”, declaró Villa Camacho a Enfoque Matinal.

Respondió que para la familia que permite este tipo de abusos sabiendo que ocurren puede haber penalidad, “si se puede demostrar la complicidad, por supuesto que sí”.

Freddy Carrión, padre de la víctima, declaró a medios de comunicación: “El sacerdote le vivía dando dinero a él, el sacerdote se llenó de celos porque el hijo mío publicó fotos de la novia en Facebook”.

A propósito del caso en el que se señala al sacerdote Elvin Taveras Durán de haber asesinado a al monaguillo Fernelis Carrión Saviñón, menor de edad, por causas aun no establecidas por la Policía, la fiscal indicó que una relación entre un adulto y un menor de edad es un abuso y no califica como relación, sino como abuso sexual.

“Si el agresor o homicida abusaba del menor de edad desde los 13 años no podemos hablar de una seducción, hablamos de una violación”, dijo Villa Camacho.

La fiscal indica que de acuerdo con los medios de comunicación, esta persona no solo venía abusando del menor sexualmente, sino que incurría también el abuso psicológico.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, la funcionaria expresó que “decir en los medios que un adolescente tiene relación con un adulto normaliza la violencia y viola derechos…”

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Fiscal venezolana recusa a magistrados del Supremo previo a su enjuiciamiento

CARACAS. Los abogados defensores de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, recusaron a 17 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) previo al proceso de enjuiciamiento que, se prevé, inicie este martes en el Alto Juzgado contra la funcionaria, informó ayer el Ministerio Público (MP).

En un comunicado el organismo indicó que los abogados recusaron a 17 de los 32 miembros de la Sala Plena del Supremo por “irregularidades en el proceso de solicitud de antejuicio de mérito” contra la fiscal.

Asimismo, remarcaron que el Poder Judicial debe pronunciarse antes de la audiencia que dará inicio al proceso de enjuiciamiento previsto para este martes.

Según la nota oficial, la denuncia admitida contra Ortega Díaz “se sustenta en que supuestamente la denunciada no avaló el proceso de selección de 13 magistrados que integran la Sala Plena del TSJ, por lo que ellos no deberían conocer sobre este caso, pues forman parte de lo señalado” por el denunciante, el chavista Pedro Carreño.

Ortega Díaz también ha emprendido acciones contra los magistrados de la Sala Constitucional por lo que estos estarían “inhabilitados para conocer cualquier causa contra” ella.

Entre otras supuestas irregularidades los juristas destacaron que Carreño promovió como prueba “el contenido de una decisión que aún no había sido publicada ni se conocían sus argumentos” y que la denuncia contra Ortega Díaz fue recibida “a una hora en la que ya había culminado el despacho de la Sala Plena”.

El Supremo aprobó el pasado miércoles las medidas cautelares solicitadas por Carreño contra la fiscal general que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias.

Dicha decisión, según el TSJ, fue tomada por unanimidad por todos los magistrados del Supremo “en aras de garantizar el cauce procesal respectivo”.

Señaló además que se prohibió a la abogada de 59 años enajenar y gravar sus bienes, y reiteró que la solicitud de antejuicio de mérito presentada el pasado 16 de junio por Carreño estuvo motivada “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo” como fiscal general.

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Fiscal pide 20 años de prisión para presidente de Surinam

PARAMARIBO. Un fiscal recomendó el miércoles una sentencia de 20 años de prisión para el presidente Desi Bouterse por su participación en el asesinato de 15 prominentes adversarios políticos en diciembre de 1982 en la nación sudamericana.

El fiscal Roy Elgin dijo en un resumen de evidencia presentado en el tribunal _en un juicio que se ha prolongado durante años_ que existe prueba suficiente de que Bouterse estuvo presente cuando tropas bajo su comando ejecutaron sumariamente a adversarios de su entonces dictadura militar.

Las ejecuciones de líderes sindicales, activistas y periodistas dentro de un fuerte colonial en Paramaribo, ciudad capital, son referidas en Surinam como los “asesinatos de diciembre”, y son consideradas uno de los eventos políticos más significativos en la historia moderna de la nación.

Bouterse ha admitido previamente una “responsabilidad política” por los asesinatos, pero insiste en que no estuvo presente.

Elgin dijo que el testimonio de un líder sindical a quien se le perdonó ser ejecutado y otra evidencia prueba que Bouterse estuvo ahí.

“Como líder militar, no sólo estuvo presente durante las ejecuciones sumarias, él además decidió el destino de las víctimas”, dijo Elgin a un panel de tres jueces. “Actuó como si fuera un juez, y arrebató a sus víctimas la posesión más valiosa: su vida”.

La corte no ha establecido aún una fecha en la que determinará si acepta los hallazgos del fiscal, pero es probable que sea después de varios meses. El resumen del fiscal debe aún ser leído a cada uno de más de 20 acusados adicionales en el caso.

Bouterse, quien no estuvo en el tribunal, fue el líder militar de Surinam de 1980 a 1987. Fue elegido presidente en una votación parlamentaria en 2010 y fue reelegido en 2015.

El abogado de Bouterse, Irvin Kanhai, criticó el proceso ante reporteros afuera de la corte.

“No estoy impresionado por la así llamada evidencia presentada por el fiscal”, dijo. “Eventualmente verán cómo enfrentamos esto”.

Por PIETER VAN MAELE, Associated Press

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Dimite fiscal anticorrupción español tras saberse que tiene empresa en Panamá

MADRID. El fiscal anticorrupción español, Manuel Moix, anunció hoy su dimisión al cargo tras la polémica suscitada por el hecho de que tiene, junto a sus hermanos, una empresa radicada en Panamá, con ventajas fiscales.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, anunció hoy la renuncia de Moix, a petición propia, a pesar de que dijo no ver en él una conducta incorrecta.

Moix, que accedió al puesto en febrero pasado, ya había generado otras polémicas por decisiones como la de retirar a determinados fiscales de algunos casos de corrupción e incluso algunos de sus subordinados se rebelaron contra él por considerar que obstaculizaba su trabajo.

El diario digital Infolibre reveló el lunes pasado que Moix tiene junto a tres hermanos una empresa con ventajas fiscales en Panamá que es propietaria de una vivienda en España valorada en algo más de medio millón de euros (unos 600.000 dólares).

El caso ha suscitado una gran polémica en España, dado que la oposición política al Gobierno del PP (centroderecha) y numerosos compañeros de la Magistratura ven incompatible desde el punto de vista ético y moral que Moix tenga esa empresa “offshore” y, al mismo tiempo, persiga desde la Fiscalía comportamientos delictivos e irregulares.

Además, algunos de sus subordinados se enfrentaron a él en una reunión al considerar que Moix intentaba obstaculizar una investigación sobre corrupción al expresidente regional de Madrid Ignacio González, quien en las escuchas policiales mostraba una buena opinión del fiscal.

La oposición había pedido la comparecencia de Moix y del ministro de Justicia en el Parlamento para dar explicaciones.

El Gobierno, que en estos meses ha defendido la actitud de Moix en todas las polémicas en las que se ha visto rodeado, ha tomado distancia sin embargo en este caso.

Todavía hoy Moix fue defendido por su superior jerárquico, el Fiscal General del Estado con el argumento de que “no existen motivos para su cese”.

A juicio de José Manuel Maza no ha existido en el comportamiento de Moix “ninguna clase de ilegalidad o irregularidad, ni siquiera incompatibilidad”, aunque ha aceptado la renuncia del fiscal anticorrupción.

Moix, que hoy no ha hablado aún, dijo en días anteriores que no había ilegalidad alguna en tener con sus hermanos una empresa radicada en Panamá y aseguró que era una herencia de sus padres.

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El fiscal general de EE.UU. escondió al Gobierno sus contactos con Rusia

WASHINGTON. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, que mintió durante su proceso de confirmación en el Senado sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington, también escondió esos encuentros al Departamento de Justicia a su llegada al Gobierno.

CNN divulgó ayer el formulario que Sessions tuvo que rellenar para acceder al cargo y que preguntaba por “cualquier contacto” de él o su familia con gobiernos extranjeros o sus representantes en los últimos siete años.

Sessions no reveló en su respuesta los encuentros que mantuvo con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, en julio y en septiembre del año pasado, justo antes de los comicios a la Casa Blanca, cuando era senador y asesor del entonces candidato Donald Trump.

El titular de la cartera de Justicia ya había escondido estas reuniones, que reveló The Washington Post en marzo, cuando fue cuestionado por senadores demócratas durante su confirmación por su disposición a investigar los presuntos nexos de la campaña de Trump con el Kremlin.

“Si hay alguna prueba de que algún miembro de la campaña de Trump se comunicó con el Gobierno ruso durante esta campaña, ¿qué haría?”, preguntó el senador Al Franken, a lo que Sessions respondió: “No tengo conocimiento de ninguna de esas actividades”.

Aseguró, además, “no haber tenido comunicaciones con los rusos”.

Tras la revelación del Post, Sessions se vio forzado a inhibirse de participar “en cualquier investigación existente o futura” del Departamento de Justicia sobre la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales.

Todavía se desconocía entonces que el FBI investiga precisamente la presunta injerencia electoral rusa, incluidos los posibles nexos entre funcionarios rusos y la campaña de Trump.

En un comunicado, el Departamento de Justicia justificó ayer que su titular no revelara en el formulario divulgado por CNN sus reuniones con Kislyak alegando el elevado número de encuentros que mantenía como senador.

“Como senador, el fiscal general mantuvo centenares, sino miles, de reuniones con dignatarios extranjeros y sus equipos”, explicó el Departamento.

“Al rellenar el formulario SF-86 -añadió-, el equipo del fiscal general consultó con expertos en ese proceso, así como con un investigador del FBI, que le instruyeron a no citar las reuniones con dignatarios extranjeros y sus equipos mantenidos como senador”.

Pese a inhibirse de la investigación sobre Rusia, Sessions participó hace dos semanas del despido por parte de Trump del entonces director del FBI, James Comey, que precisamente lideraba esa pesquisa.

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Conocen hoy medidas de coerción a policías acusados de dar golpiza a hombre en Esperanza

Palacio de Justicia de Mao

Esperanza, Valverde-. Se espera que la tarde de hoy se les conozcan las medidas de coerción a dos miembros de la Policía Nacional acusados de propinar una brutal golpiza a un obrero del municipio de Esperanza.

Trascendió a la 1:30 de la tarde de este martes, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde podría conocer las medidas coercitivas contra los agentes que golpearon al señor Juan Martínez, dejándolo al borde de la muerte.

El pasado día 4 de enero del corriente año, dos miembros de la uniformada mandaron a detener a Martínez, quien había salido de un cajero automático y se dirigía a su residencia, y al no obedecer, los mismos lo golpearon con las macanas y a patadas, provocándole lesiones, por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y extraerle el bazo.

Por José Luis Fernandez
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Fiscal pide prisión preventiva contra expresidente Toledo por caso Odebrecht

Lima.-La fiscalía peruana pidió ayer martes 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo por el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias relacionados con sobornos millonarios entregados por la constructora brasileña Odebrecht para ganar jugosas licitaciones públicas en la nación sudamericana.

Se trata del primer caso en que la gigantesca investigación originada en Brasil y que ha salpicado a una decena de países de Latinoamérica pide la prisión preventiva de un expresidente por la supuesta recepción de coimas. Desde diciembre de 2016, un total de 77 ejecutivos de Odebrecht han delatado los sobornos que realizaron en Latinoamérica y África.

El despacho fiscal anticorrupción que dirige Hamilton Castro entregó una solicitud escrita a un juez de investigación preparatoria solicitando la prisión preventiva, confirmó a The Associated Press el fiscal adjunto Sergio Jiménez.

«Es el máximo tiempo que permite la ley en Perú», añadió. Según la legislación del país, el juez de investigación preparatoria Richard Concepción escuchará los argumentos para aceptar o negar el pedido del fiscal en las próximas 48 horas.

Durante la mañana, el fiscal general Pablo Sánchez dijo que los cargos de imputación contra Toledo son «bastante serios y graves», y que si el juez acepta la explicación de la fiscalía, entonces ordenará la captura internacional del exmandatario.

Toledo, quien gobernó entre 2001-2006, es investigado por recibir presuntamente 20 millones de dólares para otorgar la construcción de una carretera interoceánica que une a Brasil con la costa del Pacífico peruano, según una confesión que dio en el estado brasileño de Bahía el detenido Jorge Barata, exrepresentante de la empresa en Perú.

El domingo, desde París, Toledo negó cualquier soborno en una entrevista a través de Skype con el programa de televisión local «Cuarto poder». Añadió que retornará a la universidad de Stanford, en California, donde es investigador invitado, pero no aclaró si volverá al Perú para afrontar la investigación.

El sábado, la fiscalía allanó la casa de Toledo en un barrio rico de Lima y se llevó su caja fuerte, la cual arrancó de la pared de su dormitorio con un cincel y una comba.

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht reconoció sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para ganar las licitaciones de obras públicas. Los delitos también ocurrieron en los gobiernos posteriores a Toledo: Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

García vive en Madrid, mientras Humala sigue en Lima. Al momento, otros cuatro peruanos ligados al gobierno de García, entre ellos un viceministro, están detenidos por estar implicados en otras coimas con Odebrecht.

Toledo se hizo famoso en Perú por luchar contra el entonces gobierno de Alberto Fujimori, quien en 2000 —en el décimo año de su administración— huyó a Japón, desde donde renunció. Ahora Fujimori está preso en Lima, donde cumple una condena a 25 años por asesinato y corrupción.                  Si Toledo es sentenciado por lavado de activos podría recibir hasta 15 años de cárcel, según la ley.

Antiguos aliados del exgobernante lo criticaron con acidez. David Waisman, quien fuera su segundo vicepresidente, dijo en la víspera a una radio peruana: «Por los que creímos en ti, te apoyamos y te quisimos, ven, afronta y si tienes que irte adentro (cárcel) porque eres culpable, púdrete adentro».

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Fiscal de Valverde sostiene encuentro con motoconchos de Esperanza

Esperanza, Valverde-. La fiscal titular de la provincia Valverde se reunió con miembros de la Asociación de Motoconchos del municipio de Esperanza (ASOMOE).

La fiscal Sonia Espejo encabezó el encuentro que se llevó a cabo en la calle Sánchez del sector Tito Cabrera de allí, en donde conversó con los motoconchistas sobre la importancia de estar organizados y cumplir con los requisitos de ley, además de estar identificados y usar el casco protector.

En la actividad también estuvo presente la fiscalizadora de Esperanza, Carmen Estefanía Rodríguez; y el presidente de dicha asociación, Quilvio Vásquez, así como un representante de la Policía Nacional.

Por José Luis Fernandez
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Trump fulmina a la fiscal general de EE.UU. por desafiar sus órdenes

WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fulminó hoy a la hasta ahora fiscal general en funciones, Sally Yates, por haber ordenado a todos sus subordinados que no defendieran en los tribunales el polémico veto del magnate a refugiados e inmigrantes.

Yates era una sobreviviente de la era del expresidente Barack Obama que seguía en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el controvertido senador republicano Jeff Sessions.

Todo empezó cuando la fiscal general envío una carta a todos los fiscales del Departamento de Justicia filtrada por los principales medios de comunicación del país en la que decía no estar “convencida” de que la orden ejecutiva firmada el viernes por Trump para luchar contra el terrorismo yihadista fuese “legal”.

“Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto”, afirmó en la misiva la fiscal general en funciones.

“En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal”, agregó.

Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.

“Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo”, concluyó Yates.

Esta posición llegaba después de la enorme controversia causada por la medida de Trump, que ha soliviantado a medio mundo y que llenó de protestas los principales aeropuertos del país durante el fin de semana.

Como es habitual, el magnate tardó poco en pronunciarse a través de Twitter sobre la decisión de Yates, aunque pareció resignado a esperar a Sessions: “Los demócratas están retrasando mis nominados para el Gabinete por razones puramente políticas. No tienen nada más que hacer sino obstruir. Ahora tengo una fiscal general de Obama”.

Pero horas después el magnate optó por fulminar a Yates, a la que acusó de haber “traicionado” al Departamento de Justicia con su decisión y a la que llamó “débil” en lo que a seguridad fronteriza se refiere y “muy débil” frente a la inmigración ilegal.

“Ha llegado el momento de ponernos serios para proteger a nuestro país. Imponer un escrutinio más duro a individuos que viajan desde siete países peligrosos no es extremo. Es algo razonable y necesario para proteger a nuestro país”, agregó en un comunicado la Casa Blanca.

Trump también relevó de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia responsable de las deportaciones, Daniel Ragsdale, aunque en este caso no especificó los motivos y se desconoce si los despidos están relacionados.

La nueva fiscal general en funciones mientras el Senado no confirma a Sessions es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de Virginia y que se mostró “honrada” de trabajar para la Administración Trump.

“Defenderé y haré cumplir las leyes de nuestro país para asegurar que nuestra gente y nuestro país estén protegidos”, dijo.

Este enfrentamiento entre Trump y la fiscal general llega el mismo día en el que Obama rompió su silencio desde su partida de la Casa Blanca al afirmar que “no está de acuerdo con la noción de discriminar a los individuos debido a su fe o religión”, de acuerdo con su portavoz, Kevin Lewis.

El decreto ley de Trump suspende el ingreso al país de todos los refugiados durante 120 días, así como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de vigilancia más estrictos.AFP/Albert Traver

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Procurador Jean A. Rodríguez cancela fiscal de Higüey por golpear a conserje

SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, canceló a la fiscal de Higüey, Elizabeth Rijo, por golpear en la cara e insultar a una conserje en la sede de esa institución frente a varios testigos.

De acuerdo con la investigación realizada por la comisión de inspectoría general del Ministerio Público, Rijo le armó un escándalo a la señora Juana Dilia Paniagua Hidalgo, en la Fiscalía porque las hojas de una “matita” en su despacho estaban en su escritorio.

El informe señala que entre la fiscal y la señora de avanzada edad, se produjo un enfrentamiento luego de que ésta saliera del despacho y le pegara una bofetada.

La comisión designada por Alain Rodríguez interrogó en la Procuraduría General a varios testigos del hecho así como a la Fiscal de Higüey y a Paniagua Hidalgo, mediante lo cual pudo confirmar la veracidad en lo ocurrido.

El Procurador aseguró que bajo ninguna circunstancia permitirá que miembros de la institución se vean involucrados en hechos que afecten la moral y la buena forma. “Bajo ninguna circunstancia permitiré que servidores del Ministerio Público se vean involucrados en hechos que atenten contra la moral y las buenas formas en el ejercicio de sus funciones, y mucho menos, que se produzcan agresiones físicas entre miembros de la misma organización”, expresó.

La comisión investigadora estuvo encabezada por el procurador general adjunto Bolívar Sánchez, Domingo Cabrera y Miriam Cordones.

“Es inaceptable este tipo de conductas en donde ha sido afectada una conserje de nuestra institución, víctima del abuso de poder de quien como superiora inmediata, debía ser el ejemplo de un accionar basado en el respeto mutuo, apegada a las normas que rigen a todo servidor público”, refirió Jean Rodríguez.

Destitución administrativa; no es de carrera
La cancelación de Elizabeth Rijo, quien ingresó al Ministerio Público en el año 2005 como abogado ayudante, se hace de manera administrativa, porque no es una fiscal de carrera. Actualmente se encuentra estudiando en la Escuela Nacional del Ministerio Público para ser fiscal de carrera.

Se le acusa de falta grave por “incurrir en conducta inmoral en el trabajo o en algún acto que afecte gravemente al Ministerio Público”, según lo establece el artículo 92 numeral 8 de la Ley Orgánica del MP (Ley 133-11). Así mismo lo dispone la Ley 41-08 de Función Pública, en su artículo 84 numeral 4, sobre conducta inmoral en el trabajo y acto lesivo al buen nombre de la institución.

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Presunto menor explota funda con heces fecales en tribunal de Mao

palacio_justicia_valverdeMao-. Un presunto menor de edad explotó una funda con heces fecales en el estrado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Valverde, luego de que se le impusiera una medida de coerción de prisión preventiva por el robo de una motocicleta.

El incidente ocurrió el pasado fin de semana en la sala de audiencia, cuando se le conocía la coerción al supuesto menor cuyo nombre omitimos por razones legales, pero que se dijo es acusado del robo de dos motocicletas.

De acuerdo a informaciones obtenidas, cuando el imputado escuchó que le impusieron dos meses de prisión preventiva, sacó del interior de sus prendas intimas una funda plástica de color blanco con materias fecales, estallándola encima del escritorio, resultando varias de las personas que se encontraban en el lugar embarrados de materia fecal, entre estas la jueza, la abogada de la defensa y la fiscal del caso.

Se dijo que el mismo es acusado por la señora Ana Lucía Espinal por el robo de la motocicleta marca Z3000, modelo CG, color rojo: y por el señor Gregorio Antonio García, del robo de la motocicleta marca X-1000, modelo CG-150, de color blanco.
Por Jose Luis Fernandez
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