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EEUU solicita extradición de exvicepresidenta guatemalteca

GUATEMALA. Estados Unidos le solicitó a Guatemala la extradición de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías bajo cargos de narcotráfico, confirmó el miércoles la cancillería.

La fiscalía indicó que ha recibido la solicitud del Departamento de Justicia estadounidense y que presentará la petición a los tribunales de justicia para que se le hagan saber a Baldetti los motivos de la petición.

El Distrito de Columbia hizo la solicitud bajo los cargos de asociación delictuosa para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína en su territorio, más de tres meses después de que la justicia estadounidense anunciara que pediría la extradición de Baldetti junto a la del entonces ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, por los mismos cargos. Pero solamente se recibió la solicitud para la exvicepresidenta.

Ninguno de los dos exfuncionarios ha sido acusado en Guatemala por delitos de narcotráfico.

Baldetti gobernó el país junto al general Otto Pérez Molina entre 2012 y 2015. Ambos están detenidos bajo varios cargos de corrupción, según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, las cuales argumentan que los dos formaron una estructura de corrupción con la que se defraudó al Estado por varios millones de dólares.

La justicia guatemalteca ha embargado varias propiedades, vehículos y diversos bienes a Baldetti y a Pérez Molina, con lo que espera recuperar algo de lo defraudado.

Cuando se anunció en febrero que se haría la solicitud de extradición, Baldetti, a través de su abogado Gustavo Juárez, dijo que jamás había participado en este tipo de acciones, ni antes ni después de ser vicepresidenta, y que Estados Unidos debe demostrar que los cargos son ciertos. AP/Por Sonia Pérez

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Porqué la extradición de El Chapo Guzmán se realizó antes de que Donald Trump asumiera

ESTADOS UNIDOS. La extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán tuvo lugar horas antes de que asuma la presidencia estadounidense el magnate inmobiliario Donald Trump, que ha acusado a los inmigrantes indocumentados mexicanos en el país de “narcotraficantes”, “violadores” y “criminales” y quiere construir un muro en la frontera con México.

El suprocurador a encargado de asuntos jurídicos e internacionales de la fiscalía general de México, Alberto Elías Beltrán, aseguró en rueda de prensa que la determinación de extraditar a Guzmán a horas de la investidura de Trump no fue motivada por asuntos de política internacional.

El ejecutivo no interviene en las decisiones y tiempos del poder judicial, dijo.

“Hoy fue resuelto (el caso por la justicia) y nosotros en términos del tratado internacional tenemos que hacer la entrega inmediata” a Estados Unidos, aseguró.

No obstante, el experto en seguridad y exagente de la inteligencia mexicana Alejandro Hope consideró en declaraciones a la AFP que “no querían que Trump pudiera jactarse, así que lograron entregarlo en los últimos minutos” del gobierno del presidente saliente Barack Obama.

“La fecha (de la extradición) es muy simbólica, es un acto del gobierno de México para hacerle observar a Barack Obama y Donald Trump que México está haciendo verdaderos esfuerzos para combatir al narcotráfico”, dijo de su lado Raúl Benítez Manaut, experto en asuntos de seguridad de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.

Guzmán, quien ha sido uno de los jefes del narcotráfico más poderosos de México, fue capturado por primera vez en 1993 en Guatemala y entregado a México, pero en enero de 2001 se fugó del un penal federal del estado de Jalisco (oeste).

Se inició entonces una cacería que duró hasta febrero de 2014, cuando fue recapturado en el puerto de Mazatlán (noroeste) y trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, vecino de la capital.

Pero Guzmán protagonizó una segunda espectacular fuga en julio de 2015 a través de un kilométrico túnel, lo que fue considerado una humillación para la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El 8 de enero de 2016 fue detenido por tercera vez en Los Mochis (noroeste), luego de lo cual el gobierno determinó entregarlo a Estados Unidos.

El poderoso narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán comparecerá por primera vez ante la justicia estadounidense tras llegar el jueves de noche a Nueva York luego de su extradición desde México.

“El Chapo”, que fue durante muchos años el narco más temido del planeta, aterrizó en el aeropuerto MacArthur de Long Island en Islip, Nueva York, y enfrenta en Estados Unidos seis cargos penales, informó el departamento de Justicia en un comunicado.

La prensa estadounidense asegura que comparecerá en la corte federal en Brooklyn el viernes.

Hasta ahora Guzmán se encontraba preso en una cárcel federal de la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso, en Texas.

El departamento de Justicia expresó asimismo su “gratitud” al gobierno mexicano por su “cooperación y asistencia” al entregar a Guzmán a la justicia estadounidense.

Guzmán también es requerido por tribunales de California y Texas por los delitos de homicidio y narcotráfico.

– Sorpresa para la defensa –

Silvia Delgado, abogada de Guzmán en Ciudad Juárez, dijo a la televisora Milenio que no han sido notificados de la extradición y que conocieron la noticia por los medios.

“Lo hicieron de manera ilegal porque aún no se resuelve el recurso pendiente de revisión (…) Somos los principales sorprendidos por esta noticia, no tenemos ninguna información por parte de las autoridades”, dijo Delgado.

La abogada explicó que visitó a Guzmán el jueves de mañana, que lo vio “tranquilo” y que le pidió que enviara una carta al presidente Enrique Peña Nieto para denunciar “toda la violación a sus derechos humanos”.

La defensa de Guzmán alegó para evitar la extradición que la justicia de Texas podría condenarlo a la pena de muerte, lo que iría en contra del tratado de extradición entre ambos países, pues en México se abolió la pena capital.

El juez a cargo del caso desestimó el argumento, mientras que la Suprema Corte rechazó este jueves estudiar su caso.

La extradición cumple “las normas constitucionales, los requisitos establecidos en el tratado bilateral y demás disposiciones legales vigentes para su emisión”, sostuvo la cancillería mexicana en el comunicado.

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Extradición de Nepomuceno será por dos muertes

nepomucenoLa solicitud de extradición de Ambiórix Nepomuceno, desde España hacia la República Dominicana, no es solo por la muerte de la abogada Paola Languasco, sino también por otro asesinato ocurrido en el 2011.El Ministerio Público pidió la extradición a los fines de que el dominicano radicado en España también responda a las autoridades por la muerte de Fausto Rivera Bobonagua, encontrado muerto con dos disparos en el cuerpo en el asiento del pasajero de un carro propiedad de este, en San Francisco de Macorís el 30 de octubre del 2011.

Nepomuceno, como principal sospechoso de ese hecho, se marchó del país y no hubo noticias de él hasta ahora, cuando también es el principal sospechoso del asesinato de la abogada Languasco, cuyo cadáver fue encontrado en una alcantarilla de Santiago 19 días después de haber desaparecido tras haber concertado una cita con él.

Languasco tuvo una muerte violenta, según el informe del Instituto de Patología Forense. Murió de un disparo en el hemitórax derecho y además fue golpeada fuertemente en la nariz, la boca y el brazo derecho.

En los interrogatorios hechos a las personas privadas de libertad por la muerte de Paola salió a relucir que el imputado les dijo que había matado a la mujer y necesitaba ayuda para desaparecer el cadáver. Las autoridades manejan la tesis de que el supuesto matador, tanto en el caso de San Francisco como en el de Santiago, tuvo el mismo “modus operandi”: cometer el homicidio y luego salir del país. Investigadores presumen que pudo haber cometido otros crímenes.
Por Hogla Enecia
El Caribe

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Extradición acusado asesinar a abogada podría tardar 4 meses

ministerio_publicoSANTO DOMINGO. La Procuraduría General de la República apuntó ayer que la extradición desde España de Ambioris Nepomuceno Rodríguez, acusado de asesinar a la abogada Paola Languasco, tardaría por lo menos unos cuatro meses.

El señalamiento fue hecho por la procuradora adjunta de Asuntos Internacionales, Gisela Cueto, en una rueda de prensa ayer en que el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y el embajador de España en el país, Jaime Lacadena Higuera, ofrecieron detalles sobre el proceso.

Cueto dijo que de acuerdo con la experiencia en estos casos, es el lapso que usualmente tarda en completarse la extradición desde España, aunque aclaró que podría ser menor de cuatro meses.

No es ciudadano español

En tanto, el embajador Lacadena aclaró que Nepomuceno Rodríguez, arrestado el pasado jueves en la ciudad de Burgos, no es ciudadano español, sino que está casado con una española.

El diplomático dijo, además, que inmediatamente reciba la solicitud, que aseguró Domínguez Brito ya está siendo procesada, se iniciará con el protocolo de extradición.

De su lado, el Procurador General reiteró que contra Nepomuceno Rodríguez se pedirá la pena máxima de 30 años por el asesinato de la abogada Paola Languasco, cuyo cadáver fue encontrado en una alcantarilla el pasado 24 de abril, luego estar desaparecida por 18 días.

Por el caso están encarcelados, con imposición de prisión preventiva por un año, Cristino Antonio Mármol y Alejandro Pichardo Marte (Colita), este último deportado de Estados Unidos, luego de cumplir condena por drogas.

Defiende Fiscalía Santiago

Ante los cuestionamientos con relación a las circunstancias en que el acusado salió del país después del hecho, Domínguez Brito defendió el Ministerio Público de Santiago, y aseguró que se investiga la forma en que pudo salir del país. “Es un Ministerio Público en que confío, y es precisamente por su trabajo que se ha logrado obtener todas las evidencias del caso. Cuando esa persona se fue del país no había ninguna evidencia”, expresó.
Por Argénida Romero
Diario Libre

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Nuevo tratado de extradición favorece a narcotraficantes

tratado_extradicionEl nuevo tratado de extradición, firmado entre la República Dominicana y los Estados Unidos, deja abierta la posibilidad de que los extraditables puedan disfrutar de los bienes, producto de su ilícito, luego de cumplir su condena en el extranjero.

La pieza, pendiente del control constitucional y posterior ratificación del Congreso Nacional, vendría a sustituir la normativa vigente desde 1910 y no ofrece mayores novedades que la inclusión de las modalidades del crimen organizado, los delitos de alta tecnología, el sicariato y el terrorismo.

En el nuevo tratado, los bienes acumulados por los extraditables, y que se encuentren en su poder al momento de la solicitud de extradición, deben ser entregados al país requirente en el momento de la entrega de la persona reclamada, con garantías satisfactorias de que la parte requirente devolverá esos objetos a la parte requerida tan pronto sea factible.

Pero nada pueden hacer las autoridades con ese patrimonio, ya que es la Constitución la que establece en el numeral cinco de su artículo 51 referente a la propiedad que “sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales”. Este artículo y el principio de la doble persecución imposibilitan el decomiso esos bienes.

Sin embargo, la misma Constitución en el mismo artículo 51, pero en el numeral 6), ofrece la que parece ser la única arma para evitar que los condenados por narcotráfico, luego de cumplir penas en los Estados Unidos, puedan venir al país a reclamar y disfrutar impunemente del fruto de su ilícito, al señalar que: “La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico”.

De esta manera, la ley de extinción de dominio se convierte en una herramienta clave para poder incautar y hacer efectivo el decomiso de los bienes propiedad de personas que se presume son narcotraficantes o están ligados al lavado de activos y a la corrupción. Sin embargo, esta normativa está pendiente de conocimiento en el Congreso Nacional.

En los últimos días, diversos sectores han criticado la facilidad con que los ex narcotraficantes recobran cuantiosos bienes, luego de regresar al país, después de cumplir condenas en los Estados Unidos.

Uno que se quejó amargamente fue el presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Fidias Aristy, quien sostuvo que “la extradición de reconocidos narcotraficantes dominicanos a los Estados Unidos se ha convertido en una especie de legalización al lavado de activos en que incurren esos capos”.

Explicó que “como consecuencia del tratado vigente, las autoridades tienen las manos atadas para perseguir legalmente esa gran cantidad de bienes que obtienen los capos de sus acciones delictivas”.

Este miércoles, el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, advirtió sobre la necesidad de crear una nueva legislación que otorgue al Estado la facultad de incautar todos los bienes ilícitos procedentes del narcotráfico y el crimen organizado. “Si queremos golpear al narco, a los narcotraficantes, y si queremos ser efectivos en la lucha del crimen organizado, es muy importante y reitero, la aprobación de la ley de extinción de dominio”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Ley de extinción de dominio

En proyecto de ley de extinción de dominio, en el numeral 1) de su artículo tres define la acción de extinción de dominio como una “acción autónoma e independiente de cualquier otra, incluso penal, que persigue la extinción del derecho de propiedad y, por tanto, recuperar los bienes considerados o reputados como ilícitos”.

Mientras que el numeral dos del artículo nueve del proyecto de ley de extinción de dominio que se encuentra desde hace tres años en la Comisión de Justicia del Senado de la República, viene a eliminar el impedimento al decomiso de bienes que no hayan sido afectados por una sentencia definitiva al disponer que pueden ser atacados mediante la norma, de llegar a ser aprobada: “aquellos que se consideren como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito, aun cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal”.
Con la referida ley se busca privar de sus bienes a los corruptos y delincuentes organizados, bajo la premisa de que no puedan acreditar el origen lícito de los mismos, aquellos que se consideren como instrumento, objeto o producto del hecho ilícito, aun cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal.

También se procedería cuando en un proceso penal exista información de que los bienes, frutos, productos, ganancias, rendimientos o permutas de que se trate, provengan de actividades ilícitas y se haya declarado el archivo o se haya pronunciado la rebeldía, la extinción o suspensión de la acción penal, o se haya aplicado un criterio de oportunidad, no se pueda identificar al imputado, condenado o procesado, en caso de fuga, haya evadido la persecución penal o la ejecución total o parcial de la pena.

Antecedentes

En el año 2008, un juez del Distrito Nacional ordenó la devolución de un apartamento a Eduardo Cordero Rodríguez (El Príncipe) procesado en Estados Unidos junto a Quirino Ernesto Paulino Castillo. A esto se suman los reclamos que en su momento realizó José Arismendy Almonte Peña (Joselito.com), quien regresó al país en el año 2010, luego de cumplir en Puerto Rico una condena de varios años de prisión, y demandó la entrega de bienes millonarios. Situaciones de este tipo obligan a las autoridades a buscar mecanismos para evitar casos como esos.

El nuevo tratado

Al referirse al nuevo Tratado de Extradición firmado entre República Dominicana y los Estados Unidos, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, doctor Fidias Aristy, calificó la enmienda como “un simple maquillaje”.

Explicó que lo que se hizo fue agregar los delitos de nuevas tecnologías que no son más que hechos criminales instrumentales del delito. Agregó que la sociedad dominicana se ve imposibilitada de juzgar a narcotraficantes que son extraditados a los Estados Unidos, por el impedimento que estipula el principio de la doble persecución.

“Se hizo una enmienda al tratado de extradición que se quiso vender como una gran conquista. Eso no fue ninguna gran conquista, eso no fue más que un maquillaje, y ni siquiera un maquillaje de buen arte”, lamentó.

“Aquí lo vamos a esperar con un expediente por lavado”

Y es que la indignación no es de ahora y ha sido manifestada a todos los niveles. Sobre el particular, uno que puso el grito en el cielo, fue Germán Miranda Villalona, director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, quien en diciembre del año 2013, advirtió que los extraditables que sean deportados, luego de cumplir condenas en los Estados Unidos por estar ligados al crimen organizado, y que tratan de recuperar bienes que tienen un origen ilícito, serían esperados con un expediente sobre lavado de activos provenientes de esa actividad. De acuerdo a sus palabras, esta disposición entraría en vigencia a partir enero del 2014. Solo fueron palabras.

El procurador adjunto llegó a expresar que : “Si allá (EE.UU.) negocian la pena solamente, y excluyen los activos criminales que tenemos aquí, nosotros le vamos a abrir un proceso aquí, para acabar ese relajito”.

Miranda Villalona, indicó, entonces, que el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, habría impartido instrucciones para que se abrieran investigaciones, a los fines de determinar los activos en manos de los extraditables.
Por Evelyn Irizarri
El Caribe

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Procurador no descarta pedir extradición de Wesolowski

wesolowskiSANTO DOMINGO. El procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, no descartó la posibilidad de que sea solicitado en extradición del ex nuncio apostólico Jozef Wesolowski, quien está acusado de abusar sexualmente de niños, y fue despojado de la inmunidad diplomática por el Vaticano.

Sin embargo, manifestó que no quisiera especular hasta tanto reciba un informe sobre la situación legal del ex decano del cuerpo diplomático.

“Nosotros vamos a solicitar las informaciones de acuerdo con los canales correspondientes, a los fines de que se nos informe cuál es el estatus real de esa persona, que como saben es imputado y que como saben se ha beneficiado de una jurisdicción que no s la República Dominicana”.

Ayer, Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo que Wesolowski ya no trabajaba como diplomático para la Santa Sede, y no tiene más inmunidad diplomática, y por lo tanto “puede ser sometido a procesos judiciales de tribunales que puedan tener jurisdicción sobre él”.

El Vaticano retiró a Wesolowski como embajador en agosto pasado, tras surgir rumores de que abusaba sexualmente de menores en la República Dominicana.

Hace pocas semanas, un tribunal del Vaticano lo halló culpable bajo la ley canónica y le ordenó regresar al estado laico. Se ha abierto un proceso penal contra él en el Vaticano.
Por Federico Méndez
Diario Libre