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Militares, agentes migratorios, algunos fiscales y jueces. Todos juegan en el mismo equipo y hacen que la República Dominicana se mantenga entre los países que no cumple las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas.
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El sol colgado del horizonte todavía impregna de calor e ilumina la carretera del Noroeste que conecta a Dajabón con Montecristi cuando el equipo de reporteros divisa a tres motociclistas. Muestran las características de los hombres conocidos en las provincias fronterizas como “poteas” que, en sus vehículos con asientos modificados para llevar mayor número de pasajeros, se desplazan a alta velocidad transportando indocumentados. El equipo de prensa decide seguirlos.

Varios metros antes de llegar al puesto de chequeo El Puente, en Montecristi, una de las provincias dominicanas que colinda con Haití por la región norte, los motociclistas se detienen a un extremo de la carretera y bajan a los “pasajeros”: tres mujeres y varios niños que se resguardan entre la maleza y ramas. En sus rostros se ven unos ojos enormes y mandíbulas apretadas. Están petrificados por el miedo.

Uno de los motoristas se adelanta a conversar con los agentes apostados en el puesto de chequeo del Ejército de República Dominicana, mientras los dos restantes esperan su regreso antes de decidirse a seguir su trayecto. Los militares tienen la misión de salvaguardar la frontera para frenar el tráfico de indocumentados y mercancía ilegal, como ajo, arroz, armas y narcóticos.

Los que se ocultan en el matorral son parte del universo de inmigrantes haitianos que se mueven con sigilo por la región fronteriza dominicana con destino a zonas en donde buscan emplearse en la agricultura, el turismo o la construcción. Muchos procuran reunirse con familiares, cientos de embarazadas llegan cada año a dar a luz en hospitales públicos y mujeres y niños cruzan la línea divisoria, incluso para mendigar en los cruces de los semáforos de las avenidas de grandes ciudades. Los que los apoyan se encargan de abrirles paso, convenciendo, a veces con sobornos, a los agentes encargados de la vigilancia de que permitan su desplazamiento.

La escena de este 3 de julio de 2018 muestra, a la luz del sol, una práctica de tráfico ilícito de migrantes que por años ha sido común en las demarcaciones fronterizas dominicanas, encubierta entre la impunidad y complicidad que envuelve muchos de los casos.

La Justicia dominicana tiene un subregistro de expedientes relativos al tráfico de indocumentados y la mayoría de los que se judicializan terminan con decisiones favorables a los acusados. Mientras los militares, llamados a frenar este ilícito, con frecuencia son parte de la práctica ilegal.

El ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, admite el involucramiento del personal militar en el tráfico de indocumentados y de mercancías. “Recuerda –dice– que son personas, no equipos, y que cometen errores, a veces adrede y a veces se les pasa por la rapidez”.

Los fiscales de varias de las provincias dominicanas limítrofes con Haití también admiten la debilidad e incapacidad para procesar a todos los implicados en las redes de tráfico. Una revisión de expedientes evidencia cómo este delito casi siempre se diluye entre archivos y absoluciones, dejando en la impunidad a quienes se lucran de ese negocio ilegal.

Por más de dos meses Diario Libre gestionó ante funcionarios del Ministerio Público y de los tribunales fronterizos la entrega de expedientes de tráfico de indocumentados. De las fiscalías de Jimaní, Montecristi, Dajabón, Mao, Pedernales y Elías Piña se compilaron 31 expedientes, con fechas que van desde el 2006 hasta este 2018.

Uno de los casos se archivó de “forma provisional” y 13 tuvieron una decisión de “archivo definitivo” por alegada falta de pruebas. Tres terminaron con la absolución de los imputados, pese a que en uno de ellos, el acusado era reincidente en el delito; en dos hubo condenas con penas privativas de libertad. Seis de los procesos están en etapa de juicio de fondo, aunque con declaración de rebeldía de los imputados en la mitad. Los otros seis están en investigación y juicio preliminar.

En el caso del reincidente, se procesa a Franklin Segura Samboy, sometido en junio de 2014 junto a Zaiter Samboy por la fiscalía de la fronteriza provincia Pedernales por transportar a cinco haitianos en un minibús en el que además se encontraron cinco cédulas de identidad y dos permisos de residencia falsos. En marzo de 2015 el Tribunal Colegiado de Barahona declaró a los imputados “no culpables”, tras el retiro de la acusación que hizo el Ministerio Público.

Ya el 5 de enero de 2015, Segura Samboy había sido favorecido con el archivo de otro expediente en su contra que en abril de 2014 presentó la misma fiscalía de Pedernales, que no encontró elementos probatorios suficientes para mantener la acusación por supuestamente traficar en un minibús a siete haitianos con cédulas y pasaportes presumiblemente falsos, algunos sin documentos.

De los dos casos de condena penal, uno se encontró en Dajabón y data de 2006. Se relaciona con 24 haitianos que murieron asfixiados mientras eran traficados desde la frontera en un camión rentado. La tragedia, ocurrida el 10 de enero de ese año, despertó el horror y desató quejas diplomáticas de Haití y organizaciones de derechos humanos.

Por varios días hubo protestas en Haití, tanto en la parte fronteriza de Ouanaminthe como en la capital de ese país, Puerto Príncipe, obligando a ambos países a ordenar el cierre temporal de la frontera. Una de las jornadas de mayor tensión se registró el 12 de enero de ese año, cuando una delegación dominicana cruzó a Ouanaminthe para entregar los cadáveres. Las protestas, que tuvieron como resultado dos personas muertas y cuatro miembros de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (Minustah) heridos, impidieron la entrega de los fallecidos que terminaron sepultados en una fosa común de un cementerio ubicado en suelo dominicano.

El presidente dominicano de entonces, Leonel Fernández, envió en esa ocasión una carta de solidaridad a su homólogo y presidente interino de Haití, Boniface Alexandre, en la que daba garantías al pueblo haitiano y a la comunidad internacional de que el caso sería investigado a profundidad. Creó una comisión integrada por los titulares de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, el jefe de la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, para investigar el suceso.

La fiscalía de Dajabón calificó los hechos de tráfico ilegal y homicidio voluntario y logró una condena de 20 años contra Elvis Rafael Rodríguez Ortiz y Esteban Martínez Rosario, chofer y ayudante del camión, respectivamente. También 10 años de cárcel para los militares Keilin Antonio Minier y Santo Peña de la Rosa, quienes habrían recibido dinero de los traficantes para permitir el paso de los indocumentados.

Aunque el expediente acusatorio incluyó originalmente a ocho imputados, los cuatro restantes, entre ellos la persona que alquiló el camión y el dueño de la vivienda donde se escondieron los indocumentados antes de emprender su trayecto de más de 135 kilómetros desde Dajabón hacia Santiago, fueron absueltos por alegada falta de pruebas.

Luego de ese caso que tuvo circunstancias gravosas, en la fiscalía de Dajabón no se encontró registro de ningún otro, pese a que el procurador fiscal Gabriel Jacobo Morel admite que son “un lugar de partida de migrantes ilegales, tanto de nacionalidad haitiana, cubana, china y de otras nacionalidades que entran por la frontera con Haití”.

Dajabón, también en la región norte de la República Dominicana, se separa del pueblo haitiano Ouanaminthe por el río Masacre que permite el cruce a pie debido a su mermado caudal. La provincia acoge cada lunes y viernes a miles de ciudadanos de ambos países que participan de un mercado binacional que reúne a más de 370 sociedades comerciales registradas en la Cámara de Comercio y Producción de esa ciudad, además de 362 vendedores independientes dominicanos que intercambian productos agropecuarios, materiales de construcción, ropas de primera y segunda mano y bebidas.

“Lo que tenemos con más frecuencia son motoconchistas que se dedican a sacar a los haitianos del ámbito de la provincia para, luego que están fuera de la provincia, transbordarlos a otro tipo de vehículos y llevarlos hacia Santiago, Santo Domingo y otros lugares del país”, dice Morel.

De hecho, el año pasado, Dajabón captó la atención pública, luego de que circularan videos en medios de comunicación mostrando filas de “poteas” con motores cargados de haitianos, presumiblemente indocumentados.

Complicidad militar

Entre Haití y la República Dominicana hay 391 kilómetros de frontera compuestos por tramos marítimos, fluviales y de macizos y llanuras. Estas condiciones y el mal estado de las carreteras la hacen vulnerable y de difícil vigilancia constante. Son cuatro los cruces formales identificados: Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón, pero los informales suman 69, conforme calcula el Ministerio de Defensa.

Desde hace décadas se instalaron puestos de chequeo, militares y migratorios, para controlar la entrada terrestre de extranjeros. El ministro de Defensa informa que esos retenes suman 78 y defiende que en una misma ruta haya hasta 11. “Si una persona se monta en Las Matas de Santa Cruz no le van a ver en Botoncillo, lo podrán ver en Jicomé, entonces, por eso es que deben haber varios chequeos porque hay varias avenidas que no son las principales, sino caminos que conducen a esas autopistas principales”, explica.

Para establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en los puntos de entradas y salidas a lo largo de la frontera, en 2006 se creó el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) como una entidad dependiente del Ministerio de Defensa. El 60 % de su composición se estableció para miembros del Ejército de República Dominicana, 20 % de la Armada y 20 % de la Fuerza Aérea. Así, comenzó a operar en 2007 con 300 integrantes y para junio de 2018 ya sumaban 692.

La responsabilidad del Cesfront es de 40 a 50 kilómetros y el resto es del Ejército. Esta última institución tiene 5,200 hombres vigilando la frontera de los 25,000 soldados que la componen, informa el ministro de Defensa.

El Estado dominicano ha ido incrementando las partidas anuales destinadas en el Presupuesto Nacional para la seguridad fronteriza. En 2006 el monto asignado era de apenas RD$16 millones (unos US$483,000 a la tasa de entonces) y al 2018 lo destinado para el servicio fronterizo iba por RD$301,067,512 (unos US$6 millones). El interés por la seguridad también motivó a que en el presente año se conformaran dos Fuerzas de Tarea Conjuntas e Interagenciales: Jicomé y Los Pilones.

Pero a pesar de las inversiones, incentivos; equipamiento con drones, vehículos y cámaras de seguridad e incremento del personal, el tráfico de indocumentados ocurre con la complicidad de agentes militares.

Más de un fiscal narra cómo esa actividad cuenta muchas veces con la participación de los soldados del Ejército o agentes de Migración que custodian los puestos de chequeos, pero también de lo difícil que les resulta probarlo.

“Dicen personas que en algunos puntos de chequeos se paga dinero para que dejen transitar a los haitianos o la persona que los lleva libremente”, comenta el fiscal Morel, de Dajabón. “Pero nosotros no tenemos forma de probar esa situación. La gente lo dice, pero nadie da la cara (….) o no trae una grabación; ahora se graba con los celulares, no traen una grabación de un militar dedicándose a esa actividad”.

Una forma de probarlo es viajando en los autobuses que cubren las rutas desde las provincias fronterizas. Un equipo de Diario Libre se distribuyó durante julio pasado en unidades de distintos dueños que cubren rutas desde Dajabón, Jimaní y Pedernales hacia otras provincias y la capital dominicana. Aunque en algunos viajes no se observaron incidentes a considerar, en otros se registraron acciones cuestionables en las que se vio involucrado personal militar e incluyeron saqueos de mercancías a viajeros haitianos y la típica exigencia de “peajes” (sobornos).

Uno de los incidentes observados vinculó el tráfico de cuatro menores haitianas indocumentadas. Por dos de ellas un pasajero dijo a Diario Libre que se pagaron RD$8,000 (unos US$160) por su transporte desde Haití. A pesar de que en uno de los retenes en Pedernales el personal militar comenzó a revisar los documentos de ellas y otros viajeros que se proporcionaban como legítimos, tras 20 minutos de discusiones y llamadas, les dieron un visto bueno que alcanzó los chequeos que seguían más adelante.

Al preguntarle al ministro de Defensa por qué en un retén militar dan el visto bueno a un extranjero pero en el siguiente tratan de impedirle seguir su ruta, alega que se trata de seres humanos con una gran carga de trabajo, “pues cruzan más de 500 vehículos diarios por cada puesto de retén, principalmente en los del Cibao”.

A pesar de las acciones ilegales que ocurren en esos retenes, en los planes de seguridad fronteriza está mantenerlos. “Los puestos de chequeo seguirán dependiendo de la necesidad -afirma el ministro- pues cuando tú pones un puesto de retén aquí, las personas que cruzaban por ahí de forma irregular, te lo evaden y se van por otro, entonces, dependiendo de la necesidad, vamos a tratar de cambiarlo, si no, vamos a reforzar los que tenemos”.

Roxanna Reyes Acosta, titular de la Procuraduría Especializada contra Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, señala que siempre que una persona entra o sale de forma ilegal del país es porque hay alguna autoridad involucrada.

“Tenemos varios casos de apertura a juicio, incluso de inspectores de migración que han dejado salir a personas o han vendido documentos falsos que se incautan a uno y se lo venden a otro, porque eso (el tráfico) no se da sin el concierto de las autoridades. Por eso hay que fortalecer la persecución penal”, plantea.

En las estadísticas sobre tráfico ilícito que presentó la Procuraduría General de la República correspondientes al año 2017, se reportan 33 casos, de los que 20 están en fase de investigación y otros 13 se encuentran judicializados. Además hay seis con condena. Las estadísticas incluyen casos de tráfico transfronterizo, principalmente a Estados Unidos y Puerto Rico.

En febrero de 2016, el entonces jefe del Ejército de República Dominicana, mayor general José Eugenio Matos de la Cruz, informó la cancelación de 100 militares acusados de contrabando de mercancías y tráfico de drogas y de personas. Mientras que el ministro de Defensa asegura: “En mi administración (que comenzó en agosto de 2016) se han mandado más de 30 militares sometidos a la justicia”.

Sin embargo, de los 31 expedientes recabados por este equipo de investigación, en distintas jurisdicciones fronterizas, solo en dos había militares sometidos. Además del registrado en Dajabón, el otro data de 2013, en Pedernales. Un sargento fue acusado junto a un civil de traficar con 25 haitianos (entre ellos dos niños de cuatro años) a bordo de un vehículo de los Comedores Económicos del Estado.

Para ese entonces, la información que suministró personal de inteligencia era que a los extranjeros los esperaba en el este del país una red que trafica con personas para trasladarlas hacia Puerto Rico. Pero en 2015 el Ministerio Público retiró la acusación alegando que el gasto en el procedimiento era “muy grande”, y “por irresponsabilidades de actores del sistema, en este caso del testigo debidamente citado”. Además, porque no había pruebas suficientes a los fines de lograr una condena en el juicio de fondo.

La Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas castiga a quien colabore de cualquier forma en la entrada de indocumentados, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero.

Pero el fiscal de Montecristi, Nilvio Martínez Rodríguez, considera que el cobro de “peaje” por parte de los militares para dejar pasar a indocumentados, entra más en la modalidad de corrupción que en la de tráfico. “Aunque es una permisibilidad y cobran peaje (…) no en sí ellos están contribuyendo como lo plantea la ley: captar, transportar por la vía terrestre. Ellos entrarían dentro del aspecto de la corrupción”, dice.

Militares confiaron a Diario Libre que en ocasiones los guardias suelen negociar su traslado a la zona fronteriza porque les puede generar un beneficio económico extra, que no necesariamente esté vinculado a la remuneración oficial.

“Además del sueldo, que el presidente el año pasado lo aumentó de 7,000 a 17,000 pesos (de US$141 a US$343) los soldados tienen un incentivo de 8,000 pesos (US$161) adicional al salario base por pertenecer a las unidades fronterizas”, dice el ministro de Defensa, Paulino Sem. Al cuestionarlo si esta compensación es suficiente para que un guardia no se amañe, respondió: “El militar no compra uniformes, comida, no paga alojamiento y el año pasado el presidente dio 300 viviendas para los militares, y la semana pasada hubo una rifa de 60 millones de pesos (US$1.2 millones) en bonos para 200 militares de bajo rango”.

El fiscal Morel indica que al mes pueden registrarse en Dajabón hasta tres casos de tráfico, sobre todo con motoristas involucrados, a los que suelen aplicar el principio de “razonabilidad o de oportunidad”.

“No es lo mismo, por ejemplo, aunque la ley establece una pena de 10 a 15 años hasta por un haitiano, uno aplica el principio de la razonabilidad”, dice. “Uno le toma cierta consideración. Ahora, cuando una persona baja con un autobús lleno, un camión lleno, una camioneta llena, ya uno es más fuerte en la aplicación de la ley”.

De los casos revisados, cinco de los archivos se sustentaron en el criterio de oportunidad. Corresponden a la jurisdicción de Pedernales, donde la procuradora fiscal Eudice Elena Fernández dice que los procesos que llegan son mínimos, pues no son una frontera con vías de accesos normales como en otras zonas.

También explica lo difìcil que les resulta mantener una acusación. “En los casos de trata y de tráfico hay muchas limitaciones -asegura-. Un nacional haitiano que no tiene un domicilio, que no está documentado, una garantía económica que se le imponga o una presentación periódica, la localización de ese haitiano para nosotros es muy difícil. Muchos casos terminan en archivo”.

Otras veces, los casos simplemente no llegan al Ministerio Público.

En junio de 2017 se informó a los medios de comunicación de una señora y su hijo en cuya vivienda se realizó un allanamiento y se encontraron 41 haitianos indocumentados, incluidos 14 menores. En el operativo, realizado en la calle Santa Ana, de Dajabón, participaron miembros de la Dirección General de Migración, del Cesfront y de la Policía Nacional. En la fiscalía se informó que ese caso nunca llegó a sus oficinas.

En octubre de 2017, el ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sem informó -y lo confirmó en entrevista reciente con Diario Libre- que se había desmantelado una red de militares y civiles que traficaba con parturientas haitianas y sometido sus integrantes a la Justicia. Se preguntó por este expediente en las fiscalías fronterizas, pero en ninguna se pudo verificar que existiera. Un representante del Ministerio Público, que pidió no ser identificado, dijo que “todos los fiscales de las fronteras” saben que eso fue “una falsa noticia” que se anunció para “tapar o callar boca y sacar el tema de los medios de comunicación”.

Otro caso del que tampoco se encontró registro correspondió a la cancelación y expulsión en 2017 de varios miembros del Ejército de República Dominicana, supuestamente por permitir el paso de un autobús de Transporte Cibao que transportaba a unos 20 haitianos de forma irregular y que fue retenido en Santiago en agosto del año pasado.

Seis de los agentes cancelados presentaron recursos de amparo objetando su separación de las filas militares y el dueño del autobús incoó una instancia reclamando la devolución del vehículo bajo argumento de que “no es objeto de ninguna investigación, dado que los choferes fueron puestos en libertad y no se ha abierto formalmente un proceso penal en su contra, ni que involucre dicho vehículo”.

Diario Libre insistió en más de una ocasión ante el Ministerio de Defensa para que, con base en la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, se ofrecieran los detalles de estos y otros casos de militares llevados a la Justicia, pero negaron ofrecerlos alegando el derecho a la intimidad. También dijeron que son el Poder Judicial y el Ministerio Público los competentes para ofrecer detalles de procesos judiciales.

Para la procuradora fiscal de Montecristi, Yoanna Bejarán Álvarez, los casos de tráfico que llegan a su jurisdicción (uno cada 20 días) son menos de los esperados.

“Para el trabajo de ellos (los militares) y el lugar de ubicación (de la provincia) no reportan los casos que nosotros entendemos como Ministerio Público que deberían”, dice. “Entiendo que son pocos, porque si cada 20 días, una vez al mes se reporta un caso para una zona donde hay flujo de migrantes, eso es todos los días, y uno no es ciego, uno anda en la calle, uno se mueve y se da cuenta de que andan por ahí”.

La provincia Montecristi es puerta de entrada y salida a Dajabón por la ruta del Cibao y la Línea Noroeste, destino de los migrantes haitianos que buscan trabajo en las plantaciones de banano de la zona o los que van a la ciudad de Santiago.

Pocos procesados

El fiscal de Montecristi Martínez Rodríguez se queja de que las instituciones castrenses, cuando ocurre un hecho ilícito, tienden a trasladar a la dotación en vez de someterla a la Justicia. Cuestiona que “si un autobús le pasó a tres de los chequeos” y después se determina que hay indocumentados, no haya un régimen de consecuencias y en muchos casos se reubiquen. Y eso él lo vivió.

Contó que hace unos tres años fue testigo de un caso. Una persona le informó que en un autobús iban al menos 21 haitianos indocumentados, incluidos niños. Salió hacia la carretera con intención de interceptar el vehículo y llegó al chequeo El Puente. “Me ubico en un lugar donde los guardias no me vean. Cuando la guagua viene llegando, digo: esa es la guagua. Ella iba a cruzar. No la mandaron a detener porque venía con todo incluido (todos los ‘peajes’ pagos y los retenes avisados)”.

Martínez le dijo a un militar que detuviera el autobús, que ya había pasado al menos cinco puestos de chequeo. “Él como que se asustó”, recuerda. “Los guardias obviamente se mantuvieron inactivos (…) Les reclamé y ellos dijeron que no podían dejar el chequeo solo. No les interesaba que se diera el caso”, lamenta. El representante del Ministerio Público se auxilió de un policía.

El chofer y el cobrador emprendieron la huida. Cuando se registró el autobús, los viajeros informaron que no llevaban documentos y que pagaron entre RD$3,500 y RD$4,500 (entre US$70 y US$90) al ayudante del conductor para que los llevara a Navarrete, al cruce de Esperanza y a Santiago.

“La guagua no se fue por la agilidad del policía, porque no obstante decirles párala (a los militares), se mostraron inactivos”, narra el fiscal. Informa que a la dotación la trasladaron pero no la cancelaron. Posteriormente el chofer fue apresado por conducir otra guagua con indocumentados y se fusionaron ambos casos. “El Ministerio Público pidió 10 años de prisión, pero la juez aplicó atenuantes y le pusieron tres años nada más”.

En la jurisdicción de Dajabón, una de las provincias donde en el Ministerio Público se aseguraba que se encontrarían muchos casos, no había militares procesados recientemente por traficar con indocumentados. “No hemos arrestado a nadie en ese tipo de actividad”, dice el procurador fiscal, Gabriel Jacobo Morel. Tampoco se reportaron casos en la fiscalía de Valverde, donde la magistrada Aura Luz García, procuradora fiscal, destaca el trabajo de interdicción que hacen los agentes de la zona.

Reporta que en los últimos tres meses han detenido a unos cuatro traficantes, entre ellos a Carlos Bladimir Cuevas Peña, arrestado en Jicomé por transportar a 17 haitianos indocumentados a bordo de un carro, y a quien se le impuso una garantía económica como medida de coerción. La fiscalía había pedido prisión preventiva. El caso está en investigación.

Además de los traslados y los limitados procesos que llegan a la Justicia, se agrega la influencia política que en ocasiones busca ejercer presión para evitar sometimientos.

Uno de los fiscales entrevistados contó que tuvo que ser drástico con un representante legislativo provincial que visitó su despacho para solicitar la liberación de una persona de su entorno detenida por traficar indocumentados en un autobús. De no hacerlo, amenazó con acudir ante la Procuraduría.

Las redes

Hace cinco años “Laurie” llegó a la frontera con Jimaní a bordo de un vehículo. Cargaba equipaje y enseres del hogar. Era un lunes de esos en los que hay mucha gente en el paso limítrofe por el desarrollo del mercado fronterizo y ella venía de mudanza desde Haití. Al igual que su esposo no tenían documentos para vivir legalmente en un país ajeno. Como venían cargados con trastos, el cobrador de la guagua les pidió RD$2,500 (US$50) por el viaje, y así también les abrió el paso para evadir los controles, entrar a la República Dominicana e instalarse en el territorio de forma irregular.

Cuando llegaron a Dominicana tenían dos hijos, luego les nacieron tres en Jimaní. La última –que tenía 24 días de nacida cuando ella conversó con Diario Libre en julio– fue la única que alumbró estando en situación migratoria regular, pero su esposo sigue indocumentado. El hombre va y viene a Haití sin problemas; trabaja como motoconchista y los militares y demás autoridades migratorias lo conocen. De hecho, el día que se visitó su casa, se alistaba para cruzar a su país.

La Ley General de Migración establece que son admitidos como No Residentes los extranjeros que califiquen para un permiso de habitante fronterizo, concebido para los extranjeros que viven en áreas fronterizas limítrofes al territorio nacional y que ingresan al país dentro de un perímetro de la frontera, debidamente autorizados a realizar actividades lícitas y productivas, regresando diariamente a su lugar de residencia. Aunque en la página web de la Dirección General de Migración están publicados los requisitos para aplicar a este permiso con validez de un año, no se pudo confirmar si se ha entregado alguno.

En el corredor Belladère-Comendador, entre ambos países, también hay redes de actores que facilitan el tráfico ilícito de personas y el contrabando. Si el viaje es hacia Santo Domingo es más complejo, indica el informe “Fanm Nan Fwontyè, Fanm Toupatou: Una mirada a la violencia contra las mujeres migrantes haitianas, en tránsito y desplazadas en la frontera dominico-haitiana”, del Observatorio Migrantes del Caribe.

El reporte describe que para 2011 los migrantes se hospedaban en lugares clandestinos –que suelen ser casas privadas– durante varios días mientras esperan el transporte o reúnen el dinero suficiente para seguir su viaje. Se conocieron al menos dos casas: una de una migrante y su esposo, en Comendador, y otra del hijo de una autoridad local (dominicano) que no se identifica en el informe.

En el Reporte sobre Tráfico de Personas 2017, preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la República Dominicana está en el nivel 2, que corresponde a los gobiernos de los países que no cumplen completamente con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico (TVPA, por sus siglas en inglés) pero que están haciendo esfuerzos significativos para cumplir con esos estándares.

En el informe, aunque se reconoce que el país se esfuerza para lograrlo, se afirma que el Gobierno no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación del tráfico de personas. Se recomienda “enjuiciar y condenar enérgicamente a los traficantes involucrados en el trabajo forzado y el tráfico sexual, incluidos los funcionarios gubernamentales cómplices”.

“Observadores señalan que los traficantes operan a lo largo de la frontera con impunidad y a veces con la ayuda de funcionarios corruptos que aceptan sobornos para permitir los cruces sin documentos. Los cruces fronterizos no oficiales siguen sin supervisión y son porosos, lo que hace que los migrantes, incluidos los niños reclutados para trabajar en los sectores agrícola y de la construcción, sean vulnerables al tráfico”, destaca el reporte.

En mayo pasado el Gobierno presentó el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes 2017-2020 que entre sus ejes estratégicos están la persecución y el procesamiento.

En 2017 se presentaron los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes en la que se reportaron 750,174 personas de origen haitiano residentes en la República Dominicana.

Sensibilización a jueces

La fiscal de Montecristi Yoanna Bejarán Álvarez señala las dificultades que tienen con unos jueces que –entiende– no están sensibilizados con el tráfico de indocumentados.

“La gente ve al traficante como una persona que está buscando la forma de sustentar su vida, como si fuera un negocio lícito, y de la misma manera nosotros vemos desde el punto de vista del Ministerio Público que los jueces son un poco benevolentes. Tenemos que estar usando estrategias, a veces hasta acordando los casos para garantizar una condena”, se queja.

Uno de los inconvenientes que cita son las evidencias que les exigen en los tribunales: “Ellos piden que a esos indocumentados se les haga una entrevista antes de la deportación para que digan si la persona que está detenida está vinculada con el caso y eso resulta casi imposible, porque ellos tienen temor y por temor a su integridad física no van a denunciar”.

Los jueces también quieren ver el dinero resultante del tráfico para probar el lucro. “Estamos hablando de una cadena, y el que lleva al indocumentado a Santiago, desde Dajabón o de la frontera ahí del río, es un empleado también de la estructura, porque él lo hace por un dinero, él recibe un pago y no quiere decir que ese pago él lo tenga por cada indocumentado o que ese pago lo reciba ahí (en el lugar de la detención). Por eso se imposibilita que el Ministerio Público presente ante el juez a la hora del conocimiento de la audiencia, dinero”, insiste la fiscal que pide más sensibilización para los jueces en esa materia.

Aunque es imposible cuantificar los recursos que mueve el tráfico, la magistrada sabe que es rentable porque ha tenido testimonios que hablan de que por cada indocumentado reciben entre US$5,000 y US$6,000, precio que incluye la garantía de que los lleven a Santiago y Santo Domingo, las principales urbes del país.

En la frontera con Jimaní la tarifa solicitada en julio pasado para que un haitiano indocumentado fuera transportado hasta Pintura, en Santo Domingo Oeste, fue de RD$6,000 (US$121) que debían pagarse por adelantado. El dominicano que fijó el monto no lo rebajaba; alegó que los guardias cobran hasta RD$500 (US$11) por cabeza y a veces “es más la sal que el chivo”. Garantizó que el viajero llegaría a su destino pues no sería el único que iría a bordo del autobús.

De las mujeres y niños observados en la frontera transportados por los motociclistas, y que se escondieron entre los arbustos, no se supo cuánto pagaron, ni el destino final al que llegaron. Los “poteas” advirtieron el vehículo extraño que les seguía y resultó arriesgado para el equipo de prensa más exposición.

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Este reportaje fue realizado por Tania Molina y Mariela Mejía para Diario Libre en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.