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Justicia salvadoreña se alista para condenar a expresidente Saca por desfalco

SAN SALVADOR. Una corte penal de El Salvador concluyó ayer el juicio contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) por un millonario desfalco y comenzó las deliberaciones para decidir si aplica la pena de 10 años que pactó con la Fiscalía o una menor.

“Ha culminado el desarrollo de la presente audiencia”, anunció el juez presidente del Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, José Luis Gianmattei, tras 17 jornadas.

El juicio, el primero que se instala en el país centroamericano contra un expresidente de la época democrática de El Salvador, dio un giro inesperado desde el inicio, dado que Saca y cinco de sus excolaboradores decidieron pactar con la Fiscalía.

Este acuerdo, conocido como “juicio abreviado”, permitió que Saca y los exsecretarios Privado, de Comunicaciones y de Juventud Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, confesaran sus delitos a cambio de penas leves.

Al mismo beneficio se acogieron el ex gerente financiero de la Presidencia Francisco Rodríguez Arteaga y el exjefe de la Tesorería del Gobierno Jorge Alberto Herrera.

La Fiscalía, que pactó pese a desconocer el destino de 191 millones de dólares de los más de 300, pidió que Saca y Charlaix purguen 10 años de prisión y que Rodríguez Arteaga pase 6 años en prisión, los tres por peculado y lavado de dinero.

Los representantes del Ministerio Público también solicitaron, al cierre de sus “alegatos finales”, penas de 5 años para Rank y Funes, y 3 años para Herrera.

Esta modalidad de juicio permite a los imputados obtener una pena leve a cambio de confesar sus delitos y prescindir de cualquier prueba de descargo, pero la legislación salvadoreña deja a los juzgadores la opción de imponer una sentencia menor.

De hecho, los abogados defensores hicieron énfasis en esta situación durante sus intervenciones finales y llamaron a los juzgadores a valorar penas más bajas, que podrían ser de hasta 20 meses por cada delito.

La única persona que no aceptó los cargos fue el exempleado de la Presidencia Pablo Gómez, por lo que la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de cárcel por peculado y lavado de dinero.

Gómez, a quien la Fiscalía señala de ser la persona encargada de mover millones de dólares en efectivo y de depositar fondos en cuentas del partido que llevó a Saca al poder, pidió durante el uso de la “última palabra” su absolución.

“Quiero decirle a mi familia y al pueblo salvadoreño que no les fallé”, dijo el imputado tras declararse inocente y señalar a la Fiscalía de acusarlo injustamente.

Los defensores de Gómez solicitaron a los jueces, en caso de declararlo culpable, que cambien la tipificación del delito de peculado a peculado culposo, con lo que también desecharían el cargo de lavado.

Los abogados de los imputados se concentraron al cierre del juicio en pedir a los juzgadores que se abstengan de emitir una sentencia de responsabilidad civil, porque consideran que la Fiscalía no logró individualizar los montos que cada imputado malversó.

La Fiscalía ha pedido que los acusados respondan con sus bienes, incluidas 86 radios de Saca, por los “daños” causados al Estado por más de 300 millones de dólares como “responsabilidad civil solidaria”.

Las empresas de Saca que pasarían a poder del Estado son el Grupo Samix, Radiodifusión de El Salvador, Radiodifusión Usuluteca, Promotora de Comunicaciones y las radios 94.1 FM y ABC FM, mismas que se encuentran en un proceso paralelo de extinción de dominio.

El abogado defensor de Saca, Mario Machado, pidió este martes declarar la responsabilidad civil del exmandatario solo por 15,5 millones de dólares, que representan apenas el 5,16 % del monto cuestionado.

La petición de devolver solo esta cantidad se basa en que la Fiscalía estableció que esos 15,5 millones de dólares fueron los “retornados” a Saca mediante un esquema de lavado de dinero que incluyó sus empresas.

Saca y el resto de imputados conocerán finalmente su futuro judicial y el de sus bienes el próximo 12 de septiembre a las 14.00 hora local (20.00 GMT), cuando la corte emita su fallo.

Saca es el primer expresidente de la democracia salvadoreña en afrontar un juicio y confesar delitos de corrupción. Su predecesor en el Ejecutivo, Francisco Flores (1999-2004), falleció antes de que se instalara dicha etapa penal por la supuesta malversación de 15 millones de dólares.

Los casos de corrupción que implican a expresidentes -incluido Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua y requerido por supuestamente malversar 351 millones de dólares- suman más de 666 millones de dólares. EFE

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Exdirector de Inapa enviado a juicio por supuesto desfalco

albertoholguin

Santo Domingo. La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción acogió parcialmente las pruebas y acusaciones presentadas por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el exdirector de INAPA y una ingeniera por lo que ordenó su envío a juicio.

Kenya Romero Severino dictó auto de apertura a juicio, impedimento de salida del país sin autorización judicial y presentación periódica ante el PEPCA a Alberto Holguín Cruz, extitular del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y Sobeida Perdomo por entender que existen indicios de la comisión de ilícitos penales.

En cuanto a Holguín Cruz admitió la calificación jurídica de prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado dominicano, falsedad de escrituras públicas, abuso de confianza y asociación de malhechores. Mientras que contra Perdomo solo estafa contra el Estado y asociación de malhechores.

No acogió lo relativo a la violación a los decretos presidenciales 618-12 y 619-12 que declararon emergencia nacional por el paso de la tormenta Sandy así como de la ley de compras y contrataciones por entender que entrañan sanciones de naturaleza distintas al ámbito penal por suscribirse a alegadas faltas y omisiones que son de orden ético, administrativo.

Procurador satisfecho
El procurador general, Jean Alain Rodríguez mostró satisfacción con la decisión e indicó que el caso seguirá siendo fortalecido hasta lograr las sanciones correspondientes.

Destacó que en 60 días el Ministerio Público ha logrado condenas por la sustracción de más de 900 kilos de cocaína de la Dirección Central de Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican), la declaratoria de complejidad en los casos seguidos a los implicados en la supuesta estafa para la compra de los aviones Super Tucano y al francés Cristopher Naudin, quien es acusado de ayudar a dos compatriotas suyos condenados a 20 años de prisión por narcotráfico a fugarse del país así como la ratificación de prisión al transportista Arsenio Quevedo, acusado de sicariato y lavado de activos.

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Someten alcalde de distrito municipal de El Seibo por supuesto desfalco de RD$15 millones

alcalde_elseiboEL SEIBO.- El alcalde del distrito municipal Santa Lucía de El Seibo fue sometido por ante el Departamento Anticorrupción de la Procuraduría General de la República (DPCA) por supuesta malversación y desfalco de fondos superior a los 15 millones de pesos.

El sometimiento contra Jhossan Capell de Castro lo hace el empresario Valerio Leonardo Palacio, a quien el cabildo tomó prestado tres millones de pesos para la construcción de un centro madre que nunca se ejecutó y aún adeuda el dinero.

También se acusa al alcalde de Santa Lucía de malgastar RD$ 4.4 millones tomado prestado para obras que nos ejecutaron a la Cooperativa de Ahorros y Créditos El Progreso de Bayaguana.

El expediente acusatorio fue entregado a la prensa por los abogados de Valerio Leonardo Palacio, Manuel Nolasco y Orlando Manuel Acosta Villa, quienes enumeraron unas series de irregularidades cometida por Capell de Castro desde el cabildo de Santa Lucía, una comunidad se bate en medio de la miseria y el abandono.

Explicaron que en sección celebrada el 11 de julio del 2012, se establece un préstamo por RD$3.0 millones para comprar el terreno y construir el centro comunal, pero fueron destinados a comprar tres solares, en terrenos propiedad del director distrital, Jhosan Capel de Castro, los cuales fueron repartidos entre dos regidores y el propio edil.

En dicho documento los abogados refieren que la dilapidación de los recursos, aprobados por el Concejo de Vocales del cabildo de Santa Lucía no llegaron a sus destinos, que era la construcción de centros comunales, terminación de una parada de vehículos, club de madres en Los Altos de Peguero, paneles solares y columpios para ser instalados en las comunidades de El Cayao, La Papita, Batey 106, Los Pelaos y El Algarrobal.

Señalan que estas aprobaciones hechas por el Concejo de Vocales, ascendieron a RD$ 3,186.442.30, pero no fueron ejecutadas.

Conformes los abogados, las anomalías de los fondos comienza a radicar en la adquisición de préstamos a la banca informal para ser utilizados en la contratación de obras, que nunca fueron ejecutadas.

Sostiene que el último préstamo tomado por Capell en su calidad de Director Municipal, según se comprueba en su recibo de entrega, de fecha 11 de septiembre del 2012 fue «repartido entre el alcalde y los vocales y usándolo a modo propio y antojo.

La querella contra Jhossan Capell de Castro y la presidente del Concejo de Vocales del distrito municipal de Santa Lucía explica además que los mismos aprobaron un préstamo por RD$4,5 millones con la Cooperativa de Ahorros y Créditos «El Progreso Inc. de Bayaguana», para saldar la deuda a Valerio Leonardo Palacio, pero también los recursos fueron destinados, supuestamente a asuntos personales y repartidos entre regidores.

Además pidieron al Tribunal Contencioso Administrativo medidas cautelares, incluyendo el apresamiento contra Capell de Castro y la presidenta del cabildo.

Pidieron a la Cámara de Cuenta intervenir, para que realice una auditoría extrema financiera de gestión, estudios e investigaciones especiales a la Junta Municipal de Santa Lucía, para determinar la veracidad los hechos ilícitos que estaría cometiendo contra el patrimonio público, consistente en la disipación de más de 15 millones de pesos.
Por Manuel Antonio Vega
Diario Libre