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Iglesia chilena suspende a 14 sacerdotes por presuntos delitos de abusos

SANTIAGO DE CHILE. La diócesis de la ciudad chilena de Rancagua, vecina a Santiago, anunció ayer la suspensión de 14 de sus sacerdotes por estar presuntamente involucrados en delitos de abuso sexual.

A través de un comunicado, la diócesis informó de su dictamen después de la difusión de un reportaje del Canal13 de Chile, que dio cuenta de abusos sexuales y conductas impropias por parte de un grupo de prelados de esa ciudad, ubicada 90 kilómetros al sur de Santiago.

Todos ellos pertenecerían, según la investigación periodística, a una cofradía llamada “La Familia”.

“Se ha restringido de su ministerio sacerdotal a 14 sacerdotes. Lo que significa que se ha tomado conocimiento, fundamentalmente por lo expuesto por los medios de comunicación, de que estos sacerdotes han incurrido en acciones que pueden constituir delitos tanto en el ámbito civil como canónico”, precisó el presbítero Marcelo Lorca en el texto, hablando en nombre del obispo de Rancagua, Alejandro Goic.

Entre las determinaciones anunciadas se señaló que se han adoptado “medidas tanto pastorales como judiciales”.

Advirtió, sin embargo, que por el momento no se cuenta con antecedentes de que las acciones de los sacerdotes suspendidos sean constitutivas de delitos desde el punto de vista jurídico.

“Por ello se está cotejando toda la información que se posee y las medidas pastorales que se adoptan tendrán relación a ello”, subrayó.

El presbítero Lorca explicó que se hizo una denuncia ante la Fiscalía de ciudad Santa Cruz con los antecedentes que ha proporcionado el canal de televisión y que se pondrán todos los antecedentes con que cuenta la diócesis a disposición de la Fiscalía.

En la emisión del reportaje televisivo, el sacerdote Luis Rubio, de la comuna de Paredones, fue entrevistado por las imágenes de fuerte contenido sexual que enviaba a menores y que él mismo admitió al ser confrontado por el periodista.

Ante ello, la diócesis de Rancagua precisó hoy que desde el momento que se toma conocimiento de la denuncia que hay en su contra, en 2013, este cura no ejerce ninguna función en la Iglesia y que él presentó su dimisión al diaconado, estando todos sus antecedentes en la Santa Sede.

En el reportaje, Elisa Fernández, excoordinadora de pastoral juvenil, denunció que una docena de presbíteros integran un grupo secreto autodenominado “La Familia” que en los últimos años presuntamente ha cometido abusos sexuales y conductas inapropiadas contra menores de edad y jóvenes.

“Hacemos un llamado a quienes tengan información sobre hechos que no se condicen con la fidelidad al sacerdocio, que los den a conocer a las instancias respectivas de la Iglesia”, se concluye en el comunicado de la diócesis de Rancagua.

La decisión de la diócesis de Rancagua se da a conocer horas después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva, reiterara su pedido de perdón a la ciudadanía por los casos de abusos sexuales cometidos por décadas por el cura Fernando Karadima.

Los obispos chilenos fueron citados hace algunos días por el papa Francisco al Vaticano para abordar el silencio de la Iglesia suramericana frente a las vejaciones que cometía Karadima, que además eran presuntamente silenciadas por algunos de sus colegas, como el acusado obispo de Osorno, Juan Barros.

En esta reunión, los 34 sacerdotes que asistieron a Roma reconocieron “graves errores y omisiones” al encarar estas situaciones, y decidieron poner sus cargos a disposición de Francisco, lo que será evaluado durante las próximas semanas por Francisco.

El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, explicó a los periodistas que los renunciados sacerdotes continúan por el momento “en plenas funciones”, a la espera de lo que decida el papa.

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Orinar, beber, tirar basura y escupir en calles de Nueva York se convierten en delitos civiles

NUEVA YORK. Las infracciones en las vías en las que se incurría al consumir alcohol, tirar basura, orinarse y escupir en las calles de Nueva York, que hasta ahora estaban tipificadas como delitos criminales, se convierten en faltas civiles por lo que solo merecerán una citación en las cortes, con algunas excepciones, de acuerdo al nuevo protocolo de los patrulleros de la uniformada.

Así lo establece una nueva ley municipal aprobada el año pasado por el Consejo Municipal.

Ayer, martes, la jefatura de la policía ordenó a los comandantes de cuarteles en toda la ciudad, poner en marcha las nuevas directrices de la ordenanza del ayuntamiento.

Las regulaciones de la guía de patrullas actualizadas explican cómo los policías van a revisar la aplicación de los delitos contra la calidad de vida bajo la Ley de Reforma de la Justicia Penal, que el ayuntamiento aprobó en el 2016.

Las reglas dicen que las citaciones civiles se pueden otorgar por las infracciones de orinarse, beber, tirar basura, escupir, hacer ruido excesivo y la violación a las reglas en los parques públicos, excepto en circunstancias limitadas.

Las personas que tienen dos o más arrestos por delitos graves en los últimos dos años, tienen tres o más citaciones civiles que han fallado en responder en los últimos ocho años, o están en libertad condicional, recibirán una citación criminal en su lugar, acorde con las nuevas reglas.

Un policía también puede invocar una razón para él legítima en la aplicación de la ley para dar una citación criminal, que deberá ser verificada por el supervisor del agente que responda en la escena.

“Es un gran paso adelante, pero yo preferiría no ver las excepciones que están allí”, dijo el concejal Rory Lancman demócrata de Queens, que apoyó la legislación.

Añadió que las excepciones para los reincidentes podría generar cargos injustos y el impacto negativo en las comunidades de color.

“En esas comunidades (las de color) más personas están en libertad condicional y más gentes detenidas, incluso si no están condenados en última instancia”, dijo.

“Todo lo que se hace es perpetuar un ciclo de la participación en el sistema de justicia criminal”, sostiene el legislador municipal de Queens.

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EEUU busca pruebas de delitos cometidos por haitianos

WASHINGTON. El gobierno de Donald Trump tomó la inusual medida de buscar pruebas de delitos cometidos por inmigrantes haitianos mientras decide si les permite participar en un programa humanitario que protegió a decenas de miles de la deportación tras el potente sismo que destruyó gran parte de su país en 2010.

Las pesquisas sobre el historial delictivo de la comunidad aparecen en correos electrónicos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) obtenidos por The Associated Press. Muestran como el recién nombrado director de política de la agencia quiere saber además cuántos de los 50.000 haitianos enrolados en el programa Estatus Protegido Temporal se benefician de ayudas públicas, a las que no pueden optar.

Los mensajes no dejan claro si los delitos cometidos por los haitianos se utilizarán para determinar su permanencia en el país. El programa busca ayudar a los ciudadanos de lugares asolados por la guerra o desastres y, normalmente, la decisión sobre su regreso se basa en si las condiciones en el país de origen mejoraron los suficiente.

“Quiero avisarles (…) la secretaría va a enviarnos una petición para seamos más receptivos”, escribió Kathy Nuebel Kovarik, directora de política y estrategia de la USCIS, el 27 de abril. Sobre la incapacidad de los empleados de la agencia para recopilar la información solicitada sobre los delitos, agregó: “Sé que parte de los datos no están registrados, pero tendremos que encontrar una vía para sacar más datos de nuestro sistema”.

La solicitud de los registros delictivos de toda una comunidad es una medida poco ortodoxa. La ley no aclara si debería tenerse en cuenta para el Estatus Protegido Temporal y el gobierno nunca dijo que utilizaría los datos criminales para decidir si los ciudadanos de un país pueden seguir en el programa. La introducción de nuevos criterios podría causar consternación entre los haitianos que respetan las leyes, que podrían sentirse castigados por el comportamiento de algunos compatriotas.

Pero la petición encaja con la dura postura migratoria del presidente Donald Trump, que responde a una preocupación central de sus partidarios. En sus primeros meses en la Casa Blanca, aumentó los esfuerzos para detener a personas que viven de forma ilegal e Estados Unidos e intentó, sin éxito hasta el momento, suspender la llegada de refugiados y vetar temporalmente el ingreso de personas de siete países de mayoría musulmana. El republicano acusó a quienes están en esta situación de alimentar la delincuencia en el país.

No estuvo claro si la agencia solicitó información similar de otros beneficiarios de la protección temporal, que incluye a inmigrantes de Honduras y El Salvador.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, Kelly no ha tomado una decisión definitiva sobre el Estatus Protegido Temporal para Haití y declinó comentar el proceso.

El Estatus Protegido Temporal pretende ser justamente eso, temporal. El gobierno de Barack Obama incluyó a Haití en el programa poco después del sismo de enero de 2010 que mató a 300.000 personas y arrasó escuelas, hospitales, viviendas y vecindarios enteros. Desde entonces, los haitianos pueden quedarse en Estados Unidos independientemente de cómo ingresaron _ de forma legal o ilegal _ siempre y cuando residieran en el país antes del 12 de enero de 2011.

El programa para los haitianos se ha ampliado en varias ocasiones y expirará el 22 de julio. El gobierno de Trump debe decidir sobre su futuro antes del 23 de mayo para avisar de sus planes con un margen de 60 días.

El director interino del USCIS recomendó dejar que el programa se agote. En un informe del 10 de abril, publicado por USA Today en un primer momento, James McCament explicó que Haití ya no está en crisis a pesar de su pobreza e inestabilidad política. Sin embargo, quiere permitir que los haitianos sigan en el país hasta enero para darles tiempo a solucionar sus asuntos y marcharse voluntariamente. Si no lo hubiesen hecho para entonces, el ejecutivo podría deportarlos.

El departamento de Seguridad Nacional de Kelly es quien tiene la última palabra.

Los correos electrónicos sobre el conteo de los delitos se enviaron entre el 7 de abril y el 1 de mayo.

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Dictan condenas de 15 y 20 años de prisión por delitos en Santiago

Supuesto mensajero acusado de violar a 9 menores de edad, negó haber cometido el hecho y se declaró inocente.
El hombre identificado como Daniel Mendoza Belén, mientras era abofeteado por otros detenidos dentro de la cárcel de la fiscalía de la provincia, insistió en desvincularse de los hechos.
Foto: Carmen Suárez/Acento.com.do
20/09/2016

SANTIAGO, República Dominicana.- El Segundo Tribunal Colegiado de esta jurisdicción dictó 15 y 20 años de prisión en contra de dos hombres acusados de incurrir en los delitos de abuso sexual y robo con violencia.

Las sentencias fueron dictadas contra José Alberto Batista Grullón y Luis Martínez conocido como Luis David Martínez Díaz, alias “Sensato”.

Los hombres fueron acusados primero por abuso sexual y psicológico en contra de una menor, y el segundo luego que fuera declarado culpable de haber atracado a tres personas.

Según las autoridades del Ministerio Público, estas nuevas sentencias se suman a otras logradas en diferentes demarcaciones, lo que indica que este sigue procurando que sean sancionadas las actividades delictivas en el país y que los culpables de hechos como estos, paguen con prisión los delitos cometidos.

El expediente estableció que Batista Grullón agredió sexualmente bajo amenaza de muerte a una menor de 14 años de edad, cuyo nombre se omite por razones legales.

El hecho ocurrió en el año 2012 cuando la adolescente se encontraba en la residencia de una amiga de su madre, y que mientras dormía el imputado logró penetrar a dicha vivienda cometiendo la acción delictiva. Dicho hecho lo repitió dos semanas después.

En tanto que Martínez fue hallado culpable de cometer el delito de robo con violencia en perjuicio de Yesenia Núñez, Claribel Rodríguez y José Atrocha Medina, a los cuales durante atracos perpetrados en distintos hechos los despojó de la suma de 73 mil seiscientos pesos, así como de  celulares, tarjetas de crédito y sus documentos personales.

La Procuraduría Fiscal de Santiago acusó a José Batista Grullón y a Luis Martínez de haber violado varios artículos de los códigos de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y Penal Dominicano.

Los imputados deberán cumplir sus respectivas condenas en un recinto penitenciario de esta jurisdicción.

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Interpol tiene en su lista de prófugos a 158 dominicanos por diversos delitos

dominicanosinterpol

SANTO DOMINGO. La Policía Internacional (Interpol) busca de manera activa en todo el mundo a 158 dominicanos, entre los que se encuentran 22 mujeres, por la comisión de diversos delitos.

El portal oficial de la institución registra la búsqueda de 56 criollos bajo cargos de homicidio.

En tanto que por asuntos vinculados al narcotráfico y lavado de activos son perseguidos 21 quisqueyanos.

Por la comisión de robos, incluidos asaltos a mano armada, se requiere a 14 dominicanos.

Les siguen los casos de falsificación, el secuestro, violación sexual e incumplimiento de compromisos de manutención, por los que se busca a seis, cinco, cuatro y tres personas, respectivamente.

Entre los casos menos comunes por los que la Interpol busca a dominicanos figuran la agresión física, violencia intrafamiliar, fuga de cárceles y posesión ilegal de armas de fuego por los cuales se persigue a una persona por cada una de esas infracciones.

Mientras que unos 20 corresponden a cargos no especificados en el aviso de búsqueda.

Los más buscados

De las más de 400 personas que forman parte de los más buscados, 11 son de nacionalidad dominicana, entre los que se encuentran Bernardino Rodríguez Miranda, de 32 años, acusado de homicidio; Daniel Alberto Germán, de 28, acusado de robo a mano armada y José Manuel Recio Dotel por el mismo cargo.

En la lista figuran Danny Mateo Moreno, de 35 años, acusado de secuestro; Ángela Irizarri Méndez, de 70 años, (única mujer del grupo), buscada por estafa; Junior Radhamés Vargas López, perseguido por hurto y estafa; y Ambioris Nepomuceno Rodríguez, de 36 años, acusado de secuestro y homicidio.

Completan la relación, Ronny José Catalino, de 28 años, acusado de robo a mano armada; Alberto R. Tejada, 28 años, buscado por homicidio; Félix Lora de Jesús, de 30 años, buscado por homicidio voluntario, y Juan Ramírez Montilla, de 37 años, también buscado por cometer homicidio.

Capturados durante el 2016
En lo que va de año la Interpol ha apresado en el extranjero a varios dominicanos buscados por ese organismo, entre los que se encuentra José Nicolás Castillo Hart, alias El Gordo, apresado en Colombia el pasado mes de julio, quien era buscado desde el 2011 por la muerte del sargento del Ejército Raymond Toribio García, adscrito a la DNCD en la avenida San Vicente de Paúl, Distrito Nacional, y Jesús Pascual Cabrera Ruiz, apresado en España, el pasado mes de abril, contra quien existía una orden de captura internacional por su vinculación con el narcotráfico y al lavado de activos y quien era el último perseguido de una red dedicada a esa actividad.
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El 30% de los presos ha ido más de una vez a la cárcel

presidiariosSANTO DOMINGO. Cuatro mil cuatrociento treinta y siete reclusos ha tenido más de un ingreso a prisión, el 30% de un total de 15,951  internos en los 19 recintos del viejo sistema carcelario, de acuerdo a un censo realiado por la Dirección General de Prisiones.

Al detallar la cifra se indican que 3,104 reclusos -que representa el 21% de los reclusos- ha tenido dos ingresos a prisión, mientras que 843 (9%) ha ido tres veces a la cárcel.

También se establece que en los recintos del viejo sistema penitenciario 280 presidiarios, equivalentes al 2%, ha entrado cuatro veces a la prisión. En tanto que 95 reos han entrado a la cárcel cinco veces, lo cual se traduce en un 0.6%.

El informe señala que los reos que han estado más de cinco veces en la cárcel ascienden a 115, representando el 1% del universo que ha tenido más de un ingreso a la celda.

Agrega que 10,435 ha ido una vez a la cárcel, lo cual equivale a un 70%.

De los 15,951 censados resultaron 486 deportados, procedentes de 21 países, predominando los que han llegado desde Estados Unidos, con 271, Puerto Rico desde donde llegaron 137, seguido por Venezuela y Curazao con 13 y 12, respectivamente.

Plantea que de un total de 7,755 privados de libertad que respondieron a los años de condena, predominan los que están sentenciados a 20 años,  alcanzando esta población un total de 1,611 personas en los 19 recintos tradicionales censados.

Con relación a la condición jurídica los preventivos representaron el 47%, contra los condenados que resultaron en un 53%, de los cuales existe una población de 6,174 que están sentenciados de cinco a treinta años.

El registro sobre la situación de los centros penitenciarios precisa que la población de internos que permanecen en prisión según el delito que se le acusa o condena está en mayor porcentaje por homicidio, alcanzando el 31% de la población penitenciaria.

Salud y educación

Los resultados arrojados en el área de salud indican que un 26% de la población censada padece de alguna enfermedad, teniendo los mayores porcentajes los padecimientos de asma, hipertensión arterial, riñones y diabetes. De los 4,099 que sufren de alguna enfermedad, 89 padecen de VIH y 197 de tuberculosis.

El mayor porcentaje de la población es soltera, con un 60%, seguido por los de unión libre que representan un 31.4%, sólo un 8% es casado. Los resultados indican que el 50% han sido criados por su padre y madre, seguido de un 27% criados sólo por su madre. Los criados por los abuelos representan el 12%.

Un 16.5 % respondió no saber leer ni escribir, destacándose un porcentaje más alto en los recintos de Pedernales, Neyba, San Juan y Kilometro 15 de Azua.

De un total 13,440 privados de libertad que llegaron a cursar algún nivel educativo, resultó que 719 recibieron educación en el nivel universitario representando esta población el 5.3%.

El delito de homicidio y robo

El delito de homicidio es el más frecuente en la población censada. De los 4,987 en prisión por este delito, tienen en su expediente otros delitos asociados tales como robos, golpes y heridas, droga, secuestro, violación sexual, violencia intrafamiliar y otras infracciones menores. Conjuntamente con homicidio hay una población de 894 que también tienen en su expediente el delito de robo. En algunos recintos de provincias existe una alta población perteneciente de otras, como El Seibo, donde la suma Hato Mayor, de La Altagracia y de San Pedro de Macorís casi triplica la población.

Aumento de un 14% de la población carcelaria

El censo plantea que en los últimos años la población penitenciaria ha reflejado un considerable aumento, con una variación anual que ha llegado hasta un 14.6%.

Asegura que  esta situación eleva a diario el nivel de hacinamiento en el tradicional modelo, llegando a un nivel de ocupación de 342%, “es decir la población en estos recintos sobrepasa más de tres veces la capacidad para los cuales están construidos”.

República Dominicana se encuentra en el lugar número trece de acuerdo a la tasa de la población penitenciaria por cada 100,000 habitantes comparado con 24 países de América. Se observó que la población penitenciaria que predomina se encuentra entre las edades de 25 a 39 años, con un 55%, representando los envejecientes mayores de 60 años el 2% de la población.

En relación al estado civil, el 60% de la población es soltero, seguido por los de unión libre, con un 31% del total, resultando los casados con el 8.1%. De la población total un 74% dice tener hijos. Los que están privados de libertad se criaron en un 50% fuera del núcleo familiar de ambos padres, estando dentro de estos los que se han criado sólo por la madre, con un 27% del total.
Por Federico Méndez
Diario Libre

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Contable confiesa delitos en entidad del marido de hermana de rey Felipe VI

corrupcionPALMA DE MALLORCA, España.- El contable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, confesó los delitos de corrupción que se le imputan, y reconoció que el marido de la infanta Cristina, hermana del rey de España, Iñaki Urdangarin y el socio de este, Diego Torres, emplearon esa entidad para cometer diversos delitos de corrupción.

Tejeiro hizo esta confesión al fiscal Pedro Horrach, con el que ha alcanzado un acuerdo en el que admite que por orden de Urdangarin y Torres, este último cuñado suyo, facturó servicios a costes muy superiores a los reales, desvió fondos a través del entramado empresarial de los socios para ocultarlos al fisco y realizó contratos ficticios.

La semana pasada el juez José Castro acabó la instrucción del llamado “caso Nóos”, en alusión al Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que Urdagarin presidió entre 2003 y 2006 y a la que presuntamente se desviaron seis millones de euros de fondos públicos.

Ahora, en un escrito de ocho páginas dirigido a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, Marco Antonio Tejeiro expresó su voluntad de contribuir al “esclarecimiento de los hechos objeto de investigación” e hizo una relación de una veintena de prácticas delictivas de las que tuvo conocimiento.

Describió que Torres, esposo de su hermana Ana María, y Urdangarin organizaron un entramado de sociedades “que operaban realmente en el mercado como si fueran una sola”.

Entre estas empresa se encuentra la sociedad Aizoon que compartían al 50% Urdangarin y la infanta Cristina, aunque el arrepentido no hace ninguna alusión a que la hermana del rey interviniera de alguna manera en las actividades de su esposo.

Esta red de empresas, que Tejeiro denomina Grupo Nóos, estaba bajo el “absoluto control y poder de decisión” de Urdangarin y su socio, sobre los que afirma que la emplearon para lucrarse con fondos públicos obtenidos de las administraciones regionales de las Islas Baleares y de Valencia, según su confesión

La defensa de Iñaki Urdangarin presentó el martes un recurso contra el auto en el que el juez Castro le imputa por cinco delitos de prevaricación, cuatro de malversación, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias.

Horrach acudió hoy al despacho del juez Castro para informarle de la confesión de Tejeiro en lo que ha sido el primer encuentro entre ambos tras su enfrentamiento público por la imputación de la infanta Cristina.

La hermana de Felipe VI de España fue imputada por el juez el pasado 25 de junio por dos delitos fiscales y por blanqueo de dinero en relación con la entidad mercantil Aizoon que tenía con su marido.

La defensa de Cristina de Borbón también presentó el martes un recurso contra la imputación de esta, que también fue recurrida por Horrach por considerar que se basa en “meras conjeturas” del juez, que hay una “contaminación judicial por la influencia de los medios de comunicación” y desprecia indicios exculpatorios.
Por Agencia EFE

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Solicitan sanciones para 17 agentes por diversas faltas

consejo_policialSanto Domingo.-El Consejo Superior Policial recomendó al Poder Ejecutivo la puesta en retiro, cancelación y sanciones disciplinarias contra 17 miembros de esa institución, entre ellos cinco teniente coroneles, cuatro capitanes, seis primeros y segundos tenientes y dos sargentos.

Un documento enviado por la Policía explica que al teniente coronel José Ramón Martínez Polanco le fue recomendado el retiro forzoso acusado de obstaculizar los trabajos de levantamiento de la flotilla vehicular de la institución en la jurisdicción de Laguna Salada, Montecristi.

Mientras que al teniente coronel José María Cornielle; el segundo teniente Jorge Luis Pérez y el primer teniente Roberto Meran de la Rosa, les fue recomendado el retiro forzoso. En tanto al capitán Walter Herrera Oviedo, se le recomendó la cancelación del nombramiento.

A los sargentos Robinson Morla Cedano y Eulogio Polanco Sánchez, les fue recomendada la cancelación por mala conducta.

Tanto el oficial superior, el capitán, el primer y segundo teniente, y a los dos sargentos antes mencionados, se les recomendó la separación de las filas por extorsionar a un presunto narcotraficante  en Higüey, provincia La Altagracia.

El Consejo Superior Policial recomendó, además, la cancelación del nombramiento del teniente coronel José Ayala Sánchez, por mantener vínculos con un presunto delincuente contra quien pesaba una orden de arresto.

También se recomendó el retiro forzoso del teniente coronel Franklin Rosario Castillo, tras ser encontrado culpable de un proceso penal seguido en su contra en la Suprema Corte de Justicia.

Mientras que al capitán Julio Geraldo Valdez y al primer teniente Juan Silfa Montero, les fue recomendado el retiro forzoso por haber tratado de extorsionar a un ciudadano francés.

El Consejo también recomendó el retiro forzoso a los capitanes Junior Jiménez Rodríguez y Hernán José LLuberes García, por realizar un cobro compulsivo a un hombre que raptaron en el Residencial Las Américas, Santo Domingo Este.

De igual manera, al segundo teniente Fulvio Antonio Correa Brito le fue recomendada la cancelación del nombramiento por comprobarse que se dedicaba a actividades del sicariato.

Por último, fue recomendado el retiro forzoso del primer teniente Pedro Luis Núñez Rodríguez y del segundo teniente Franklin Rafael Feliz, por actuar de manera inadecuada en el desempeño de sus funciones en la Dirección Regional Noreste.

En tanto que al teniente coronel Humberto Flores Pascual se le  recomendó una sanción disciplinaría, por actuar con negligencia ante el desenvolvimiento de sus subalternos antes nombrados.

La medida fue adoptada en la novena reunión ordinaria del Consejo Superior Policial.
Por Néstor Medrano
Listin Diario

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Policía mata dos hombres que eran buscados por múltiples delitos

palacio_policia_nacionalLa Policía Nacional informó este jueves que ultimó a dos supuestos delincuentes que alegadamente enfrentaron a tiros a unos miembros de la institución cuando intentaron apresarlos.

La institución dijo que el hecho ocurrió en el barrio Los Coordinadores, de la Barquita, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

A través de una nota de prensa, la PN aseguró que las heridas que presentan los presuntos delincuentes se las ocasionaron oficiales de la DICRIM que repelieron una agresión a tiros.

Ambos hombres, a los que se ocuparon las pistolas Taurus, calibre 9mm, de numeración ilegible, y otra de marca legible 70C26375, eran buscados de manera activa por su participación en múltiples hechos delictivos.

“Los reportes dan cuenta que “Jeferson” y “Foster” al ver a los agentes del orden de inmediato la emprendieron a tiros en su contra, razón por la que se vieron en la imperiosa necesidad de repeler la agresión”, agregó.