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Las cárceles de América Latina, un riesgo aumentado en tiempos de pandemia

Bogotá/Sao Paulo/Asunción.- Las cárceles de América Latina son un infierno por las pésimas condiciones sanitarias en que viven los presos, tanto que organizaciones de derechos humanos califican algunas de ellas como «medievales», una realidad que se torna dramática con la pandemia del coronavirus que pone en riesgo a más de 1,6 millones de reclusos.

La crisis por el COVID-19 ha movilizado esfuerzos y recursos en todo el mundo para responder a la emergencia sanitaria, pero como suele suceder, hay sectores de la población que son olvidados hasta que deciden protestar, como ya sucedió en Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Paraguay.«La población carcelaria en América Latina está en una situación de alto riesgo fundamentalmente porque existe un problema común que es la sobrepoblación carcelaria en todos los países, sin excepción», dijo a Efe el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

HACINAMIENTO GENERALIZADO

Según Vivanco, en algunos casos el hacinamiento «sobrepasa el 100 % de capacidad que tiene el centro carcelario» y en otros llega al 20 o 30 %, situación que favorece la propagación del coronavirus ya que es imposible mantener la distancia mínima de un metro entre personas que recomiendan los expertos para evitar el contagio.

En América Latina hay cerca de 1,6 millones de personas privadas de la libertad, de las cuales dos terceras partes están en Brasil (773.000) y México (198.000), según datos del World Prison Brief, una plataforma del Instituto para la Investigación de Política Criminal y de Justicia (ICPR, sigla en inglés), que hace parte de la Birkbeck, Universidad de Londres.

En algunos países, como Haití, el hacinamiento llega al 454 %, mientras que en Brasil es del 167 % y en Colombia del 150 %, lo que hace de los centros de detención el caldo de cultivo perfecto para la propagación de cualquier virus.

«En esas prisiones las dificultades no son solamente la concentración de reclusos y el hacinamiento sino que hay problemas muy serios de higiene, falta de acceso al agua potable y a tratamientos médicos lo que hace deplorables las condiciones en general», alertó el director de HWR para las Américas.

PÁNICO Y MOTINES

La precariedad sanitaria de las prisiones, sumada al pánico mundial por el COVID-19, fue el detonante a mitad de mes de la fuga de cerca de un millar de presos de cárceles del estado brasileño de Sao Paulo, y de los motines simultáneos en 13 cárceles colombianas el pasado fin de semana, episodio que dejó 25 reclusos muertos y 83 heridos.

El eco de las protestas llegó hasta Argentina donde cinco presos murieron esta semana en revueltas en dos cárceles de la provincia de Santa Fe, mientras que otros dos perdieron la vida y 17 resultaron heridos en la cárcel de varones de Trujillo, en el norte de Perú.

En Venezuela, con un sistema de prisiones colapsado por la crisis del país, Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores del presidente «interino», Juan Guaidó, pidió al alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, que interceda por los presos políticos.

Borges expresó en una carta a Borrell que «el régimen mantiene a más de 350 presos políticos a pesar de los incesantes llamados de su liberación que han hecho diversos gobiernos y organizaciones de defensa de derechos humanos».

PRIMERAS MEDIDAS

La matanza de presos en Colombia llevó al Gobierno a declarar la emergencia carcelaria, una herramienta que le permite tomar medidas como traslados y aislamiento de los internos, así como dar permisos a presos mayores de 60 años que no estén condenados por delitos graves, a enfermos o madres gestantes.

En Brasil, que cuenta con la tercera mayor población carcelaria del mundo, diversos estados han adoptado medidas para evitar la llegada del coronavirus a las prisiones.

En Sao Paulo, el estado más poblado y también el más castigado por el COVID-19, las visitas y las salidas temporales de las cárceles fueron suspendidas temporalmente, lo que provocó la fuga de mediados de mes.

Se adoptaron además medidas de prevención, como el acompañamiento de reclusos de grupos de riesgo, la imposición de 14 días de cuarentena a los recién llegados y el aislamiento de quienes presenten síntomas de la enfermedad.

«Igualmente fue elaborado un Plan de Contención en caso de que haya alguna sospecha de contaminación por coronavirus en alguna unidad carcelaria», explicó a Efe la Secretaría de Administración Penitenciaria.

En Minas Gerais, el segundo estado más poblado, el Gobierno regional creó 30 «presidios-cuarentena», donde los nuevos arrestados deberán permanecer por 15 días antes de que sean trasladados a una cárcel, y las visitas fueron suspendidas.

Distintas ONGs alertan de que las cárceles brasileñas, con casi 800.000 presos en un sistema que comporta 460.750, tienen las «condiciones perfectas para la transmisión del virus».

«Son instalaciones donde la gente vive hacinada, muy cerca unos de otros y las medidas de distanciamiento social son inviables», afirmó a Efe el investigador de HRW para Brasil, César Muñoz.

Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en Brasil, Jurema Werneck, destacó que acompaña «con preocupación» la situación de poblaciones «históricamente dejadas al margen de las políticas públicas» en el país, entre ellas la carcelaria.

AYUDA DESDE DENTRO

Pero los reclusos también pueden ayudar en crisis como la pandemia actual, y es así que unos 200 presos de Sao Paulo confeccionarán cerca de 320.000 mascarillas de prevención contra el coronavirus, que serán vendidas en el mercado a precio de coste.

También en Paraguay las cárceles y centros de menores, que albergan a 16.000 personas en centros con cabida para 9.500, mantienen la cuarentena total, sin visitas de familiares ni clases, y sin motines hasta ahora.

La ministra de Justicia de Paraguay, Cecilia Pérez, aseguró en una entrevista con Efe que mantienen «reforzado el sistema de seguridad» en las cárceles, con supervisión «total» sobre los presos peligrosos, como los del Primer Comando de la Capital (PCC) o el Comando Vermelho, ambos grupos criminales brasileños con presencia en el país.

«Podrían querer aprovechar estas circunstancias pero hasta ahora no hemos tenido ningún episodio. Hemos tenido algunos mensajes de supuestas pretensiones de generar conflictos, pero al ahondar en la información no viene de ellos, viene de otros grupos e inclusive de afuera», explicó Pérez.

Ante la superpoblación carcelaria, Vivanco considera prioritario que los Gobiernos reduzcan el número de personas privadas de la libertad, como por ejemplo aquellos «que aún no han sido condenados y que se les imputen delitos no violentos, y quienes estén por cumplir la pena y hayan avanzado en tres cuartas partes de su condena».

«Un brote de coronavirus en una prisión latinoamericana clásica representaría una verdadera catástrofe por la imposibilidad de controlar el virus, entonces la recomendación que nosotros hacemos es que es necesario tomar medidas urgentes para reducir significativamente la población carcelaria», manifestó Vivanco.

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Suspenden visitas a cárceles de Nueva York por coronavirus

NUEVA YORK.-  El Departamento de Correcciones y Supervisión de la Comunidad (DOC), anució  la suspensión de las visitas de familiares a los presos en todas las cárceles locales, hasta el 11 de abril, debido a la expansión del coronavirus, acción que empezó aplicarse desde el pasado sábado, reportan medios este lunes.

El anuncio fue hecho por el alcalde Bill de Blasio, que también  sumó el cese de las clases con el cierre de todas las escuelas públicas, hasta la misma fecha que la medida que afecta a los reclusos.

La cárcel más afectada es la de Rikers Island en Queens, con una población de más de 10 mil prisioneros, cuya mayoría entre los latinos son  dominicanos.

“La mayor preocupación del departamento es la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y los reclusos bajo nuestro cuidado, custodia y supervisión, particularmente durante esta emergencia de salud pública en desarrollo”, explica el comunicado.

“Con ese fin, el departamento debe imponer rápidamente restricciones y precauciones para evitar la propagación adicional de la transmisión viral infecciosa de COVID-19 tanto en las instalaciones correccionales como en la comunidad”, agrega la agencia.

Las visitas suspendidas también se aplican a los programas de reunión familiar, pero los abogados podrán visitar a los presos sin contacto a medida que se presenten las solicitudes y esa opción permanezca disponible dentro de las instalaciones, dice el comunicado.

El sindicato de oficiales de corrección  no está acorde con que el alcalde no hubiera seguido su ejemplo con la prohibición de visitas hasta el sábado por la noche.

Por su parte, los defensores del movimiento de reforma de la justicia penal pidieron al gobernador estatal Andrew Cuomo que reconsidere la prohibición general de las visitas y que otorgue clemencias de inmediato a los neoyorquinos en prisión que son particularmente vulnerables a contraer el virus, incluidas las personas mayores, las presas embarazadas y otros con sistemas inmunes comprometidos que están en alto riesgo.

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Cárceles preventivas de la región del Cibao están sobrepobladas

Santiago.-Las cárceles preventivas que operan en provincias del Cibao están superpobladas, lo que genera motines, pleitos y enfermedades contagiosas entre los reos. El pasado martes, reclusos que guardan prisión en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago se amotinaron, denunciando supuestos malos tratos y en protesta por el estado de hacinamiento en que conviven. Esa celda fue diseñada para un total de 60 preventivos, pero recluyen entre 180 a 200, lo que crea dificultades y confrontaciones entre las personas que se encuentran encerradas en la misma.

Tras producirse el incidente, el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, y el fiscal Francisco Núñez, anunciaron el traslado a diferentes cárceles de la región de al menos 100 reos para descongestionar ese reciento.

Similares situaciones se presentan en las cárceles preventivas de Puerto Plata, Mao, Esperanza, Monte Cristi, Moca, La Vega, Villa Vásquez y otras que operan en sedes de la Policía Nacional. Hace meses que en la cárcel preventiva de Mao varios reclusos resultaron afectados con enfermedades de la piel y otras dolencias y, de acuerdo a médicos que los evaluaron, la situación se debe al hacinamiento en que conviven.

En aras de mitigar la situación, las autoridades penitenciarias y de la Policía trasladaron a varios de los reos a diferentes cárceles del Noroeste.

De su lado, la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos en la región Norte, deploró las condiciones en que se encuentran muchos recintos carcelarios preventivos y la situación infrahumana de las personas que se encuentran encerradas en ellos.

El presidente de la entidad, Dionisio Jerez, consideró como deplorable las condiciones de las cárceles preventivas del Cibao y planteó mayores acciones para mejorar la situación.

El activista explicó que sin importar el delito que hayan cometido, esas personas que se encuentran privadas de su libertad son seres humanos que merecen que se les trate como tales y que es la justicia que se encargará de aplicar las sanciones que sus casos ameritan.

En lo referente a la llamada carcelita que opera en el Palacio de Justicia de Santiago, Jerez dijo que es una celda que se hizo para albergar a no más de 60 personas en conflictos con la ley hasta que se conozcan las medidas coercitivas en su contra, pero que ha sido tomado como una cárcel donde muchas veces la población llega a los 200 reos y más.

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Buscan re-ubicar diez mil presos en Nueva York

NUEVA YORK._ La cárcel municipal de Rikers Island, es llamada “El Hogar de los Peores Neoyorquinos” (Home of New York City´s Boldets) y alberga a diez mil presos de toda estirpe: desde asesinos, sicarios, pandilleros, narcotraficantes, violadores sexuales, atracadores, ladrones, estafadores, violadores a layes de tránsito, violentos domésticos y muchos otros.

En medio de un debate local que critica las condiciones deplorables y el recurrente maltrato a los reos por parte de los guardias, el alcalde Bill de Blasio, quien prometió el año pasado, sacarlos de esa prisión y cerrar la cárcel, busca ahora reubicarlos en penitenciarias ubicadas en los cuatro condados.

La movida, ha generado la ira de líderes políticos, funcionarios y activistas, que rechazan tener a esos presos cerca de los centros urbanos de la ciudad.

El vecindario de Mott Haven en El Bronx, es una de las áreas escogidas por la alcaldía para abrir una de las nuevas cárceles.

Después de una mayor presión por parte de los defensores de reclusos y el gobernador Andrew Cuomo, el alcalde anunció ayer miércoles un plan para construir una nueva cárcel allí y renovar tres instalaciones existentes fuera de la isla Rikers.

El Tow Pound en Mott Haven, una instalación de la policía, abrirá una nueva cárcel como parte del plan de la ciudad para crear prisiones más pequeñas y seguras.

Los otros sitios son los centros de detención en Queens, Brooklyn y Manhattan.

El alcalde dijo que habrá un proceso de revisión pública para recabar opiniones de los comunitarios sobre las cuatro ubicaciones de las cárceles.

«Me sorprendió saber que la administración ya seleccionó un sitio para una nueva cárcel en El Bronx», dijo en un comunicado el presidente del condado de Bronx, Rubén Díaz Junior.

La medida requiere reducir la población carcelaria de la ciudad a la mitad que serían 5,000 presos. Eso tomará aproximadamente 10 años, según la administración municipal.

Los defensores de presos, y la administración de Cuomo, dicen que se puede hacer en tres años.

«Espero que, en el futuro, esta falta de alcance no sea un presagio de la cantidad de aportes de la comunidad que la gente de mi municipio tendrá en este proceso. Espero que la administración presente a mi oficina un esquema detallado de sus planes para una nueva cárcel, y examinaré esos planes cuidadosamente a medida que avance el proceso», advirtió Díaz de origen puertorriqueño y nacido en El Bronx.

La alcaldía también anunció planes para renovar tres instalaciones existentes fuera de Rikers Island.

Los defensores de reclusos instaron al alcalde a acelerar el plan.

«Los planes de la ciudad para cerrar Rikers Island avanzan en la dirección correcta, pero cerrar las instalaciones lo antes posible debe ser un objetivo explícito para el alcalde de Blasio», dijo Tina Luongo, que dirige la práctica de defensa criminal en la Sociedad de Ayuda Legal (The Legal Aid Society). «No podemos permitir que nuestros clientes y otros neoyorquinos de bajos ingresos experimenten un sufrimiento continuo a manos de los guardias correccionales de Rikers por otra década».

El grupo también estaba «preocupado» de que el plan no requiera una instalación en Staten Island. Los funcionarios electos en ese distrito están vehementemente en contra de la idea.

El alcalde y otros han dicho que las cárceles de la ciudad mantendrán a los reclusos más cerca de sus juzgados, sus abogados, sus familias y otros sistemas de apoyo.

Las tres instalaciones existentes se ampliarán y modernizarán, dijo la ciudad.

Cuando se le preguntó acerca de la violencia en esas instalaciones existentes y antiguas, de Blasio dijo que estarán más seguras que Rikers Island porque serán remodeladas como instalaciones más modernas enfocadas en la rehabilitación.

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Motines en cárceles del país han dejado decenas de muertos y heridos

LA VEGA. Un enfrentamiento entre dos grupos que se disputan el control de la fortaleza La Concepción de esta provincia, dejó un balance de ocho heridos, dos de ellos de gravedad, que fueron ingresados en el hospital público Luis Morillo King.

Rafaelina Concepción Lantigua, directora general del centro de salud público, informó que los heridos con armas blancas fueron los reclusos Ramón Antonio Rosario, Frank Félix Guzmán, Juan Moya, Enmanuel Almánzar Peña, Juan Eduardo Taveras, Alexander de Jesús Veloz y Marco Rosario.

Sus nombres incrementan la lista de afectados en enfrentamientos carcelarios que tiene una secuela de decenas de muertos y heridos en el país.

De los heridos de ayer, a Juan Moya y a Marco Rosario hubo que intervenirlos de urgencia, debido a las heridas que presentaban en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con versiones de familiares de los reclusos, el enfrentamiento se originó por el control del recinto carcelario. Construida para albergar entre 600 y 700 personas, la fortaleza La Concepción tiene una población carcelaria superior a los mil reclusos. En 2012, el Gobierno inauguró el Centro de Corrección y Rehabilitación ubicado en la comunidad El Pinito, La Vega, pero sigue utilizando las instalaciones de la fortaleza, manejada por el Ejército Nacional.

Otros motines

El 20 de septiembre de 2002 murieron 28 reos, incluidos dos menores, en un motín-incendio en La Concepción. Hubo decenas de heridos. El 1ro de febrero de 2003, dos reclusos murieron y cinco resultaron heridos en un enfrentamiento en Najayo, donde diez reos fueron heridos en otro motín el 9 de marzo de 1998.

El 18 de junio del 2004, tres menores murieron al incendiar su habitación en el Instituto de Preparación de Menores Máximo Antonio Valdez, de La Vega.

El 24 de agosto de 2001 un motín en la cárcel de la Romana dejó dos muertos y 13 heridos.

También murieron tres reclusos y otro herido de gravedad en una riña que se produjo el 17 de julio de 1997 en la cárcel de Monte Plata.

El 5 de febrero de 1998, Robert Carlos Encarnación murió y cinco resultaron heridos en un motín en la cárcel Rafey-Hombres, de Santiago; el 10 de marzo de ese mismo año, otra persona murió y cinco fueron heridos en un motín en la fortaleza San Felipe, de Puerto Plata. El 4 de agosto de 1999, dos reclusos murieron en un motín en el penal de Neyba y otros dos murieron el 14 de agosto de 1999, en el 15 de Azua. En 1998 murió una persona en la cárcel de El Seibo.

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Hacinamiento genera motines en Santiago

Santiago.-La patente sobrepoblación de la cárcel preventiva que funciona en el Palacio de Justicia de Santiago, diseñada para albergar a 60 prevenidos, pero que en ocasiones llega a encerrar hasta a 200 reos, el hacinamiento, la promiscuidad y falta de ventilación ha provocado, desde mediados de febrero hasta final de mayo de este año, y ha sido causante de cuatro motines y varias trifulcas con saldos de lesionados.

El último incidente violento en esta prisión ocurrió el 29 de mayo, cuando un motín terminó con tres reclusos heridos.

No obstante, en esa ocasión el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, aclaró que no se trató de un motín, sino de “una reyerta”.

González subrayó que algunos reos fueron trasladados desde otras cárceles hasta tribunales del Departamento Judicial de Santiago, para conocerles sus casos, y que fueron recluidos en ese centro preventivo, hasta que su situación fuera ventilada, lo que molestó a otros reos y generó un enfrentamiento, con un saldo de tres heridos.

Los reclusos, sus familiares, abogados y activistas de derechos humanos dijeron que a muchas personas en conflicto con la ley, y a las que se les conoce medidas coercitivas consistentes en prisión preventiva, en vez de enviarlas al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres, como sería lo correcto, las encierran en la llamada “carcelita”, como se le conoce a ese centro, aumentando los niveles de promiscuidad.

Otra de las quejas de los reos preventivos son las restricciones para tener encuentros íntimos con sus parejas, la mala alimentación y la falta de colchones para dormir.

Marianela Rodríguez dijo que a su pareja le conocieron una medida de coerción de seis meses de prisión preventiva, de los que ya ha cumplido tres, y que este le ha comunicado, las pocas veces que han podido hablar, que está desesperado y desea se le traslade a otro recinto en condiciones humanas más apropiadas.

Abogados dijeron que como el nuevo modelo penitenciario establece que no se puede tener a un interno en un recinto, por encima de la capacidad de tal albergue, bajo el régimen de este sistema, “muchos reos, en vez de ser enviados a cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, son mantenidos en la cárcel preventiva”.

Ante esa circunstancia, los defensores públicos de Santiago elevaron una acción de amparo que fue conocida en la Segunda Sala Penal del Departamento Judicial de Santiago el 17 de abril de este año, al denunciar que a los reos preventivos encerrados allí se les vulneran sus derechos fundamentales, lo que provoca motines y otras acciones violentas.

“Nosotros gestionamos que enviaran a mi marido a Rafey Hombres, pero nos han informado que no hay espacio para acoger a más internos, porque cada uno tiene su cubículo y su cama y no aceptan que duerma más de uno’’, indicó Marianela Rodríguez.

Derechos humanos opinan

El jurista Dionisio Jerez, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en la provincia Santiago, prevé que los conflictos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia Federico C. Álvarez, de esta ciudad, seguirán ocurriendo, porque los presos recluidos allí conviven en situaciones infrahumanas.

Según Jerez, ese lugar está diseñado para que las personas en conflicto con la ley permanezcan detenidas no más de 48 horas, hasta que su situación se defina en los tribunales, pero que permanecen encerradas un mes y más, lo que crea promiscuidad y hacinamiento.

Por igual aclaró que a ese lugar lo han convertido en una cárcel preventiva, pero es realmente una celda transitoria, donde llevan a las personas en conflicto con la ley cuando se les va a conocer medidas de coerción.

“Es una celda que la han convertido en una cárcel superpoblada de personas que han entrado en problemas con la ley, y por eso surgen esos problemas”, indicó.

En ese contexto, el defensor de los derechos humanos reiteró que se hace urgente la construcción de una nueva cárcel preventiva bajo el nuevo sistema penitenciario, “para resolver ese deprimente drama humano que hoy padecen cientos de ciudadanos”.

El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, dice que se requiere de la construcción de una nueva cárcel preventiva y que las molestias de los prevenidos son comprensibles, porque no hay condiciones para permanecer allí mucho tiempo.

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Ozoria dice que el Patronato Nacional Penitenciario fue vedado entrar a cárceles

Santo Domingo.-El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, denunció ayer que el Patronato Nacional Penitenciario fue impedido en su intentó de ejecutar un levantamiento para constatar la situación de los alegados privilegios denunciados en las cárceles.

Ozoria explicó que el propósito era llevar a efecto una investigación en las prisiones, para luego formular un informe sobre los alegados privilegios de que, supuestamente, son beneficiarios el grupo en prisión vinculado con los sobornos  de la empresa Odebrecht.

“No tenemos el levantamiento; lo que sí, hemos tratado de hacerlo, pero no se ha permitido”, dijo Ozoria, durante una visita de cortesía a la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina.

Ozoria respondió así cuando los periodistas le preguntaron en torno a una queja que hizo la pasada semana ese patronato.

Ese organismo, en un comunicado emitido la pasada semana, aseguró que la permanencia en prisión de los acusados por el caso Odebrecht debe ceñirse estrictamente a la ley, y “por tanto estar apartada de cualquier tipo de privilegio”.

Los miembros del Patronato Nacional Penitenciario se reunieron en dos ocasiones para conocer los últimos acontecimientos relacionados con la realidad penitenciaria, y decidieron expresar cuatro inquietudes ante las autoridades y la opinión pública.

“Es deber de la Procuraduría General de la República garantizar la continuidad del Nuevo Modelo Penitenciario, una de cuyas bases fundamentales es la igualdad de condiciones para todos los internos y avanzar en la eliminación de todas las cárceles tradicionales que aún existen”, señalaron en su comunicado.

El Patronato Nacional Penitenciario lo integran monseñor Francisco Ozoria, arzobispo de Santo Domingo; Fray Arístides Jiménez Richardson; Abraham Selman Hasbún; Elías Rodríguez Rodríguez, el empresario José Luis Corripio y  el periodista Luis Eduardo “Huchi” Lora.

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Fugas ponen a prueba seguridad de las cárceles

Santo Domingo.-Las fugas de reos de los 41 recintos carcelarios del país han puesto a prueba la seguridad de los centros y ha obligado a las autoridades a adoptar controles más estrictos para evitar que se convierta en una práctica difícil de manejar.

Utilizando diversas maniobras, 337 internos o reclusos han conseguido vulnerar la vigilancia de los recintos para evadir las condenas que les impusieron por los delitos en que incurrieron.

De los 22 Centros de Corrección y Rehabilitación que corresponden al Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria se han escapado 117 reclusos en 12 años.

Mientras, 220 han evadido la prisión de 19 cárceles del sistema tradicional en 10 años.

Aunque 76% de los presos fugados ha sido reapresado, unos han burlado la persecución, quedando 50 aún prófugos, 33 que estaban recluidos en recintos tradicionales y 17 en centros modelos.

Otros no tuvieron éxito, murieron al ser perseguidos por los agentes de vigilancia, siendo ese el caso de al menos 22 de centros modelos.

La mayoría de los que se fugan o tratan de hacerlo están condenados por homicidio y robo agravado.

Las fugas son más frecuentes de noche y en la madrugada, cuando los reos entienden que puede haber un descuido de la seguridad.

Período crítico
Pese al esfuerzo de las autoridades para evitar las fugas a través de mejorías en las estructuras de los recintos, acciones preventivas y de inteligencia y un control más estricto de los internos, todavía no han logrado erradicar esa práctica, pues solo este año se han escapado al menos 11, mientras que en el 2016 lo hicieron 25. De todas formas, el país se mantiene con los más bajos índices de fuga de la región, según precisó Ysmael Paniagua, coordinador de ese sistema.

Los más jóvenes y los condenados a penas elevadas son los que han tratado de evadir la condena, al menos en los centros del Nuevo Modelo.

Paniagua evalúa que 2013 fue el año más crítico, porque aumentó de 4,000 a 9,000 el número de internos, por el funcionamiento de nuevos centros que pasaron a ese sistema.

Resalta que ninguno de los que han intentado fugarse o que se han fugado lo ha hecho cuando sale a trabajar o a realizar labores sociales, facilidades que se otorgan dentro del programa de medio libre.

Reconoce que la seguridad no es perfecta, pero enfatiza que no se  aceptan las fugas, asumiendo que cuando un interno se escapa es responsabilidad de los agentes penitenciarios.

Aunque dice que no han detectado complicidad, han suspendido y cancelado a cerca de 50 agentes de vigilancia, porque han detectado debilidad extrema e irresponsabilidad del personal.

La regla en los centros del nuevo modelo es que cuando un privado de libertad se fuga es responsabilidad del personal. “Es responsabilidad de nosotros mantenerlo en el lugar que la autoridad judicial ordenó.

Hemos establecido que cuando uno se fuga es por responsabilidad de nosotros”, precisa Paniagua.

Una vez son reapresados, la norma es no emplear métodos violentos contra los internos, a menos que sea proporcional. El maltrato es sancionado.

Ningún agente ha sido sometido a la justicia por muerte de reos en el intento de fuga, porque, según sostiene Paniagua, han ejecutado esos hechos en el marco de los procedimientos y de la ley.

Situación bajo control

El director de Prisiones, Tomás Holguín La Paz, afirma que las fugas están controladas en los recintos penitenciarios bajo el cuidado de esa entidad, porque diferente a otros tiempos, cuando eran comunes, han ido mermando desde hace unos dos años.

Enumera entre las razones de la disminución de los escapes de reos las drásticas medidas que han adoptado con el personal de seguridad, tanto civil como militar, cada vez que se ha determinado que en los intentos o en la fuga ha habido complicidad de algún personal del recinto.

“Al ya ser una costumbre el tomar medidas drásticas que va desde cancelación e incriminar (someter a la justicia) a personas, militares o civiles, cuando se determina que hay una complicidad, eso ha llamado la atención y obviamente ha actuado de manera favorable a que no sigan ocurriendo”, apunta.

Destaca que la persecución por parte de la Dirección de Prisiones y de las Fuerzas Armadas ha sido permanente para dar seguimiento a los reclusos que se escapan, a fin de reapresarlos.

“La persecución ayuda, manda un mensaje de que estamos en lo que tenemos que estar, que estamos enfocados en que el que se condenó a una pena por un hecho delictivo tiene que estar trancado”, apuntó.

Señaló que hace tiempo que no ocurren fugas con el uso de seguetas, sino más bien por descuidos, los cuales asemeja a complicidad.

Refuerzan viligancia

En los centros modelos han incrementado los puestos de seguridad y la vigilancia de todas las actividades diarias, con una revisión más rigurosa de las personas que ingresan, de los paquetes y prótesis de los discapacitados. Empero, Paniagua admite que siempre existe debilidad. Después de los primeros escapes, instalaron armas de alto calibre para evitar incursiones como el asalto perpetrado a Najayo hombres, el 24 de octubre del 2014.

Se hacen tres y cuatro conteos nominales diarios. Realizan labores de inteligencia entre los mismos privados de libertad y se revisan los barrotes con más frecuencia.

Han instalado alambres de trinchera electrificados. Otra medida es la rotación de los candados; aumento de la cantidad de rondas de los custodias durante las noches de un puesto de servicio a otro, el aislamiento de internos cuando se dan cuenta que quiere fugarse, y reforzamiento de los protocolos de seguridad para hospitales y clínicas.

Reúnen la mayor cantidad de información sobre los reos y su familia.

Hacen labores de inteligencia entre los privados, entre otras medidas.

Entre las autoridades de la Dirección de Prisiones hay un criterio de que no pueden prestarse a que haya la más mínima brecha de fuga.

El director de Prisiones precisó que siempre están a la expectativa de la baja del índice de seguridad en un penal, trabajando con los alambres de trinchera y los hierros que se puedan ir diluyendo por el tiempo. Han incrementado la seguridad, aunque reconoce algunas deficiencias que no dependen de la Dirección de Prisiones.

Precisa que se hace un conteo después que salen de las diversas áreas, para tener el control de que “están todos los que son”.

Cuando el reo es reapresado, dice, se evalúa su situación y se adoptan medidas que pueden conllevar castigo, traslado a otro penal o restricción de las visitas.

Indica que su conducta queda tachada, e imposibilitado de cualquier prerrogativa a su favor.

MÉTODOS

Seguetear los barrotes; volar las paredes, salir por las puertas, con y sin la intervención de armas de fuego, son algunas de las formas usadas para evadir la prisión. A veces hasta en el camión de la basura, como lo hizo uno que se escapó de la cárcel de Jimaní.

Control con pases de lista

Luis Gabriel Victoria, director del Centro de Corrección El Pinito, de La Vega, dijo que una de las principales medidas que han aplicado para evitar fugas es cumplir con los programas de tratamientos.

Entiende que la principal fortaleza es cuando un interno se siente preparado y entiende que su condena ha sido por una falta de él.

Luego, expone, entra el trabajo de seguridad de la estructura o del edificio, cuidando las áreas perimetrales, con agentes de vigilancia. De esa labor no da muchos detalles, por razones de precaución, aunque precisa que aproximadamente 200 personas laboran en las diferentes áreas, la mayoría de seguridad.   “Contamos con un centro que cumpliendo con los protocolos establecidos, podemos dar respuesta a cualquier situación que se quiera presentar”, manifestó.

Como segundo fuerte, señala, el sistema de inteligencia debe estar funcionando cien por ciento dentro del recinto, para detectar cualquier amenaza que pueda surgir y poder tomar las medidas de prevención.

Resalta que en los cuatro meses de su gestión al frente del centro, no se han producido fugas.

“Estamos trabajando, y claro, nunca confiados, siempre tenemos la paranoia altísima, para evitar que se produzca ese tipo de situaciones”, expresó. En ese centro, que opera desde el 2012, se han escapado dos internos, uno fue reapresado, pero el otro está prófugo. Uno falleció en el intento. El último evadido lo hizo hace seis meses. Allí están privados de libertad 857 internos.

Recuentos
El subdirector del centro, José Ángel Aquino, precisó que hacen cuatro recuentos en el día y la noche. Afirma que esa medida garantiza un monitoreo de la distancia.

Los pases de lista se hacen a las siete de la mañana, al mediodía, a las siete y a las diez de la noche. “El último de la noche es estratégico, para determinar si el interno se ha movido a otro lugar”, enfatiza.

Subraya que es un protocolo que garantiza el monitoreo constante de la permanencia del interno en el centro.

“Si hubiese tenido mala intención, no vuelvo más”

“Tuve que salvar mi vida”.

Con esa expresión, el recluso Nelson Fernández justifica su fuga del Centro de Corrección y Rehabilitación de Haras Nacionales, hace dos años, donde estaba recluido por robo agravado, por lo cual fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales ya lleva 13.

“Fue por motivo de enfermedad que yo hice lo que hice”, afirma. Ahora se encuentra en el Centro El Pinito, de La Vega, adonde fue enviado luego de violentar las reglas.

Su versión del escape es que tenía una fiebre muy alta, producto de una recaída luego de una cirugía en un riñón a que había sido sometido estando en el recinto de Rafey, Santiago, donde duró ocho años.

“Había dos custodias en recepción, fui y les dije que tenía una fiebre en 60, me dijeron que no había vehículo, que tenía que aguantarme, yo tomé la decisión, salí y abordé un vehículo, me fui al Moscoso Puello (hospital), ahí pedí que llamaran a mi familia”. Aunque muchos en el centro sabían de su plan, según refiere, los custodias se percataron cuando ya él se había marchado.

Una oportunidad
Ahora reflexiona. Reconoce que lo hizo indebidamente, porque nunca debió salir sin permiso, pero insiste que nunca tuvo el propósito de evadir la condena.

“No había ninguna mala intención, si hubiese habido una mala intención no vuelvo más”, comenta el interno, de 54 años.

Se escapó un viernes y aunque le dieron de alta el domingo siguiente, se fue a su casa, y se entregó el lunes. De Haras Nacionales, un centro abierto, fue trasladado a un centro cerrado.

Entiende que se le ha dado una segunda oportunidad.

“Si usted cae y vuelve a levantarse ellos le dan la oportunidad otra vez de que usted continúe y siga en sus labores”, expresa.

Recomienda a los reos no incurrir en el error que él cometió. Exhorta a los jóvenes a no salir a hacer cosas malas en la calle. “No es bueno estar privado de libertad”, afirma.

Técnico en ebanistería, lleva casi dos años en el centro El Pinito, La Vega, donde es el responsable de la fabricación de camas para los recintos penitenciarios.

Admite el hecho

Fue arrestado el 25 de octubre del 2004 por la sustracción de un vehículo en una Plaza Comercial.

El interno admite haber participado en el robo, pero también se lo atribuye a la enfermedad de un hijo, y al engaño de unos “conocidos”, que no le informaron que iban a robar, sino a realizar un embargo judicial.

“Le soy honesto, tenía un niño enfermo, no me dijeron que iban a robar, la persona me dijo que iban para que yo le hiciera unos trabajos en Santiago, cuando llegamos allá me dijo, mira, ese carro me lo quitó una financiera, necesito llevármelo, no se manejar, yo tontamente, necesitaba el dinero, cogí el vehículo y lo manejé, nos llevamos el vehículo y después supe que el carro era robado”, relata.

Recuerda que era un tiempo en que no estaba produciendo mucho y que le ofrecieron darle los 10,000 pesos que necesitaba para atender a su niño, de cuatro años, que estaba interno por bronconeumonía.

“Caí en la tentación”, se lamenta.

Considera injusta la condena.

“No me merecía 20 años de prisión, cuando veo gente que mata y le echan cinco y 10 años, yo inclusive fui honesto, le dije a ella (víctima) y a su familia que yo no sabía, pero ya estaba dado, 20 años”, apunta.