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Amnistía arremete contra discurso de odio de Trump que deshumaniza a migrantes

PARÍS. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en práctica una “retórica del odio” con la que ha dado la espalda a refugiados y migrantes, convertidos en chivos expiatorios, denunció el miércoles Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización internacional señaló que 2016 fue un año en el que “el uso cínico” de esa retórica adquirió prominencia global a una escala nunca vista desde la década de 1930.

Amnistía Internacional expresó especial inquietud respecto a Donald Trump, quien fue elegido presidente de Estados Unidos en noviembre “tras una campaña que causó consternación por su discurso discriminatorio, misógino y xenófobo”, y que “ilustra la tendencia global más airada y divisiva de hacer política”.

“Las decisiones que está tomando, ya sea la construcción de un muro en la frontera con México o la aceleración de las expulsión de inmigrantes ilegales, van a tener repercusiones sobre millones de personas”, alertó Geneviève Garrigos, responsable de la región Américas de AI.

Además de Trump, Amnistía arremetió contra el presidente filipino Rodrigo Duterte, el turco Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro húngaro Viktor Orban, que “tienen una agenda tóxica que persigue, convierte en chivos expiatorios y deshumaniza a grupos enteros de personas”.

El secretario general de AI, Salil Shetty, advirtió además contra el “riesgo de efecto dominó” cuando países poderosos, como Estados Unidos, “dan marcha atrás en sus compromisos con los derechos humanos”.

Frente a este escenario, Amnistía llamó a todos a movilizarse. “El año 2017 será de resistencia”, dijo Shetty a la AFP. “Nuestras esperanzas reposan en el pueblo”.

Expulsiones y represión

En su informe, que abarca 159 países, Amnistía alertó sobre la inquietante situación de los refugiados centroamericanos que huyen de la violencia “implacable” en sus países y que son “frecuentemente olvidados”.

En 2016, estas personas fueron víctimas de expulsiones desde México y Estados Unidos, a pesar de los abrumadores indicios de que muchos regresaban a situaciones de peligro mortal, señaló AI.

Garrigos denunció además la detención de migrantes, incluso de menores no acompañados, en los meses pasados en la frontera sur de Estados Unidos, muchos de ellos sin acceso adecuado a atención médica ni a asistencia de un abogado.

“Nos preocupa que esta situación se agrave con la gran cantidad de migrantes cubanos que han ido a Ecuador para luego tratar de subir a Estados Unidos o de haitianos que se encuentran bloqueados en la frontera mexicana, sin ningún recurso, en condiciones muy difíciles”, agregó.

En Brasil, AI criticó las políticas de seguridad pública puestas en marcha por el gobierno conservador de Michel Temer, que el año pasado reemplazó a la izquierdista Dilma Rousseff, destituida por el Congreso.

“Un país con 60.000 homicidios al año (…) debería focalizarse en la reducción de los homicidios, en la protección de la vida, el control de armas”, dijo Renata Neider, asesora de Derechos Humanos de AI en Brasil, en una rueda de prensa en Rio de Janeiro.

Pero no fue eso lo que ocurrió. “Actualmente, la política de seguridad pública está volcada a la guerra contra las drogas, con un encarcelamiento desproporcionado, que resulta en miles de muertos todos los años”, agregó, en referencia a recientes sangrientos ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes en las hacinadas cárceles brasileñas.

Por otra parte, AI señaló que “ninguna parte del mundo se libró de medidas de represión general de la disidencia” o del “afán de silenciar las voces críticas”.

El organismo internacional citó el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras en marzo como “un ejemplo de todos los peligros que arrostran quienes se enfrentan con valentía a poderosos intereses estatales y empresariales”.

Alertó también sobre la “grave situación de los presos de conciencia en Venezuela” y la “determinación del gobierno de reprimir la disidencia”, así como la situación de defensores de derechos humanos en Brasil y Colombia, que “siguen siendo objeto de amenazas y homicidios”.

‘Mundo pendiente de Francia’

Amnistía Internacional, cuya sede central está en Reino Unido, presentó de forma excepcional su informe anual 2016-2017 en Francia, para alertar sobre la situación de los derechos humanos en este país a dos meses de elecciones presidenciales.

“Francia está en un punto de inflexión en cuanto a los derechos humanos”, advirtió Shetty, pidiendo a los ciudadanos “que no caigan en la trampa de los discursos de odio, miedo y aislamiento”.

AI denunció además la restricción de los derechos humanos en el marco de las medidas antiterroristas tomadas en ese país, en particular las relacionadas con el estado de emergencia decretado tras los atentados de noviembre de 2015, que se saldaron con la muerte de 130 personas.

“El gobierno debe proteger a su gente, pero las medidas deben ser proporcionales”, señaló, antes de afirmar que “el mundo está pendiente de Francia”.

por María Elena BUCHELI

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Amnistía Internacional acusa a régimen sirio de ahorcar 13,000 personas

BEIRUT. Amnistía Internacional acusó el martes al régimen sirio de haber ahorcado a unas 13.000 personas en cinco años, entre 2011 y 2015, en una prisión gubernamental cerca de Damasco, denunciando una “política de exterminio”.

El informe de la oenegé, titulado “Matadero humano: ahorcamientos y exterminio en masa en la prisión de Saydnaya”, se basa en entrevistas con 84 testigos, incluyendo guardias, detenidos y jueces.

Según el informe, al menos una vez por semana entre 2011 y 2015, se sacaba a grupos de hasta 50 personas de sus celdas para procesos arbitrarios, se les propinaban palizas y luego eran ahorcados “en plena noche, en absoluto secreto”.

“A lo largo de todo este proceso, tienen los ojos vendados. No saben cuando ni cómo morirán, hasta que se les ata una cuerda alrededor del cuello”, denuncia la organización.

La mayoría de las víctimas eran civiles considerados opositores al gobierno del presidente Bashar Al Asad.

“Los dejaban (ahorcados) de 10 a 15 minutos”, explica un antiguo juez que asistió a las ejecuciones. “En el caso de los más jóvenes, su peso no era suficiente para matarlos. Los ayudantes de los verdugos tiraban de ellos hacia abajo rompiéndoles el cuello”.

Para Amnistía Internacional (AI), se trata de crímenes de guerra y de crímenes contra la Humanidad que probablemente perduran hasta la actualidad.

Miles de prisioneros están detenidos en la cárcel militar de Saydnaya, uno de los centros de detención más importantes del país, situado a 30 kilómetros al norte de Damasco.

La oenegé acusa al gobierno sirio de llevar a cabo una “política de exterminio” torturando regularmente a los detenidos, privándolos de agua, de alimentos y de cuidados médicos.

Prisioneros fueron violados o forzados a violarse entre sí. Había guardias que daban de comer a los detenidos tirando la comida por el suelo de la celda, a menudo sucio.

Además, los detenidos no podían hablar y tenían que adoptar posturas especiales cuando los guardias entraban en su celda.

“Cada día, había dos o tres muertos en nuestra ala (…) Recuerdo que el guardia nos preguntaba cuántos éramos”, explicó Nader, un antiguo detenido cuyo nombre fue modificado.

Según Nader, tras un día particularmente violento lleno de torturas, 13 personas murieron en una ala de la prisión.

“Dormíamos con el ruido de fondo de la gente muriendo de asfixia. Para mí, era normal en aquel momento”, dijo Hamid, detenido en 2011.

En el pasado, la organización había indicado que se calculaba que 17.700 personas habían muerto en las cárceles del gobierno sirio desde el inicio del conflicto, pero estos nuevos datos se traducen en un alza significativa.

“Los horrores descritos en el informe muestran una campaña escondida y monstruosa, autorizada al más alto nivel del gobierno, para aplastar cualquier forma de contestación por parte de la población siria”, comentó Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación en la oficina de AI en Beirut.

El año pasado, Naciones Unidas acusó al gobierno de Al Asad de dirigir una política de “exterminio” en sus prisiones.

Más de 310.000 personas han muerto y millones han tenido que abandonar sus hogares desde que comenzara el conflicto sirio, en 2011.

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Oposición venezolana aprueba amnistía para presos, rechazada por el chavismo

henryramosalupCARACAS. El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, aprobó este martes una amnistía para políticos presos, en un encendido primer debate en el que el chavismo prometió bloquear la aplicación de la ley, otro foco del conflicto de poderes que afecta al país.

Entre aplausos y gritos de “¡Libertad!” de familiares de los presos, el presidente legislativo Henry Ramos proclamó la aprobación por mayoría de la ley, tras un enardecido discurso contra el gobierno, que cerró más de cuatro horas de discusiones.

“Este gobierno en su agonía (…) no podrá seguirse sosteniéndose de espaldas a la realidad nacional ni que metan presos, ni que amenacen con fusiles, ni que atropellen ni que chantajeen”, afirmó Ramos Allup, elevando el tono desde la tribuna del hemiciclo, ante de someter la ley a votación.

Minutos antes, Diosdado Cabello, número dos del chavismo y exjefe parlamentario, había igualmente prometido desde el estrado: “Aquí ustedes pueden hacer lo que quieran, pero esa ley de impunidad no va a ser ejercida ni va a ser ejecutada. No va a haber libertad para los asesinos”.

Por tener la oposición mayoría calificada se da por descontado que se avalará en segundo debate en próximos días. Pero para aplicar esa ley se requiere la promulgación del presidente Nicolás Maduro, quien ya anunció que la vetará.

El diputado oficialista Elías Jaua calificó al proyecto como de “amnesia criminal” y dijo que los chavistas desconocían “desde ya” esa ley. “Exhortamos a los poderes públicos y a todas las autoridades civiles y militares a hacer lo propio”, afirmó.

“A esta ley le espera un largo camino. La liberación de los presos pasa por resolver el conflicto institucional que vive el país”, declaró a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández, al señalar que Maduro podría enviarla a revisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de servir al oficialismo.

La amnistía, que busca beneficiar a unos 75 disidentes presos, se aprueba justo dos años después de que fue detenido el opositor radical Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión.

El gobierno la rechaza al asegurar que beneficiará a “terroristas” y “asesinos”, como considera a López, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertes.

El poder de Maduro

La amnistía es el proyecto emblemático de la oposición en el Congreso, si bien la prioridad -anunció al instalarse el 5 de enero-, es proponer una vía legal para acortar el mandato de Maduro (2013-2019).

“Esta ley es la continuación del golpe de Estado, ampara cualquier hecho que haga la oposición venezolana para salir del gobierno (…), para acabar con la revolución”, manifestó Cabello en el Congreso.

La oposición reconoce que ni la amnistía ni la propuesta para el cambio de gobierno -una enmienda constitucional o un referendo revocatorio-, serán aplicables si no reforman instituciones clave.

La enmienda podría quedar bloqueada en el TSJ y el referendo en el Consejo Nacional Electoral, al que la oposición también acusa de chavista.

“Van a salir del poder de manera democrática, constitucional, pacífica, electoral porque ustedes han causado una enorme desgracia en Venezuela”, les dijo a la bancada oficialista Ramos, quien calificó al TSJ como un “organismo de vergüenza”.

Ramos agregó que “tres grupos militares” y cuatro en el partido oficialista están “cayéndose a cuchillo y forzando la renuncia” de Maduro.

La oposición decidió acelerar sus planes, luego de que el jueves el TSJ desconociera la decisión del Parlamento de negar un decreto de emergencia dictado por Maduro para enfrentar la grave crisis económica.

Polémica ley

Al debate acudieron familiares de opositores presos, entre éstos Lilian Tintori, esposa de López, y del alcalde Caracas, Antonio Ledezma, detenido hace un año, acusado de conspiración y asociación para delinquir, por lo cual la Fiscalía pide condena de 16 años.

“Leopoldo está encarcelado injustamente”, dijo Tintori, quien por los dos años de detención de su esposo encabezará un acto en el Parlamento el jueves, acompañada de los premios Nobel de la Paz y expresidentes Lech Walesa (Polonia) y Oscar Arias (Costa Rica).

También acudieron seguidores del gobierno que acusan los opositores de las muertes de 2014. “No son presos políticos, sino personas que llamaron a la violencia y cometieron terrorismo. Rechazamos la ley de impunidad”, dijo Desiré Cabrera, vocera de un comité de víctimas de las protestas afín al oficialismo.

La oposición planea una manifestación el sábado y otros actos en favor de la amnistía esta semana, mientras que los seguidores del gobierno también planea mitines en contra.

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Migración rechaza amnistía para hijos de indocumentados

haitianos_ilegalesEl director de Migración, José Ricardo Taveras, consideró ayer que luego del fallo del Tribunal Constitucional, que establece que los hijos de extranjeros ilegales en el país no les corresponde la nacionalidad dominicana, es “absolutamente imposible una ley de amnistía” porque siempre lo fue y “ahora con más fe”.

Sostuvo que el Congreso Nacional no podría abocarse a conocer una ley de ese tipo porque violaría la Constitución por un caso que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. “La verdad es que no podemos poner al Congreso a violar la Constitución”, subrayó.

Taveras calificó las discusiones que se dan en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la nacionalidad, como una crisis mediática y de pareceres académicos. “Ahora lo que el país no puede caer es de una crisis de interpretaciones académicas y de pareceres de profesionales del derecho y de los intereses que medren con el tema en una crisis constitucional, en eso no puede caer”, advirtió el director de Migración.

Refirió que la ley de Migración, 285-04, establece que se haga un plan nacional de regularización de extranjeros por lo que no es necesario obstaculizar la solución de “una herida que tenemos que cerrar”. Garantizó que el Estado tiene la determinación y la voluntad de amparar esa gente porque “nadie los va a desamparar, ese problema debe resolverse tal como la ley manda que se resuelva”.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que una de las posibles salidas a la situación que afecta a un número indeterminado de personas con el fallo del Tribunal Constitucional, es una posible ley de amnistía, así como que el Estado inicie lo antes posible el plan nacional de regularización de extranjeros que establece la ley y la sentencia 168-13.

Modificar la ley de naturalización, otra propuesta de solución La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) propuso como salida para los afectados por el fallo del Tribunal Constitucional una modificación a la Ley 1683 sobre naturalización y rechazó la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía para los hijos de indocumentados.

Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, informó que trabaja en la elaboración de un anteproyecto para modificar esa legislación para hacer más flexibles los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana y sin costo para los interesados. “La modificación incluiría una mención expresa sobre su alcance y ámbito de competencia referido exclusivamente para el periodo y los casos enmarcados en la vigencia del plan nacional de regularización, involucrando con parámetros claramente definidos a las autoridades responsables de ejecutar dicho plan”, señaló la entidad mediante un comunicado de prensa.

Igualmente, señala que es necesario adoptar medidas que respeten el fallo del Constitucional. “Justicia y Transparencia tras reconocer el drama humano que supone corregir el problema migratorio de la República Dominicana, con profundos vicios y una marcada desatención por parte del Estado durante décadas”, reconoce la entidad.

En tanto, el jurista Julio Cury consideró que sería inconstitucional una ley de amnistía porque entraría en contradicción con la sentencia del Constitucional.
Fuente: El Caribe