“Si se toma en consideración a los jóvenes que recién ingresan al mercado de trabajo (los que comprenden edades entre los 15 y 24 años) la tasa aumentaría a un 30%, lo que está por encima de la media latinoamericana y alrededor de tres veces el promedio mundial”, señala el informe al realizar un análisis comparado con otros países de la región.
El estudio, llamado “Proyecto de ley de Pasantía Juvenil: desempleo y falta de oportunidades”, de la autoría de Flor Batista Polo y Jean David de Jesús Adón, coordinadora e investigador de la Unidad de Poder Legislativo del OPD, respectivamente, explica que en promedio, de 2008 a 2015, la tasa de desempleo juvenil fue 7.2% más alta que la de desempleo general.
“Lo que preocupa es que aunque el desempleo se haya mantenido estable con una ligera disminución durante estos siete años, la tendencia general del desempleo juvenil fuera al alza. También se debe tomar en cuenta que dentro del grupo de desempleados están los jóvenes que ni estudian ni trabajan (los NI-NI). La cantidad de jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban al 2015 superaba los 400,000. Este grupo está conformado principalmente por mujeres, que representan el 63.6%”, enfatizan los investigadores.
Proyecto de ley de pasantía juvenil
El informe también profundizó sobre el proyecto de ley de pasantía juvenil de la autoría de la legisladora Karen Ricardo, sometido por primera vez en el año 2007. “Esta iniciativa busca mejorar las experiencias laborales y la transición de la escuela al trabajo a través de la generación de un sistema de formación dual para jóvenes (Formación laboral en conjunto con cursos técnicos) y ha sido reintroducida aproximadamente cinco veces en la Cámara Baja”.
Las modalidades formativas que establece el proyecto son cuatro: pasantía laboral para egresados; convenios de becas de trabajo, donde el empleador se compromete a financiar la formación de un pasante, quien se compromete a retribuir con horas de trabajo al contratante; modo de aprendizaje técnico, el cual consiste en un contrato de trabajo en el que el contratante está obligado a formar al pasante bajo un programa educativo diseñado por una institución técnico-especializada, y aprendizaje simple, donde el pasante se convierte en un pupilo que al mismo tiempo es empleado de la empresa. Aquí no intervienen centros de educación.
Conclusiones y recomendaciones
“Debido a las experiencias y discusiones actuales en América Latina, el Poder Legislativo debería considerar discutir en vistas públicas con los sectores involucrados este tema, así como prestar más atención a los incentivos, especialmente, en un país donde el gasto fiscal alcanzó, para 2017, los RD$231,125 millones (6.4% del PIB). De lo contrario, establecer mecanismos de fiscalización y evaluación hacia las empresas antes de otorgarles este tipo de exención es una idea que aseguraría la inversión del Estado y la efectividad de la normativa”, sugiere la investigación.
Añade que otra forma de incentivar a las empresas a que contraten pasantes sin la necesidad de erogar beneficios fiscales es promoviendo una participación más activa del Estado. “En ese sentido, el Gobierno puede encargarse de las etapas de capacitación de los pasantes y otros aspectos de fiscalización y evaluación a las empresas contratantes”.
