Madrid. La Fiscalía General del Estado de España ordenó ayer miércoles investigar a más de 700 alcaldes de Cataluña por cooperar con el referendo separatista que ya fue suspendido por una corte superior y solicitó su arresto en caso de que no acaten las órdenes.
La policía regional catalana tiene órdenes de arrestar a los alcaldes que no se presenten al interrogatorio, dijo el fiscal general José Manuel Maza.
El anuncio elevó significativamente la presión en un enfrentamiento ya tenso entre los independentistas catalanes y las autoridades nacionales en torno al referendo previsto para el 1 de octubre.
Si los alcaldes y ayuntamientos no pueden ayudar en la organización de los comicios, difícilmente habrá votación.
Además, la orden de Maza coloca a los agentes de la policía regional en la situación incómoda de tener que ejecutar las órdenes de Madrid en sus poblaciones.
La coalición que gobierna en dicha región del noreste español ha dicho que de cualquier forma seguirán adelante con la votación a pesar de la prohibición impuesta por la corte constitucional y ha pedido a los 947 alcaldes catalanes que sean los encargados de proveer lo necesario para el plebiscito.
Maza ordenó a los fiscales provinciales que investiguen a 712 alcaldes que ya han ofrecido instalaciones municipales para la votación de autodeterminación y a la policía regional catalana arrestarlos si no acuden a testificar “en el plazo más breve posible”.
La mayoría de los alcaldes han dicho que cooperarán con el referendo, pero éstos representan menos de la mitad de la población en edad de votar.
El apoyo de las ciudades es clave para los independentistas, sobre todo Barcelona, la capital, donde residen el 20% de los votantes. La alcaldesa Ana Colau, que se opone a la secesión pero apoya el referendo, dice que quiere ayudar a realizarlo, pero no lo hará sin tener la garantía de que ella y su personal están actuando de manera legal. Difícilmente recibirá semejante garantía, y sin la participación de Barcelona el acto carecería de legitimidad.
