Según Domínguez Brito, la red transnacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes, operaba desde Europa, Estados Unidos y otros países mediante la falsificación de documentos públicos, pasaportes, billetes, sellos, papel timbrado, entre otros.
Entre los implicados se encuentran 10 empleados de Migración.
Los acusados son Javier Liriano Feliz Kiko, Benedicta Medina, Canita, Monika Gisel, Rafael Federico Pérez Pérez, Juan José Ortega Heredia y Miguel Euclides Laureano Reyes.
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